Según los anuncios, en diciembre de 2024, los bolivianos asistiremos a la urnas para tomar decisiones de todo color y sabor. Según la propuesta presidencial del 6 de agosto pasado, tendremos que optar sobre si Evo Morales va o no como candidato en 2025; también se consultará si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) obedece o no al último Censo y cambia la actual distribución de número de diputados por departamento en función de su población; por último, nos encargarán dar un voto afirmativo o negativo en relación a suspender el congelamiento en los precios de los carburantes. Por si esto fuera poco, el pasado martes, el TSE ha anunciado la realización de elecciones judiciales para el uno de diciembre del presente año.
Pero, ¿A quién le interesa decidir sobre estos temas? A muy pocos en realidad. Esto ocurre por la sencilla razón que estos asuntos ya están escritos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) y no cabe consulta alguna. El tema de la reelección ya está clara: no puede haber más de una reelección continua y quienes violen este mandato deben sufrir pena corporal; lo mismo ocurre con la distribución de escaños por departamento, y ni qué decir de la facultad privativa del presidente del Estado para tomar decisiones en asuntos de política económica.
En rigor, todos estos temas los bolivianos ya lo hemos resuelto en 2009, cuando aprobamos por mayoría y en referendo la Carta Magna que fue discutida en Sucre, disputada en la Calancha (con saldos de heridos y muertos) y, finalmente, redactada en Oruro. Lo que cabe solo es su aplicación razonada y rigurosa.
Analizando caso por caso, las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida que gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta sino todo lo contrario. Por su lado, si gana la opción del no a la reelección, Morales estará vetado de postular a un nuevo mandato, pero, en realidad, no se habrá avanzado mucho, ya que dada la escuálida situación de la oposición partidaria, es poco probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe otro candidato que no sea uno de las filas azules. Se elegirá a uno más joven o más viejo, más letrado o más bárbaro, pero el resultado será el mismo: la continuación del evismo sin Evo.
Lo mismo pasa con la posible consulta respecto al levantamiento de la subvención a los carburantes. Cualquier opción que gane, la situación será la misma: no tenemos un aparato productivo robusto que genere divisas por exportaciones que puedan sustituir a la declinante producción de gas y petróleo. Finalmente, en el tema de la redistribución de los curules por departamento, sea cual fuere el veredicto de las urnas, se mantendrá la lógica gubernamental de debilitar o anular el poder de las regiones.
En suma, todas las consultas o elecciones propuestas no importan a la gente sino a las elites políticas. Las facciones evista y arcista buscan que la ciudadanía, con su voto, defina aquello que ellos no pueden o no quieren resolver. Es verdad que todos estos temas hoy copan los titulares de periódicos, y la política pareciera girar sobre estos ejes de discusión, sin embargo esta no es la realidad. La gente siente que todos esos puntos son asunto de políticos pero no de ellos, no del mundo popular que ve que la capacidad adquisitiva de sus ingresos disminuye cada día.
Hoy existe una doble polarización en nuestro país. La primera que envuelve a la elites políticas masistas y su pelea interna y que ya ha ocasionado un descalabro político y económico de proporciones. La segunda, menos notoria, es la que se da entre la gente y el MAS. La política en Bolivia vive en realidades paralelas, con prioridades y agendas distintas.
El MAS cree que está actuando bien porque hasta el momento no encuentra partido opositor competitivo. Sigue dilapidando su capital político como si este fuera eterno. No se da cuenta o no quiere darse cuenta del mensaje de octubre de 2019: la gente, aún sin dirección y liderazgo político, puede salir a las calles a desalojar del poder a un mal gobierno y para ello no necesita ni de elecciones, ni de consultas ni de referéndums, solo de su poder en las calles.
Sucre, agosto de 2024
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