EL ESTADO CON HUECOS (MINEROS)

Lo que debe quedar claro a propósito de la última movilización minera es que gobernar autoritariamente no es lo mismo que construir Estado. El gobierno del MAS lo creyó a fe ciega a partir de nacionalizar los hidrocarburos, limitar los poderes regionales y suprimir  a sus opositores. Empero, con lo ocurrido a raíz del bloqueo de caminos de los mineros cooperativistas, se dio de narices con la realidad: el estado no pudo durante tres largos días controlar la carretera troncal del país, ni pudo impedir que tres cooperativistas murieran victimas de arma letal, ni que el viceministro Rodolfo Illanes sea salvajemente torturado y asesinado la tarde el jueves 25 de agosto.  El estado que, según la definición de Max Weber es el monopolio legítimo de la violencia, perdió su capacidad dejando el país al borde del caos y la violencia.

Sin embargo, esta  no es una característica extraña en la configuración estatal en América Latina, Guillermo O´Donnell acuñó la figura de “estado con huecos” para denotar que la capacidad de estado no es uniforme a lo largo del territorio, que en muchos espacios como ser zonas urbanas, espacios rurales o incluso empresas, el estado no existe o tiene una capacidad muy limitada para imponer presencia y orden. La actual minería cooperativizada es un ejemplo casi perfecto de esta situación: en estos lugares el estado suspendió su capacidad de controlar la contaminación y destrucción del patrimonio histórico; no pudo aplicar la universalidad del pago de impuestos ni logró que se respete los derechos de los trabajadores.

Con todo, esta situación es el resultado de un proceso que empieza en 1984 con la puesta en marcha del modelo neoliberal cuyo decreto 21060 cierra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); que es profundizado por los gobiernos siguientes (MIR, MNR, AP) y que, paradójicamente, continúa con el gobierno nacionalista de Evo Morales desde 2006. 

Por ello, la capacidad de controlar una buena parte de la actividad minera se perdió de modo, quizá irremediable, cuando se cerró la Comibol dejando las minas a merced de la ambición cooperativista, quienes no dudaron en tomar el control de las maquinarias, bienes y parajes mineros de esta ex empresa estatal y pudieron resistir con éxito todo intento de control del Estado. Aún más, en base a acciones claves en el decurso de la política nacional entre 2000 y 2005 lograron ser vistos por el poder masista como constructores del denominado proceso de cambio. Por ejemplo el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre de 2006 (cuando los cooperativistas suspendían un bloqueo que había paralizado  el transporte entre LP, Oruro, Cochabamba y Potosí), dijo a nombre del gobierno que ratificaba “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.

En este contexto de apoyo político de parte del MAS e impulsados por la subida de precios de los minerales, los cooperativistas crecieron numérica y económicamente: según los datos del Ministerio de minería el número de trabajadores que en 2006 era de 54.200 personas subió a 114.920 en 2013; de igual manera, las exportaciones de este sector que en 2009 llegaba a los 282 millones de dólares, en  2014  subió a los 542  millones de dólares. Un incremento que se debe a los buenos precios internacionales pero también a la reducción en los costos de producción por poco pago de impuestos y de concesiones mineras; y por la no asunción de costos por daño al medio ambiente.

De las acciones del gobierno respecto de la movilización minera se puede ver que su objetivo es retomar la autoridad gubernamental: ha reprimido duramente el bloqueo y ha sido implacable con los dirigentes cooperativistas, enjuiciándolos y llevándolos a la cárcel. Empero esto es algo que el estado lo hace en los espacios urbanos, donde existe institucionalidad estatal, hace falta saber si efectivamente esa autoridad la podrá llevar a los espacios de trabajo minero, a las minas, a los márgenes de este estado boliviano, donde la explotación, el daño al patrimonio y el medio ambiente siguen exhibiendo los huecos de un estado que, a pesar de los discursos, sigue tan débil como antes.

SANTA CRUZ: ¿LOCOMOTORA ECONÓMICA O CAMIÓN MODELO 1952?

Había un momento en que Santa Cruz no era el próspero departamento que es hoy. A raíz de que el estado vivía de la producción minera, las carreteras, las fuentes de trabajo la burocracia y las inversiones se habían concentrado en la parte occidental del país. Esto había generado la protesta de Santa Cruz que, en un Memorándum dado a conocer en 1904, denunciaban el abandono al que el Estado boliviano había sometido a este departamento quitándole sus mercados naturales ubicados en Oruro y Potosí y el aislamiento a que lo condenaba la inexistencia de caminos y vías férreas. “La región andina, no toma en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido son los intereses más importantes para el bienestar general de la nación”, decía una parte del documento.

Medio siglo después llegó la revolución nacionalista de 1952  y puso en marcha uno de los más ambiciosos proyectos estatales de integración territorial: la marcha hacia el oriente. Era uno de los esfuerzos de construcción de nación que consistía en un fuerte impulso a la producción agropecuaria cruceña junto a la construcción de caminos y ferrocarriles que vinculen Santa Cruz con el resto del país.  De esta manera el MNR, Víctor Paz y su ministro de planificación de entonces Walter Guevara Arce ponían en práctica los sueños de un norteamericano, Melvin Bohan, que en 1944, a partir de un estudio de economía de nuestro país habían recomendado salir de la producción minera para ingresar a la de alimentos que permitan abastecer el mercado interno. Santa Cruz, para el informe, era el mejor espacio para lograrlo, decía Bohan “después de visitar las principales zonas de la república, es de opinión de que el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato está en el distrito de Santa Cruz”. 

A partir de ese momento  Santa Cruz fue un privilegiado destinatario de los recursos estatales. Solo para mostrar algunos ejemplos, entre 1955 y 1964 este departamento absorbía el 43% del crédito agrícola  y una buena parte de los recursos de la Corporación Boliviana de Fomento.  Posteriormente las dictaduras militares lo único que hicieron fue reforzar esta lógica: entre 1964 y 1970 a Santa Cruz se destinaba el 43,1% del crédito agrícola, porcentaje que subió de manera espectacular al 69% durante la dictadura de Hugo Banzer, quizá el periodo donde el estado apoyó más a la región cruceña. 

El resultado global de este proceso fue bueno para Santa Cruz pero malo para las regiones del Sur como es el caso de Chuquisaca. Nos muestra un país altamente heterogéneo, con regiones prosperas frente a regiones pobres, cuyos resultados los podemos ver hoy: Santa Cruz el 2014 tiene el más alto PIB per cápita del país que llega a los 3.206 dólares por habitante mientras que el de Chuquisaca llega a los  2.726; el aporte de Chuquisaca al PIB nacional es de 4% frente al de Santa cruz que llega a 28%.

            Hoy sabemos que esta situación no puede continuar más, Bolivia no puede darse el lujo de tener regiones prósperas y con oportunidades, frente a regiones pobres, sin potencial empresarial, expulsoras de población y mano de obra, (mucha de ella altamente calificada). Se ha dicho que Santa Cruz es la locomotora del país y debe merecer este nombre. Una locomotora debe ser capaz de jalar a otros departamentos hacia el desarrollo no un camión modelo 1952 que solo vela por su propio crecimiento dejando de lado a las otras regiones. Esta última actitud es la que se revela a raíz del informe, de que el megacampo gasífero de Incahuasi se encuentra en su integridad en territorio cruceño. La elite cruceña  ha celebrado esta noticia, alegre que solo Santa Cruz y no Chuquisaca, como debe ser, reciba los recursos de este reservorio, olvidando que más allá de su frontera hay pobreza y marginalidad. Alguien debería recordarle a la elite cruceña y al gobernador Rubén Costas que la prosperidad de una región no es sostenible sobre la pobreza de otra. 

Mas información en

http://www.icees.org.bo/2015/08/plan-bohan-una-historia-de-exito/

http://www.fundacion-milenio.org/coy-291-santa-cruz-y-su-inclinacion-hacia-una-economia-primaria-exportadora/

http://www.fundacion-milenio.org/economia-chuquisaca-se-resiente-crisis-petrolera/

COOPERATIVISMO MINERO Y AUSENCIA DE ESTADO

Los cooperativistas deben ser los personajes con más olfato político del país. Apoyaron al MNR en 1954 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dejó de llamarlos ckajchas para convertirlos en cooperativistas; luego estuvieron con los gobiernos dictatoriales alejándose de la Central Obrera Boliviana (COB; posteriormente, en la etapa neoliberal, apoyaron el proceso que desalojaba a los mineros de la COMIBOL y dejaba libres los parajes mineros que habían ambicionado desde siempre y, finalmente, a inicios del siglo XXI -quizá adivinando la debacle de los partidos políticos y del neoliberalismo-, estuvieron con el MAS apoyando sus movilizaciones, una de ellas, la más notable, cuando en junio de 2005 llegaron a Sucre dinamita en mano, luego de la renuncia de Carlos Mesa, con el objetivo de que el mando del país, no recayera ni en Hormando Vaca Diez ni en Mario Cossío, presidente del senado y de diputados respectivamente, sino en Eduardo Rodríguez Veltze, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.

  

Empero en política nada es gratis y los cooperativistas lo saben. Todo este respaldo al MAS  fue saldado con una presencia política sin precedentes en el gobierno nacional. En el primer gabinete de Evo Morales estuvo un connotado dirigente cooperativista, Walter Villarroel que juró como ministro de minería. Esto despertó los celos y la protesta del otro aliado del MAS, como la COB, que de pronto veía que Morales se acercaba mucho, quizá demasiado, a un sector que actuaba en función de sus intereses y no del  proyecto político antineoliberal de entonces.

Y así fue. A pesar de estar en el gobierno los cooperativistas nunca dejaron de generar conflicto y de lograr una cantidad inmejorable de prebendas, autorizaciones y dádivas del gobierno. Pidieron más concesiones mineras y les otorgaron; exigieron no pagar beneficios sociales a sus trabajadores y se les permitió; solicitaron maquinarias, instalaciones y canchas de fútbol que antes pertenecían a la COMIBOL  y se les donó; pidieron que el estado cerrara los ojos a los abusos a la fuerza de trabajo y a la gravísima contaminación que generan sus actividades y así fue.

Sin embargo y más allá de su alta capacidad para la mutación política, ¿Cuál es el origen del poder de los cooperativistas? A mi juicio son tres. El primero, el de su identidad política:  para el imaginario colectivo tanto como para el Estado se trata de un movimiento social, revolucionario y de izquierda lo que esconde su verdadera naturaleza empresarial; en segundo lugar, se trata de un sector numeroso (60.000 afiliados en todo el país hasta 2006) que es tanto una fuerza poderosa como masa votante y fuerza movilizada; en tercer lugar, se trata de un actor que tiene grandes recursos económicos e institucionales que mueve cada vez que se trata de defender sus intereses.

Todas estas capacidades se pusieron en acción en la última movilización de los cooperativistas, esa de la semana anterior que tuvo el saldo de centenares de heridos, entre los cuales se cuentan a policías que denuncian haber sido secuestrados y torturados, lo que refleja la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley y la fortaleza de un grupo que durante la última década de gobierno, (esa que el MAS denomina la “década ganada”) no ha hecho otra cosa que aumentar su poder y prerrogativas.

Se podría decir que esta capacidad de resistencia al poder estatal de los cooperativistas no es algo que aparece con el MAS, sino que se incubó en los gobiernos neoliberales que lo fomentaron. Sin embargo, nunca antes el gobierno de Evo Morales tuvo tantos recursos económicos y políticos para lograr controlar a este sector empresarial y cambiar radicalmente esta situación.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir una estrategia que diversifique tanto la propia minería así como la economía de las regiones donde se encuentran las minas. Sin embargo no lo hizo, prefirió dejar solos a los departamentos, sin posibilidad de resistir al nuevo poder minero, a tal punto que estas regiones han visto como su marginalidad y pobreza ha crecido en proporción inversa al poder y riqueza de los cooperativistas. 

EL ORDEN DEL DISCURSO (VICE) PRESIDENCIAL

Los medios de comunicación han destacado del discurso informe del 6 de agosto del presidente Morales el hecho de que (al fin) haya reconocido que la economía tiene problemas de desaceleración, desempleo y baja en los ingresos por la venta de hidrocarburos.

En este artículo, quisiera analizar otro aspecto, a mi juicio no menos importante como es el mensaje político que contiene el discurso del Vicepresidente Alvaro García Linera.  Creo que es urgente hacerlo en tanto este discurso mostró cómo se concibe la política desde las esferas del poder.

García empezó su alocución del 6 de agosto pasado con una pregunta: ¿cuáles son las condiciones históricas para la grandeza de una nación? Luego de desestimar la geografía, el clima o los hábitos culturales por deterministas, planteó que el factor fundamental es el modo en que la sociedad organiza su vida en común y que se expresa en un “horizonte de época” que, según García, son los sueños que una nación comparte, que mueve las pasiones comunes de las personas y sin las cuales no existe posibilidad de pensar en un meta colectiva. En suma, sin horizonte de época, una sociedad camina a la deriva, repitiendo su error y manteniendo su pobreza y marginalidad.

Para García este “horizonte de época” es posible ser logrado solo si la mayoría de las clases populares es la que conduce políticamente a la sociedad, ocurre cuando se presenta un momento histórico, en que un sector social logra fundir su perspectiva de futuro con la visión de las otras clases.

Estas condiciones para García ya se habrían dado desde 2006, fecha de la asunción del MAS al poder. Por una parte el programa del MAS contendría el horizonte de época, con los movimientos sociales, representantes de la mayoría popular, como conductores del proceso. En síntesis, el horizonte de época no es una tarea pendiente, sino algo que ya se ha producido objetivamente en la sociedad boliviana, lo que explicaría, por otro lado, su prosperidad y bienestar.

Por tanto y retornando a la pregunta inicial de García podemos decir que si es que deseamos ser grandes como país o queremos lograr la felicidad colectiva, no nos queda otra posibilidad que seguir el “horizonte de época” ya señalado por los movimientos sociales que acompañan en el poder a Morales.

El Presidente en su discurso reforzó esta idea, afirmando que “Debemos festejar, este 6 de agosto, porque, gracias a la lucha de nuestros movimientos sociales, hemos decidido cómo cambiar en lo político, social y económico democráticamente, con la participación del pueblo; la refundación de Bolivia ha permitido cambiar”.

Lo problemático de esta postura es que implica desconocer casi todo el proceso de la democracia en Bolivia, donde hay vida y mucha más allá de los movimientos sociales. Existen intelectuales, partidos políticos, movimientos urbanos y sociales que hoy no están cogobernando con Morales y que son parte de la democracia. Por tanto lo que subyace al orden del discurso vicepresidencial es la idea de que no puede haber juego político legítimo más allá de lo que señala el MAS; ni pueden haber otros actores válidos que las organizaciones sociales que hoy están en el poder.  Pensar lo contrario es no querer que Bolivia sea grande, que Bolivia progrese y  que, en palabras de García, Bolivia llegue a ser en 10 o 15 años tan desarrollado como Chile.

Por otro lado, una de las claves en el pensamiento de Gramsci, (a quien el vicepresidente admira y sigue), es la idea de que todo dominio político está antecedido de un dominio cultural. Solo cuando la clase que busca hegemonía logra convencer a las demás de que su proyecto de sociedad (tanto desde el punto de vista político y ético), es el mejor, es cuando se convierte en una clase dirigente. Esta es una condición imprescindible y que creo está lejos de cumplirse, por el simple hecho de que hoy parte de esa clase dirigente de los movimientos sociales está en la cárcel, acusada de dañar ese Estado que justamente desde 2006 pretende construir.