El
escándalo en torno a Gabriela Zapata y sus efectos en el voto del referendo del
21F ha dividido las aguas entre el oficialismo y la oposición, a tal punto que
para los primeros el caso Zapata ha sido determinante en los resultados y para
los segundos fue poco menos que irrelevante.
Para el
presidente Morales, por ejemplo, el caso Zapata fue montado por la oposición, una
acción planificada, no solo por los políticos nativos sino también por las
fuerza extranjeras que, ayudados por medios de comunicación y las redes
sociales, se encargaron de hacer creer una mentira, (la paternidad de Morales,
los vínculos del gobierno con las empresas chinas, por ejemplo) que, en su
criterio, fueron determinantes en los resultados del referendo.
Para la
oposición, el factor Zapata no fue definitorio,
solo fue uno más entre la constelación de elementos que confabularon contra
Morales en el referendo, para esta visión los votantes votaron a favor del No porque consideraban
que el gobierno del MAS, con su propuesta de reelección, estaba en un proceso
de conversión a la dictadura, a la corrupción y a la ineficiencia estatal.
El problema
con ambas interpretaciones es que están sesgadas en función de las estrategias
de poder de los actores políticos, en ese sentido lo que está en juego no es la
verdad en torno al caso Zapata y sus efectos políticos sino su articulación en
torno a la lucha por el poder que se avecina en 2019. Morales apuesta por la
explicación de que Zapata afectó a la votación porque eso le permite asumir que
hasta el día en que se destapa que tuvo un hijo con Zapata su popularidad
estaba intacta, que la honestidad del gobierno estaba fuera de duda y que la gestión
era de las mejores, lo que le permite abrir un argumento para la repetición del
referendo, uno donde la gente no vote “engañada”, como argumenta el presidente sino solo en base a la verdad.
Adicionalmente, esta interpretación le
permite al gobierno tener el pretexto perfecto para desplegar su proyecto de
control de la sociedad civil a través de la promoción de cambios en la ley de
imprenta; la descalificación publica de varios medios de comunicación, el
abierto amedrentamiento de periodistas y, últimamente, el control de las organizaciones no
gubernamentales.
Por su
parte, para la oposición el sostener que en la decisión del 21F no se debió a Zapata
le permite continuar con su discurso de que lo que en realidad se jugó en el referendo fue la gestión de Morales y no los vínculos de Zapata con el presidente,
gestión que tiene que ver con asuntos como la ausencia de licitaciones en las
adjudicaciones de millonarios contratos con empresas chinas, la corrupción en el Fondo indígena
y una gestión estatal cuestionable.
Las empresas
de estudios de opinión pública también colaboraron a la confusión en torno al tema. Las encuestas presentadas
por los periódicos son claramente contradictorias y no ayudan a tener una
conclusión basada en lo que los cientistas sociales llaman “datos duros”. El
día 14 de febrero, a pocos días del referendo, un matutino publicó una “encuesta flash” donde señala que el
escándalo Zapata habría hecho cambiar notablemente la tendencia en el voto
hacia el No a la modificación de la Constitución, tanto que le llevaría unos 14
puntos de diferencia al Si. En cambio, en la última encuesta, de 26 de junio
pasado, este mismo periódico indica que el caso Zapata, para la gente, no fue un factor que definió su voto,
contradiciendo completamente los datos generados en febrero.
Michel
Foucault decía que detrás del saber está una estrategia de poder, detrás de
cada verdad sancionada por el poder está una estrategia para controlar, aplastar
y sojuzgar. En los últimos meses el caso Zapata ha copado la agenda del
gobierno que ha hecho todo lo posible por sostener que el escándalo fue
orquestado para dañar la imagen presidencial y por esa vía detener el proceso
de cambio. Las acciones sucesivas que intentan controlar la sociedad por el
estado, son su lamentable consecuencia.
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