La
primera semana de diciembre toda la presión política y social se encausará inevitablemente
sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque de la postura que asuma este
organismo derivarán otras cuyo decurso es imprevisible. En caso de que TSE
fallara en contra de las pretensiones del MAS de volver a postular como
candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera, la maquinaria estatal y de
movimientos sociales presionará a los miembros del Tribunal, al extremo que se avizora
una cascada de renuncias y posterior crisis institucional.
Por
su parte, si es que el TSE aprobara la repostulación del binomio Evo-Álvaro, esto
derivaría en una fuerte deslegitimación del TSE, al punto que los actores de
oposición pueden canalizar su rechazo tanto con el voto nulo en las
presidenciales, como hacia el pedido de renuncia de los miembros del TSE.
En
ambos casos el resultado será el mismo: un proceso de fuerte erosión de la
legitimidad del TSE y la posibilidad de
que la política quede con una institución debilitada para enfrentar un proceso
electoral que se adivina lleno de controversias, desafíos y pugnas. Con toda
seguridad que los afectados por la decisión del TSE, sean del gobierno o de la
oposición, los acusarán de parcialidad, cuando no de estar “vendidos” a uno de
los bandos en punga. Se extenderá sobre ellos la mancha de “gestores del fraude”
y consiguientemente el ambiente de tensión política llegará al máximo organismo
electoral.
Esto
pasa porque se ha puesto al TSE como un actor con capacidad de veto (su
decisión bloquea o habilita otros procesos) que tiene que tomar decisiones en
temas que ya se definieron en otras instancias pero que, al no ser respetados,
pueden desembocar en una crisis interna.
La presión desatada sobre el TSE es, en cierta forma, desmedida: se le ha
conferido el rol de “defensores de la democracia” cuando en realidad su misión (que
no es poca cosa) es la de administrar elecciones con idoneidad y transparencia.
No pueden serlo, porque su rol institucional es vital pero limitado, baste señalar que su decisión
respecto de la repostulación de Morales va a chocar inevitablemente, con dos
esquemas institucionales como ser el referendo y el Tribunal Constitucional, ambas
con mayor potestad legal sobre el decurso de la democracia que el TSE.
Si
finalmente el TSE rechaza la repostulación de Morales niega la potestad de un Tribunal
constitucional que, se diga lo que se diga, es finalmente un órgano del Estado en
plena vigencia; y si el TSE viabiliza la intenciones reeleccionistas de Morales pone en duda la vigencia de uno de
los mecanismos constitucionales de democracia directa como el referendo.
A
partir de diciembre de este año el TSE entrará en una encrucijada donde la
sobrecarga de presiones puede generar crisis. En estas condiciones es
previsible que la definición sobre el futuro del TSE y sus componentes recaiga
sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el MAS, sin duda alguna, hará valer su mayoría.
