RECENTRALIZACIÓN ESTATAL

En estos días Felix Patzi, la persona que logró arrancarle al MAS la gobernación del departamento de La Paz, hace una huelga de hambre que parece tan destinada al fracaso como la vigilia de los discapacitados. Pasa que el gobernador Patzi pide algo imposible: hacer que el gobierno ceda algo de lo que considera sus recursos para que las autoridades de los niveles subnacionales hagan obras y mejoren su popularidad política.

Ocurre que desde la asunción de Evo Morales al poder se despliega un proceso de recentralización estatal que consiste en que el poder ejecutivo aumenta su poder territorial sobre las regiones en base a dos políticas: eliminación de los liderazgos locales a través de la utilización del aparato judicial (eso que se ha denominado Estado de derecho politizado) y una reducción y limitación de los recursos económicos destinado a los niveles subnacionales de gobierno. En otras palabras se suprime tanto a las cabezas de la oposición local, así como se recorta a las autoridades locales de los recursos necesarios para hacer obras en los territorios donde han sido elegidos. 

La lógica detrás de esto radica en convertir a Morales en el gestor de desarrollo no solo nacional sino también local. Hacer que el presidente sea la persona que dirija la recepción, asignación y ejecución de proyectos en cada uno de los territorios del estado.  Se trata del despliegue del poder territorial del centro hacia las periferias, que consiste en hacer que el estado central llegue a los lugares más recóndidos del territorio boliviano con inversiones, asignaciones, ayuda y obras pero cuidando muy bien de que sea Evo el que lleve a cabo este proceso. Que el presidente se encuentre cada día en una de las poblaciones de Bolivia entregando obras es una muestra, responde a la necesidad de construir un poder nacional con Morales en el centro del mismo.

El mecanismo más notorio y efectivo es el programa “Evo cumple”, donde Morales aparece como el gobernante atento que recibe los proyectos e iniciativas de los alcaldes y dirigentes sindicales, evalúa la pertinencia de estos proyectos, decide la asignación de los recursos y, finalmente, es el que entrega las obras en medio de aplausos y olor a multitud.

La clave política de esto es que Morales aparece como el gobernante sensible a las iniciativas locales, quien con una alta eficiencia es capaz de solucionar las carencias y necesidades de las poblaciones en un tiempo record. Esta lógica estatal parece decir: si las gobernaciones son ineficientes y no pueden llevar a cabo obras, Morales y el poder central son rápidos y generosos; si las alcaldías no pueden sentir las necesidades de la población, Morales sí puede hacerlo dada su capacidad para saber lo que quiere el pueblo.

El pedido de Patzi en realidad busca que se lleve a cabo el pacto fiscal, algo que el ojo centralista del gobierno mira mal, porque sabe que ello implicaría reducir sus recursos. La demanda de Patzi de ser atendida haría que la gobernación de La paz suba de un presupuesto que ahora llega a los 300 millones de bolivianos a la cifra de 3.000 millones de bolivianos.  Mucho dinero que no cederá el gobierno al opositor Patzi salvo un ataque de locura.

Lo paradójico es que esta huelga es realizada por el gobernador de uno de los departamentos que más ha sido beneficiado por el centralismo gubernamental. Si existe una región que desde inicios del siglo XX ha concentrado poderes e inversiones en su región es el departamento de La Paz. Por tanto  no habría razón en la demanda de Patzi, puesto que La Paz más que otras regiones ha sido favorecida en su desarrollo, pero todo se explica cuando comprobamos que Patzi no tiene dinero para hacer obras y mejorar su popularidad, lo que lo obliga a buscar más recursos.

Por tanto la demanda de Patzi no tiene que ver tanto con el tema de la atención estatal sino con quien cosecha los aplausos que genera la realización de obras. En el fondo se trata de una vieja y nunca acabada disputa: la lucha entre el gobierno central y las regiones por el poder territorial. 

EL RETORNO DEL NACIONALISMO

El  nacionalismo ha vuelto al primer plano de los discursos políticos. Es una tendencia mundial que, como una sombra en el atardecer, se va extendiendo en varios países del mundo. No es que antes no se apelaría al nacionalismo – como referencia a las características supuestamente únicas y homogéneas de un país- sin embargo esto era atenuado por la referencia a la diversidad, a la tolerancia y a la posibilidad de construir políticas que hagan de la convivencia entre diferentes algo paralelo a la modernidad. Grandes pensadores como Jurgen Habermas o Will Kymlicka dedicaron sendos estudios a pensar su posibilidad: la acción comunicativa tanto como la apertura hacia políticas multiculturales se ofrecían como mecanismos para la edificación de estados democráticos.

Sin embargo esto puede ser solo una ilusión. En países como España, Francia, Alemania han ido apareciendo movimiento políticos nacionalistas cuyo principal argumento se resume en un pleonasmo simple pero muy efectivo: Francia para los franceses, España para los españoles y Alemania para los alemanes. Por ejemplo el líder ruso Vladimir Putin afirma que los extranjeros estarán bienvenidos a Rusia siempre y cuando se amolden a la vida y modo de ser de los rusos, lo que en otras palabras quiere decir son los considerados extranjeros (con toda la carga de subjetividad que eso representa) los que deben cambiar sus formas de vida y creencias bajo el riesgo de ser expulsados si no lo hacen. Esto en los hechos implica un conjunto de atentados a las minorías étnicas que implican su virtual desaparición o su reacción violenta.

En Europa el nacionalismo goza de muy buena salud, en Francia un partido como el Front National de Jean-Marie Le Pen ha logrado importantes avances y popularidad y, en gran Bretaña, partidos nacionalistas como UKIP de Nigel Farage que defienden el discurso de salir de la comunidad europea ha ganado presencia y extensión. El nacionalismo antes de atenuarse se ha fortalecido.

En los Estados Unidos la cosa no es distinta. El pasado viernes 21 de julio, ha sido entronizado como candidato del Partido Republicano el magnate neoyorquino Donald Trump, un empresario de bienes raíces, cuya propuesta  gira en construir un muro a lo largo de  la frontera con México y en expulsar a los musulmanes de su país. Donald Trump que al principio del proceso de selección postulante a la presidencia del partido republicano parecía un rubio payaso destinado a ser una anécdota más o menos olvidable, hoy ya como candidato oficial tiene la posibilidad de que ser presidente de una de las naciones con mayor influencia mundial y mejor equipadas militarmente, lo que lo hace doble o triplemente peligroso.

De manera general, tanto la migración, la crisis económica y el desempleo han sido los ingredientes de un cóctel explosivo que ha derivado en nacionalismo y xenofobia. A estos factores se suma otro que, por de pronto, no parece que tenga solución: el terrorismo. Hoy los países europeos pasan por un momento en que el temor a los ataques terroristas legitima los discursos nacionalistas y xenófobos que prometen seguridad a costa de la expulsión de los migrantes y construcción de barreras a su ingreso.

Empero estas no son soluciones, de hecho lo que hacen es agravar el problema, convertirlo en un círculo vicioso donde la represión y ataque al extranjero no hace otra cosa que generar adhesiones hacia los grupos radicales tanto de un bando como de otro. La sociedad se dirige hacia la configuración de guetos donde cada país fabrica comuniddes cerradas no solo ideológica y culturalmente sino también territorial y físicamente.  

Como siempre el discurso nacionalista da grandes réditos políticos y electorales. Detrás de todo político que canta fervorosamente un himno nacional y que dice defender la nación del extranjero está un personaje que busca aumentar su poder. Los nacionalismos no son nada inocentes, no solo son una defensa de una historia en común, de una veneración de héroes y de mitos, son también poderosos esquemas que legitiman discursos y reacciones excluyentes que al final son la base para la aparición de estados que recortan libertades y construyen muros.

SUCRE: ALCALDÍA EN MODO TERMINAL

La historiadora Marie-Danielle Demélas en su libro La Invención política dice que una de las máximas confucianas que aconseja  “que es conviene gobernar al pueblo como se fríe un pescadito evitando toda sacudida brusca que amenazara con echarlo a perder” fue dejada de lado en el siglo XVIII por el Estado español lo que al final devino en reacciones hostiles de los americanos, haciendo frágil el imperio y precaria su unidad.

Gobernar en democracia es establecer equilibrios políticos, tratando de conjugar los objetivos del Estado con las necesidades de la gente, atendiendo a las demandas particulares sin dejar de tomar en cuenta las necesidades de la mayoría de la población.  Cuando solo se cede a la presiones de los grupos sociales dejando de lado el interés general hay desgobierno y cuando no, demagogia; cuando solo se trata de establecer los objetivos de gestión sin tomar en cuenta la opinión de la gente imposición. La alcaldía de Sucre, desde hace varias gestiones atrás es muestra de lo primero: una entidad que no gobierna, que cede, que mira hacia otro lado,  dejando en el olvido no solo ya sus metas estratégicas, sino su sola obligación de hacer cumplir la ley: la presencia de una diversidad de comerciantes en el histórico parque Bolívar, las condiciones de insalubridad en la que se vende productos en varios mercados de la ciudad, la apropiación por empresas privadas de las plazuelas de la ciudad para hacer marketing, son solo algunos resultados de esta situación.

Empero,  el municipio por salir de esta ausencia de poder, corre el riesgo de caer en una falsa salida como es la  imposición de sus proyectos y, por esa vía, generar crisis social en la ciudad. El conflicto en torno a la construcción de la nueva terminal de buses es un ejemplo.  En primer lugar, el ejecutivo municipal supuso que tomando una decisión rápida y definitiva sobre el lugar de su emplazamiento también se acallaría la polémica y pugna que venían sosteniendo los distritos porque esta obra se haga en su propio distrito. Esto no dio resultado porque los habitantes del distrito 3, que es donde Arciénega prometió, firma mediante, que se haría la terminal, están organizados y nada dispuestos a aceptar que el alcalde incumpla su promesa. En segundo lugar, las razones técnicas que maneja el municipio para justificar la obra en el distrito 5 son confusas; por ejemplo el argumento de que los costos del transporte, para un viajero del centro de la ciudad son mucho más elevados si se va hasta la zona de Club de caza y pesca que hasta Lajastambo no son sólidas; no lo son porque los costos de transporte son relativos según dónde sea la residencia de las personas: para el pasajero que vive en centro es barato ir hasta el D-5, no así para alguien que vive en la avenida Juana Azurduy o en la zona del ex aeropuerto.

La reacción del distrito 3 y las acciones de fuerza que han asumido, con todo lo cuestionable que puedan ser, tienen que ver con  factores como percepción de autoritarismo, ausencia de información transparente e intereses creados, algo donde las acciones del ejecutivo municipal tiene su cuota de responsabilidad.

Para nadie es desconocido la urgencia de tener una nueva terminal de buses. La actual no solo que no puede ya contener toda la demanda de pasajeros sino que es peligrosa para el usuario. Las maletas son soltadas desde alturas siderales rozando las cabezas de los usuarios; el pasajero tiene que lidiar con humo, personas que corren y flotas que se mueven rozando al usuario. La situacion es tal que realmente es un milagro salir ileso de esta travesía. 

Por ello mismo, el gobierno municipal, es decir el alcalde, los profesionales que lo acompañan y sus concejales deben asumir que la radicalización de una política solo va a aumentar el conflicto. Lo de la terminal debe ser resuelto con profesionalismo, visión e imaginación política. Otras ciudades tienen esos mismos problemas y aún peores, sin embargo, ellos se pudieron resolver por que comprendieron que el gobierno en democracia es seducción no imposición.

¿QUÉ TANTO INFLUYÓ EL CASO ZAPATA EN LOS RESULTADOS DEL 21F?

El escándalo en torno a Gabriela Zapata y sus efectos en el voto del referendo del 21F ha dividido las aguas entre el oficialismo y la oposición, a tal punto que para los primeros el caso Zapata ha sido determinante en los resultados y para los segundos fue poco menos que irrelevante.  

Para el presidente Morales, por ejemplo, el caso Zapata fue montado por la oposición, una acción planificada, no solo por los políticos nativos sino también por las fuerza extranjeras que, ayudados por medios de comunicación y las redes sociales, se encargaron de hacer creer una mentira, (la paternidad de Morales, los vínculos del gobierno con las empresas chinas, por ejemplo) que, en su criterio, fueron determinantes en los resultados del referendo.

Para la oposición, el  factor Zapata no fue definitorio, solo fue uno más entre la constelación de elementos que confabularon contra Morales en el referendo, para esta visión los votantes votaron a favor del No porque consideraban que el gobierno del MAS, con su propuesta de reelección, estaba en un proceso de conversión a la dictadura, a la corrupción y a la ineficiencia estatal.

El problema con ambas interpretaciones es que están sesgadas en función de las estrategias de poder de los actores políticos, en ese sentido lo que está en juego no es la verdad en torno al caso Zapata y sus efectos políticos sino su articulación en torno a la lucha por el poder que se avecina en 2019. Morales apuesta por la explicación de que Zapata afectó a la votación porque eso le permite asumir que hasta el día en que se destapa que tuvo un hijo con Zapata su popularidad estaba intacta, que la honestidad del gobierno estaba fuera de duda  y que la gestión era de las mejores, lo que le permite abrir un argumento para la repetición del referendo, uno donde la gente no vote “engañada”, como argumenta el presidente sino solo en base a la verdad. Adicionalmente, esta interpretación  le permite al gobierno tener el pretexto perfecto para desplegar su proyecto de control de la sociedad civil a través de la promoción de cambios en la ley de imprenta; la descalificación publica de varios medios de comunicación, el abierto amedrentamiento de periodistas y, últimamente, el  control de las organizaciones no gubernamentales.

Por su parte, para la oposición el sostener que en la decisión del 21F no se debió a Zapata le permite continuar con su discurso de que lo que en realidad se jugó en el referendo fue la gestión de Morales y no los vínculos de Zapata con el presidente, gestión que tiene que ver con asuntos como la ausencia de licitaciones en las adjudicaciones de millonarios contratos con empresas chinas, la corrupción en el Fondo indígena y una gestión estatal cuestionable.

Las empresas de estudios de opinión pública también colaboraron a la confusión en torno al tema. Las encuestas presentadas por los periódicos son claramente contradictorias y no ayudan a tener una conclusión basada en lo que los cientistas sociales llaman “datos duros”. El día 14 de febrero, a pocos días del referendo, un matutino publicó una “encuesta flash” donde señala que el escándalo Zapata habría hecho cambiar notablemente la tendencia en el voto hacia el No a la modificación de la Constitución, tanto que le llevaría unos 14 puntos de diferencia al Si. En cambio, en la última encuesta, de 26 de junio pasado, este mismo periódico indica que el caso Zapata, para la gente, no fue un factor que definió su voto, contradiciendo completamente los datos generados en febrero.

Michel Foucault decía que detrás del saber está una estrategia de poder, detrás de cada verdad sancionada por el poder está una estrategia para controlar, aplastar y sojuzgar. En los últimos meses el caso Zapata ha copado la agenda del gobierno que ha hecho todo lo posible por sostener que el escándalo fue orquestado para dañar la imagen presidencial y por esa vía detener el proceso de cambio. Las acciones sucesivas que intentan controlar la sociedad por el estado, son su lamentable consecuencia. 

GESTIÓN DE CONFLICTOS

La última semana no ha sido de las mejores para el gobierno y tiene razones para preocuparse: por una parte dos encuestas han señalado una tendencia a la baja en la popularidad de Morales y, por otra, la Central Obrera Boliviana se ha mostrado firme en su decisión de no aceptar el despido de 800 trabajadores de la empresa estatal Enatex. La primera es una señal de que el referendo no era el punto de llegada sino más bien el punto de inicio de algo que puede todavía ser peor en la popularidad del gobierno y, la segunda, es el dato de que el mecanismo de cooptación de los movimientos sociales tiene un límite, de que las dirigencias pueden ser obligadas a luchar cuando las bases ven que sus derechos son conculcados.  

La estrategia desplegada por Morales para enfrentar los conflictos son simples: dejar que el tiempo desgaste la movilización. Como el gobierno no puede dar respuestas que mínimamente puedan convencer a los sectores en protesta, apela a que ellas desaparezcan por efecto del cansancio, cosa que a veces termina por suceder: los movilizados, ya agotados de la ausencia de respuesta, lo que hacen es recoger sus cosas e irse a la espera de mejores tiempos. Sucedió con la huelga del Comité cívico potosinista en 2010 y 2015,  así acontece con los discapacitados que ya pasaron los 100 días de vigilia, también con los obreros de Enatex  y está en vías de ser así con la huelga de la COB que ya amenaza con la indefinida. Morales y sus ministros parecieran decir: “no interesa la cantidad de protestas que hagan, la respuesta siempre será la misma: No”.

Desde cierto punto de vista, esta lógica puede ser la de un gobierno fuerte que impone sus criterios a pesar de las presiones, pero también lo es de una gestión que carece de método para procesar las demandas y el conflicto. Para hacerlo necesita algo básico que no tiene: burocracia estatal capaz de convertir las demandas en políticas públicas. Por ello en el caso de Enatex: no se busca salidas empresariales o económicas(vrg. nuevos mercados en Europa o Estados Unidos), se hace lo fácil: despedir obreros como una buena solución para el Estado pero no para los 800 trabajadores y sus familias.

Ante esta carencia se presenta en el gobierno una cosa interesante, como no puede convertir las demandas en políticas públicas las convierte en oportunidades para acrecentar su poder sobre la sociedad, las usa como pretextos para intentar ampliar su dominio sobre la política y la sociedad. Veamos: el caso Zapata no sirvió para transparentar la licitación de obras públicas sino para que el gobierno intentara ampliar sus mecanismos de control sobre la sociedad civil y, en el caso de las demandas por más y mejor justicia no se buscó dar solución a la ausencia de idoneidad de los jueces, la independencia política y la carencia de recursos sino que se planteó la puesta en vigencia de la cadena perpetua que es una elegante manera de dejar las cosas como están sin tocar el problema de fondo que es la independencia de poderes.

El gobierno, como dijimos, está atravesando un problema de baja en su popularidad que puede ser todavía más notoria si continua pensando que detrás de cada conflicto no está la sociedad, ansiosa de soluciones, sino solo la oposición deseosa de poder.