lunes, 12 de septiembre de 2016

EL SENTIDO EXTRAVIADO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Uno de los rasgos centrales de la autonomía universitaria es que ella ampara el libre pensamiento como condición previa e imprescindible para la crítica al poder.
Cuando en 1918 los universitarios de Córdova lucharon por la reforma universitaria y, dentro de ella por la autonomía, lo hicieron para que los gobiernos y el clero no intervinieran ni dirigieran el pensamiento en determinado sentido. Como señala al respecto Carlos Tunnermann, la autonomía se planteó como el “instrumento capaz de permitir a la universidad el desempeño de una función hasta entonces inédita: la de crítica social”


Por esta razón, a los ojos de todos los gobiernos, pero en especial de los dictatoriales, la autonomía universitaria siempre estuvo bajo sospecha y ataque. Los regímenes militares cerraron las superiores casas de estudios con la finalidad de retener la fuerza de movilización del estamento universitario y lógicamente para controlar su pensamiento, su crítica.
Sin embargo las universidades resistieron: pese a que en Bolivia a partir de 1964 los gobiernos militares intentaron intervenir sus aulas, esto no impidió la aparición de un pensamiento crítico que se nutrió teóricamente del nacionalismo, del marxismo y del indigenismo.  Ahí están las obras de René Zavaleta, de Marcelo Quiroga, de Sergio Almaraz, de Guillermo Francovich, de Gunnar Mendoza y de Max Flores, como testimonios de la capacidad de hacer ciencia al margen del aval del estado.
Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los intelectuales universitarios perdieron vigencia porque sus parámetros teóricos, profundamente imbuidos de nacionalismo, ingresaron en crisis. A cambio surgió un tipo de investigadores que trabajó en torno a temas como la gobernabilidad y la economía de mercado pero, en muchos casos, fuera de la universidad, en entidades internacionales o en organismos no gubernamentales donde las condiciones para la investigación eran comparativamente mejores. Si se hace un recorrido por la producción bibliográfica relevante en ciencias sociales de los últimos treinta años, se concluye que una buena porción de las investigaciones son apoyadas, financiadas y publicadas por instituciones internacionales. No es casual que, en este contexto, por ejemplo el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) tenga más producción bibliográfica en ciencias sociales que cualquier universidad de nuestro país.
Esta misma característica tuvo la corriente indigenista que nació con el proceso político de giro a la izquierda en Bolivia, esa que nace sobre las cenizas del modelo neoliberal. El grupo “Comuna” de García, Prada y Tapia así como el grupo del Taller de historia Andina de Silvia Rivera, no crecen dentro de la universidad sino fuera, en los espacios de las organizaciones sociales, en la sociedad civil.
De esta manera, las universidades que durante largo tiempo quedaron huérfanas de liderazgo académico, tienen autonomía pero no hacen crítica social; la constitución garantiza su derecho al libre pensamiento pero no existen espacios de discusión académica; tienen autonomía pero ella no sirve para desarrollar ciencia. La simple constatación de que las universidades bolivianas adolecen retraso respecto de sus pares de América Latina es una prueba. La autonomía ha perdido su característica para la cual fue creada: ser el garante para el desarrollo libre de la ciencia. 
Ante esta pérdida del significado de la autonomía, el extravío de su sentido original, la autonomía se ha convertido en un dispositivo discursivo para legitimar la lucha por el poder; en un justificativo para mantener privilegios o para conseguirlos, con el obvio resultado de ruptura de normas y de institucionalidad. Por ello, es muy sintomático que los actores universitarios utilicen a la autonomía como un recurso retórico para legitimar sus ambiciones.  ¿Acaso no es la autonomía y su vigencia la que se coloca como argumento para mantenerse en el poder? ¿no es cierto que la autonomía es invocada para violentar la norma universitaria ya sea para acceder a mayores recursos así como para impedir que otros grupos se hagan de ellos?

Por ello urge retomar el sentido original de la autonomía, se hace imprescindible superar su extravío y colocar  a la universidad acorde a los desafíos del nuevo siglo: moderna y volcada a la investigación. En el momento en que la universidad retome su rol de liderar la investigación, recién la autonomía habrá recuperado el objetivo para la cual fue creada. 

lunes, 5 de septiembre de 2016

LOS ANDES NO CREEN EN DIOS NI EN EL ESTADO

Una de las mayores incógnitas en estos días debe ser las razones del trabajo minero en las cooperativas. ¿Por qué, pese a la dureza del trabajo en la mina, a lo mal remunerado, los mineros continúan horadando la montaña? ¿Cuál es la causa de que, pese a la evidencia de explotación laboral y recorte de derechos laborales, recién ahora exista un atisbo de sindicalización en las minas?  ¿Por qué, a pesar de que el trabajo en la mina reduce la vida de las personas, continúa atrayendo una gran cantidad de mano de obra?
Una de las respuestas, la más común, es que en las cooperativas existe un grupo de explotadores que se aprovechan del trabajo ajeno, que medran de la necesidad de empleo de gente pobre, (la mayoría de origen rural) y lo usan en su provecho para enriquecerse.  Sin embargo, este asunto puede ser más complejo de lo que a primera vista parece.

En el interesante libro titulado Los ministros del diablo de la antropóloga Pascale Absi se cuenta la historia de Fortunato, un minero cooperativista que, en su juventud, llegó a ser uno de los mineros más acaudalados del cerro rico de Potosí pero que con el pasar del tiempo perdió/dilapidó toda su riqueza tanto que ahora se lo puede ver trabajando como curandero adivino.   Lo que interesa saber es ¿Cómo llegó a tener tal riqueza? Trabajando como minero está claro, pero ayudado por un gran golpe de suerte que le hace descubrir un rico filón de estaño que le cambia la vida por completo, tanto así que era uno de los padrinos más codiciados de promociones de bachillerato, de matrimonio, de bautizo y, según señala en su libro Absi “como no sabía qué hacer con su dinero, decidió, empapelar con billetes las paredes de sus casas”.
La clave aquí es que la riqueza de Fortunato no hubiera sido posible como trabajador de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), ni como asalariado de una minera privada. En ambos casos igual hubiera recibido su salario y quizás una felicitación de gerencia, nada más. En ese sentido, solo dentro de un esquema cooperativista, el minero puede pensar en hacerse rico, ya que permite la constitución de un minero  “libre”, es decir dueño de un paraje minero, de una bocamina que explota bajo su cuenta y riesgo. En otras palabras, lo que mueve a seguir trabajando al cooperativista es que no lo hace para un tercero sino para si mismo, y lo hace en una labor donde existe la  gran probabilidad de que de que aparezca un grueso filón que lo haga rico. Es cierto que los cooperativistas contratan mano de obra, los llamados “segundas manos”, pero es probable que en ellos también se encuentre la expectativa de ser socios cooperativistas y así soñar con ser ricos algún día. Para ellos, en cierta medida, ser solo trabajadores asalariados es frenar sus posibilidades de ser Fortunatos en algún momento, dejar de lado el objetivo de trabajar su propio paraje minero y de tener la posibilidad de descubrir una veta prodigiosa.
Por supuesto que esta expectativa, esta esperanza, no puede funcionar si a la vez no se considera a la mina, a la montaña (Absi sitúa su trabajo en la mina del cerro rico de Potosí) una entidad viva, una suerte de deidad que se encarga tanto de proveer riqueza como de quitarla. No puede darse sin tomar en cuenta el pacto que el minero entabla con el diablo que, en esta concepción, es el dueño de las vetas, y a quien los mineros hacen ofrendas como “unas hojas de coca, cigarrillos y alcohol, ocasionalmente un feto de llama”. 
En suma, el mundo minero es sumamente complejo, no admite una lectura parcializada ya que en él juegan aspectos religiosos, sociales, políticos que muchas veces son desconocidos por el Estado y que por tanto no puede aplicar políticas públicas efectivas destinadas a este sector. Adolfo Costa Du Rels a propósito de los mineros puso como título de su novela “Los andes no creen en dios” yo creo que tampoco creen en el Estado. 

domingo, 28 de agosto de 2016

EL ESTADO CON HUECOS (MINEROS)

Lo que debe quedar claro a propósito de la última movilización minera es que gobernar autoritariamente no es lo mismo que construir Estado. El gobierno del MAS lo creyó a fe ciega a partir de nacionalizar los hidrocarburos, limitar los poderes regionales y suprimir  a sus opositores. Empero, con lo ocurrido a raíz del bloqueo de caminos de los mineros cooperativistas, se dio de narices con la realidad: el estado no pudo durante tres largos días controlar la carretera troncal del país, ni pudo impedir que tres cooperativistas murieran victimas de arma letal, ni que el viceministro Rodolfo Illanes sea salvajemente torturado y asesinado la tarde el jueves 25 de agosto.  El estado que, según la definición de Max Weber es el monopolio legítimo de la violencia, perdió su capacidad dejando el país al borde del caos y la violencia.


Sin embargo, esta  no es una característica extraña en la configuración estatal en América Latina, Guillermo O´Donnell acuñó la figura de “estado con huecos” para denotar que la capacidad de estado no es uniforme a lo largo del territorio, que en muchos espacios como ser zonas urbanas, espacios rurales o incluso empresas, el estado no existe o tiene una capacidad muy limitada para imponer presencia y orden. La actual minería cooperativizada es un ejemplo casi perfecto de esta situación: en estos lugares el estado suspendió su capacidad de controlar la contaminación y destrucción del patrimonio histórico; no pudo aplicar la universalidad del pago de impuestos ni logró que se respete los derechos de los trabajadores.
Con todo, esta situación es el resultado de un proceso que empieza en 1984 con la puesta en marcha del modelo neoliberal cuyo decreto 21060 cierra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); que es profundizado por los gobiernos siguientes (MIR, MNR, AP) y que, paradójicamente, continúa con el gobierno nacionalista de Evo Morales desde 2006. 
Por ello, la capacidad de controlar una buena parte de la actividad minera se perdió de modo, quizá irremediable, cuando se cerró la Comibol dejando las minas a merced de la ambición cooperativista, quienes no dudaron en tomar el control de las maquinarias, bienes y parajes mineros de esta ex empresa estatal y pudieron resistir con éxito todo intento de control del Estado. Aún más, en base a acciones claves en el decurso de la política nacional entre 2000 y 2005 lograron ser vistos por el poder masista como constructores del denominado proceso de cambio. Por ejemplo el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre de 2006 (cuando los cooperativistas suspendían un bloqueo que había paralizado  el transporte entre LP, Oruro, Cochabamba y Potosí), dijo a nombre del gobierno que ratificaba “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.


En este contexto de apoyo político de parte del MAS e impulsados por la subida de precios de los minerales, los cooperativistas crecieron numérica y económicamente: según los datos del Ministerio de minería el número de trabajadores que en 2006 era de 54.200 personas subió a 114.920 en 2013; de igual manera, las exportaciones de este sector que en 2009 llegaba a los 282 millones de dólares, en  2014  subió a los 542  millones de dólares. Un incremento que se debe a los buenos precios internacionales pero también a la reducción en los costos de producción por poco pago de impuestos y de concesiones mineras; y por la no asunción de costos por daño al medio ambiente.

De las acciones del gobierno respecto de la movilización minera se puede ver que su objetivo es retomar la autoridad gubernamental: ha reprimido duramente el bloqueo y ha sido implacable con los dirigentes cooperativistas, enjuiciándolos y llevándolos a la cárcel. Empero esto es algo que el estado lo hace en los espacios urbanos, donde existe institucionalidad estatal, hace falta saber si efectivamente esa autoridad la podrá llevar a los espacios de trabajo minero, a las minas, a los márgenes de este estado boliviano, donde la explotación, el daño al patrimonio y el medio ambiente siguen exhibiendo los huecos de un estado que, a pesar de los discursos, sigue tan débil como antes.

lunes, 22 de agosto de 2016

SANTA CRUZ: ¿LOCOMOTORA ECONÓMICA O CAMIÓN MODELO 1952?

Había un momento en que Santa Cruz no era el próspero departamento que es hoy. A raíz de que el estado vivía de la producción minera, las carreteras, las fuentes de trabajo la burocracia y las inversiones se habían concentrado en la parte occidental del país. Esto había generado la protesta de Santa Cruz que, en un Memorándum dado a conocer en 1904, denunciaban el abandono al que el Estado boliviano había sometido a este departamento quitándole sus mercados naturales ubicados en Oruro y Potosí y el aislamiento a que lo condenaba la inexistencia de caminos y vías férreas. “La región andina, no toma en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido son los intereses más importantes para el bienestar general de la nación”, decía una parte del documento.


Medio siglo después llegó la revolución nacionalista de 1952  y puso en marcha uno de los más ambiciosos proyectos estatales de integración territorial: la marcha hacia el oriente. Era uno de los esfuerzos de construcción de nación que consistía en un fuerte impulso a la producción agropecuaria cruceña junto a la construcción de caminos y ferrocarriles que vinculen Santa Cruz con el resto del país.  De esta manera el MNR, Víctor Paz y su ministro de planificación de entonces Walter Guevara Arce ponían en práctica los sueños de un norteamericano, Melvin Bohan, que en 1944, a partir de un estudio de economía de nuestro país habían recomendado salir de la producción minera para ingresar a la de alimentos que permitan abastecer el mercado interno. Santa Cruz, para el informe, era el mejor espacio para lograrlo, decía Bohan “después de visitar las principales zonas de la república, es de opinión de que el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato está en el distrito de Santa Cruz”. 
A partir de ese momento  Santa Cruz fue un privilegiado destinatario de los recursos estatales. Solo para mostrar algunos ejemplos, entre 1955 y 1964 este departamento absorbía el 43% del crédito agrícola  y una buena parte de los recursos de la Corporación Boliviana de Fomento.  Posteriormente las dictaduras militares lo único que hicieron fue reforzar esta lógica: entre 1964 y 1970 a Santa Cruz se destinaba el 43,1% del crédito agrícola, porcentaje que subió de manera espectacular al 69% durante la dictadura de Hugo Banzer, quizá el periodo donde el estado apoyó más a la región cruceña. 
El resultado global de este proceso fue bueno para Santa Cruz pero malo para las regiones del Sur como es el caso de Chuquisaca. Nos muestra un país altamente heterogéneo, con regiones prosperas frente a regiones pobres, cuyos resultados los podemos ver hoy: Santa Cruz el 2014 tiene el más alto PIB per cápita del país que llega a los 3.206 dólares por habitante mientras que el de Chuquisaca llega a los  2.726; el aporte de Chuquisaca al PIB nacional es de 4% frente al de Santa cruz que llega a 28%.
            Hoy sabemos que esta situación no puede continuar más, Bolivia no puede darse el lujo de tener regiones prósperas y con oportunidades, frente a regiones pobres, sin potencial empresarial, expulsoras de población y mano de obra, (mucha de ella altamente calificada). Se ha dicho que Santa Cruz es la locomotora del país y debe merecer este nombre. Una locomotora debe ser capaz de jalar a otros departamentos hacia el desarrollo no un camión modelo 1952 que solo vela por su propio crecimiento dejando de lado a las otras regiones. Esta última actitud es la que se revela a raíz del informe, de que el megacampo gasífero de Incahuasi se encuentra en su integridad en territorio cruceño. La elite cruceña  ha celebrado esta noticia, alegre que solo Santa Cruz y no Chuquisaca, como debe ser, reciba los recursos de este reservorio, olvidando que más allá de su frontera hay pobreza y marginalidad. Alguien debería recordarle a la elite cruceña y al gobernador Rubén Costas que la prosperidad de una región no es sostenible sobre la pobreza de otra. 


Mas información en

http://www.icees.org.bo/2015/08/plan-bohan-una-historia-de-exito/

http://www.fundacion-milenio.org/coy-291-santa-cruz-y-su-inclinacion-hacia-una-economia-primaria-exportadora/

http://www.fundacion-milenio.org/economia-chuquisaca-se-resiente-crisis-petrolera/

domingo, 14 de agosto de 2016

COOPERATIVISMO MINERO Y AUSENCIA DE ESTADO

Los cooperativistas deben ser los personajes con más olfato político del país. Apoyaron al MNR en 1954 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dejó de llamarlos ckajchas para convertirlos en cooperativistas; luego estuvieron con los gobiernos dictatoriales alejándose de la Central Obrera Boliviana (COB; posteriormente, en la etapa neoliberal, apoyaron el proceso que desalojaba a los mineros de la COMIBOL y dejaba libres los parajes mineros que habían ambicionado desde siempre y, finalmente, a inicios del siglo XXI -quizá adivinando la debacle de los partidos políticos y del neoliberalismo-, estuvieron con el MAS apoyando sus movilizaciones, una de ellas, la más notable, cuando en junio de 2005 llegaron a Sucre dinamita en mano, luego de la renuncia de Carlos Mesa, con el objetivo de que el mando del país, no recayera ni en Hormando Vaca Diez ni en Mario Cossío, presidente del senado y de diputados respectivamente, sino en Eduardo Rodríguez Veltze, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.


  
Empero en política nada es gratis y los cooperativistas lo saben. Todo este respaldo al MAS  fue saldado con una presencia política sin precedentes en el gobierno nacional. En el primer gabinete de Evo Morales estuvo un connotado dirigente cooperativista, Walter Villarroel que juró como ministro de minería. Esto despertó los celos y la protesta del otro aliado del MAS, como la COB, que de pronto veía que Morales se acercaba mucho, quizá demasiado, a un sector que actuaba en función de sus intereses y no del  proyecto político antineoliberal de entonces.
Y así fue. A pesar de estar en el gobierno los cooperativistas nunca dejaron de generar conflicto y de lograr una cantidad inmejorable de prebendas, autorizaciones y dádivas del gobierno. Pidieron más concesiones mineras y les otorgaron; exigieron no pagar beneficios sociales a sus trabajadores y se les permitió; solicitaron maquinarias, instalaciones y canchas de fútbol que antes pertenecían a la COMIBOL  y se les donó; pidieron que el estado cerrara los ojos a los abusos a la fuerza de trabajo y a la gravísima contaminación que generan sus actividades y así fue.
Sin embargo y más allá de su alta capacidad para la mutación política, ¿Cuál es el origen del poder de los cooperativistas? A mi juicio son tres. El primero, el de su identidad política:  para el imaginario colectivo tanto como para el Estado se trata de un movimiento social, revolucionario y de izquierda lo que esconde su verdadera naturaleza empresarial; en segundo lugar, se trata de un sector numeroso (60.000 afiliados en todo el país hasta 2006) que es tanto una fuerza poderosa como masa votante y fuerza movilizada; en tercer lugar, se trata de un actor que tiene grandes recursos económicos e institucionales que mueve cada vez que se trata de defender sus intereses.
Todas estas capacidades se pusieron en acción en la última movilización de los cooperativistas, esa de la semana anterior que tuvo el saldo de centenares de heridos, entre los cuales se cuentan a policías que denuncian haber sido secuestrados y torturados, lo que refleja la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley y la fortaleza de un grupo que durante la última década de gobierno, (esa que el MAS denomina la “década ganada”) no ha hecho otra cosa que aumentar su poder y prerrogativas.
Se podría decir que esta capacidad de resistencia al poder estatal de los cooperativistas no es algo que aparece con el MAS, sino que se incubó en los gobiernos neoliberales que lo fomentaron. Sin embargo, nunca antes el gobierno de Evo Morales tuvo tantos recursos económicos y políticos para lograr controlar a este sector empresarial y cambiar radicalmente esta situación.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir una estrategia que diversifique tanto la propia minería así como la economía de las regiones donde se encuentran las minas. Sin embargo no lo hizo, prefirió dejar solos a los departamentos, sin posibilidad de resistir al nuevo poder minero, a tal punto que estas regiones han visto como su marginalidad y pobreza ha crecido en proporción inversa al poder y riqueza de los cooperativistas. 

domingo, 7 de agosto de 2016

EL ORDEN DEL DISCURSO (VICE) PRESIDENCIAL

Los medios de comunicación han destacado del discurso informe del 6 de agosto del presidente Morales el hecho de que (al fin) haya reconocido que la economía tiene problemas de desaceleración, desempleo y baja en los ingresos por la venta de hidrocarburos.
En este artículo, quisiera analizar otro aspecto, a mi juicio no menos importante como es el mensaje político que contiene el discurso del Vicepresidente Alvaro García Linera.  Creo que es urgente hacerlo en tanto este discurso mostró cómo se concibe la política desde las esferas del poder.


García empezó su alocución del 6 de agosto pasado con una pregunta: ¿cuáles son las condiciones históricas para la grandeza de una nación? Luego de desestimar la geografía, el clima o los hábitos culturales por deterministas, planteó que el factor fundamental es el modo en que la sociedad organiza su vida en común y que se expresa en un “horizonte de época” que, según García, son los sueños que una nación comparte, que mueve las pasiones comunes de las personas y sin las cuales no existe posibilidad de pensar en un meta colectiva. En suma, sin horizonte de época, una sociedad camina a la deriva, repitiendo su error y manteniendo su pobreza y marginalidad.
Para García este “horizonte de época” es posible ser logrado solo si la mayoría de las clases populares es la que conduce políticamente a la sociedad, ocurre cuando se presenta un momento histórico, en que un sector social logra fundir su perspectiva de futuro con la visión de las otras clases.
Estas condiciones para García ya se habrían dado desde 2006, fecha de la asunción del MAS al poder. Por una parte el programa del MAS contendría el horizonte de época, con los movimientos sociales, representantes de la mayoría popular, como conductores del proceso. En síntesis, el horizonte de época no es una tarea pendiente, sino algo que ya se ha producido objetivamente en la sociedad boliviana, lo que explicaría, por otro lado, su prosperidad y bienestar.
Por tanto y retornando a la pregunta inicial de García podemos decir que si es que deseamos ser grandes como país o queremos lograr la felicidad colectiva, no nos queda otra posibilidad que seguir el “horizonte de época” ya señalado por los movimientos sociales que acompañan en el poder a Morales.
El Presidente en su discurso reforzó esta idea, afirmando que “Debemos festejar, este 6 de agosto, porque, gracias a la lucha de nuestros movimientos sociales, hemos decidido cómo cambiar en lo político, social y económico democráticamente, con la participación del pueblo; la refundación de Bolivia ha permitido cambiar”.
Lo problemático de esta postura es que implica desconocer casi todo el proceso de la democracia en Bolivia, donde hay vida y mucha más allá de los movimientos sociales. Existen intelectuales, partidos políticos, movimientos urbanos y sociales que hoy no están cogobernando con Morales y que son parte de la democracia. Por tanto lo que subyace al orden del discurso vicepresidencial es la idea de que no puede haber juego político legítimo más allá de lo que señala el MAS; ni pueden haber otros actores válidos que las organizaciones sociales que hoy están en el poder.  Pensar lo contrario es no querer que Bolivia sea grande, que Bolivia progrese y  que, en palabras de García, Bolivia llegue a ser en 10 o 15 años tan desarrollado como Chile.
Por otro lado, una de las claves en el pensamiento de Gramsci, (a quien el vicepresidente admira y sigue), es la idea de que todo dominio político está antecedido de un dominio cultural. Solo cuando la clase que busca hegemonía logra convencer a las demás de que su proyecto de sociedad (tanto desde el punto de vista político y ético), es el mejor, es cuando se convierte en una clase dirigente. Esta es una condición imprescindible y que creo está lejos de cumplirse, por el simple hecho de que hoy parte de esa clase dirigente de los movimientos sociales está en la cárcel, acusada de dañar ese Estado que justamente desde 2006 pretende construir.

domingo, 31 de julio de 2016

RECENTRALIZACIÓN ESTATAL

En estos días Felix Patzi, la persona que logró arrancarle al MAS la gobernación del departamento de La Paz, hace una huelga de hambre que parece tan destinada al fracaso como la vigilia de los discapacitados. Pasa que el gobernador Patzi pide algo imposible: hacer que el gobierno ceda algo de lo que considera sus recursos para que las autoridades de los niveles subnacionales hagan obras y mejoren su popularidad política.


Ocurre que desde la asunción de Evo Morales al poder se despliega un proceso de recentralización estatal que consiste en que el poder ejecutivo aumenta su poder territorial sobre las regiones en base a dos políticas: eliminación de los liderazgos locales a través de la utilización del aparato judicial (eso que se ha denominado Estado de derecho politizado) y una reducción y limitación de los recursos económicos destinado a los niveles subnacionales de gobierno. En otras palabras se suprime tanto a las cabezas de la oposición local, así como se recorta a las autoridades locales de los recursos necesarios para hacer obras en los territorios donde han sido elegidos. 

La lógica detrás de esto radica en convertir a Morales en el gestor de desarrollo no solo nacional sino también local. Hacer que el presidente sea la persona que dirija la recepción, asignación y ejecución de proyectos en cada uno de los territorios del estado.  Se trata del despliegue del poder territorial del centro hacia las periferias, que consiste en hacer que el estado central llegue a los lugares más recóndidos del territorio boliviano con inversiones, asignaciones, ayuda y obras pero cuidando muy bien de que sea Evo el que lleve a cabo este proceso. Que el presidente se encuentre cada día en una de las poblaciones de Bolivia entregando obras es una muestra, responde a la necesidad de construir un poder nacional con Morales en el centro del mismo.

El mecanismo más notorio y efectivo es el programa “Evo cumple”, donde Morales aparece como el gobernante atento que recibe los proyectos e iniciativas de los alcaldes y dirigentes sindicales, evalúa la pertinencia de estos proyectos, decide la asignación de los recursos y, finalmente, es el que entrega las obras en medio de aplausos y olor a multitud.

La clave política de esto es que Morales aparece como el gobernante sensible a las iniciativas locales, quien con una alta eficiencia es capaz de solucionar las carencias y necesidades de las poblaciones en un tiempo record. Esta lógica estatal parece decir: si las gobernaciones son ineficientes y no pueden llevar a cabo obras, Morales y el poder central son rápidos y generosos; si las alcaldías no pueden sentir las necesidades de la población, Morales sí puede hacerlo dada su capacidad para saber lo que quiere el pueblo.

El pedido de Patzi en realidad busca que se lleve a cabo el pacto fiscal, algo que el ojo centralista del gobierno mira mal, porque sabe que ello implicaría reducir sus recursos. La demanda de Patzi de ser atendida haría que la gobernación de La paz suba de un presupuesto que ahora llega a los 300 millones de bolivianos a la cifra de 3.000 millones de bolivianos.  Mucho dinero que no cederá el gobierno al opositor Patzi salvo un ataque de locura.

Lo paradójico es que esta huelga es realizada por el gobernador de uno de los departamentos que más ha sido beneficiado por el centralismo gubernamental. Si existe una región que desde inicios del siglo XX ha concentrado poderes e inversiones en su región es el departamento de La Paz. Por tanto  no habría razón en la demanda de Patzi, puesto que La Paz más que otras regiones ha sido favorecida en su desarrollo, pero todo se explica cuando comprobamos que Patzi no tiene dinero para hacer obras y mejorar su popularidad, lo que lo obliga a buscar más recursos.


Por tanto la demanda de Patzi no tiene que ver tanto con el tema de la atención estatal sino con quien cosecha los aplausos que genera la realización de obras. En el fondo se trata de una vieja y nunca acabada disputa: la lucha entre el gobierno central y las regiones por el poder territorial.