El
MAS a lo largo de los últimos años impuso un credo, una máxima que consiste en
que los culpables de todas las calamidades que le ocurren al país y al propio
gobierno son los otros, los opositores, el imperialismo, nunca ellos. Eso, se
diría, no es una novedad, a su modo Paz Estenssoro, Banzer y Sánchez de Lozada tuvieron como base de su razonamiento la
lógica de amigo - enemigo. Evo no fue distinto. Para lograr ser el líder que es,
Morales no vaciló en identificar al MNR, MIR y ADN como la encarnación de la
antipatria; a los opositores de la media luna como separatistas y a la embajada norteamericana
como los organizadores de los planes conspirativos.
Pero, desde el pasado referendo del 21 de febrero esta lógica ha tenido un curioso giro: para
el MAS los opositores no están solo en la clase política, están en la sociedad; los enemigos no son políticos que dan discursos en las calles, sino personas
que teclean un ordenador; no son los que diseñan una propuesta política, son
los que elaboran memes; y no son los candidatos a elecciones sino los comunicadores
sociales. ¿Ejemplos? : Evo Morales un día después del referendo del 21F dijo
que “Las redes sociales, con las mentiras,
hicieron daño. Estamos convencidos de eso”, y el Vicepresidente en clave
sociológica dijo que las redes sociales de internet generaban efecto “simbólico,
de caos de verdad, cada persona es una verdad”. Por su parte el ministro JR. Quintana, en su larga alocución en el
Legislativo, señaló que los medios de comunicación son los verdaderos opositores,
de que existe un cártel de la mentira compuesto por periódicos, radios y periodistas.
Quizá
este proceso que ahora lo vemos con mayor claridad no sea más que el corolario
de un proyecto de construcción estatal que se inicia con Morales como
presidente. Se trata, en efecto, de un retorno del estado pero no solo en la
economía a través de la nacionalización, sino en la sociedad.
Tres
son los espacios de la sociedad que el Estado trata de controlar: las
organizaciones sociales, la prensa y las redes sociales.
Respecto
de las organizaciones sociales, forma de dominio ha sido colocar a los dirigentes en altos cargos
del gobierno, en una relación no exenta de prebendalismo; en cambio los sindicatos que no comulgan con el gobierno son debilitadas y anuladas por
el gobierno. En el primer grupo está la COB, las federaciones de cocaleros y
las federaciones de campesinos y pueblos originarios y en el segundo grupo las
organizaciones indígenas de tierras bajas y los movimientos cívicos.
En
lo que se refiere a la prensa, el proceso de control ha consistido, por una
parte, en crear medios de comunicación oficialistas y progubernamentales a los
cuales se financia generosamente con recursos del Estado y, por otra, ahogar a
los medios críticos e independientes por medio del cierre de la publicidad
estatal.
El
caso Zapata les ha dado mayores argumentos para controlar la sociedad: la
denuncia no la hace un partido político o líder opositor, sino un comunicador
social; no se expande y difumina en los pasillos del poder legislativo sino en
las redes sociales y en los medios de comunicación; y no se resuelve aclarando
el caso de fondo, del caso Zapata, que es el tráfico de influencias sino por
medio de una juez de afirma que no hay pruebas de la existencia del hijo del
presidente con Zapata.
Empero,
la sociedad no ha cesado de expresarse y de reclamar, si ella no ha tenido
cabida en la prensa ha encontrado en las redes sociales el canal
ideal para opinar; si bien la prensa ha sido debilitada ella no ha dejado de poner en evidencia la corrupción en el gobierno y ser
crítico con sus acciones; si algunas organizaciones de la sociedad civil han
sido anuladas, algunos de ellos, como el comité cívico de Potosí ha dado
batalla y plantea resistencia al poder.
Ante
esto, el gobierno no ha tenido mejor idea que crear esquemas legales para
controlar a la sociedad que resiste y reclama. Se ha señalado
desde el poder ejecutivo que se prepara un proyecto de ley para reformar el
código de imprenta y una ley para regular las redes sociales, dos instancias
desde la que el poder ejecutivo cree se hace oposición. El gobierno desde 2006 trató
de estatizar la economía hoy trata de hacerlo con la sociedad.
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