PRIMARIAS

¿Son necesarias las primarias? ¿El país se puede dar el lujo de gastar 26,9 millones de bolivianos solo para ratificar a los binomios propuestos por cada partido? ¿Qué gana la democracia cuando ningún partido ha presentado más de un postulante?  Las respuestas a todas esta preguntas es que las primarias son innecesarias,  por onerosas e inútiles.   

Sin embargo las cosas son un poco más complicadas, en primer lugar porque la mayoría del MAS en el poder legislativo no impulsó la nueva ley de partidos y las primarias para generar proceso de democracia interna en los partidos, sino para apresurar los tiempos políticos e impedir la conformación de alianzas, de liderazgos y de programas en la oposición. El partido de gobierno, así como lo hizo con la Constitución, con la elección de magistrados y con el reglamento de autonomías, no impulsa las leyes para generar institucionalidad sino para tener un instrumento que lo fortalezca en el poder que, ademas, cree perpetuo.   

Esto se puede ver a través de lo que hizo y dijo el MAS en torno a las primarias: en primer lugar si la intención de democratización interna era verdadera, este partido, coherente con sus enunciados, tendría que haber presentado para las primarias por lo menos dos candidaturas y no repetir el añejo binomio que se postula desde al año 2005; por otra parte, si la intención hubiera sido sana, el vicepresidente no hubiera declarado, orgulloso, que las primarias le sirvió al MAS para tener más tiempo en su afán de desgastar la imagen del candidato opositor Carlos Mesa. Por tanto no se trata de un tema meramente económico, ni legal: las primarias, sobra decirlo, son una de las estrategias de poder del MAS.

Aún más. ¿Qué pasaría si al Tribunal Supremo Electoral le diera un ataque de racionalidad y decidiera suspender las primarias? Sencillamente que la habilitación de Morales y García volverían a caer en punto muerto, lo que naturalmente daría aire a la oposición para estructurar nuevamente alianzas y esquema opositores. Esta posibilidad no le conviene al MAS porque espera que el tema del 21 F, que tanto descalabro causa a su deteriorada imagen, se pierda en el torbellino del proceso electoral y, al fin,  pueda colocar en agenda los temas que cree lo conecta con el votante: estabilidad económica y redistribución de ingresos.

El MAS ya no puede volver, sin problemas, a sus antiguos nudos discursivos de profundización y ampliación de la democracia; no después no haber avanzado un ápice en la construcción de institucionalidad alrededor de la nueva Constitución del estado plurinacional; no después de haber convertido los recursos estatales en fuente de corrupción y autobombo; y no después de haber llevado al límite su influencia sobre el poder judicial y electoral.

De esta manera, en enero de 2019, asistiremos al proceso electoral más aburrido de nuestra historia republicana y plurinacional, solo comparables a los que ponían en escena los partidos liberal y conservador en el siglo XIX, en las que pequeños grupos de militantes se disputaban  el voto en unas elecciones en las que nadie creía salvo los caudillos.  

CUARTA POSTULACIÓN

El pasado martes 4 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha resuelto habilitar la candidatura de Morales y García a una cuarta repostulación. Pese a que existe el antecedente que el 21 de febrero de 2016 una mayoría de bolivianos tomó la decisión de mantener el Art 168 de la constitución que prohíbe la repostulación, el TSE, ha preferido actuar conforme una resolución del Tribunal constitucional que, en noviembre del 2017, avaló a Morales y García para una cuarta gestión gubernamental.

Para llegar a este punto, el gobierno de Evo Morales no solo ha tenido que llevar al límite su capacidad de influencia sobre el poder judicial, sino que ha puesto en crisis uno de los elementos centrales de su discurso como su alusión al pueblo al que se supone Morales oye y obedece. De hecho, en los meses previos al referendo del 21 de febrero de 2016, Morales, seguro de ganar, repetía una y otra vez  que era el pueblo el que mayoritariamente respaldaría su repostulación, desafiando a la oposición a respetar los que decida el pueblo. 

Sin embargo, una vez conocida su derrota en las urnas, Morales y su equipo dieron un giro de 180 grados: optaron por señalar que el pueblo, esa entidad que para Morales tiene las virtudes más excelsas de sabiduría e infalibilidad, había votado engañada por los opositores y por un “cartel de la mentira” compuesta por medios de comunicación.

Bajo esa premisa, Morales se puso a “corregir” el error que había cometido el pueblo y optó por presionar sobre el Tribunal constitucional y, tras un extenso cabildeo, decidió viabilizar la candidatura de Morales y García, con el argumento de que el artículo 168 violaba los derechos humanos de los mandatarios que están en el poder más tiempo que cualquier otro presidente, incluidos los autócratas.

Ahora, ya con la habilitación de su candidatura bajo el brazo, Morales ha retornado, en sus discursos, a la lógica amigo-enemigo, tratando de mostrarse como el genuino representante del pueblo y tildando a opositores de vendidos al imperio, privatizadores, “vendepatrias” y parientes políticos de la pasada elite neoliberal. En otras palabras y fiel a un conocido libreto populista, Evo Morales intenta polarizar el ambiente preelectoral, buscando ser el canal por donde fluya  el desencanto contra los ricos, los blancos y los privilegiados.

Empero, una gran incógnita se abre en torno a la efectividad de la estrategia. Quien emite ese discurso es justamente el presidente que más ha hecho por alejarse de la vida normal de una persona proveniente del mundo popular: Evo Morales ha mandado a construir un nuevo palacio de gobierno bautizado como la Casa de pueblo, ha comprado un avión de lujo y se ha hecho construir casas y museos que son una glorificación de su vida política pasada y presente. Si alguien se parece más a la pasada elite que se suponía erradicada es Evo.

Adicionalmente, la apelación al pueblo ha sufrido menoscabo, puesto que si bien dice gobernar obedeciendolo, en el momento en que ese colectivo da un veredicto contrario a sus intereses, opta por desconocerlo, por anularlo.

En este contexto, para el MAS se ha abierto una fuerte corriente contraria a su gobierno que a pesar de su desorganización demostró que lo puede vencer tanto en las urnas como en las calles. Demostró su poder en las elecciones para las máximas autoridades del poder judicial, en 2011 y 2017 cuando ganaron el voto nulo y blanco que fue la consigna de la oposición; también lo hizo en el referendo del 21 de febrero de 2016 en que la opción No ganó por mayoría absoluta de 51 por ciento de los votos; y finalmente logró vencer en las calles, cuando una movilización masiva realizada en enero de este año, hizo que Morales anulara la Ley de código de procedimiento penal que había promulgado meses antes.

A pesar de esta fortaleza la fuerza opositora ciudadana, este contrapoder que vigila, evalúa y sanciona permanentemente la gestión de gobierno, no ha podido establecer una organización estable y de largo plazo. Da la impresión que la oposición partidaria y de colectivos ciudadanos son islas poco articuladas y diferenciadas en lo ideológico, que se conectan para plantar oposición al gobierno pero en coyunturas muy específicas, una suerte de olas de rebelión que inundan el espacio público, para luego volver a las redes sociales que es donde más y mejor participan en política.

Ante esta carencia se han realizado intentos para establecer una mínima estructura organizativa  opositora pero con poco éxito.  En medio de las acciones colectivas en contra la aprobación del nuevo código penal, en enero de este año, se trató de erigir el Comité Nacional por la defensa de la democracia (CONADE) que tuvo poca trascendencia. Cosa parecida pasó, hace muy poco, con las movilizaciones y paro contra la habilitación de Morales a una nueva postulación, donde las organizaciones territoriales como los comités cívicos intentaron ser el eje de la protesta, empero sin logros relevantes.

En suma, hay indicios de un serio desgaste del MAS en el poder, sobre todo en su capacidad para la circulación de parte de su discurso populista; hay señales que existe una fuerte corriente “anti-MAS”,  junto a un sentimiento de agravio de gruesos sectores de la ciudadanía ante una nueva repostulación de Morales y su evidente manipulación de las instituciones. Todo esto puede ser clave en los resultados de las elecciones de octubre de 2019, sin embargo está en duda la existencia de un partido y liderazgo capaz de canalizar ese descontento.

LOS DILEMAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La primera semana de diciembre toda la presión política y social se encausará inevitablemente sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque de la postura que asuma este organismo derivarán otras cuyo decurso es imprevisible. En caso de que TSE fallara en contra de las pretensiones del MAS de volver a postular como candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera, la maquinaria estatal y de movimientos sociales presionará a los miembros del Tribunal, al extremo que se avizora una cascada de renuncias y posterior crisis institucional.

Por su parte, si es que el TSE aprobara la repostulación del binomio Evo-Álvaro, esto derivaría en una fuerte deslegitimación del TSE, al punto que los actores de oposición pueden canalizar su rechazo tanto con el voto nulo en las presidenciales, como hacia el pedido de renuncia de los miembros del TSE.

En ambos casos el resultado será el mismo: un proceso de fuerte erosión de la legitimidad del  TSE y la posibilidad de que la política quede con una institución debilitada para enfrentar un proceso electoral que se adivina lleno de controversias, desafíos y pugnas. Con toda seguridad que los afectados por la decisión del TSE, sean del gobierno o de la oposición, los acusarán de parcialidad, cuando no de estar “vendidos” a uno de los bandos en punga. Se extenderá sobre ellos la mancha de “gestores del fraude” y consiguientemente el ambiente de tensión política llegará al máximo organismo electoral.

Esto pasa porque se ha puesto al TSE como un actor con capacidad de veto (su decisión bloquea o habilita otros procesos) que tiene que tomar decisiones en temas que ya se definieron en otras instancias pero que, al no ser respetados, pueden desembocar en una crisis interna.

La presión desatada sobre el TSE es, en cierta forma, desmedida: se le ha conferido el rol de “defensores de la democracia” cuando en realidad su misión (que no es poca cosa) es la de administrar elecciones con idoneidad y transparencia. No pueden serlo, porque su rol institucional es vital pero limitado, baste señalar que su decisión respecto de la repostulación de Morales va a chocar inevitablemente, con dos esquemas institucionales como ser el referendo y el Tribunal Constitucional, ambas con mayor potestad legal sobre el decurso de la democracia que el TSE.  

Si finalmente el TSE rechaza la repostulación de Morales niega la potestad de un Tribunal constitucional que, se diga lo que se diga, es finalmente un órgano del Estado en plena vigencia; y si el TSE viabiliza la intenciones reeleccionistas de Morales pone en duda la vigencia de uno de los mecanismos constitucionales de democracia directa como el referendo.

A partir de diciembre de este año el TSE entrará en una encrucijada donde la sobrecarga de presiones puede generar crisis. En estas condiciones es previsible que la definición sobre el futuro del TSE y sus componentes recaiga sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el MAS, sin duda alguna, hará valer su mayoría. 

DESPUÉS DE LA HAYA

Como no podía ser de otra manera, un fracaso internacional como el producido en La Haya, tiene que afectar la política en Bolivia. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya fallado en contra de la demanda boliviana, dejando a nuestro país más debilitado que nunca en su reclamo marítimo, no es cualquier cosa puesto que afecta a la sensibilidad de una nación para la que el mar es un tema vital.

El primer afectado por esta derrota es sin duda Evo Morales, no solo porque es la principal autoridad del país que liderizó todo el proceso, sino porque el mismo se encargó de hacer declaraciones desmesuradas sobre un fallo favorable, anunciando una y otra vez de que Bolivia estaba más cerca del mar que nunca.

Esta derrota no encuentra a Evo en el mejor de sus momentos políticos: con su legitimidad afectada a raíz del desconocimiento de un veredicto popular que le negó la cuarta repostulación; con un gobierno fuertemente dañado en su imagen a raíz de los escándalos en torno a la administración de la justicia; y con una gestión lastrada por la corrupción, ahora tiene que sopesar las innumerables acusaciones y recriminaciones que empezarán a salir una vez que Evo vuelva al país. La apuesta de Evo de ser el líder imprescindible de la aspiración marítima, el eje en torno al cual deberían girar los actores políticos para retornar al mar, se ha venido abajo de un manera tan contundente que marcará el resto de su gestión presidencial.

Por su parte, lo ocurrido en La Haya encuentra a Evo sin posibilidades de poder articular una respuesta en sus propias líneas argumentales. No puede acusar al imperialismo norteamericano de ser responsable del fallo, puesto que fue su gobierno el que por propia voluntad inició la demanda dando toda la potestad y legitimidad a la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, no puede señalar del fracaso a los enemigos internos, a los que califica de vendepatrias, puesto que todos los actores de oposición han apoyado esta iniciativa, al punto que dos de ellos le acompañaron en su viaje a La Haya y, finalmente, no puede señalar falta de apoyo ni de los medios de comunicación ni menos de la población, puesto que éste fue unánime y militante.

Aparentemente la confianza en un fallo favorable fue tan grande que impidió al gobierno estructurar un “plan B”; es decir un conjunto de medidas y de iniciativas políticas posteriores al veredicto, que permitan asimilar mejor una determinación desfavorable en La Haya. Morales estaba tan convencido de que la determinación de la Corte Internacional cuando menos señalaría la obligatoriedad de Chile a negociar (aunque sin mencionar el asunto de la soberanía), que estructuró un plan solo considerando un escenario positivo y no uno negativo.

Ante esta carencia, el gobierno ya ha adelantado lo que probablemente será su respuesta en los días venideros: afirmar que nada está perdido y de que es posible generar escenarios favorables para el inicio de negociaciones con Chile, lo que sin duda es deseable y posible. El gran desafío para el gobierno radica en convencer a la población de que el MAS es el mejor indicado para hacerlo.

LEY DE ORGANIZACIONES POLITICAS ¿NECESIDAD CIUDADANA O INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PODER?

Evo contra las cuerdas

El pasado 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, Evo Morales, contra todo pronóstico, redujo el tiempo de su discurso informe a la nación a 33 minutos, cuando estaba planificado para al menos dos horas. La causa era que en el acto, un grupo de opositores más algunos activistas de oposición (que nadie sabía cómo estaban en el evento), empezaron a gritar la consigna de “Bolivia dijo no”, que le recordaba al presidente el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 en que la mayoría de la población rechazó su intención de repostular a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Dictamen que Morales, por todos los medios, trataba de desconocer.

Con todo, este éxito de la oposición, no radicaba tanto en haber hecho que Morales no continúe hablando en el acto central de las fiestas patrias, sino en que logró colocar en la agenda pública, la disputa en torno a la validez de los resultados del referendo del 21 de febrero. La persistencia de Morales en su repostulación polarizaba al país, dañaba su legitimidad y popularidad y daba razón, a los voceros de la oposición, de que Bolivia se enrumbaba a una dictadura. En estas condiciones, el gobierno no podía colocar en el debate, otros temas en los cuales estaba fortalecido, entre ellos, el asunto de la estabilidad y crecimiento económico que, aunque modesto, era uno de los mejores de América Latina: el crecimiento del Producto Interno Bruto que proyectaba el  Banco Central de Bolivia para 2018 era de 4,7%, uno de los más altos de la región. El partido de gobierno,  que se había manejado tan bien articulando acciones políticas y discursos en torno los clivajes estado-mercado y étnico, ahora no tenía respuesta ante las acusaciones de autoritarismo de la oposición.

Por su parte, los datos de popularidad del presidente mostraban que este asunto estaba teniendo efectos catastróficos.  Una encuesta de la empresa especializada en estudios de opinión pública IPSOS, indicaba que la aprobación a la gestión presidencial para abril de 2018, había bajado siete puntos en relación al año anterior, para ubicarse en 47%; con el dato adicional, que el respaldo tenía como base las ciudades altiplánicas de El Alto y Oruro (tradicionales bastiones del MAS) que compensaban un decremento en ciudades como Santa Cruz, Trinidad y Cobija donde el descenso de popularidad había sido de 13%. Este panorama se agravaba con datos de ciudades postergadas en su desarrollo, como Potosí y Sucre, donde el rechazo a la gestión presidencial llegaba al 72% y 92% respectivamente (Correo del Sur, 23.08.2018).

La respuesta del gobierno.

Ante esta situación, el oficialismo, en la segunda semana de agosto de este año, retomó la iniciativa política. Haciendo uso de su mayoría de dos tercios en la Asamblea legislativa, sorprendió a todos empezando a tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas (OEP 2018). Este proyecto, de 105 artículos, buscaba normar aspectos como equidad de género, democracia interna en los partidos políticos, financiamiento a los partidos, entre otros.  Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención del oficialismo fue el referido a la realización de primarias, puesto que se dispuso su realización para enero de 2018 cuando esta se debía llevar a cabo recién para las elecciones de 2024.  

Uno de los grandes déficits de la democracia boliviana está su acendrado caudillismo, pese a que los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia, ellos no son democráticos en lo interno, de tal manera que sus líderes no se someten a un proceso de selección interna de candidatos. Visto de esta manera, la realización de primarias solo se podía ver como positivo.

Sin embargo,  tanto el apresuramiento de la Asamblea legislativa Plurinacional en discutir la Ley de Organizaciones políticas (aprobada en todas sus fases en poco más de dos semanas, cuando  en general este tipo de normas tardan varios meses) en especial el tema de las primarias, lleva a pensar que, en realidad, lo que hace el MAS es instrumentalizar esta norma para favorecerse políticamente puesto que, por un lado, al adelantar la realización de primarias, reduce considerablemente el tiempo de los partidos para establecer alianzas y candidaturas y, por otro, desplaza del centro de la agenda pública el desconocimiento de parte del partido de gobierno de los resultados del referendo del 21 de febrero, que insiste en repostular al presidente Morales para las elecciones de 2019.  Con estos antecedentes, a continuación,  presentamos un análisis de los probables efectos que puede tener esta Ley en la oposición política.

El campo opositor: entre los partidos políticos y el contrapoder ciudadano

En los últimos años el campo opositor está dividido en dos espacios. El primero, el institucional, compuesto por los partidos políticos; y el segundo, informal, integrado por las distintas expresiones del contrapoder ciudadano. 

El campo compuesto por los partidos políticos está presente en todos los espacios institucionales de la política, aunque con distinta fuerza y capacidad. En el poder legislativo, su presencia es irrelevante, ya que el MAS tiene una amplia mayoría de dos tercios.  Esta fuerza opositora aumenta en el nivel subnacional, puesto que tres gobernaciones de nueve posibles están al mando de líderes opositores, entre ellas las de La Paz y Santa Cruz;  a la vez, seis alcaldías de capital de departamento están en manos opositoras, entre ellas, tres de las  de las ciudades más populosas de Bolivia cono Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

El otro espacio político, está constituido por el contrapoder ciudadano, como expresión de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y sus líderes (Rosanvallon 2006).  Se trata de un conjunto heterogéneo de fuerzas  que, diseminada a lo largo y ancho del cuerpo social, desarrollan poderes de vigilancia, veto y juicio sobre el poder constituido, poniendo permanentemente en cuestión la gestión de gobierno. Este contrapoder que, dicho sea de paso, es un dato de casi todos los regímenes democráticos en el mundo, ha tenido una fuerte influencia en el gobierno de Morales entre 2010 y 2018. En 2010 lograron revertir la subida de los carburantes; en agosto de 2011 su apoyo a la marcha indígena, que se oponía a la construcción de una carretera que dividía el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), fue fundamental para que Morales retrocediera en este proyecto; en las elecciones de magistrados del poder judicial en 2011 y 2017, su convocatoria al voto nulo tuvo éxito, puesto que esta opción, en ambos casos, superó el 50% de los votos; en el referendo constitucional de febrero de 2016 la convocatoria a votar por el No fue fundamental para la derrota de la intención reeleccionaria de Evo Morales y García Linera; y, finalmente, en enero de 2017 una movilización liderada por los médicos y apoyada por la ciudadanía hizo que Evo Morales anule la ley del nuevo Código Penal a pesar haber sido promulgada.

El espacio institucional de la oposición como del contrapoder ciudadano son disimiles, puesto que la primera busca que la representación política fluya a través de los partidos, mientras que la segunda, profundiza en la desconfianza sobre los poderes públicos y sus líderes. Esto explica que en el informe de Latinobarómetro de 2017 la confianza en los partidos políticos en Bolivia solo llegue al 15%  (Latinobarómetro 2017).

Sin embargo,  con toda seguridad que ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2019, las plataformas ciudadanas, como intento de expresión del espacio informal de la oposición, del contrapoder, trataron de desplazarse hacia el campo institucional de la política, ya sea conformando un nuevo partido, o bien buscando establecer esquemas de alianza con algunos de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. El riesgo posible de una nueva gestión del MAS, junto a una nueva repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera a las elecciones presidenciales, actuó como acicate para dinamizar este proceso.

Pero no es un proceso fácil ni rápido: en el caso de que las plataformas decidan ser un nuevo partido necesitan recursos institucionales y organizativos que, probablemente no tienen y, para lograr alianza con algún partido político, ello está sujeto a una serie de negociaciones muy complejas donde el postulado de unidad con renovación implica una ingeniería política larga y conflictiva que necesita tiempo.

En este contexto, lo que hace a nueva ley de partidos es apresurar los tiempos políticos, y presionar sobre ambos espacios de oposición, mismos que para asumir decisiones necesitan un tiempo de maduración. El proceso de definición de candidaturas que con el pasado cronograma electoral daba como 11 meses de plazo, ahora se lo debe hacer en  cuestión de 60 días como máximo.

Por tanto,  la  nueva ley de partidos lo que hace es provocar un cierre de las posibilidades electorales de una amplia gama de la población, que buscaba renovación y unidad de liderazgo. Como esto es poco probable que suceda, es previsible un repliegue aún más radical de la ciudadanía en el desapego y desconfianza hacia las instituciones democráticas. De esta manera, una ley de organizaciones políticas pensada para fortalecer representatividad política, y la canalización de demandas a través de los partidos políticos, en los hechos, provocará lo contrario: un desapego de las instituciones democráticas y una invitación a la acción directa, a las calles, allí donde se incuba la violencia. 

LA CASA GRANDE DEL PUEBLO Y LA ESTÉTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL

Últimamente una tormenta de críticas se ha abatido sobre el nuevo palacio de gobierno (denominado la Casa grande del Pueblo) ubicado en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz: engendro, grotesco, feo, desubicado, son solo algunos de los adjetivos que se han proferido en contra de este edificio, reflejando con ello que la batalla política no solo se libra en las calles ni en el Asamblea Legislativa sino en el mundo de la estética. Este es un dato interesante puesto que, por primera vez, las construcciones de Morales son juzgadas desde esa perspectiva; en general ellas han sido criticadas por su carencia de licitación, por su mala ejecución, por su falta de factibilidad o por sus indicios de corrupción, pero nunca por ser feas. Ni siquiera el museo del Presidente ha sido criticado desde la estética, sino porque su erección se hizo en medio de la pobreza del pueblo natal de Morales o porque alimenta el ego de Evo. Por eso, la Casa grande del pueblo, es un interesante tema de reflexión, porque expresa algo poco analizado en torno al proceso de cambio: la politización de la estética.

El tema estético no es un tema banal ni menor; con Pierre Bourdieu sabemos que la estética que el Estado sanciona como legítima es el resultado de una lucha política y de una imposición que corona y expresa la dominación, que aquello que el estado considera válido, reproducible, expresión de lo bello, es el resultado de una forma de ver el mundo que se ha impuesto sobre otras posibles. Como señala de Souza Santos, lo que señala el Estado como bello, bonito, elegante, digno de mostrarse al público se constituyen en únicos criterios de verdad o de cualidad estética ante los cuales las otras estéticas posibles solo son anacrónicas y feas.  (de Souza 2010).

La propia historia de la república de Bolivia es una muestra clara del ocultamiento o negación de una estética indígena. En 1925 un álbum de Centenario no contenía fotos de indígenas sino solo cuando se trataba de mostrar el pasado de Bolivia (Cristelli 2004); en 1909 un álbum de Centenario del primer grito libertario de Sucre, inauguraba luces en la torre Eiffel y el Arco del triunfo  y sus impulsores ratificaban que la independencia de España era política pero no de sangre. En 1952 se había mostrado la música y el folklor boliviano como una muestra de cómo la cultura oficial era capaz de incluir a la estética indígena,  pero negándole toda validez en sí misma.

La estética sancionada por el Estado tiene mucho que ver con la noción de lugar. El estado establece varios espacios físicos donde emplaza edificios, monumentos y lugares de recreación que son mostrados como íconos de la identidad estatal y nacional.  Son lugares donde a la nación, más allá de su contenido imaginario, se la puede ver y tocar, donde uno puede recrear las epopeyas o acontecimientos que la historia oficial ha considerado como memorables. Aunque, en general, son una suerte de reliquias, de objetos del pasado, no por ello no dejan de ser actuales, en tanto ratifican una identidad nacional y por tanto se reactualizan permanentemente. Su carga simbólica acumulada durante décadas es lo que le da esa característica.

Uno de esos lugares es sin duda la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, cuyo nombre evoca la vida pasión y muerte de Pedro Domingo Murillo, un ícono de la nación boliviana en tanto su gesta, y su trágico final permite el nacimiento de la nación boliviana. También es el lugar donde desde 1899 se han dado las luchas políticas definiendo las líneas maestras del Estado boliviano; la Plaza Murillo es el centro político nacional, el espacio desde el cual el Estado se expande hacia los demás territorios, el lugar de inicio de su proceso de dominación territorial. En otras palabras donde lo bello, se ensambla con el poder, con el Estado y la nación.

Por ello, no es casual que Evo Morales haya escogido, precisamente, la plaza Murillo para desplegar su transgresión al poder simbólico del estado republicano erigiendo en este lugar la Casa grande del pueblo. No podía ser de otra manera, ya que lo que se busca es justamente dañar el corazón mismo de la simbología estatal republicana. Se ha construido un edificio de 36 millones de dólares, con 28 pisos, en un área de 1800 metros cuadrados, provocando que el palacio de gobierno conocido como Palacio quemado, -cuya construcción fue inspirada en el neoclasicismo y academicismo francés (Alejo 2018)- quede chico ante su imponente presencia, como en proceso de deterioro y obsolescencia. Cuando Morales construye su propio palacio, lo que hace es transgredir la estética sancionada como válida por el estado republicano, puesto que la desafía  en el lugar con mayor densidad simbólica como es la Plaza Murillo. Por ello, las críticas al edificio han sido dadas en torno a lo estético, porque lo que para muchos el edificio es una suerte de mancha en un libro de historia nacional, la muestra de que el poder masista no guarda respeto por los íconos nacionales.

Estética disfuncional, pero carente de continuidad

Ahora cabe reflexionar si efectivamente el nuevo edificio es el punto de partida de una nueva estética estatal alternativa a la existente, si a partir de la Casa grande del pueblo se construye una nueva narrativa estatal plurinacional. Este tema es central porque a todo lo largo del proceso previo a la llegada de Morales el poder, se ha hablado, desde espacios afines al proceso de cambio, de la necesidad de superar el mestizaje como identidad nacional, de la urgencia de pasar a una lógica que valore lo indígena.

Empero, más allá de estas intenciones creo que el gobierno no ha avanzado sobre la erección de una estética indígena. Más allá de poner en tensión la legitimidad del discurso estético y cultural del Estado republicano, con edificios o con relojes al revés, no hay una nueva estética sino una que se suma inevitablemente a la cultura mestiza (Torrez y Arce 2014). Evo desde el poder ha tratado de cambiar la estética, empero no ha sido capaz de avanzar en la aparición de una alternativa a la del denostado pasado sino que se ha adscrito a la estética mestiza dominante que en muchos casos oculta o minimiza la estética de raíces indígenas que se hacen en las comunidades indígenas o en los sectores migrantes que hacen música chicha.

¿Cuáles son los factores detrás de este fracaso en la descolonización estatal?. En primer lugar para erigir una nueva estética plurinacional hace falta una visión de largo plazo, puesto que tienen que poner en acción dispositivos que para ser efectivos tienen que desplegarse en un tiempo siempre mayor al de una gestión estatal. Morales, pese al gran respaldo que ha tenido siempre ha actuado, paradójicamente, como si su estancia el poder solo fuera a durar 4 años. Con la estética del estado plurinacional pasó lo mismo que con otras áreas del estado como la economía y la política: el gobierno del MAS en vez de desarrollar políticas de industrialización y de diversificación productiva se ha limitado a establecer costosas empresas pero desarticuladas de una visión productiva; a cambio de profundizar en la democracia intercultural se ha limitado al repartir del poder y el dinero entre las organizaciones sindicales afines a su partido y en vez tratar de erigir una nueva estética basada en lo indígena, se ha limitado a construir palacios de gobierno sin que ella este enmarcada en una política de largo plazo.

CARLOS MESA: LA SOLEDAD Y LA POLITICA

En los últimos días Carlos Mesa ha sido noticia por haber anunciado que puede ser candidato a la presidencia  del Estado en las elecciones de 2019. Lo llamativo es que, según Mesa, esta decisión vendría dada por la presión política que ejerce Evo Morales y el MAS, quienes en su afán de sacarlo del campo político, activan juicios donde lo acusan de resoluciones contrarias a la ley, en el caso de la expulsión del país de la empresa Quiborax, como de corrupción en la construcción de la carretera entre Roboré y El Cármen. Mesa, con su velado anuncio de que puede ser candidato, se asume como el personaje que, con su sola decisión, puede ahogar la fiesta de los azules impidiendo que Morales se haga de nuevo con la presidencia.

El problema con esta postura no es que Mesa sea capaz o no de vencer a Morales, (personalmente creo que puede hacerlo), sino refleja aquello que el mismo Mesa denuesta y rechaza: la personalización de la política. Mesa no habla desde una postura ideológica, desde un proyecto de país, ni siquiera desde una agrupación ciudadana o partido político, lo hace desde sí mismo, desde su soledad, convencido  de que su sola decisión, provocará un cambio en la configuración de fuerzas del país. En cierto sentido Mesa es el espejo de Evo quien, como se sabe, ha hecho del decisionismo político, su marca de fábrica.

El dato central es que Mesa no podrá cambiar este perfil aun cuando decida ser candidato. Faltan escasos meses para el verificativo electoral y Mesa no ha hecho el más mínimo esfuerzo por tratar de estructurar un movimiento político, es decir elaboración de programa y proyecto, esquema de alianzas con organizaciones sociales y formación de líderes y candidatos, porque al final todo gira en torno a él. Esta debilidad lo obligaría a sumarse a alguna fuerza política existente, lo que le daría escaso margen de maniobra para poder armar un equipo de seguidores o “mesistas” que puedan ser potables a la población tanto como ser leales él.  El candidato Carlos Mesa, una vez decida salir de su soledad, tendrá que aceptar como compañía a viejos políticos, con el costo inevitable de caer en la imagen paradójica de ser candidato del cambio pero no de la renovación.

En segundo lugar, de seguir así, Mesa no tendrá propuesta de largo plazo para el país.  Probablemente su plan de gobierno repita la agenda del contrapoder ciudadano que pide respeto por la institucionalidad, lucha contra la corrupción y la pobreza; demandas centrales pero que, por sí solas, no conforman un proyecto político alternativo al que nos gobierna. Hoy el país necesita propuestas en temas como repartición territorial del poder, autonomías y descentralización, interculturalidad, pobreza, desarrollo interregional, diversificación productiva,  respeto de la naturaleza, inequidad de género, etc. y eso es lo que Mesa ni nadie se atreve a decir nada.

En todo caso, las propuestas del contrapoder ciudadano, aunque mínimas pueden servir para movilizar al electorado y conseguir adherencias políticas en las elecciones de 2019, lo que podría llevar a Mesa a ser un candidato ganador, empero eso será problemático ya en el poder. Podría pasar con Mesa lo que con Lenin Moreno en Ecuador, quien en su primer año de gestión procedió con cierto éxito a desestructurar el aparato de poder de Correa, pero que no sabe qué hacer ni como armar un nuevo proyecto de país.

LA TRISTE HISTORIA ( CON FINAL FELIZ) DE DOS LIBREPENSANTES Y EL CENTRALISMO DESALMADO

En los últimos días el Comité de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido un fallo favorable a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado aceptando su demanda de haber sido víctimas de vulneración de sus derechos políticos y cívicos al haber sido impedidos, por un órgano del estado a postular a la alcaldía en las elecciones municipales de 2015.

Antes de pasar al análisis conviene exponer algunos antecedentes. Corría el año 2014 y tanto Delgado como Maldonado por diversos motivos se habían distanciado del MAS hasta el punto de declararse librepensantes. En el caso de Maldonado ,el motivo era haberse mostrado favorable a la demanda regional planteada por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) en julio de 2010 y que llevó a la población potosina a una huelga de 19 días. En lo que respecta a Delgado este su distanciamiento tenía que ver con una pugna interna con Carlos Romero y con la cúpula masista por no dar lugar a la crítica y a la circulación de las elites políticas.  

Ya distanciados de manera irreversible del MAS, tanto Maldonado como Delgado marcaron su propio camino y tras un proceso de recolección de firmas, lograron personería jurídica para su movimiento ciudadano y, en consecuencia, postularon a la Alcaldía del municipio de Potosí y de Cochabamba respectivamente. Hasta bien entrado el año 2015 todas las encuestas daban a Maldonado y Delgado como seguros ganadores, lo que hacía prever un debilitamiento del MAS en plazas consideradas “bastiones” de este partido: Potosí y Cochabamba. Empero, antes del verificativo electoral, el Tribunal Supremo electoral, con la mayoría de sus vocales convertidos en dóciles instrumentos del MAS, emitió un reglamento que impedía que los legisladores nacionales, diputados y senadores, se postulen a un cargo subnacional. Esta determinación fue una daga clavada en el corazón de los movimientos ciudadanos liderizados por  Delgado y Maldonado que no pudieron postularse a las elecciones municipales de sus ciudades natales.

Lo ocurrido con Maldonado y Delgado es una muestra del centralismo político que desde la asunción a la presidencia de Morales se ha desplegado y que busca el control y la anulación de la disidencia en los espacios subnacionales.  Este objetivo tiene  varios mecanismos, uno de ellos es la anulación política de todos los líderes locales que podrían desafiar el poder del centro político. Bajo este esquema, varios de opositores locales han sido expulsados del juego político por el poder masista, entre los que se cuentan Manfred Reyes Villa, Mario Cossío, Jaime Barrón, Ernesto Suarez, Rubén Costas y René Joaquino. A todos ellos se los acusó de corrupción o se aplicó una norma en la que, contra toda lógica jurídica de presunción de inocencia, fueron alejados de sus cargos a sola denuncia del Ministerio Público. En el caso de Maldonado y Delgado, se utilizó de la manera más grosera a los miembros del Tribunal Supremo electoral, a los cuales se los veía participando en proclamaciones y fiestas masistas, para que emitan una resolución que impedía su postulación. 

Por contrapartida, todo esto viene acompañado de la erección de la imagen de Morales como el gran constructor de la modernidad y del progreso social en las diversas regiones del país, aún de las mas alejadas y pobres. A través del programa Evo cumple, el presidente de manera diaria, hace una cantidad de entregas de obras como escuelas, postas sanitarias, coliseos, canchas de fútbol, que le permiten ser visto, como el presidente que hace obras, no solo en el ámbito nacional sino también local.

Maldonado y Delgado son dos víctimas más de la eficiente maquinaria que ha montado el MAS para la expansión territorial del poder, expulsando de la política a actores que podrían estructurar mecanismos de resistencia al centralismo masista. Rebeca Delgado alejada de la política, hoy se dedica a la actividad académica y Eduardo Maldonado, de una larga trayectoria política, hoy está al frente de un emprendimiento cultural. En política los tiempos son claves y, para ambos políticos, este tiempo parece haber pasado, con lo que las regiones de Potosí y Cochabamba pierden dos actores relevantes y el MAS gana en concentración del poder.   

Empero esta historia tuvo un final feliz, ya que el fallo favorable del Comité de derechos humanos de la ONU, pone en evidencia el carácter autoritario del MAS en el poder; desnuda la hipocresía de su discurso democrático y, finalmente, muestra el nivel de venalidad de altos funcionarios de los órganos del estado, los que para sobrevivir en su cargo, tienen que adecuarse a lo que dicta la ambición de poder del MAS.

EL AZUL DEL MAR Y EL AZUL DEL MAS

Hasta antes de  que el tema del mar cubriera la agenda pública, el MAS había perdido por completo la iniciativa política. En el mes de enero el gobierno  tuvo que lidiar con las protestas generadas por los médicos en torno al nuevo código de procedimiento penal y, en febrero, hacer frente a la ola de defensa del voto del 21 F. En ambos casos, contra las cuerdas, el gobierno tuvo que resolver  temas de una agenda generada por otros actores, ajenos a su órbita política. Por ello, muy a pesar suyo, anuló la ley de código penal y tuvo que sacar a sus movimientos sociales a las calles para mostrar un poderío cada vez más débil en las calles.

En marzo el gobierno retomó la iniciativa con el asunto del mar y buscó sacar el mayor rédito político del tema. Por una parte promovió y obligó a las diferentes instituciones estatales a “coser” una bandera azul con el fin de desplegarla a lo largo de más de 100 kilómetros y, por otro, invitó a los  exmandatarios y políticos para que acompañen a Morales a la Haya, para estar presentes en la fase de alegatos.  Con la bandera azul se intentaba una extraña e improbable simbiosis entre MAR y MAS y, con lo segundo, se  buscaba colocar a Morales como un líder nacional en torno al cual gira la política boliviana.

Empero esta intención desde un principio estuvo pésimamente gestionada.  Por un lado, el MAS en su afán de capitalizar políticamente todo el proceso de demanda a Chile, cometió la grosería de pintar de azul a la bandera reivindicativa, arrinconando la tricolor boliviana y la multicolor wiphala y poniendo al desnudo su interés por generar un símil entre el azul del mar y el azul del MAS; y, en su afán de colocar a Morales como el gestor de todo el proceso, como el líder que logra la unidad nacional, procedió a invitar a que lo acompañen a la Haya a líderes que carecen de representatividad y que, al igual que el presidente, están esperando la mínima oportunidad política para ganar protagonismo. Esto es lo que hizo Jaime Paz al rechazar la invitación; y esto es lo que probablemente está haciendo Tuto Quiroga, demorado en evaluar si el rédito político es mayor si va o no a la Haya.

Si Morales esperaba que con el tema del MAR podía recuperar su popularidad perdida, cometió un error de proporciones. Los temas que están en la agenda pública son el respeto al 21F, la mejora de la justicia, la solución estructural al tema de la salud y la seguridad ciudadana; demandas donde el gobierno carece de propuestas y que lo estarán esperando apenas retorne de Holanda. Ahí verá que los records guinnes sirven para hacer un libro y asi pasar a la posteridad, pero que no son útiles para imaginar horizontes de futuro, que es lo que hoy el país está esperando.

LAS CALLES ESPACIO DE DISPUTA POLITICA

Hubo un tiempo en que las calles, los caminos y las plazas estaban por completo dominadas por el MAS. Desde esos espacios, “no convencionales de la política”, este partido configuró su propuesta política y su camino al poder gubernamental que se consolidó en 2006.  Por ello, desde que Morales se sentó en la silla presidencial, desde el preciso instante en que juró como mandatario, estuvo convencido que para mantenerse en el poder era necesario ganar en las urnas, tanto como vencer en las calles.

            Urnas y calles son una dupla que coexiste con la democracia, son sus dos fuentes de legitimidad, son dos espacios donde se expresa la ciudadanía y que no pueden existir una sin la otra. El MAS siempre jugó en ambas bandas: cuando se produjo la crisis de 2003, estuvo de lado de los movimientos sociales alentando la presión hasta forzar la renuncia de Sánchez de Lozada; y cuando hubieron elecciones en 2005, logró que el contrapoder ciudadano que se había gestado desde inicios del siglo XXI, lo apoyara y lo llevara al poder.

Con el pasar del tiempo y bajo el influjo de sus fulgurantes victorias en las elecciones presidenciales y la larga permanencia en el poder, el MAS cayó en la equivocación de creer que las organizaciones que los respaldaban eran, en si mismas, la sociedad civil, toda la ciudadanía. No cayó en cuenta que, a medida que pasaban los años, hubieron cambios en la sociedad producto del crecimiento de la urbes y de la clase media que, por fuerza, hicieron nacer nuevas demandas, nuevos actores e  identidades, mismas que no se alineaban en las “clásicas” organizaciones sociales adictas al MAS.

Hoy, de alguna manera, el MAS está pagando el costo de este error. Aupado por las organizaciones sociales se embarcó a un referendo, el famoso del 21 de febrero de 2016, del que salió derrotado y, respaldado por esas mismas entidades, se lanzó a presionar al tribunal constitucional que, finalmente, aprobó la reelección indefinida pero al costo de dañar severamente su legitimidad.  Estos errores solo consiguieron que las diversas organizaciones contrarias al MAS, que se habían ido incubado a todo lo largo de la década, se unan en torno a una demanda de alta agregación como es el No a la repostulación.

Hoy Morales ya no tiene claro su dominio ni en las urnas ni en las calles y va cediendo terreno en la movilización urbana donde otrora reinaba sin contendor serio. Ha surgido un contrapoder ciudadano que logró una notable victoria obligando al gobierno a someterse a la humillación de derogar una ley, la del código penal, ya aprobada por el parlamento y refrendada por el poder y, ahora, busca bloquear una determinación del Tribunal constitucional que habilita a Evo como candidato para las elecciones de 2019.

Las calles ha vuelto a ser el escenario de la lucha política, corresponde al gobierno, por su propio bien, dejar de oír a los aduladores y prestar atención a los críticos. 

SIN INICIATIVA POLÍTICA

El gobierno ha resuelto dejar de lado la iniciativa política y repetirse a sí mismo. Dueño absoluto de la verdad, no ha podido siquiera evaluar bien el conflicto por el código penal y ha continuado su gestión como si nada hubiera pasado, como si el problema no hubiera desnudado las carencias profesionales de sus ministros, la falta de coordinación entre el poder ejecutivo y legislativo, la ausencia de una estrategia de administración del conflicto, amén de una falta de capacidad de comunicación de su ministra y del propio Morales. Como si lo ocurrido no hubiera sido una verdadera tormenta en la gestión del gobierno, una derrota donde un grupo con poca experiencia de movilización como los médicos pudo vetar una ley ya sancionada por el poder ejecutivo, el gobierno continúa con su lógica de ningunear y desconocer el contrapoder ciudadano cada vez más organizado y fortalecido.  

En enero de 2018, cuando la ciudadanía y los movimientos sociales afines al gobierno esperaban una remoción casi total del gabinete (que también debería llegar a la directiva de la cámara de diputados y senadores), Morales decidió por mantener las cosas como están, por premiar a su ministros con su ratificación y solo cambiar a dos de ellos que, por razones de salud, habían pedido su sustitución. Por su parte, cuando el conflicto médico abrió una amplia expectativa sobre el destino de la salud pública en nuestro país, el gobierno no mostró ninguna iniciativa que haga pensar que existe una policía de salud diseñada desde el gobierno para ser discutida por sus actores y, cuando la abrogación de nuevo código abría las posibilidades para que el gobierno ponga en juego alguna propuesta de reforma de la justicia, no se ve ninguna iniciativa de parte del poder ejecutivo, salvo el anuncio de una cumbre cada vez más lejana y olvidada.  

A cambio, el gobierno da señales propuesta pero en ámbitos que, paradójicamente refuerzan y expresan sus limitaciones y falta de profundidad en el diagnóstico de la última crisis política. Como cree que los opositores hace política detrás de las computadoras, anuncia un control de la redes sociales, además de una “guerra digital” donde los movimientos sociales dejan las calles para convertirse en trolls plurinacionales o en  emoticonos azules; como cree que la oposición surge desde los niveles de gobierno subnacional, apoya iniciativas de referendo revocatorio contra  varios alcaldes (Revilla es el más notorio) y, como está persuadido que la oposición ha contaminado las organizaciones sociales (eso que los leninista conocen como “entrismo”), apoya su debilitamiento o su división como es el caso de la Central Obrera Boliviana.

Hubo un tiempo en que el gobierno tenía iniciativa política, un tiempo luminoso en que el MAS marcaba horizonte político, hoy ha perdido ese rol. Una vez cumplidos los grandes puntos de la agenda política de 2003 que contenía nacionalización de los recursos naturales, inclusión de la diversidad y asamblea constituyente, el poder carece de propuestas que no sean la autoalabanza y la repetición de sí mismo. 

EXAMEN DE INGRESO A USFX Y LA REALIDAD EDUCATIVA EN CHUQUISACA

Probablemente sin quererlo, el último examen de ingreso a la Universidad San Francisco Xavier, desnudó la dramática realidad por la que pasa la educación secundaria en nuestro departamento, puesto que mostró las profundas diferencias entre la educación privada y fiscal. Según los datos brindados por la Dirección de tecnologías de información de la USFX, los jóvenes que egresan de una unidad educativa privada tienen muchas mayores posibilidades de ser admitidos en la universidad que los que salen de un colegio fiscal. Por ejemplo, de 75 postulantes del colegio privado Sagrado Corazón ingresaron 61 bachilleres, lo que  marca un 81,33% de éxito en el examen; en cambio, en el caso del colegio fiscal Cardenal Maurer, de 65 postulantes solo pasaron la prueba 15, es decir un nivel de éxito del 23.08%. Esta situación es todavía más grave en los colegios del área rural como Eduardo Sempértegui de Zudáñez que, de 11 postulantes, ninguno logró salir airoso en la prueba académica.

Con todo lo preocupante que puedan ser estos datos, en realidad no son sorprendentes, en una investigación que publicamos en junio de 2012 ya se mostraban estos mismos datos. En ese estudio postulamos que, dadas las grandes diferencias en la calidad educativa entre los colegios fiscales y particulares, lo que hacía la USFX con el examen de ingreso, era reproducir inequidades, puesto que abría las puertas de la Universidad a los estudiantes de mejores ingresos y cerraba a los más pobres.

¿Qué se debe hacer ante esto? ¿Cuáles son los caminos para dar remediar esta situación? No se trata, ciertamente, de suprimir el examen de ingreso a la USFX, puesto que la universidad necesita contar con los jóvenes más cualificados para enfrentar un proceso de profesionalización, pero tampoco, a nombre de la "calidad" se puede dejar a miles de jóvenes al margen de la posibilidad de profesionalizarse.

En primer lugar, la Universidad  a partir de su cuerpo docente debe investigar en torno al problema, detectar cuáles son los factores que yacen detrás de la mala formación de los estudiantes. Está claro que esta agenda de investigación debe ir más allá de las explicaciones convencionales, que culpan de todo a la supuesta flojera de los jóvenes o a la despreocupación de los padres. Se necesitan investigaciones que indaguen de manera profunda el fenómeno y den pautas para la elaboración de políticas públicas.

El segundo aspecto tiene que ver con la oferta de carreras en USFX. Es ciertamente escandaloso que en un país pobre como el nuestro, donde la gente tiene poco tiempo y recursos para emprender una carrera a nivel de licenciatura, USFX tenga tan poca oferta de carreras a nivel de técnico superior. Por ejemplo, para el año 2016 la matrícula en USFX solo tenía un 15% de jóvenes estudiando carreras de técnico superior.

La pobreza no es culpa de la gente, es un efecto de un sistema educativo que con su inacción y ceguera los condena a la pobreza.  USFX debe cambiar sus patrones de pensamiento, dejar los conceptos viejos y enfrentar los desafíos de la modernidad.

CONTRAPODER CIUDADANO

Bolivia es un país donde nunca la fuente de legitimidad política se ha basado solo en el acto electoral. Todos los gobiernos, desde la recuperación de la democracia en 1982, han estado supervisados por movimientos ciudadanos que pudieron censurar y, en su caso, vetar decisiones que consideraban atentatorias al interés colectivo. Es decir, para tener gobernabilidad era necesario no solo el respaldo de las urnas sino también salir airosos de la vigilancia de los grupos de la sociedad que continuamente evaluaban la gestión y las políticas emanadas desde el poder ejecutivo. Si las elecciones se realizaban cada cuatro o cinco años, la vigilancia y el control ciudadano era cotidiana, lo que a veces llevaba a serios problemas de gobernabilidad puesto que la acción ciudadana, a veces lograba limitar el poder gubernamental y, en algunos casos, incluso, reducir el mandato.  A esto Isidoro Cheresky llama “democracia continua” donde el poder ejecutivo, permanentemente debe revalidar su legitimidad a la luz del veredicto ciudadano.

Cuando Morales llega a la presidencia en 2006, lo hace montado sobre ambas fuentes de legitimidad política -dicho esquemáticamente las urnas y las calles-, lo que configuró, en una primera etapa, un gobierno de amplio consenso al frente de una débil oposición. En estas condiciones, el MAS desplegó un proyecto estatal que amplió las capacidades de intervención del Estado en la sociedad, la economía y la política.  Si en el aspecto económico la política del MAS consistió en la nacionalización de los hidrocarburos, en el plano político esto supuso la puesta en marcha de un estado que busco recentralizar buena parte de los recursos económicos de los gobiernos subnacionales (gobernaciones y alcaldías); el control, anulación y cooptación de los liderazgos políticos locales que habían emergido junto a la participación popular y, la construcción de la figura de Morales como el gran constructor de desarrollo y modernidad en el territorio a través, entre otros, del programa Evo Cumple.  Al mismo tiempo, se procedió a un control de las organizaciones sociales con el establecimiento de pactos clientelares con la cúpula dirigencial de los movimientos sociales, junto al anulación de Organizaciones no Gubernamentales críticas al gobierno, la ocupación de gran parte del espacio mediático con la compra de medios de comunicación y el control a la prensa por medio de publicidad estatal.

Con todo, la ciudadanía nunca dejo de hacer uso de su autonomía y poder de vigilancia. Pese a la política de control del poder ejecutivo sobre  los gobiernos subnacionales, varios territorios continuaron votando por candidaturas de la oposición (alcaldía de El Alto y Cochabamba, Gobernación de La Paz) y, pese al dominio sobre las organizaciones sociales e indígenas, cuando ellas vieron afectados sus intereses hicieron uso de su poder de veto haciendo retroceder al gobierno en su política (gasolinazo, TIPNIS). Por su parte, a través de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la realidad económica y social, se denunciaron la ineficiencia del manejo de la economía, el manejo corrupto y dispendioso de los recursos del estado y la deriva autoritaria del gobierno; críticas que, además, fueron exponencialmente difundidas a través de las redes sociales de internet. En otras palabras, al frente del poder gubernamental existe una sociedad que no razona como militante sino como ciudadano, no desde la ideología sino desde sus derechos.

Este proceso de emergencia de acciones colectivas destinadas a vigilar y controlar las políticas gubernamentales, lo que Rosanvallon llama contrapoder, terminó por armar un extenso y multiforme abanico de oposición ciudadana que esperaba un canal y un motivo para ejercer su poder de veto al MAS y a Morales. El MAS con su lógica confrontacional y autoritaria, con su persistencia de instrumentalizar el poder judicial a su favor, había dañado severamente su legitimidad y abierto una posibilidad política para que el contrapoder ciudadano se manifieste.

En este contexto se dio la huelga médica, inicialmente contra dos artículos de la ley de Codígo del sistema penal (CSP) que terminó mostrando su debilidad. El gobierno, creyendo que su consenso político estaba intacto, de la mano del vicepresidente García, procedió a promulgar la nueva ley del CSP asegurando que la discusión había terminado. Empero, los médicos no dieron marcha atrás, de alguna manera percibieron la pérdida de legitimidad del gobierno y la convirtieron en oportunidad política. Superando las fiestas de fin de año, los médicos ya con varios apoyos a su causa, en enero, pasaron a la ofensiva y pudieron reunirse con los personeros del gobierno sin levantar las medidas de presión, que era la exigencia del ejecutivo. Esta debilidad fue percibida por otros sectores que también se sumaron a la lucha médica aunque ampliando la demanda a una abrogación total del flamante código penal. Ante esto el gobierno hizo maniobras para que el triunfo del contrapoder ciudadano no se consumara, empero, sin éxito: ensayó una salida despótica anunciando la aplicación de la ley y las atribuciones constitucionales del Presidente (que fue percibida por la gente como un anuncio de estado de sitio); para casi inmediatamente derogar un par de artículos del CSP; después postergó la aplicación del Código por un año y, cuando vio que ninguna de estas iniciativas daba resultado, Morales instruyó a la Asamblea la abrogación de la ley, con lo que se dio fin al conflicto.

Aunque la capacidad de veto de la ciudadanía no es una novedad en la sociedad boliviana conviene señalar algunos aspectos particulares a la luz del último conflicto. En primer lugar, existe una ampliación del espacio de disputa ciudadano puesto que el actor involucrado no pertenece a los indígenas (TIPNIS) o a los sectores populares (gasolinazo), sino a la clase media (médicos). En segundo lugar, se trata de un movimiento que demuestra el poder de las redes sociales que amplifican y fortalecen la capacidad de crítica y vigilancia del poder y, finalmente, muestra la emergencia, en las urbes, de una ciudadanía activa con capacidad de movilización pero todavía con pocas posibilidades de aglutinamiento y de propuesta política.  Hoy Bolivia carece de oposición partidaria, pero tiene un fortalecido contrapoder ciudadano. 

EL GOBIERNO EN TERAPIA INTENSIVA

Lo que parecía un conflicto sin mayores repercusiones, el de los médicos, se volvió un problema de grandes proporciones que, hasta ahora, tiene al gobierno contra las cuerdas y sin estrategias claras para detener la movilización. En un primer momento, de la mano del vicepresidente se intentó ahogar la demanda promulgando el nuevo código del sistema penal con el mensaje de que el gobierno no estaba dispuesto a ceder un milímetro a las exigencias de los médicos. Paralelamente se apeló a la estrategia del desgaste, que no dio resultado puesto que los médicos continuaron con su postura sumando apoyos y simpatías.

Por ello, y luego de más de un mes de paro, contra su postura inicial, el gobierno fue a la negociación con los galenos, de donde salió un preacuerdo que, no obstante, fue rechazado por las bases de los colegios médicos colocando el tema en punto cero. Ante esto, el gobierno volvió a su postura inicial de mano dura y Evo anunció que la negociación había terminado, dando por vigente el preacuerdo con los médicos. Menos de 24 horas después, el mismo Evo flanqueado por sus fieles seguidores de la Conalcam, anunció, en tono de orden, que solicitaría al parlamento suprimir los artículos 205 y 137 del flamante código, lo que se suponía pondría contentos a los médicos y al gobierno, en aprestos de reservar mesa y silla para disfrutar del Dakar. El poder ejecutivo en poco menos de un mes había pasado del insulto (la ministra Gisela López, llamó a los médicos mercaderes de la salud y ladrones de insumos y equipamiento) a la moderación, y de la soberbia a la humildad (“retrocedo por la salud de la población”, decía Evo).

Pese a esta concesión, el conflicto no se detuvo. Para entonces otros sectores se habían sumado al pedido de los médicos conformando una bloque antigubernamental. En otras palabras, detrás de la causa médica se construyó una alianza informal entre partidos de oposición, izquierdistas desencantados, trotskistas magisteriles, movimientos antiaborto, organizaciones cívicas, de transporte y, cuando no, la cúpula eclesiástica. Todos ellos muy diferentes en ideología, en santo y en horario de misa, pero unidos en contra de lo que consideran un gobierno abusivo, intolerante y autoritario. El desconocimiento de los resultados del 21F, así como el fallo del TCP que habilita a Morales a una nueva repostulación, han dañado severamente la legitimidad del gobierno, abriendo una oportunidad política para que los movimientos contrarios a Morales ganen fuerza, cohesión y respaldo.

En esas condiciones las demandas ya no son solo por la abrogación de un par de artículos sino de todo el código, lo que pone al gobierno ante un escenario muy complejo colocándolo ante la disyuntiva de ceder anulando el nuevo código (calificado de “hermoso" por García Linera) lo que mina su autoridad e imagen de invencibilidad; o, por el contrario, proceder a la represión pura y dura que, dada la radicalidad de los sectores en conflicto, tiene imprevisibles consecuencias en la propia estabilidad de Morales en el poder.

En las últimas horas, Evo ha anunciado que aplicará la Constitución, su fuerza en las urnas y la ley para a aplacar la huelga médica, lo hace después de haberse reunido con sus bases cocaleras que conocen muy bien de cómo hacer bloqueos pero muy poco de cómo pararlos.