LAS CALLES ESPACIO DE DISPUTA POLITICA

Hubo un tiempo en que las calles, los caminos y las plazas estaban por completo dominadas por el MAS. Desde esos espacios, “no convencionales de la política”, este partido configuró su propuesta política y su camino al poder gubernamental que se consolidó en 2006.  Por ello, desde que Morales se sentó en la silla presidencial, desde el preciso instante en que juró como mandatario, estuvo convencido que para mantenerse en el poder era necesario ganar en las urnas, tanto como vencer en las calles.

            Urnas y calles son una dupla que coexiste con la democracia, son sus dos fuentes de legitimidad, son dos espacios donde se expresa la ciudadanía y que no pueden existir una sin la otra. El MAS siempre jugó en ambas bandas: cuando se produjo la crisis de 2003, estuvo de lado de los movimientos sociales alentando la presión hasta forzar la renuncia de Sánchez de Lozada; y cuando hubieron elecciones en 2005, logró que el contrapoder ciudadano que se había gestado desde inicios del siglo XXI, lo apoyara y lo llevara al poder.

Con el pasar del tiempo y bajo el influjo de sus fulgurantes victorias en las elecciones presidenciales y la larga permanencia en el poder, el MAS cayó en la equivocación de creer que las organizaciones que los respaldaban eran, en si mismas, la sociedad civil, toda la ciudadanía. No cayó en cuenta que, a medida que pasaban los años, hubieron cambios en la sociedad producto del crecimiento de la urbes y de la clase media que, por fuerza, hicieron nacer nuevas demandas, nuevos actores e  identidades, mismas que no se alineaban en las “clásicas” organizaciones sociales adictas al MAS.

Hoy, de alguna manera, el MAS está pagando el costo de este error. Aupado por las organizaciones sociales se embarcó a un referendo, el famoso del 21 de febrero de 2016, del que salió derrotado y, respaldado por esas mismas entidades, se lanzó a presionar al tribunal constitucional que, finalmente, aprobó la reelección indefinida pero al costo de dañar severamente su legitimidad.  Estos errores solo consiguieron que las diversas organizaciones contrarias al MAS, que se habían ido incubado a todo lo largo de la década, se unan en torno a una demanda de alta agregación como es el No a la repostulación.

Hoy Morales ya no tiene claro su dominio ni en las urnas ni en las calles y va cediendo terreno en la movilización urbana donde otrora reinaba sin contendor serio. Ha surgido un contrapoder ciudadano que logró una notable victoria obligando al gobierno a someterse a la humillación de derogar una ley, la del código penal, ya aprobada por el parlamento y refrendada por el poder y, ahora, busca bloquear una determinación del Tribunal constitucional que habilita a Evo como candidato para las elecciones de 2019.

Las calles ha vuelto a ser el escenario de la lucha política, corresponde al gobierno, por su propio bien, dejar de oír a los aduladores y prestar atención a los críticos. 

SIN INICIATIVA POLÍTICA

El gobierno ha resuelto dejar de lado la iniciativa política y repetirse a sí mismo. Dueño absoluto de la verdad, no ha podido siquiera evaluar bien el conflicto por el código penal y ha continuado su gestión como si nada hubiera pasado, como si el problema no hubiera desnudado las carencias profesionales de sus ministros, la falta de coordinación entre el poder ejecutivo y legislativo, la ausencia de una estrategia de administración del conflicto, amén de una falta de capacidad de comunicación de su ministra y del propio Morales. Como si lo ocurrido no hubiera sido una verdadera tormenta en la gestión del gobierno, una derrota donde un grupo con poca experiencia de movilización como los médicos pudo vetar una ley ya sancionada por el poder ejecutivo, el gobierno continúa con su lógica de ningunear y desconocer el contrapoder ciudadano cada vez más organizado y fortalecido.  

En enero de 2018, cuando la ciudadanía y los movimientos sociales afines al gobierno esperaban una remoción casi total del gabinete (que también debería llegar a la directiva de la cámara de diputados y senadores), Morales decidió por mantener las cosas como están, por premiar a su ministros con su ratificación y solo cambiar a dos de ellos que, por razones de salud, habían pedido su sustitución. Por su parte, cuando el conflicto médico abrió una amplia expectativa sobre el destino de la salud pública en nuestro país, el gobierno no mostró ninguna iniciativa que haga pensar que existe una policía de salud diseñada desde el gobierno para ser discutida por sus actores y, cuando la abrogación de nuevo código abría las posibilidades para que el gobierno ponga en juego alguna propuesta de reforma de la justicia, no se ve ninguna iniciativa de parte del poder ejecutivo, salvo el anuncio de una cumbre cada vez más lejana y olvidada.  

A cambio, el gobierno da señales propuesta pero en ámbitos que, paradójicamente refuerzan y expresan sus limitaciones y falta de profundidad en el diagnóstico de la última crisis política. Como cree que los opositores hace política detrás de las computadoras, anuncia un control de la redes sociales, además de una “guerra digital” donde los movimientos sociales dejan las calles para convertirse en trolls plurinacionales o en  emoticonos azules; como cree que la oposición surge desde los niveles de gobierno subnacional, apoya iniciativas de referendo revocatorio contra  varios alcaldes (Revilla es el más notorio) y, como está persuadido que la oposición ha contaminado las organizaciones sociales (eso que los leninista conocen como “entrismo”), apoya su debilitamiento o su división como es el caso de la Central Obrera Boliviana.

Hubo un tiempo en que el gobierno tenía iniciativa política, un tiempo luminoso en que el MAS marcaba horizonte político, hoy ha perdido ese rol. Una vez cumplidos los grandes puntos de la agenda política de 2003 que contenía nacionalización de los recursos naturales, inclusión de la diversidad y asamblea constituyente, el poder carece de propuestas que no sean la autoalabanza y la repetición de sí mismo. 

EXAMEN DE INGRESO A USFX Y LA REALIDAD EDUCATIVA EN CHUQUISACA

Probablemente sin quererlo, el último examen de ingreso a la Universidad San Francisco Xavier, desnudó la dramática realidad por la que pasa la educación secundaria en nuestro departamento, puesto que mostró las profundas diferencias entre la educación privada y fiscal. Según los datos brindados por la Dirección de tecnologías de información de la USFX, los jóvenes que egresan de una unidad educativa privada tienen muchas mayores posibilidades de ser admitidos en la universidad que los que salen de un colegio fiscal. Por ejemplo, de 75 postulantes del colegio privado Sagrado Corazón ingresaron 61 bachilleres, lo que  marca un 81,33% de éxito en el examen; en cambio, en el caso del colegio fiscal Cardenal Maurer, de 65 postulantes solo pasaron la prueba 15, es decir un nivel de éxito del 23.08%. Esta situación es todavía más grave en los colegios del área rural como Eduardo Sempértegui de Zudáñez que, de 11 postulantes, ninguno logró salir airoso en la prueba académica.

Con todo lo preocupante que puedan ser estos datos, en realidad no son sorprendentes, en una investigación que publicamos en junio de 2012 ya se mostraban estos mismos datos. En ese estudio postulamos que, dadas las grandes diferencias en la calidad educativa entre los colegios fiscales y particulares, lo que hacía la USFX con el examen de ingreso, era reproducir inequidades, puesto que abría las puertas de la Universidad a los estudiantes de mejores ingresos y cerraba a los más pobres.

¿Qué se debe hacer ante esto? ¿Cuáles son los caminos para dar remediar esta situación? No se trata, ciertamente, de suprimir el examen de ingreso a la USFX, puesto que la universidad necesita contar con los jóvenes más cualificados para enfrentar un proceso de profesionalización, pero tampoco, a nombre de la "calidad" se puede dejar a miles de jóvenes al margen de la posibilidad de profesionalizarse.

En primer lugar, la Universidad  a partir de su cuerpo docente debe investigar en torno al problema, detectar cuáles son los factores que yacen detrás de la mala formación de los estudiantes. Está claro que esta agenda de investigación debe ir más allá de las explicaciones convencionales, que culpan de todo a la supuesta flojera de los jóvenes o a la despreocupación de los padres. Se necesitan investigaciones que indaguen de manera profunda el fenómeno y den pautas para la elaboración de políticas públicas.

El segundo aspecto tiene que ver con la oferta de carreras en USFX. Es ciertamente escandaloso que en un país pobre como el nuestro, donde la gente tiene poco tiempo y recursos para emprender una carrera a nivel de licenciatura, USFX tenga tan poca oferta de carreras a nivel de técnico superior. Por ejemplo, para el año 2016 la matrícula en USFX solo tenía un 15% de jóvenes estudiando carreras de técnico superior.

La pobreza no es culpa de la gente, es un efecto de un sistema educativo que con su inacción y ceguera los condena a la pobreza.  USFX debe cambiar sus patrones de pensamiento, dejar los conceptos viejos y enfrentar los desafíos de la modernidad.

CONTRAPODER CIUDADANO

Bolivia es un país donde nunca la fuente de legitimidad política se ha basado solo en el acto electoral. Todos los gobiernos, desde la recuperación de la democracia en 1982, han estado supervisados por movimientos ciudadanos que pudieron censurar y, en su caso, vetar decisiones que consideraban atentatorias al interés colectivo. Es decir, para tener gobernabilidad era necesario no solo el respaldo de las urnas sino también salir airosos de la vigilancia de los grupos de la sociedad que continuamente evaluaban la gestión y las políticas emanadas desde el poder ejecutivo. Si las elecciones se realizaban cada cuatro o cinco años, la vigilancia y el control ciudadano era cotidiana, lo que a veces llevaba a serios problemas de gobernabilidad puesto que la acción ciudadana, a veces lograba limitar el poder gubernamental y, en algunos casos, incluso, reducir el mandato.  A esto Isidoro Cheresky llama “democracia continua” donde el poder ejecutivo, permanentemente debe revalidar su legitimidad a la luz del veredicto ciudadano.

Cuando Morales llega a la presidencia en 2006, lo hace montado sobre ambas fuentes de legitimidad política -dicho esquemáticamente las urnas y las calles-, lo que configuró, en una primera etapa, un gobierno de amplio consenso al frente de una débil oposición. En estas condiciones, el MAS desplegó un proyecto estatal que amplió las capacidades de intervención del Estado en la sociedad, la economía y la política.  Si en el aspecto económico la política del MAS consistió en la nacionalización de los hidrocarburos, en el plano político esto supuso la puesta en marcha de un estado que busco recentralizar buena parte de los recursos económicos de los gobiernos subnacionales (gobernaciones y alcaldías); el control, anulación y cooptación de los liderazgos políticos locales que habían emergido junto a la participación popular y, la construcción de la figura de Morales como el gran constructor de desarrollo y modernidad en el territorio a través, entre otros, del programa Evo Cumple.  Al mismo tiempo, se procedió a un control de las organizaciones sociales con el establecimiento de pactos clientelares con la cúpula dirigencial de los movimientos sociales, junto al anulación de Organizaciones no Gubernamentales críticas al gobierno, la ocupación de gran parte del espacio mediático con la compra de medios de comunicación y el control a la prensa por medio de publicidad estatal.

Con todo, la ciudadanía nunca dejo de hacer uso de su autonomía y poder de vigilancia. Pese a la política de control del poder ejecutivo sobre  los gobiernos subnacionales, varios territorios continuaron votando por candidaturas de la oposición (alcaldía de El Alto y Cochabamba, Gobernación de La Paz) y, pese al dominio sobre las organizaciones sociales e indígenas, cuando ellas vieron afectados sus intereses hicieron uso de su poder de veto haciendo retroceder al gobierno en su política (gasolinazo, TIPNIS). Por su parte, a través de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la realidad económica y social, se denunciaron la ineficiencia del manejo de la economía, el manejo corrupto y dispendioso de los recursos del estado y la deriva autoritaria del gobierno; críticas que, además, fueron exponencialmente difundidas a través de las redes sociales de internet. En otras palabras, al frente del poder gubernamental existe una sociedad que no razona como militante sino como ciudadano, no desde la ideología sino desde sus derechos.

Este proceso de emergencia de acciones colectivas destinadas a vigilar y controlar las políticas gubernamentales, lo que Rosanvallon llama contrapoder, terminó por armar un extenso y multiforme abanico de oposición ciudadana que esperaba un canal y un motivo para ejercer su poder de veto al MAS y a Morales. El MAS con su lógica confrontacional y autoritaria, con su persistencia de instrumentalizar el poder judicial a su favor, había dañado severamente su legitimidad y abierto una posibilidad política para que el contrapoder ciudadano se manifieste.

En este contexto se dio la huelga médica, inicialmente contra dos artículos de la ley de Codígo del sistema penal (CSP) que terminó mostrando su debilidad. El gobierno, creyendo que su consenso político estaba intacto, de la mano del vicepresidente García, procedió a promulgar la nueva ley del CSP asegurando que la discusión había terminado. Empero, los médicos no dieron marcha atrás, de alguna manera percibieron la pérdida de legitimidad del gobierno y la convirtieron en oportunidad política. Superando las fiestas de fin de año, los médicos ya con varios apoyos a su causa, en enero, pasaron a la ofensiva y pudieron reunirse con los personeros del gobierno sin levantar las medidas de presión, que era la exigencia del ejecutivo. Esta debilidad fue percibida por otros sectores que también se sumaron a la lucha médica aunque ampliando la demanda a una abrogación total del flamante código penal. Ante esto el gobierno hizo maniobras para que el triunfo del contrapoder ciudadano no se consumara, empero, sin éxito: ensayó una salida despótica anunciando la aplicación de la ley y las atribuciones constitucionales del Presidente (que fue percibida por la gente como un anuncio de estado de sitio); para casi inmediatamente derogar un par de artículos del CSP; después postergó la aplicación del Código por un año y, cuando vio que ninguna de estas iniciativas daba resultado, Morales instruyó a la Asamblea la abrogación de la ley, con lo que se dio fin al conflicto.

Aunque la capacidad de veto de la ciudadanía no es una novedad en la sociedad boliviana conviene señalar algunos aspectos particulares a la luz del último conflicto. En primer lugar, existe una ampliación del espacio de disputa ciudadano puesto que el actor involucrado no pertenece a los indígenas (TIPNIS) o a los sectores populares (gasolinazo), sino a la clase media (médicos). En segundo lugar, se trata de un movimiento que demuestra el poder de las redes sociales que amplifican y fortalecen la capacidad de crítica y vigilancia del poder y, finalmente, muestra la emergencia, en las urbes, de una ciudadanía activa con capacidad de movilización pero todavía con pocas posibilidades de aglutinamiento y de propuesta política.  Hoy Bolivia carece de oposición partidaria, pero tiene un fortalecido contrapoder ciudadano.