RECENTRALIZACIÓN ESTATAL

En estos días Felix Patzi, la persona que logró arrancarle al MAS la gobernación del departamento de La Paz, hace una huelga de hambre que parece tan destinada al fracaso como la vigilia de los discapacitados. Pasa que el gobernador Patzi pide algo imposible: hacer que el gobierno ceda algo de lo que considera sus recursos para que las autoridades de los niveles subnacionales hagan obras y mejoren su popularidad política.

Ocurre que desde la asunción de Evo Morales al poder se despliega un proceso de recentralización estatal que consiste en que el poder ejecutivo aumenta su poder territorial sobre las regiones en base a dos políticas: eliminación de los liderazgos locales a través de la utilización del aparato judicial (eso que se ha denominado Estado de derecho politizado) y una reducción y limitación de los recursos económicos destinado a los niveles subnacionales de gobierno. En otras palabras se suprime tanto a las cabezas de la oposición local, así como se recorta a las autoridades locales de los recursos necesarios para hacer obras en los territorios donde han sido elegidos. 

La lógica detrás de esto radica en convertir a Morales en el gestor de desarrollo no solo nacional sino también local. Hacer que el presidente sea la persona que dirija la recepción, asignación y ejecución de proyectos en cada uno de los territorios del estado.  Se trata del despliegue del poder territorial del centro hacia las periferias, que consiste en hacer que el estado central llegue a los lugares más recóndidos del territorio boliviano con inversiones, asignaciones, ayuda y obras pero cuidando muy bien de que sea Evo el que lleve a cabo este proceso. Que el presidente se encuentre cada día en una de las poblaciones de Bolivia entregando obras es una muestra, responde a la necesidad de construir un poder nacional con Morales en el centro del mismo.

El mecanismo más notorio y efectivo es el programa “Evo cumple”, donde Morales aparece como el gobernante atento que recibe los proyectos e iniciativas de los alcaldes y dirigentes sindicales, evalúa la pertinencia de estos proyectos, decide la asignación de los recursos y, finalmente, es el que entrega las obras en medio de aplausos y olor a multitud.

La clave política de esto es que Morales aparece como el gobernante sensible a las iniciativas locales, quien con una alta eficiencia es capaz de solucionar las carencias y necesidades de las poblaciones en un tiempo record. Esta lógica estatal parece decir: si las gobernaciones son ineficientes y no pueden llevar a cabo obras, Morales y el poder central son rápidos y generosos; si las alcaldías no pueden sentir las necesidades de la población, Morales sí puede hacerlo dada su capacidad para saber lo que quiere el pueblo.

El pedido de Patzi en realidad busca que se lleve a cabo el pacto fiscal, algo que el ojo centralista del gobierno mira mal, porque sabe que ello implicaría reducir sus recursos. La demanda de Patzi de ser atendida haría que la gobernación de La paz suba de un presupuesto que ahora llega a los 300 millones de bolivianos a la cifra de 3.000 millones de bolivianos.  Mucho dinero que no cederá el gobierno al opositor Patzi salvo un ataque de locura.

Lo paradójico es que esta huelga es realizada por el gobernador de uno de los departamentos que más ha sido beneficiado por el centralismo gubernamental. Si existe una región que desde inicios del siglo XX ha concentrado poderes e inversiones en su región es el departamento de La Paz. Por tanto  no habría razón en la demanda de Patzi, puesto que La Paz más que otras regiones ha sido favorecida en su desarrollo, pero todo se explica cuando comprobamos que Patzi no tiene dinero para hacer obras y mejorar su popularidad, lo que lo obliga a buscar más recursos.

Por tanto la demanda de Patzi no tiene que ver tanto con el tema de la atención estatal sino con quien cosecha los aplausos que genera la realización de obras. En el fondo se trata de una vieja y nunca acabada disputa: la lucha entre el gobierno central y las regiones por el poder territorial.