LA RENUNCIA VICEPRESIDENCIAL A UNA NUEVA REPOSTULACIÓN

Ha causado revuelo mediático y político el anuncio de vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera de no insistir en su repostulación a la vicepresidencia a las elecciones de 2019. Aunque constitucionalmente impedido de hacerlo, desde el pasado 11 de febrero por el No al referendo constitucional, no deja de ser sorprendente que lo haya hecho ahora.  García sostiene que ha decidido volcar sus esfuerzos a un trabajo ideológico y de capacitación en la militancia masista para formar nuevas generaciones de líderes del MAS. En términos futbolísticos se podría decir que García opta por trabajar con las divisiones inferiores, de aquellas que son el semillero de los equipos. En todo caso, suena más elegante y creíble que el anuncio de Evo quien, según dijo, más bien optará por abrir un restaurante en el Chapare.

Sin embargo, esa decisión refleja en realidad que algunos tiempos políticos se han acelerado en el partido de gobierno, que dentro del MAS se están presentando algunas tensiones, que el anuncio del vicepresidente buscan atemperar.

Una de ellas tiene que ver con el referendo constitucional de 11 de febrero, el triunfo del No y la posibilidad de la aparición de pugnas internas por la sucesión de Morales y García. Para un partido poco acostumbrado a la democracia interna este era un desafío descomunal que el MAS no se podía permitir a riesgo de desintegrarse internamente, por ello es que Morales y García, no aceptaron la derrota y tampoco cerraron las posibilidades de su repostulación, lo que impidió que muestren sus orejas los posibles candidatos a la candidatura presidencial y vice presidencial por el MAS, dejando en calma el escenario político interno.

Sin embargo algunas cosas han pasado en la gestión de gobierno como para que eso quede sin cambios. Por una parte, la reciente crisis en la gestión de gobierno ha generado una oportunidad política y discursiva para que algunos  grupos que buscan un recambio político al interior del MAS acusen a otros  de no haber llevado a cabo el “verdadero” programa del MAS.  Por otro lado, se advierte una pérdida del respaldo ciudadano a la gestión de gobierno, lo que da el argumento a algunos sectores del MAS para postular dar señales de cambio y renovación que permitan dar oportunidad a otros personajes del MAS.

En esas condiciones es poco probable que el congreso del MAS a realizarse entre el 15 y 17 de este mes ratifique al binomio, lo haría solo con Morales dejando a García en el limbo. De hecho las veces que han hablado los dirigentes del MAS sobre las elecciones de 2019 solo se han referido a Evo Morales como seguro candidato. Esto es algo que el vicepresidente  ha aquilatado bien y antes de que quedar mal parado políticamente ha preferido dar un paso al costado y hacer ver como si no le interesara una nueva postulación, anunciando su retiro a las bases.

Por ello el anuncio del Vicepresidente, es la muestra clara de que las pungas internas han llegado a tal punto que se hace necesario un cambio en el balance de fuerzas internas. La cabeza de García es la punta de una cadena de hechos y de cambios donde la habilidad política de Morales será determinante para renovar su gestión sin que las divisiones se profundicen.

AMÁBAMOS TANTO A FIDEL

La mayor parte de mi generación, la de los ochenta, admiró primero la revolución cubana y al Che Guevara y solo después lo hizo con Fidel Castro. Cuba era el país símbolo, el país que había logrado enfrentarse a los Estados Unidos, plantarle cara, convertir el lupanar que era Cuba con Batista, en la tierra que buscaba justicia e igualdad. En aquellos momentos, para todos nosotros, como para gran parte de la izquierda, las elecciones, los partidos políticos y el estado de derecho era temas secundarios, poco relevantes, soñábamos con un mundo mejor con la instauración de comunismo, y esos asuntos, eran, a los sumo, pequeñas libertades que se debía lograr para construir nuestro paraíso en la tierra.

Acompañados por canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa amamos a Fidel más allá del bien y del mal, es decir más allá del estado de derecho que con toda seguridad no se daba en la isla.  Entre escoger entre más libertad o justicia, escogimos lo segundo, no interesaba tanto que se conculcaran democracia, lo que importaba era que Cuba tenía altos estándares de educación y salud, que no tenía Bolivia, en aquel entonces castigada por las dictaduras militares.

La transición a la democracia en los ochenta a muchos de mi generación nos invitó a la reflexión ¿hasta qué punto había que sostener la democracia? ¿Cuál el rol de los partidos políticos? ¿De verdad la unión soviética era ese paraíso que nos mostraba la revista Sputnik? ¿O era la sociedad que nos revelaba la revista Selecciones? nunca lo supimos, en realidad nunca tuvimos tiempo para saberlo, antes de intentarlo siquiera, la inflación, la crisis económica, la sequía y a caída de la Unión Soviética nos sacó de nuestras reflexiones y nos entregó al neoliberalismo.

Fue entonces que todavía amamos más a Fidel. Mientras todo el mundo viraba hacia el capitalismo, mientras Gorbachov nos mostraba una y otra vez que el socialismo era la mejor vía para el capitalismo, mientras varios partidos políticos, como el MIR, viraban hacia el modelo de mercado, mientras varios líderes e intelectuales repensaban las formas de lograr gobernabilidad en el contexto de la democracia, en medio de un pragmatismo más acorde con la globalización neoliberal, Castro se mantenía incólume; como un Sísifo pertinaz y feliz cargaba su piedra llena de ideales -ya un poco obsoletos- y se sostenía en la brecha hacia el socialismo, denunciando en foros internacionales, lo criminal de mantener el bloqueo a su país, que lo único que pedía era definir sus destinos de manera soberana.

Después cayó el neoliberalismo, vino el socialismo del siglo XXI y nos volvimos a encontrar con Fidel. Empero ya lo amábamos menos, era sospechoso que se mantuviera tanto tiempo como líder absoluto, que no diera lugar a una prensa libre, que se encarcelara a opositores y no se permitiera la vigencia de un genuino estado de derecho. Fidel y a revolución cubana adolecían de aquello que era fatal para todos los gobiernos: la endogamia en el poder. Cambió la historia y cambió el contexto político, pero no cambio Fidel: aquello que era una virtud en la revolución cubana a la larga se convirtió en un lastre, en algo que le hacía daño.

Hoy Fidel está muerto, convertido en cenizas, siendo paseado por toda Cuba antes de su morada final, con él se va una gran parte de la historia del siglo XX, la historia de una América Latina, que combatió contra la dictadura, contra la injusticia y la desigualdad y que amó tanto a Fidel porque justamente representaba esa lucha.

FIDEL CASTRO

FIDEL CASTRO

Buena parte de América Latina llorará la muerte de Fidel porque eso era, un líder continental más que cubano  Esto fue posible por el hecho de que en la década de los 50,  cuando todos los países viraban al nacionalismo antimperialista Fidel fue quien mas y mejor logró expresar este discurso.
No solo eso, además supo mantenerse fiel a ese ideario cosa que no pasaba con otros líderes. Por ejemplo el nacionalismo de Víctor Paz y del MNR terminó cediendo una y otra vez a EEUU hasta permitir el ingreso de capitales extranjeros en sectores clave de la economía y dio paso a la reorganización de ejército derrotado por las milicias mineras y campesinas en 1952.
Fidel es la expresión de la fidelidad a las ideas aunque muchas veces se olvide que ello fue al costo de suprimir  libertades civiles y políticas en Cuba.

EL NO A LA CARTA ORGÁNICA

El pasado domingo 20 de noviembre los trabajadores del gobierno municipal de Sucre y los impulsores de la opción del Si a la Carta orgánica Municipal, quedaron con ganas de festejar un triunfo que, hace meses atrás, se ofrecía como inevitable. Sin un partido político ni agrupación ciudadana que esté en contra de la Carta, su aprobación parecía cosa de mero trámite.

Empero, lo que ocurrió el pasado domingo es algo más que el fracaso de los propugnadores del Sí, es la muestra patente del alejamiento de la sociedad civil y el estado, de un creciente divorcio entre la ciudadanía y el gobierno.

Tres son los rasgos que expresan este alejamiento. Por una parte la incapacidad de la Alcaldía y la Gobernación para dar soluciones concretas, efectivas y sostenibles a las diversas necesidades de la ciudadanía y la forma en que se trata de disfrazar esta ausencia con reuniones internacionales, ferias de todo tipo y desfiles que, de pronto, se convierten en acciones centrales de la gestión edil, pero que en rigor no contribuyen a solucionar los problemas estructurales de la ciudad de Sucre.

El segundo rasgo tiene que ver con la ausencia de canales de agregación de demandas de la ciudadanía: la población no encuentra en la Alcaldía, ni en los partidos de oposición ni en otras instituciones, un mecanismo de protesta, una vía para dar a conocer su opinión, un camino para expresar su voz y sus demandas. Con un comité cívico presidido por personajes afines al partido de gobierno, con una oposición carente de capacidad y propuesta política, con unos sindicatos que han perdido toda visión general de sociedad y unas ONGs que se han funcionalizado por completo al proceso de cambio del MAS, la población siente que está sumida en la indefensión, percibe que no hay quien la apoye, defienda y escuche.

El tercer rasgo es la ausencia de liderazgo. En todos estos años del MAS en el poder no ha aparecido ningún líder o lidereza que sea capaz de dirigir el necesario recambio político regional. Ni en el MAS ni en la oposición se puede vislumbrar la emergencia de ningún personaje con posibilidades de mostrar un horizonte de futuro, de ofrecer un objetivo a los sucrenses, señalar  un nuevo tiempo, que tenga la virtud de percibir e interpretar lo que la gente quiere.

Estas fueron las condiciones políticas con la que el ciudadano fue a votar el pasado domingo. Como no hay canales de protesta, la gente protestó con su voto, marcando por el No; como tampoco existen respuestas a las demandas de la población la gente decidió pagar con la misma moneda a la alcaldía negándoles su apoyo a la Carta orgánica y, como no hay líderes, la gente optó por obedecer a sí misma, a su rabia, a su desazón, a su propio desasosiego colectivo marcando en la casilla roja del No.

Todo esto lo saben los actuales políticos, pero no hacen nada para remediarlo. Sumidos en una crisis de identidad, han perdido la noción básica del poder que, en última instancia es el servicio al ciudadano. Sin embargo a partir del pasado domingo 20 de noviembre ya sea en las urnas o en las calles, la sociedad civil se va a encargar de recordarles a cada momento su rol que parecen haberlo perdido.

UNIVERSIDAD, DEMOCRACIA Y CALIDAD ACADÉMICA

A luz de las noticias que tenemos de la universidad quizá estemos presenciando, de una manera trágica, el agotamiento de una forma de pensar la misma, el fracaso de un modelo que ha funcionado más o menos bien en las décadas pasadas, pero que ahora no puede resolver de manera efectiva y objetiva dos problemas: democracia universitaria y calidad académica.

En el primer caso, la democracia ha sido funcionalizada por grupos de poder y ha dejado de ser un mecanismo para la consulta de la población universitaria. Para graficarlo, basta señalar que en cada proceso eleccionario de autoridades y de centros estudiantiles, la universidad corre el serio riesgo de terminar destruida por el conjunto de presiones derivadas del establecimiento de mecanismos de captura de voto, más parecidos a unas elecciones que se realizaban en el siglo XIX (esa del cheque contra el cheque y el billete contra el billete de 1884), que las realizadas en el actual periodo democrático. Esto pasó en la Juan Misael Saracho de Tarija, que en 2015  estuvo con sus actividades paralizadas por más de dos meses, por disputas en torno a la elección del Rector; ocurrió también en la Gabriel René Moreno de Santa Cruz donde la polarización política, la violencia y las denuncias de irregularidades derivaron en la anulación de elecciones; y, como van las cosas, también puede pasar en la San Simón de Cochabamba, que ya tiene el antecedente de una suspención de actividades por asuntos derivados de la forma de selección del personal docente.

                                         Foto, Javier Calvo

En este contexto, las tomas físicas de los predios universitarios, las denuncias de uno y otro lado, y hasta las agresiones físicas, se han convertido en moneda corriente, a tal punto que no sorprende el hecho de que una facultad amanezca bloqueada por determinado bando político.

El segundo aspecto tiene que ver con la calidad universitaria, en concreto con el posicionamiento internacional de las universidades de Bolivia (lamentablemente no tenemos un ranking boliviano) en el mapa de calidad de instituciones de educación superior. En todos los rankins de universidades, el lugar que ocupan las superiores casas de estudio de nuestro país es uno de los más bajos. Solo para señalar la que más revuelo ha causado,  la  denominada "webometric": en ella la UMSA ocupa el primer lugar entre todas las bolivianas, pero a nivel mundial está en el 3.025, lejos, bastante lejos, de las universidades que lideran estos rankins.

Empero, más allá de esta situación, estos datos están indicando que la actual  universidad hace poca investigación; que sus docentes casi no escriben en revistas indexadas y que sus estudios, de los pocos que existen, no son citados por trabajos de investigación de otros centros académicos. En suma, las superiores casas de estudio no son referentes de la academia a nivel internacional.

Algo no está funcionando en la universidad: su actual modelo de democracia corre el riesgo de fagocitarse a la universidad dejándola sin capacidad de funcionamiento normal y su modelo académico no vincula enseñanza con investigación.

En contraste, estas instituciones, exhiben grandes avances en presencia de ella en las provincias, en prestaciones sociales y en equipamiento; también hay notables avances en la profesionalización de posgrado de los docentes y en número de egresados y titulados. Esa es la base, importante, pero no es suficiente, hace falta dar el gran paso hacia una nueva universidad.

Para lograrlo es necesario repensar en nuevas formas de plantear la democracia, una que amplíe la posibilidad de participación y reduzca la influencia de los grupos de poder; a su vez que sea una institución que dialogue con el conocimiento de otros centros superiores de estudio.

Dicen los textos de autoayuda, (de esos que escriben tipos como Paolo Coelho) que el primer paso para salir de un problema es reconocer que el problema existe. La universidad debe mirarse al espejo y actuar en consecuencia. 

                                                                                                              

EL SENTIDO EXTRAVIADO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Uno de los rasgos centrales de la autonomía universitaria es que ella ampara el libre pensamiento como condición previa e imprescindible para la crítica al poder.

Cuando en 1918 los universitarios de Córdova lucharon por la reforma universitaria y, dentro de ella por la autonomía, lo hicieron para que los gobiernos y el clero no intervinieran ni dirigieran el pensamiento en determinado sentido. Como señala al respecto Carlos Tunnermann, la autonomía se planteó como el “instrumento capaz de permitir a la universidad el desempeño de una función hasta entonces inédita: la de crítica social”

Por esta razón, a los ojos de todos los gobiernos, pero en especial de los dictatoriales, la autonomía universitaria siempre estuvo bajo sospecha y ataque. Los regímenes militares cerraron las superiores casas de estudios con la finalidad de retener la fuerza de movilización del estamento universitario y lógicamente para controlar su pensamiento, su crítica.

Sin embargo las universidades resistieron: pese a que en Bolivia a partir de 1964 los gobiernos militares intentaron intervenir sus aulas, esto no impidió la aparición de un pensamiento crítico que se nutrió teóricamente del nacionalismo, del marxismo y del indigenismo.  Ahí están las obras de René Zavaleta, de Marcelo Quiroga, de Sergio Almaraz, de Guillermo Francovich, de Gunnar Mendoza y de Max Flores, como testimonios de la capacidad de hacer ciencia al margen del aval del estado.

Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los intelectuales universitarios perdieron vigencia porque sus parámetros teóricos, profundamente imbuidos de nacionalismo, ingresaron en crisis. A cambio surgió un tipo de investigadores que trabajó en torno a temas como la gobernabilidad y la economía de mercado pero, en muchos casos, fuera de la universidad, en entidades internacionales o en organismos no gubernamentales donde las condiciones para la investigación eran comparativamente mejores. Si se hace un recorrido por la producción bibliográfica relevante en ciencias sociales de los últimos treinta años, se concluye que una buena porción de las investigaciones son apoyadas, financiadas y publicadas por instituciones internacionales. No es casual que, en este contexto, por ejemplo el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) tenga más producción bibliográfica en ciencias sociales que cualquier universidad de nuestro país.

Esta misma característica tuvo la corriente indigenista que nació con el proceso político de giro a la izquierda en Bolivia, esa que nace sobre las cenizas del modelo neoliberal. El grupo “Comuna” de García, Prada y Tapia así como el grupo del Taller de historia Andina de Silvia Rivera, no crecen dentro de la universidad sino fuera, en los espacios de las organizaciones sociales, en la sociedad civil.

De esta manera, las universidades que durante largo tiempo quedaron huérfanas de liderazgo académico, tienen autonomía pero no hacen crítica social; la constitución garantiza su derecho al libre pensamiento pero no existen espacios de discusión académica; tienen autonomía pero ella no sirve para desarrollar ciencia. La simple constatación de que las universidades bolivianas adolecen retraso respecto de sus pares de América Latina es una prueba. La autonomía ha perdido su característica para la cual fue creada: ser el garante para el desarrollo libre de la ciencia. 

Ante esta pérdida del significado de la autonomía, el extravío de su sentido original, la autonomía se ha convertido en un dispositivo discursivo para legitimar la lucha por el poder; en un justificativo para mantener privilegios o para conseguirlos, con el obvio resultado de ruptura de normas y de institucionalidad. Por ello, es muy sintomático que los actores universitarios utilicen a la autonomía como un recurso retórico para legitimar sus ambiciones.  ¿Acaso no es la autonomía y su vigencia la que se coloca como argumento para mantenerse en el poder? ¿no es cierto que la autonomía es invocada para violentar la norma universitaria ya sea para acceder a mayores recursos así como para impedir que otros grupos se hagan de ellos?

Por ello urge retomar el sentido original de la autonomía, se hace imprescindible superar su extravío y colocar  a la universidad acorde a los desafíos del nuevo siglo: moderna y volcada a la investigación. En el momento en que la universidad retome su rol de liderar la investigación, recién la autonomía habrá recuperado el objetivo para la cual fue creada. 

LOS ANDES NO CREEN EN DIOS NI EN EL ESTADO

Una de las mayores incógnitas en estos días debe ser las razones del trabajo minero en las cooperativas. ¿Por qué, pese a la dureza del trabajo en la mina, a lo mal remunerado, los mineros continúan horadando la montaña? ¿Cuál es la causa de que, pese a la evidencia de explotación laboral y recorte de derechos laborales, recién ahora exista un atisbo de sindicalización en las minas?  ¿Por qué, a pesar de que el trabajo en la mina reduce la vida de las personas, continúa atrayendo una gran cantidad de mano de obra?

Una de las respuestas, la más común, es que en las cooperativas existe un grupo de explotadores que se aprovechan del trabajo ajeno, que medran de la necesidad de empleo de gente pobre, (la mayoría de origen rural) y lo usan en su provecho para enriquecerse.  Sin embargo, este asunto puede ser más complejo de lo que a primera vista parece.

En el interesante libro titulado Los ministros del diablo de la antropóloga Pascale Absi se cuenta la historia de Fortunato, un minero cooperativista que, en su juventud, llegó a ser uno de los mineros más acaudalados del cerro rico de Potosí pero que con el pasar del tiempo perdió/dilapidó toda su riqueza tanto que ahora se lo puede ver trabajando como curandero adivino.   Lo que interesa saber es ¿Cómo llegó a tener tal riqueza? Trabajando como minero está claro, pero ayudado por un gran golpe de suerte que le hace descubrir un rico filón de estaño que le cambia la vida por completo, tanto así que era uno de los padrinos más codiciados de promociones de bachillerato, de matrimonio, de bautizo y, según señala en su libro Absi “como no sabía qué hacer con su dinero, decidió, empapelar con billetes las paredes de sus casas”.

La clave aquí es que la riqueza de Fortunato no hubiera sido posible como trabajador de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), ni como asalariado de una minera privada. En ambos casos igual hubiera recibido su salario y quizás una felicitación de gerencia, nada más. En ese sentido, solo dentro de un esquema cooperativista, el minero puede pensar en hacerse rico, ya que permite la constitución de un minero  “libre”, es decir dueño de un paraje minero, de una bocamina que explota bajo su cuenta y riesgo. En otras palabras, lo que mueve a seguir trabajando al cooperativista es que no lo hace para un tercero sino para si mismo, y lo hace en una labor donde existe la  gran probabilidad de que de que aparezca un grueso filón que lo haga rico. Es cierto que los cooperativistas contratan mano de obra, los llamados “segundas manos”, pero es probable que en ellos también se encuentre la expectativa de ser socios cooperativistas y así soñar con ser ricos algún día. Para ellos, en cierta medida, ser solo trabajadores asalariados es frenar sus posibilidades de ser Fortunatos en algún momento, dejar de lado el objetivo de trabajar su propio paraje minero y de tener la posibilidad de descubrir una veta prodigiosa.

Por supuesto que esta expectativa, esta esperanza, no puede funcionar si a la vez no se considera a la mina, a la montaña (Absi sitúa su trabajo en la mina del cerro rico de Potosí) una entidad viva, una suerte de deidad que se encarga tanto de proveer riqueza como de quitarla. No puede darse sin tomar en cuenta el pacto que el minero entabla con el diablo que, en esta concepción, es el dueño de las vetas, y a quien los mineros hacen ofrendas como “unas hojas de coca, cigarrillos y alcohol, ocasionalmente un feto de llama”. 

En suma, el mundo minero es sumamente complejo, no admite una lectura parcializada ya que en él juegan aspectos religiosos, sociales, políticos que muchas veces son desconocidos por el Estado y que por tanto no puede aplicar políticas públicas efectivas destinadas a este sector. Adolfo Costa Du Rels a propósito de los mineros puso como título de su novela “Los andes no creen en dios” yo creo que tampoco creen en el Estado. 

EL ESTADO CON HUECOS (MINEROS)

Lo que debe quedar claro a propósito de la última movilización minera es que gobernar autoritariamente no es lo mismo que construir Estado. El gobierno del MAS lo creyó a fe ciega a partir de nacionalizar los hidrocarburos, limitar los poderes regionales y suprimir  a sus opositores. Empero, con lo ocurrido a raíz del bloqueo de caminos de los mineros cooperativistas, se dio de narices con la realidad: el estado no pudo durante tres largos días controlar la carretera troncal del país, ni pudo impedir que tres cooperativistas murieran victimas de arma letal, ni que el viceministro Rodolfo Illanes sea salvajemente torturado y asesinado la tarde el jueves 25 de agosto.  El estado que, según la definición de Max Weber es el monopolio legítimo de la violencia, perdió su capacidad dejando el país al borde del caos y la violencia.

Sin embargo, esta  no es una característica extraña en la configuración estatal en América Latina, Guillermo O´Donnell acuñó la figura de “estado con huecos” para denotar que la capacidad de estado no es uniforme a lo largo del territorio, que en muchos espacios como ser zonas urbanas, espacios rurales o incluso empresas, el estado no existe o tiene una capacidad muy limitada para imponer presencia y orden. La actual minería cooperativizada es un ejemplo casi perfecto de esta situación: en estos lugares el estado suspendió su capacidad de controlar la contaminación y destrucción del patrimonio histórico; no pudo aplicar la universalidad del pago de impuestos ni logró que se respete los derechos de los trabajadores.

Con todo, esta situación es el resultado de un proceso que empieza en 1984 con la puesta en marcha del modelo neoliberal cuyo decreto 21060 cierra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); que es profundizado por los gobiernos siguientes (MIR, MNR, AP) y que, paradójicamente, continúa con el gobierno nacionalista de Evo Morales desde 2006. 

Por ello, la capacidad de controlar una buena parte de la actividad minera se perdió de modo, quizá irremediable, cuando se cerró la Comibol dejando las minas a merced de la ambición cooperativista, quienes no dudaron en tomar el control de las maquinarias, bienes y parajes mineros de esta ex empresa estatal y pudieron resistir con éxito todo intento de control del Estado. Aún más, en base a acciones claves en el decurso de la política nacional entre 2000 y 2005 lograron ser vistos por el poder masista como constructores del denominado proceso de cambio. Por ejemplo el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre de 2006 (cuando los cooperativistas suspendían un bloqueo que había paralizado  el transporte entre LP, Oruro, Cochabamba y Potosí), dijo a nombre del gobierno que ratificaba “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.

En este contexto de apoyo político de parte del MAS e impulsados por la subida de precios de los minerales, los cooperativistas crecieron numérica y económicamente: según los datos del Ministerio de minería el número de trabajadores que en 2006 era de 54.200 personas subió a 114.920 en 2013; de igual manera, las exportaciones de este sector que en 2009 llegaba a los 282 millones de dólares, en  2014  subió a los 542  millones de dólares. Un incremento que se debe a los buenos precios internacionales pero también a la reducción en los costos de producción por poco pago de impuestos y de concesiones mineras; y por la no asunción de costos por daño al medio ambiente.

De las acciones del gobierno respecto de la movilización minera se puede ver que su objetivo es retomar la autoridad gubernamental: ha reprimido duramente el bloqueo y ha sido implacable con los dirigentes cooperativistas, enjuiciándolos y llevándolos a la cárcel. Empero esto es algo que el estado lo hace en los espacios urbanos, donde existe institucionalidad estatal, hace falta saber si efectivamente esa autoridad la podrá llevar a los espacios de trabajo minero, a las minas, a los márgenes de este estado boliviano, donde la explotación, el daño al patrimonio y el medio ambiente siguen exhibiendo los huecos de un estado que, a pesar de los discursos, sigue tan débil como antes.

SANTA CRUZ: ¿LOCOMOTORA ECONÓMICA O CAMIÓN MODELO 1952?

Había un momento en que Santa Cruz no era el próspero departamento que es hoy. A raíz de que el estado vivía de la producción minera, las carreteras, las fuentes de trabajo la burocracia y las inversiones se habían concentrado en la parte occidental del país. Esto había generado la protesta de Santa Cruz que, en un Memorándum dado a conocer en 1904, denunciaban el abandono al que el Estado boliviano había sometido a este departamento quitándole sus mercados naturales ubicados en Oruro y Potosí y el aislamiento a que lo condenaba la inexistencia de caminos y vías férreas. “La región andina, no toma en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido son los intereses más importantes para el bienestar general de la nación”, decía una parte del documento.

Medio siglo después llegó la revolución nacionalista de 1952  y puso en marcha uno de los más ambiciosos proyectos estatales de integración territorial: la marcha hacia el oriente. Era uno de los esfuerzos de construcción de nación que consistía en un fuerte impulso a la producción agropecuaria cruceña junto a la construcción de caminos y ferrocarriles que vinculen Santa Cruz con el resto del país.  De esta manera el MNR, Víctor Paz y su ministro de planificación de entonces Walter Guevara Arce ponían en práctica los sueños de un norteamericano, Melvin Bohan, que en 1944, a partir de un estudio de economía de nuestro país habían recomendado salir de la producción minera para ingresar a la de alimentos que permitan abastecer el mercado interno. Santa Cruz, para el informe, era el mejor espacio para lograrlo, decía Bohan “después de visitar las principales zonas de la república, es de opinión de que el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato está en el distrito de Santa Cruz”. 

A partir de ese momento  Santa Cruz fue un privilegiado destinatario de los recursos estatales. Solo para mostrar algunos ejemplos, entre 1955 y 1964 este departamento absorbía el 43% del crédito agrícola  y una buena parte de los recursos de la Corporación Boliviana de Fomento.  Posteriormente las dictaduras militares lo único que hicieron fue reforzar esta lógica: entre 1964 y 1970 a Santa Cruz se destinaba el 43,1% del crédito agrícola, porcentaje que subió de manera espectacular al 69% durante la dictadura de Hugo Banzer, quizá el periodo donde el estado apoyó más a la región cruceña. 

El resultado global de este proceso fue bueno para Santa Cruz pero malo para las regiones del Sur como es el caso de Chuquisaca. Nos muestra un país altamente heterogéneo, con regiones prosperas frente a regiones pobres, cuyos resultados los podemos ver hoy: Santa Cruz el 2014 tiene el más alto PIB per cápita del país que llega a los 3.206 dólares por habitante mientras que el de Chuquisaca llega a los  2.726; el aporte de Chuquisaca al PIB nacional es de 4% frente al de Santa cruz que llega a 28%.

            Hoy sabemos que esta situación no puede continuar más, Bolivia no puede darse el lujo de tener regiones prósperas y con oportunidades, frente a regiones pobres, sin potencial empresarial, expulsoras de población y mano de obra, (mucha de ella altamente calificada). Se ha dicho que Santa Cruz es la locomotora del país y debe merecer este nombre. Una locomotora debe ser capaz de jalar a otros departamentos hacia el desarrollo no un camión modelo 1952 que solo vela por su propio crecimiento dejando de lado a las otras regiones. Esta última actitud es la que se revela a raíz del informe, de que el megacampo gasífero de Incahuasi se encuentra en su integridad en territorio cruceño. La elite cruceña  ha celebrado esta noticia, alegre que solo Santa Cruz y no Chuquisaca, como debe ser, reciba los recursos de este reservorio, olvidando que más allá de su frontera hay pobreza y marginalidad. Alguien debería recordarle a la elite cruceña y al gobernador Rubén Costas que la prosperidad de una región no es sostenible sobre la pobreza de otra. 

Mas información en

http://www.icees.org.bo/2015/08/plan-bohan-una-historia-de-exito/

http://www.fundacion-milenio.org/coy-291-santa-cruz-y-su-inclinacion-hacia-una-economia-primaria-exportadora/

http://www.fundacion-milenio.org/economia-chuquisaca-se-resiente-crisis-petrolera/

COOPERATIVISMO MINERO Y AUSENCIA DE ESTADO

Los cooperativistas deben ser los personajes con más olfato político del país. Apoyaron al MNR en 1954 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dejó de llamarlos ckajchas para convertirlos en cooperativistas; luego estuvieron con los gobiernos dictatoriales alejándose de la Central Obrera Boliviana (COB; posteriormente, en la etapa neoliberal, apoyaron el proceso que desalojaba a los mineros de la COMIBOL y dejaba libres los parajes mineros que habían ambicionado desde siempre y, finalmente, a inicios del siglo XXI -quizá adivinando la debacle de los partidos políticos y del neoliberalismo-, estuvieron con el MAS apoyando sus movilizaciones, una de ellas, la más notable, cuando en junio de 2005 llegaron a Sucre dinamita en mano, luego de la renuncia de Carlos Mesa, con el objetivo de que el mando del país, no recayera ni en Hormando Vaca Diez ni en Mario Cossío, presidente del senado y de diputados respectivamente, sino en Eduardo Rodríguez Veltze, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.

  

Empero en política nada es gratis y los cooperativistas lo saben. Todo este respaldo al MAS  fue saldado con una presencia política sin precedentes en el gobierno nacional. En el primer gabinete de Evo Morales estuvo un connotado dirigente cooperativista, Walter Villarroel que juró como ministro de minería. Esto despertó los celos y la protesta del otro aliado del MAS, como la COB, que de pronto veía que Morales se acercaba mucho, quizá demasiado, a un sector que actuaba en función de sus intereses y no del  proyecto político antineoliberal de entonces.

Y así fue. A pesar de estar en el gobierno los cooperativistas nunca dejaron de generar conflicto y de lograr una cantidad inmejorable de prebendas, autorizaciones y dádivas del gobierno. Pidieron más concesiones mineras y les otorgaron; exigieron no pagar beneficios sociales a sus trabajadores y se les permitió; solicitaron maquinarias, instalaciones y canchas de fútbol que antes pertenecían a la COMIBOL  y se les donó; pidieron que el estado cerrara los ojos a los abusos a la fuerza de trabajo y a la gravísima contaminación que generan sus actividades y así fue.

Sin embargo y más allá de su alta capacidad para la mutación política, ¿Cuál es el origen del poder de los cooperativistas? A mi juicio son tres. El primero, el de su identidad política:  para el imaginario colectivo tanto como para el Estado se trata de un movimiento social, revolucionario y de izquierda lo que esconde su verdadera naturaleza empresarial; en segundo lugar, se trata de un sector numeroso (60.000 afiliados en todo el país hasta 2006) que es tanto una fuerza poderosa como masa votante y fuerza movilizada; en tercer lugar, se trata de un actor que tiene grandes recursos económicos e institucionales que mueve cada vez que se trata de defender sus intereses.

Todas estas capacidades se pusieron en acción en la última movilización de los cooperativistas, esa de la semana anterior que tuvo el saldo de centenares de heridos, entre los cuales se cuentan a policías que denuncian haber sido secuestrados y torturados, lo que refleja la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley y la fortaleza de un grupo que durante la última década de gobierno, (esa que el MAS denomina la “década ganada”) no ha hecho otra cosa que aumentar su poder y prerrogativas.

Se podría decir que esta capacidad de resistencia al poder estatal de los cooperativistas no es algo que aparece con el MAS, sino que se incubó en los gobiernos neoliberales que lo fomentaron. Sin embargo, nunca antes el gobierno de Evo Morales tuvo tantos recursos económicos y políticos para lograr controlar a este sector empresarial y cambiar radicalmente esta situación.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir una estrategia que diversifique tanto la propia minería así como la economía de las regiones donde se encuentran las minas. Sin embargo no lo hizo, prefirió dejar solos a los departamentos, sin posibilidad de resistir al nuevo poder minero, a tal punto que estas regiones han visto como su marginalidad y pobreza ha crecido en proporción inversa al poder y riqueza de los cooperativistas. 

EL ORDEN DEL DISCURSO (VICE) PRESIDENCIAL

Los medios de comunicación han destacado del discurso informe del 6 de agosto del presidente Morales el hecho de que (al fin) haya reconocido que la economía tiene problemas de desaceleración, desempleo y baja en los ingresos por la venta de hidrocarburos.

En este artículo, quisiera analizar otro aspecto, a mi juicio no menos importante como es el mensaje político que contiene el discurso del Vicepresidente Alvaro García Linera.  Creo que es urgente hacerlo en tanto este discurso mostró cómo se concibe la política desde las esferas del poder.

García empezó su alocución del 6 de agosto pasado con una pregunta: ¿cuáles son las condiciones históricas para la grandeza de una nación? Luego de desestimar la geografía, el clima o los hábitos culturales por deterministas, planteó que el factor fundamental es el modo en que la sociedad organiza su vida en común y que se expresa en un “horizonte de época” que, según García, son los sueños que una nación comparte, que mueve las pasiones comunes de las personas y sin las cuales no existe posibilidad de pensar en un meta colectiva. En suma, sin horizonte de época, una sociedad camina a la deriva, repitiendo su error y manteniendo su pobreza y marginalidad.

Para García este “horizonte de época” es posible ser logrado solo si la mayoría de las clases populares es la que conduce políticamente a la sociedad, ocurre cuando se presenta un momento histórico, en que un sector social logra fundir su perspectiva de futuro con la visión de las otras clases.

Estas condiciones para García ya se habrían dado desde 2006, fecha de la asunción del MAS al poder. Por una parte el programa del MAS contendría el horizonte de época, con los movimientos sociales, representantes de la mayoría popular, como conductores del proceso. En síntesis, el horizonte de época no es una tarea pendiente, sino algo que ya se ha producido objetivamente en la sociedad boliviana, lo que explicaría, por otro lado, su prosperidad y bienestar.

Por tanto y retornando a la pregunta inicial de García podemos decir que si es que deseamos ser grandes como país o queremos lograr la felicidad colectiva, no nos queda otra posibilidad que seguir el “horizonte de época” ya señalado por los movimientos sociales que acompañan en el poder a Morales.

El Presidente en su discurso reforzó esta idea, afirmando que “Debemos festejar, este 6 de agosto, porque, gracias a la lucha de nuestros movimientos sociales, hemos decidido cómo cambiar en lo político, social y económico democráticamente, con la participación del pueblo; la refundación de Bolivia ha permitido cambiar”.

Lo problemático de esta postura es que implica desconocer casi todo el proceso de la democracia en Bolivia, donde hay vida y mucha más allá de los movimientos sociales. Existen intelectuales, partidos políticos, movimientos urbanos y sociales que hoy no están cogobernando con Morales y que son parte de la democracia. Por tanto lo que subyace al orden del discurso vicepresidencial es la idea de que no puede haber juego político legítimo más allá de lo que señala el MAS; ni pueden haber otros actores válidos que las organizaciones sociales que hoy están en el poder.  Pensar lo contrario es no querer que Bolivia sea grande, que Bolivia progrese y  que, en palabras de García, Bolivia llegue a ser en 10 o 15 años tan desarrollado como Chile.

Por otro lado, una de las claves en el pensamiento de Gramsci, (a quien el vicepresidente admira y sigue), es la idea de que todo dominio político está antecedido de un dominio cultural. Solo cuando la clase que busca hegemonía logra convencer a las demás de que su proyecto de sociedad (tanto desde el punto de vista político y ético), es el mejor, es cuando se convierte en una clase dirigente. Esta es una condición imprescindible y que creo está lejos de cumplirse, por el simple hecho de que hoy parte de esa clase dirigente de los movimientos sociales está en la cárcel, acusada de dañar ese Estado que justamente desde 2006 pretende construir.

RECENTRALIZACIÓN ESTATAL

En estos días Felix Patzi, la persona que logró arrancarle al MAS la gobernación del departamento de La Paz, hace una huelga de hambre que parece tan destinada al fracaso como la vigilia de los discapacitados. Pasa que el gobernador Patzi pide algo imposible: hacer que el gobierno ceda algo de lo que considera sus recursos para que las autoridades de los niveles subnacionales hagan obras y mejoren su popularidad política.

Ocurre que desde la asunción de Evo Morales al poder se despliega un proceso de recentralización estatal que consiste en que el poder ejecutivo aumenta su poder territorial sobre las regiones en base a dos políticas: eliminación de los liderazgos locales a través de la utilización del aparato judicial (eso que se ha denominado Estado de derecho politizado) y una reducción y limitación de los recursos económicos destinado a los niveles subnacionales de gobierno. En otras palabras se suprime tanto a las cabezas de la oposición local, así como se recorta a las autoridades locales de los recursos necesarios para hacer obras en los territorios donde han sido elegidos. 

La lógica detrás de esto radica en convertir a Morales en el gestor de desarrollo no solo nacional sino también local. Hacer que el presidente sea la persona que dirija la recepción, asignación y ejecución de proyectos en cada uno de los territorios del estado.  Se trata del despliegue del poder territorial del centro hacia las periferias, que consiste en hacer que el estado central llegue a los lugares más recóndidos del territorio boliviano con inversiones, asignaciones, ayuda y obras pero cuidando muy bien de que sea Evo el que lleve a cabo este proceso. Que el presidente se encuentre cada día en una de las poblaciones de Bolivia entregando obras es una muestra, responde a la necesidad de construir un poder nacional con Morales en el centro del mismo.

El mecanismo más notorio y efectivo es el programa “Evo cumple”, donde Morales aparece como el gobernante atento que recibe los proyectos e iniciativas de los alcaldes y dirigentes sindicales, evalúa la pertinencia de estos proyectos, decide la asignación de los recursos y, finalmente, es el que entrega las obras en medio de aplausos y olor a multitud.

La clave política de esto es que Morales aparece como el gobernante sensible a las iniciativas locales, quien con una alta eficiencia es capaz de solucionar las carencias y necesidades de las poblaciones en un tiempo record. Esta lógica estatal parece decir: si las gobernaciones son ineficientes y no pueden llevar a cabo obras, Morales y el poder central son rápidos y generosos; si las alcaldías no pueden sentir las necesidades de la población, Morales sí puede hacerlo dada su capacidad para saber lo que quiere el pueblo.

El pedido de Patzi en realidad busca que se lleve a cabo el pacto fiscal, algo que el ojo centralista del gobierno mira mal, porque sabe que ello implicaría reducir sus recursos. La demanda de Patzi de ser atendida haría que la gobernación de La paz suba de un presupuesto que ahora llega a los 300 millones de bolivianos a la cifra de 3.000 millones de bolivianos.  Mucho dinero que no cederá el gobierno al opositor Patzi salvo un ataque de locura.

Lo paradójico es que esta huelga es realizada por el gobernador de uno de los departamentos que más ha sido beneficiado por el centralismo gubernamental. Si existe una región que desde inicios del siglo XX ha concentrado poderes e inversiones en su región es el departamento de La Paz. Por tanto  no habría razón en la demanda de Patzi, puesto que La Paz más que otras regiones ha sido favorecida en su desarrollo, pero todo se explica cuando comprobamos que Patzi no tiene dinero para hacer obras y mejorar su popularidad, lo que lo obliga a buscar más recursos.

Por tanto la demanda de Patzi no tiene que ver tanto con el tema de la atención estatal sino con quien cosecha los aplausos que genera la realización de obras. En el fondo se trata de una vieja y nunca acabada disputa: la lucha entre el gobierno central y las regiones por el poder territorial. 

EL RETORNO DEL NACIONALISMO

El  nacionalismo ha vuelto al primer plano de los discursos políticos. Es una tendencia mundial que, como una sombra en el atardecer, se va extendiendo en varios países del mundo. No es que antes no se apelaría al nacionalismo – como referencia a las características supuestamente únicas y homogéneas de un país- sin embargo esto era atenuado por la referencia a la diversidad, a la tolerancia y a la posibilidad de construir políticas que hagan de la convivencia entre diferentes algo paralelo a la modernidad. Grandes pensadores como Jurgen Habermas o Will Kymlicka dedicaron sendos estudios a pensar su posibilidad: la acción comunicativa tanto como la apertura hacia políticas multiculturales se ofrecían como mecanismos para la edificación de estados democráticos.

Sin embargo esto puede ser solo una ilusión. En países como España, Francia, Alemania han ido apareciendo movimiento políticos nacionalistas cuyo principal argumento se resume en un pleonasmo simple pero muy efectivo: Francia para los franceses, España para los españoles y Alemania para los alemanes. Por ejemplo el líder ruso Vladimir Putin afirma que los extranjeros estarán bienvenidos a Rusia siempre y cuando se amolden a la vida y modo de ser de los rusos, lo que en otras palabras quiere decir son los considerados extranjeros (con toda la carga de subjetividad que eso representa) los que deben cambiar sus formas de vida y creencias bajo el riesgo de ser expulsados si no lo hacen. Esto en los hechos implica un conjunto de atentados a las minorías étnicas que implican su virtual desaparición o su reacción violenta.

En Europa el nacionalismo goza de muy buena salud, en Francia un partido como el Front National de Jean-Marie Le Pen ha logrado importantes avances y popularidad y, en gran Bretaña, partidos nacionalistas como UKIP de Nigel Farage que defienden el discurso de salir de la comunidad europea ha ganado presencia y extensión. El nacionalismo antes de atenuarse se ha fortalecido.

En los Estados Unidos la cosa no es distinta. El pasado viernes 21 de julio, ha sido entronizado como candidato del Partido Republicano el magnate neoyorquino Donald Trump, un empresario de bienes raíces, cuya propuesta  gira en construir un muro a lo largo de  la frontera con México y en expulsar a los musulmanes de su país. Donald Trump que al principio del proceso de selección postulante a la presidencia del partido republicano parecía un rubio payaso destinado a ser una anécdota más o menos olvidable, hoy ya como candidato oficial tiene la posibilidad de que ser presidente de una de las naciones con mayor influencia mundial y mejor equipadas militarmente, lo que lo hace doble o triplemente peligroso.

De manera general, tanto la migración, la crisis económica y el desempleo han sido los ingredientes de un cóctel explosivo que ha derivado en nacionalismo y xenofobia. A estos factores se suma otro que, por de pronto, no parece que tenga solución: el terrorismo. Hoy los países europeos pasan por un momento en que el temor a los ataques terroristas legitima los discursos nacionalistas y xenófobos que prometen seguridad a costa de la expulsión de los migrantes y construcción de barreras a su ingreso.

Empero estas no son soluciones, de hecho lo que hacen es agravar el problema, convertirlo en un círculo vicioso donde la represión y ataque al extranjero no hace otra cosa que generar adhesiones hacia los grupos radicales tanto de un bando como de otro. La sociedad se dirige hacia la configuración de guetos donde cada país fabrica comuniddes cerradas no solo ideológica y culturalmente sino también territorial y físicamente.  

Como siempre el discurso nacionalista da grandes réditos políticos y electorales. Detrás de todo político que canta fervorosamente un himno nacional y que dice defender la nación del extranjero está un personaje que busca aumentar su poder. Los nacionalismos no son nada inocentes, no solo son una defensa de una historia en común, de una veneración de héroes y de mitos, son también poderosos esquemas que legitiman discursos y reacciones excluyentes que al final son la base para la aparición de estados que recortan libertades y construyen muros.

SUCRE: ALCALDÍA EN MODO TERMINAL

La historiadora Marie-Danielle Demélas en su libro La Invención política dice que una de las máximas confucianas que aconseja  “que es conviene gobernar al pueblo como se fríe un pescadito evitando toda sacudida brusca que amenazara con echarlo a perder” fue dejada de lado en el siglo XVIII por el Estado español lo que al final devino en reacciones hostiles de los americanos, haciendo frágil el imperio y precaria su unidad.

Gobernar en democracia es establecer equilibrios políticos, tratando de conjugar los objetivos del Estado con las necesidades de la gente, atendiendo a las demandas particulares sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de la mayoría de la población.  Cuando solo se cede a la presiones de los grupos sociales dejando de lado el interés general hay desgobierno y cuando no, demagogia; cuando solo se trata de establecer los objetivos de gestión sin tomar en cuenta la opinión de la gente imposición. La alcaldía de Sucre, desde hace varias gestiones atrás es muestra de lo primero: una entidad que no gobierna, que cede, que mira hacia otro lado,  dejando en el olvido no solo ya sus metas estratégicas, sino su sola obligación de hacer cumplir la ley: la presencia de una diversidad de comerciantes en el histórico parque Bolívar, las condiciones de insalubridad en la que se vende productos en varios mercados de la ciudad, la apropiación por empresas privadas de las plazuelas de la ciudad para hacer marketing, son solo algunos resultados de esta situación.

Empero,  el municipio por salir de esta ausencia de poder, corre el riesgo de caer en una falsa salida como es la  imposición de sus proyectos y, por esa vía, generar crisis social en la ciudad. El conflicto en torno a la construcción de la nueva terminal de buses es un ejemplo.  En primer lugar, el ejecutivo municipal supuso que tomando una decisión rápida y definitiva sobre el lugar de su emplazamiento también se acallaría la polémica y pugna que venían sosteniendo los distritos porque esta obra se haga en su propio distrito. Esto no dio resultado porque los habitantes del distrito 3, que es donde Arciénega prometió, firma mediante, que se haría la terminal, están organizados y nada dispuestos a aceptar que el alcalde incumpla su promesa. En segundo lugar, las razones técnicas que maneja el municipio para justificar la obra en el distrito 5 son confusas; por ejemplo el argumento de que los costos del transporte, para un viajero del centro de la ciudad son mucho más elevados si se va hasta la zona de Club de caza y pesca que hasta Lajastambo no son sólidas; no lo son porque los costos de transporte son relativos según dónde sea la residencia de las personas: para el pasajero que vive en centro es barato ir hasta el D-5, no así para alguien que vive en la avenida Juana Azurduy o en la zona del ex aeropuerto.

La reacción del distrito 3 y las acciones de fuerza que han asumido, con todo lo cuestionable que puedan ser, tienen que ver con  factores como percepción de autoritarismo, ausencia de información transparente e intereses creados, algo donde las acciones del ejecutivo municipal tiene su cuota de responsabilidad.

Para nadie es desconocido la urgencia de tener una nueva terminal de buses. La actual no solo que no puede ya contener toda la demanda de pasajeros sino que es peligrosa para el usuario. Las maletas son soltadas desde alturas siderales rozando las cabezas de los usuarios; el pasajero tiene que lidiar con humo, personas que corren y flotas que se mueven rozando al usuario. La situacion es tal que realmente es un milagro salir ileso de esta travesía. 

Por ello mismo, el gobierno municipal, es decir el alcalde, los profesionales que lo acompañan y sus concejales deben asumir que la radicalización de una política solo va a aumentar el conflicto. Lo de la terminal debe ser resuelto con profesionalismo, visión e imaginación política. Otras ciudades tienen esos mismos problemas y aún peores, sin embargo, ellos se pudieron resolver por que comprendieron que el gobierno en democracia es seducción no imposición.

¿QUÉ TANTO INFLUYÓ EL CASO ZAPATA EN LOS RESULTADOS DEL 21F?

El escándalo en torno a Gabriela Zapata y sus efectos en el voto del referendo del 21F ha dividido las aguas entre el oficialismo y la oposición, a tal punto que para los primeros el caso Zapata ha sido determinante en los resultados y para los segundos fue poco menos que irrelevante.  

Para el presidente Morales, por ejemplo, el caso Zapata fue montado por la oposición, una acción planificada, no solo por los políticos nativos sino también por las fuerza extranjeras que, ayudados por medios de comunicación y las redes sociales, se encargaron de hacer creer una mentira, (la paternidad de Morales, los vínculos del gobierno con las empresas chinas, por ejemplo) que, en su criterio, fueron determinantes en los resultados del referendo.

Para la oposición, el  factor Zapata no fue definitorio, solo fue uno más entre la constelación de elementos que confabularon contra Morales en el referendo, para esta visión los votantes votaron a favor del No porque consideraban que el gobierno del MAS, con su propuesta de reelección, estaba en un proceso de conversión a la dictadura, a la corrupción y a la ineficiencia estatal.

El problema con ambas interpretaciones es que están sesgadas en función de las estrategias de poder de los actores políticos, en ese sentido lo que está en juego no es la verdad en torno al caso Zapata y sus efectos políticos sino su articulación en torno a la lucha por el poder que se avecina en 2019. Morales apuesta por la explicación de que Zapata afectó a la votación porque eso le permite asumir que hasta el día en que se destapa que tuvo un hijo con Zapata su popularidad estaba intacta, que la honestidad del gobierno estaba fuera de duda  y que la gestión era de las mejores, lo que le permite abrir un argumento para la repetición del referendo, uno donde la gente no vote “engañada”, como argumenta el presidente sino solo en base a la verdad. Adicionalmente, esta interpretación  le permite al gobierno tener el pretexto perfecto para desplegar su proyecto de control de la sociedad civil a través de la promoción de cambios en la ley de imprenta; la descalificación publica de varios medios de comunicación, el abierto amedrentamiento de periodistas y, últimamente, el  control de las organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, para la oposición el sostener que en la decisión del 21F no se debió a Zapata le permite continuar con su discurso de que lo que en realidad se jugó en el referendo fue la gestión de Morales y no los vínculos de Zapata con el presidente, gestión que tiene que ver con asuntos como la ausencia de licitaciones en las adjudicaciones de millonarios contratos con empresas chinas, la corrupción en el Fondo indígena y una gestión estatal cuestionable.

Las empresas de estudios de opinión pública también colaboraron a la confusión en torno al tema. Las encuestas presentadas por los periódicos son claramente contradictorias y no ayudan a tener una conclusión basada en lo que los cientistas sociales llaman “datos duros”. El día 14 de febrero, a pocos días del referendo, un matutino publicó una “encuesta flash” donde señala que el escándalo Zapata habría hecho cambiar notablemente la tendencia en el voto hacia el No a la modificación de la Constitución, tanto que le llevaría unos 14 puntos de diferencia al Si. En cambio, en la última encuesta, de 26 de junio pasado, este mismo periódico indica que el caso Zapata, para la gente, no fue un factor que definió su voto, contradiciendo completamente los datos generados en febrero.

Michel Foucault decía que detrás del saber está una estrategia de poder, detrás de cada verdad sancionada por el poder está una estrategia para controlar, aplastar y sojuzgar. En los últimos meses el caso Zapata ha copado la agenda del gobierno que ha hecho todo lo posible por sostener que el escándalo fue orquestado para dañar la imagen presidencial y por esa vía detener el proceso de cambio. Las acciones sucesivas que intentan controlar la sociedad por el estado, son su lamentable consecuencia. 

GESTIÓN DE CONFLICTOS

La última semana no ha sido de las mejores para el gobierno y tiene razones para preocuparse: por una parte dos encuestas han señalado una tendencia a la baja en la popularidad de Morales y, por otra, la Central Obrera Boliviana se ha mostrado firme en su decisión de no aceptar el despido de 800 trabajadores de la empresa estatal Enatex. La primera es una señal de que el referendo no era el punto de llegada sino más bien el punto de inicio de algo que puede todavía ser peor en la popularidad del gobierno y, la segunda, es el dato de que el mecanismo de cooptación de los movimientos sociales tiene un límite, de que las dirigencias pueden ser obligadas a luchar cuando las bases ven que sus derechos son conculcados.  

La estrategia desplegada por Morales para enfrentar los conflictos son simples: dejar que el tiempo desgaste la movilización. Como el gobierno no puede dar respuestas que mínimamente puedan convencer a los sectores en protesta, apela a que ellas desaparezcan por efecto del cansancio, cosa que a veces termina por suceder: los movilizados, ya agotados de la ausencia de respuesta, lo que hacen es recoger sus cosas e irse a la espera de mejores tiempos. Sucedió con la huelga del Comité cívico potosinista en 2010 y 2015,  así acontece con los discapacitados que ya pasaron los 100 días de vigilia, también con los obreros de Enatex  y está en vías de ser así con la huelga de la COB que ya amenaza con la indefinida. Morales y sus ministros parecieran decir: “no interesa la cantidad de protestas que hagan, la respuesta siempre será la misma: No”.

Desde cierto punto de vista, esta lógica puede ser la de un gobierno fuerte que impone sus criterios a pesar de las presiones, pero también lo es de una gestión que carece de método para procesar las demandas y el conflicto. Para hacerlo necesita algo básico que no tiene: burocracia estatal capaz de convertir las demandas en políticas públicas. Por ello en el caso de Enatex: no se busca salidas empresariales o económicas(vrg. nuevos mercados en Europa o Estados Unidos), se hace lo fácil: despedir obreros como una buena solución para el Estado pero no para los 800 trabajadores y sus familias.

Ante esta carencia se presenta en el gobierno una cosa interesante, como no puede convertir las demandas en políticas públicas las convierte en oportunidades para acrecentar su poder sobre la sociedad, las usa como pretextos para intentar ampliar su dominio sobre la política y la sociedad. Veamos: el caso Zapata no sirvió para transparentar la licitación de obras públicas sino para que el gobierno intentara ampliar sus mecanismos de control sobre la sociedad civil y, en el caso de las demandas por más y mejor justicia no se buscó dar solución a la ausencia de idoneidad de los jueces, la independencia política y la carencia de recursos sino que se planteó la puesta en vigencia de la cadena perpetua que es una elegante manera de dejar las cosas como están sin tocar el problema de fondo que es la independencia de poderes.

El gobierno, como dijimos, está atravesando un problema de baja en su popularidad que puede ser todavía más notoria si continua pensando que detrás de cada conflicto no está la sociedad, ansiosa de soluciones, sino solo la oposición deseosa de poder.