GESTIÓN DE CONFLICTOS

La última semana no ha sido de las mejores para el gobierno y tiene razones para preocuparse: por una parte dos encuestas han señalado una tendencia a la baja en la popularidad de Morales y, por otra, la Central Obrera Boliviana se ha mostrado firme en su decisión de no aceptar el despido de 800 trabajadores de la empresa estatal Enatex. La primera es una señal de que el referendo no era el punto de llegada sino más bien el punto de inicio de algo que puede todavía ser peor en la popularidad del gobierno y, la segunda, es el dato de que el mecanismo de cooptación de los movimientos sociales tiene un límite, de que las dirigencias pueden ser obligadas a luchar cuando las bases ven que sus derechos son conculcados.  

La estrategia desplegada por Morales para enfrentar los conflictos son simples: dejar que el tiempo desgaste la movilización. Como el gobierno no puede dar respuestas que mínimamente puedan convencer a los sectores en protesta, apela a que ellas desaparezcan por efecto del cansancio, cosa que a veces termina por suceder: los movilizados, ya agotados de la ausencia de respuesta, lo que hacen es recoger sus cosas e irse a la espera de mejores tiempos. Sucedió con la huelga del Comité cívico potosinista en 2010 y 2015,  así acontece con los discapacitados que ya pasaron los 100 días de vigilia, también con los obreros de Enatex  y está en vías de ser así con la huelga de la COB que ya amenaza con la indefinida. Morales y sus ministros parecieran decir: “no interesa la cantidad de protestas que hagan, la respuesta siempre será la misma: No”.

Desde cierto punto de vista, esta lógica puede ser la de un gobierno fuerte que impone sus criterios a pesar de las presiones, pero también lo es de una gestión que carece de método para procesar las demandas y el conflicto. Para hacerlo necesita algo básico que no tiene: burocracia estatal capaz de convertir las demandas en políticas públicas. Por ello en el caso de Enatex: no se busca salidas empresariales o económicas(vrg. nuevos mercados en Europa o Estados Unidos), se hace lo fácil: despedir obreros como una buena solución para el Estado pero no para los 800 trabajadores y sus familias.

Ante esta carencia se presenta en el gobierno una cosa interesante, como no puede convertir las demandas en políticas públicas las convierte en oportunidades para acrecentar su poder sobre la sociedad, las usa como pretextos para intentar ampliar su dominio sobre la política y la sociedad. Veamos: el caso Zapata no sirvió para transparentar la licitación de obras públicas sino para que el gobierno intentara ampliar sus mecanismos de control sobre la sociedad civil y, en el caso de las demandas por más y mejor justicia no se buscó dar solución a la ausencia de idoneidad de los jueces, la independencia política y la carencia de recursos sino que se planteó la puesta en vigencia de la cadena perpetua que es una elegante manera de dejar las cosas como están sin tocar el problema de fondo que es la independencia de poderes.

El gobierno, como dijimos, está atravesando un problema de baja en su popularidad que puede ser todavía más notoria si continua pensando que detrás de cada conflicto no está la sociedad, ansiosa de soluciones, sino solo la oposición deseosa de poder.