Evo
contra las cuerdas
El
pasado 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, Evo Morales, contra
todo pronóstico, redujo el tiempo de su discurso informe a la nación a 33
minutos, cuando estaba planificado para al menos dos horas. La causa era que en
el acto, un grupo de opositores más algunos activistas de oposición (que nadie
sabía cómo estaban en el evento), empezaron a gritar la consigna de “Bolivia
dijo no”, que le recordaba al presidente el resultado del referendo del 21 de
febrero de 2016 en que la mayoría de la población rechazó su intención de
repostular a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Dictamen que Morales,
por todos los medios, trataba de desconocer.
Con
todo, este éxito de la oposición, no radicaba tanto en haber hecho que Morales
no continúe hablando en el acto central de las fiestas patrias, sino en que
logró colocar en la agenda pública, la disputa en torno a la validez de los resultados
del referendo del 21 de febrero. La persistencia de Morales en su repostulación
polarizaba al país, dañaba su legitimidad y popularidad y daba razón, a los
voceros de la oposición, de que Bolivia se enrumbaba a una dictadura. En estas condiciones,
el gobierno no podía colocar en el debate, otros temas en los cuales estaba
fortalecido, entre ellos, el asunto de la estabilidad y crecimiento económico
que, aunque modesto, era uno de los mejores de América Latina: el crecimiento
del Producto Interno Bruto que proyectaba el
Banco Central de Bolivia para 2018 era de 4,7%, uno de los más altos de
la región. El partido de gobierno, que
se había manejado tan bien articulando acciones políticas y discursos en torno
los clivajes estado-mercado y étnico, ahora no tenía respuesta ante las
acusaciones de autoritarismo de la oposición.
Por su
parte, los datos de popularidad del presidente mostraban que este asunto estaba
teniendo efectos catastróficos. Una
encuesta de la empresa especializada en estudios de opinión pública IPSOS, indicaba
que la aprobación a la gestión presidencial para abril de 2018, había bajado siete
puntos en relación al año anterior, para ubicarse en 47%; con el dato adicional,
que el respaldo tenía como base las ciudades altiplánicas de El Alto y Oruro (tradicionales
bastiones del MAS) que compensaban un decremento en ciudades como Santa Cruz, Trinidad
y Cobija donde el descenso de popularidad había sido de 13%. Este panorama se
agravaba con datos de ciudades postergadas en su desarrollo, como Potosí y
Sucre, donde el rechazo a la gestión presidencial llegaba al 72% y 92%
respectivamente (Correo del Sur, 23.08.2018).
La respuesta del gobierno.
Ante
esta situación, el oficialismo, en la segunda semana de agosto de este año, retomó
la iniciativa política. Haciendo uso de su mayoría de dos tercios en la Asamblea
legislativa, sorprendió a todos empezando a tratar la nueva Ley de Organizaciones
Políticas (OEP 2018). Este proyecto, de 105 artículos, buscaba normar aspectos
como equidad de género, democracia interna en los partidos políticos,
financiamiento a los partidos, entre otros.
Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención del oficialismo fue el
referido a la realización de primarias, puesto que se dispuso su realización
para enero de 2018 cuando esta se debía llevar a cabo recién para las
elecciones de 2024.
Uno de
los grandes déficits de la democracia boliviana está su acendrado caudillismo,
pese a que los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia,
ellos no son democráticos en lo interno, de tal manera que sus líderes no se
someten a un proceso de selección interna de candidatos. Visto de esta manera,
la realización de primarias solo se podía ver como positivo.
Sin
embargo, tanto el apresuramiento de la
Asamblea legislativa Plurinacional en discutir la Ley de Organizaciones políticas
(aprobada en todas sus fases en poco más de dos semanas, cuando en general este tipo de normas tardan varios
meses) en especial el tema de las primarias, lleva a pensar que, en realidad,
lo que hace el MAS es instrumentalizar esta norma para favorecerse políticamente
puesto que, por un lado, al adelantar la realización de primarias, reduce
considerablemente el tiempo de los partidos para establecer alianzas y
candidaturas y, por otro, desplaza del centro de la agenda pública el
desconocimiento de parte del partido de gobierno de los resultados del referendo
del 21 de febrero, que insiste en repostular al presidente Morales para las
elecciones de 2019. Con estos
antecedentes, a continuación,
presentamos un análisis de los probables efectos que puede tener esta
Ley en la oposición política.
El campo opositor: entre los partidos políticos
y el contrapoder ciudadano
En los
últimos años el campo opositor está dividido en dos espacios. El primero, el
institucional, compuesto por los partidos políticos; y el segundo, informal,
integrado por las distintas expresiones del contrapoder ciudadano.
El campo
compuesto por los partidos políticos está presente en todos los espacios
institucionales de la política, aunque con distinta fuerza y capacidad. En el
poder legislativo, su presencia es irrelevante, ya que el MAS tiene una amplia
mayoría de dos tercios. Esta fuerza
opositora aumenta en el nivel subnacional, puesto que tres gobernaciones de
nueve posibles están al mando de líderes opositores, entre ellas las de La Paz
y Santa Cruz; a la vez, seis alcaldías
de capital de departamento están en manos opositoras, entre ellas, tres de
las de las ciudades más populosas de Bolivia
cono Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.
El otro
espacio político, está constituido por el contrapoder ciudadano, como expresión
de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y sus
líderes (Rosanvallon 2006). Se trata de
un conjunto heterogéneo de fuerzas que, diseminada
a lo largo y ancho del cuerpo social, desarrollan poderes de vigilancia, veto y
juicio sobre el poder constituido, poniendo permanentemente en cuestión la
gestión de gobierno. Este contrapoder que, dicho sea de paso, es un dato de
casi todos los regímenes democráticos en el mundo, ha tenido una fuerte
influencia en el gobierno de Morales entre 2010 y 2018. En 2010 lograron
revertir la subida de los carburantes; en agosto de 2011 su apoyo a la marcha
indígena, que se oponía a la construcción de una carretera que dividía el
Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), fue fundamental para que Morales
retrocediera en este proyecto; en las elecciones de magistrados del poder
judicial en 2011 y 2017, su convocatoria al voto nulo tuvo éxito, puesto que
esta opción, en ambos casos, superó el 50% de los votos; en el referendo
constitucional de febrero de 2016 la convocatoria a votar por el No fue
fundamental para la derrota de la intención reeleccionaria de Evo Morales y
García Linera; y, finalmente, en enero de 2017 una movilización liderada por
los médicos y apoyada por la ciudadanía hizo que Evo Morales anule la ley del
nuevo Código Penal a pesar haber sido promulgada.
El
espacio institucional de la oposición como del contrapoder ciudadano son
disimiles, puesto que la primera busca que la representación política fluya a
través de los partidos, mientras que la segunda, profundiza en la desconfianza
sobre los poderes públicos y sus líderes. Esto explica que en el informe de
Latinobarómetro de 2017 la confianza en los partidos políticos en Bolivia solo
llegue al 15% (Latinobarómetro 2017).
Sin
embargo, con toda seguridad que ante la
cercanía de las elecciones presidenciales de 2019, las plataformas ciudadanas, como
intento de expresión del espacio informal de la oposición, del contrapoder,
trataron de desplazarse hacia el campo institucional de la política, ya sea conformando
un nuevo partido, o bien buscando establecer esquemas de alianza con algunos de
los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. El riesgo
posible de una nueva gestión del MAS, junto a una nueva repostulación de Evo
Morales y Álvaro García Linera a las elecciones presidenciales, actuó como acicate
para dinamizar este proceso.
Pero no
es un proceso fácil ni rápido: en el caso de que las plataformas decidan ser un
nuevo partido necesitan recursos institucionales y organizativos que,
probablemente no tienen y, para lograr alianza con algún partido político, ello
está sujeto a una serie de negociaciones muy complejas donde el postulado de
unidad con renovación implica una ingeniería política larga y conflictiva que
necesita tiempo.
En este
contexto, lo que hace a nueva ley de partidos es apresurar los tiempos
políticos, y presionar sobre ambos espacios de oposición, mismos que para
asumir decisiones necesitan un tiempo de maduración. El proceso de definición
de candidaturas que con el pasado cronograma electoral daba como 11 meses de
plazo, ahora se lo debe hacer en cuestión
de 60 días como máximo.
Por
tanto, la nueva ley de partidos lo que hace es provocar
un cierre de las posibilidades electorales de una amplia gama de la población,
que buscaba renovación y unidad de liderazgo. Como esto es poco probable que
suceda, es previsible un repliegue aún más radical de la ciudadanía en el desapego
y desconfianza hacia las instituciones democráticas. De esta manera, una ley de
organizaciones políticas pensada para fortalecer representatividad política, y
la canalización de demandas a través de los partidos políticos, en los hechos,
provocará lo contrario: un desapego de las instituciones democráticas y una
invitación a la acción directa, a las calles, allí donde se incuba la
violencia.
