sábado, 5 de octubre de 2013

LAS REGIONES EN EL CONFLICTO POR LOS ESCAÑOS PARLAMENTARIOS

La semana cierra con un conflicto entre el poder central y tres regiones del país, (Chuquisaca, Potosí y Beni), los cuales, en virtud de los datos del Censo de 2012, cada uno pierde un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismos que ahora son reasignados al departamento de Santa Cruz. 

Este cambio, si bien desde el punto de la relación numérica, entre representante y base poblacional, es una medida técnica, no lo es desde el punto de vista de los imaginarios regionales que invoca, anuda y reflota, cuando esto implica una reducción de escaños parlamentarios. Desde las regiones afectadas, este proceso es visto como “una muestra mas” de la lógica de postergación y de periferización que el centro político tiene con estos departamentos. De esta manera, si bien el tema de los curules, a primera vista parece un asunto banal (porque banales son los legisladores en su rol), no lo es tanto cuando uno ve que, alrededor de este tema, se pueden anudar una serie de tensiones irresueltas (PNUD dixit) como pobreza, empleo, ausencia de perspectivas de desarrollo, marginalidad y que son en realidad las causas para la radicalidad que puede asumir el conflicto. Además, esta reasignación, que implica tres curules más para el departamento de Santa Cruz, se lo hace en momentos en que el gobierno realiza virajes estratégicos y discursivos electorales para acercarse a la elite empresarial cruceña. 

Ante esta situación, la oposición ha tratado de aprovechar la oportunidad política, para reposicionar su liderazgo e imagen política en sus regiones, más en una lógica electoral del 2014 que bajo el objetivo de lograr atención a la demanda. La oposición tiene conciencia de su debilidad y aprovecha coyunturas como la actual para hacer pequeños forcejeos que debiliten el posicionamiento electoral del MAS. El hecho de que hayan optado por una medida pasiva y mediática como la huelga de hambre es una señal de ello.

En cambio en el oficialismo, temerosos de la capacidad aglutinadora que tienen los movimientos regionalistas que, de pronto, puede unir bajo la bandera regional a identidades política y étnicas diversas e incluso contrarias (por ejemplo la huelga de los 19 de días en Potosí en 2010, era la ciudad pero también era Coroma; el conflicto por la capitalía significó que algunos constituyentes abandonen el MAS), ha apresurado los tiempos políticos, ha presionado sobre los (sus) parlamentarios de las regiones afectadas, para la aprobación de la ley de reasignación de escaños, y dentro de las regiones, ha tratado de derivar el debate sobre el tema de escaños hacia uno más amplio y menos politizado: la discusión sobre desarrollo e inversión. Esto muestra, por otro lado, que las elites políticas de Chuquisaca, Potosí y Beni, se validan y se reproducen más en sintonía y conexión nacional que local. Así ocurría en clave neoliberal y también pasa en clave plurinacional.

jueves, 21 de marzo de 2013

ORURO, EL AEROPUERTO Y LA POLITIZACIÓN DE LA MEMORIA



La ciudad de Oruro, en medio de una movilización sin precedentes sostiene un paro  indefinido que incluye huelgas de hambre, bloqueo de calles y caminos, marchas, suspensión de clases en colegios y universidad y, en general, un lamentable ambiente de beligerancia y polarización. El motivo: el nombre de un aeropuerto.
Uno se pone a pensar a veces en ese enorme, casi suicida  afecto que los bolivianos le tenemos a las desproporciones. De pronto, toda una ciudad convulsionada, en virtual pie de guerra para zanjar un problema que, se resuelva de una manera u otra, no cambiará un ápice la realidad económica y social del pueblo orureño.  ¿Tanto para tan poco?
Pues creo que no, quizás valga la pena pensar que lo hay en este momento es una suerte de “politización de la memoria” en el sentido de que el poder y la lucha por el mismo tiene relación con ordenes simbólicos que dan a las sociedades sentido de pertenencia, de orden y de jerarquías, que establecen un nosotros, un sentido de comunidad, que es nacional muchas veces, pero que es regional en otras tantas.
Estas memorias se materializan en las narraciones históricas, en la historiografía, pero también suele construir monumentos, nombrar calles  y, como se ve en el caso de Oruro, suelen también nombrar aeropuertos. Detrás de toda historia está una apuesta por el futuro, es lo que una sociedad en el presente cree qué es lo que debe ser mostrado a sus hijos en el futuro, qué acontecimientos o héroes deben ser relievados y cuales olvidados.
El problema nace cuando, en una sociedad no homogénea como la nuestra, existen otros órdenes discursivos y otras memorias que pugnan con el ya establecido, un orden que no tiene referencia exclusiva con la historia boliviana, que tiene también sus héroes, sus villanos y que se siente con el derecho de nominar o nombrar a las cosas que considera recordables o memorables. Al fin y al cabo para eso, también, es el poder político.
Esto es lo que estarían pasando en Oruro, una batalla de la(s) memoria, una punga entre modos de entender y valorar los acontecimientos, e incluso una manera de entender el hecho histórico: el primero como historia “cívica” y el segundo como culto al héroe, en todo caso, legítimos ambos.  Por eso, cuando una dirigente cívica orureña nos dice en referencia a las causas de su lucha: “Estamos luchando no por el nombre, estamos luchando por la historia y la dignidad de este pueblo”, nos está reflejando que lo que se juega es realidad un orden de poder.
Lo único cierto es que este conflicto, ha generado en Oruro una crisis política de magnitudes impensadas, que coloca al MAS y al propio Evo Morales en una situación incómoda, en un momento en que lo que quiere y necesita es aterrizar sin problemas en su tercera gestión presidencial.

domingo, 10 de marzo de 2013

ECUADOR: CORREA DE LARGA DURACIÓN


Para un boliviano acostumbrado a vivir en medio de una conflictividad que toma las calles, que se escucha en los medios de comunicación y que, de una manera u otra, termina por estructurar nuestra vida cotidiana, lo primero que llama la atención del Ecuador no es la presencia de un liderazgo carismático como el de Rafael Correa y su consabido “hiperpresidencialismo” sino la casi inexistencia de la política en las calles, es decir la ausencia de marchas, interrupciones de tráfico vehicular, bloqueos de caminos y la poca referencia a temas políticos en los noticieros y en la conversación cotidiana.

Hoy, qué duda cabe, Ecuador pasa por un momento político sin precedentes cuya mayor singularidad consiste en tener un presidente, Rafael Correa, que ha logrado combinar una discurso izquierdista con medidas económicas y sociales que enrumban al Ecuador hacia una sociedad moderna. Es decir Correa, en un contexto de bonanza petrolera, ha creado un discurso antiimperialista con fuertes referencias a la dignidad y defensa de los pobres junto a importantes inversiones en el campo de la educación y de la infraestructura caminera, que le granjea los votos tanto de sectores “progres” como de una clase media ansiosa de estabilidad y certidumbre. Correa se mueve en un amplio margen discursivo que tiene dos ejes, dos ideas, que alcanzan niveles míticos en América Latina: revolución y modernidad.

Solo de esta manera se puede entender que el candidato de la izquierda Alberto Acosta (aliado de Correa hasta la Asamblea Constituyente) haya bajado en su votación y que los grandes opositores de derecha como el ex militar Lucio Gutiérrez, el banquero Guillermo Lasso y el empresario Álvaro Noboa no logren ni la mitad de la votación alcanzada por Correa que, con un histórico 57 % de los votos, es quien ordena y valida los discursos políticos. Como señala Felipe Burbano en el diario Hoy: “Ecuador pasa por un momento hegemónico en la sociedad ecuatoriana, es decir, con la presencia de un actor poderoso bajo cuyo control se encuentran todas las piezas de la escena política” (12/2/2013)

¿Cómo Correa logra posicionarse en este liderazgo? Al igual que Evo Morales en Bolivia, Correa es el depositario de una ola expansiva democratizadora en Latinoamérica que, absolutamente decepcionada por el rendimiento neoliberal en la economía y asqueada de su sistema de partidos, juntó demandas de mayor equidad social con demandas de ciudadanía de corte cultural e identitario (muchas de las cuales se plasmaron en el texto de la asamblea constituyente de 2007).

Rafael Correa al igual que Evo Morales, a partir de notables victorias electorales y de la realización de una Asamblea Constituyente, debilitó fuertemente el sistema de partidos, aplicó políticas de reconocimiento de la diferencias cultural y étnica, puso al Estado como centro ordenador de la economía, con fuertes medidas redistributivas del ingreso como el Bono de Desarrollo Humano (que permite a más de dos millones de pobres recibir 50 dólares por mes) y un gran aumento de inversiones en educación que, sin duda, fueron factores de reducción del desempleo y la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Ecuador desde 2006, fecha de la asunción de Correa a la presidencia por primera vez, hasta 2012 ha subido en un orden de 49 %.

También juega la historia larga. Ecuador es un país donde no hubo una reforma agraria como la de 1953 en Bolivia, que implicó un cambio profundo de las élites en el poder, fruto de una revolución civil. Los intentos de reforma agraria en Ecuador, tanto en 1964 y de 1973 no dieron una redistribución significativa. Como señala Lissa North[1], “la clase terrateniente manejó las dos reformas agrarias de tal forma que las convirtío en su opuesto: en contrareformas”. Es más, la elite ecuatoriana en el poder nunca pudo despojarse de su forma familiar y endogámica de manejo empresarial y político[2]: gran parte de los “establecimientos industriales eran imperios familiares ya establecidos ya que de casi la mitad de las 1.080 compañías, registradas en la superintendencia de Compañías en 1973, estaba en manos de un máximo de cinco personas” (North, 1985: 431).

Por tanto, de alguna manera, Rafael Correa se mueve dentro de este conjunto de demandas surgidas tanto desde el corto plazo como desde el largo plazo
Sin embargo, el reverso de la moneda es que esta cesión de derechos, es decir esta mayor ciudadanía trae, paradójicamente, la desarticulación o fagocitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy una buena parte de las organizaciones que habían enarbolado las banderas del cambio social, aquellas que botaron a presidentes corruptos y cuyo capital organizativo provocó la Asamblea Constituyente, o están en el gobierno o están divididas y desarticuladas, en una pasividad alarmante.

Algo de esto también se puede ver en Bolivia. Sin embargo, soy de la idea que, como producto de una mayor tradición sindical y, de manera general, con una sociedad civil más politizada, esta intención de desorganización de la sociedad civil no se ha cumplido, ciertamente pese a los esfuerzos que hace el MAS en el poder.

De todas maneras, hoy Ecuador vive un momento particularmente interesante, donde el estado y en especial el poder ejecutivo, juega un papel central como ordenador de la economía y de la política. Esto ha despertado la natural suspicacia de analistas y opositores que vislumbran serios riesgos para la democracia, sus instituciones y sus valores. No obstante, la mayoría de los Ecuatorianos el pasado domingo 17 de febrero, le han expresado a Rafael Correa a través de las urnas, que están dispuestos a correr ese riesgo.


Quito 23 de febrero de 2013


[1] North Liisa L., (1985) "Políticas Económicas y Estructuras de Poder", en Louis Lefeber, La Política Económica del Ecuador: Campo, región, y nación. FLACSO y CERLAC con La Corporación Editora Nacional.
[2] El candidato presidencial Álvaro Noboa, un empresario bananero, financiero y constructor dijo al finalizar su campaña en 2013 “Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie, y esta vez me voy a dedicar a hacer plata para el Ecuador” (El Comercio 17/2/2013)