Uno de los temas que sin duda marcará el debate político es el relativo al régimen autonómico, inicialmente colocado como parte del debate político por el movimiento cívico cruceño y luego, retomado por las organizaciones sociales afines al partido en el gobierno y propuesto como autonomías indígenas. En este breve artículo trataremos de comparar sus concepciones filosóficas relativas al estado, para vislumbrar sus posibilidades de (des)encuentro, mas sin analizar sus diseños concretos de autonomía.
En rigor ambas propuestas comprueban la existencia de una crisis estatal. Se parte del criterio de que entre sociedad y Estado existe una serie de fracturas y distanciamientos que limitan el margen de acción estatal, cuya expresión más visible son las recurrentes crisis de gobernabilidad. Sin embargo, lo que las distancia es la base filosófica y política que caracteriza las causas de esta crisis.
El discurso autonómico cruceño, sostiene que el Estado boliviano ha actuado a espaldas y a veces en contra de las regiones, las mismas que han tenido que luchar contra éste para lograr su desarrollo. Ponen como ejemplo los desastres que provocó en la economía regional cruceña la política de librecambio ejecutada por los gobiernos liberales entre 1900 y 1920 y también la lucha cruceña por las regalías hidrocarburíferas. En este sentido, el desarrollo cruceño se habría dado al margen e incluso, a pesar, del Estado denominado centralista. Naturalmente, esta postura no toma en cuenta lo beneficioso que fue para la economía de Santa Cruz, la política agrarista de la revolución nacional de 1952, que en los hechos significó un trasvase de las rentas mineras a la expansión del crecimiento de la frontera agrícola cruceña (Rojas 2005).
Por tanto, la crítica cívica cruceña al Estado boliviano tiene relación, sobre todo, con la relación de poderes entre un aparato estatal central que se lo califica de “secante y burocrático” y una región que tiene relativo poder político en relación a su poder económico. En este sentido el Estado boliviano actuaría como un factor que confisca los recursos regionales cruceños e impone políticas que no tienen que ver con el imaginario y lógica “camba”, distinta de la “colla”.
En suma no hay una crítica a las bases mismas de la formación Estatal actual, sino a su forma administrativa que, siendo centralista, es lenta en sus procesos, homogeneizadora en sus políticas, confiscadora de los recursos departamentales y poco democrática en su toma de decisiones (Urenda 2005).
Por su parte, la propuesta de autonomías indígenas, sostiene que la actual construcción estatal es negadora no solo de la diversidad étnica y abigarramiento social de nuestro país, sino de la mayoría indígena existente en nuestro país (Tapia 2002). Por tanto, hay un Estado monocultural y monoétnico que al no incluir a la lógica económica, cultural y política de los pueblos indígenas, -que el Censo de 2001 afirma son mayoritarios- es un Estado que no puede constituir nación como espacio simbólico y fáctico de una “comunidad imaginada” (Anderson).
Un elemento importante a tener en cuenta en esta postura, es la naturaleza del reconocimiento estatal de la diversidad ya que, lejos de las posturas multiculturalistas donde la inclusión de lo étnico se da a partir de la matriz estatal liberal, ampliando los márgenes de ciudadanía sin afectar notablemente la estructura del Estado, los que defienden esta posición, postulan que no solo se debe dar una inclusión formal de la diversidad, -por ejemplo a través de derechos políticos especiales a los indígenas- sino que el propio Estado debe sufrir una transformación, haciendo que la lógica económica y política indígena tenga igual capacidad de efecto estatal o igual poder fáctico, desorganizando las estructuras actuales de dominación (Tapia 2002; García 2005).
En suma, la concepción de Estado presentes en las propuestas autonómicas señaladas, probablemente expresan los debates actuales entre dos posiciones filosóficas: la liberal basada en la concepción de un Estado que tiene como sujeto al individuo y una concepción indigenista cuyo sujeto es la comunidad.
Sucre, 6 de octubre de 2007
[1] Politólogo y docente de la U.S.F.X.CH.
En rigor ambas propuestas comprueban la existencia de una crisis estatal. Se parte del criterio de que entre sociedad y Estado existe una serie de fracturas y distanciamientos que limitan el margen de acción estatal, cuya expresión más visible son las recurrentes crisis de gobernabilidad. Sin embargo, lo que las distancia es la base filosófica y política que caracteriza las causas de esta crisis.
El discurso autonómico cruceño, sostiene que el Estado boliviano ha actuado a espaldas y a veces en contra de las regiones, las mismas que han tenido que luchar contra éste para lograr su desarrollo. Ponen como ejemplo los desastres que provocó en la economía regional cruceña la política de librecambio ejecutada por los gobiernos liberales entre 1900 y 1920 y también la lucha cruceña por las regalías hidrocarburíferas. En este sentido, el desarrollo cruceño se habría dado al margen e incluso, a pesar, del Estado denominado centralista. Naturalmente, esta postura no toma en cuenta lo beneficioso que fue para la economía de Santa Cruz, la política agrarista de la revolución nacional de 1952, que en los hechos significó un trasvase de las rentas mineras a la expansión del crecimiento de la frontera agrícola cruceña (Rojas 2005).
Por tanto, la crítica cívica cruceña al Estado boliviano tiene relación, sobre todo, con la relación de poderes entre un aparato estatal central que se lo califica de “secante y burocrático” y una región que tiene relativo poder político en relación a su poder económico. En este sentido el Estado boliviano actuaría como un factor que confisca los recursos regionales cruceños e impone políticas que no tienen que ver con el imaginario y lógica “camba”, distinta de la “colla”.
En suma no hay una crítica a las bases mismas de la formación Estatal actual, sino a su forma administrativa que, siendo centralista, es lenta en sus procesos, homogeneizadora en sus políticas, confiscadora de los recursos departamentales y poco democrática en su toma de decisiones (Urenda 2005).
Por su parte, la propuesta de autonomías indígenas, sostiene que la actual construcción estatal es negadora no solo de la diversidad étnica y abigarramiento social de nuestro país, sino de la mayoría indígena existente en nuestro país (Tapia 2002). Por tanto, hay un Estado monocultural y monoétnico que al no incluir a la lógica económica, cultural y política de los pueblos indígenas, -que el Censo de 2001 afirma son mayoritarios- es un Estado que no puede constituir nación como espacio simbólico y fáctico de una “comunidad imaginada” (Anderson).
Un elemento importante a tener en cuenta en esta postura, es la naturaleza del reconocimiento estatal de la diversidad ya que, lejos de las posturas multiculturalistas donde la inclusión de lo étnico se da a partir de la matriz estatal liberal, ampliando los márgenes de ciudadanía sin afectar notablemente la estructura del Estado, los que defienden esta posición, postulan que no solo se debe dar una inclusión formal de la diversidad, -por ejemplo a través de derechos políticos especiales a los indígenas- sino que el propio Estado debe sufrir una transformación, haciendo que la lógica económica y política indígena tenga igual capacidad de efecto estatal o igual poder fáctico, desorganizando las estructuras actuales de dominación (Tapia 2002; García 2005).
En suma, la concepción de Estado presentes en las propuestas autonómicas señaladas, probablemente expresan los debates actuales entre dos posiciones filosóficas: la liberal basada en la concepción de un Estado que tiene como sujeto al individuo y una concepción indigenista cuyo sujeto es la comunidad.
Sucre, 6 de octubre de 2007
[1] Politólogo y docente de la U.S.F.X.CH.
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