El pasado miércoles 3 de febrero, de la mano de Carlos
Valverde, el proceso electoral en torno al referendo constitucional dio un
vuelco sorpresivo. Hasta esa fecha la campaña de la oposición que se había sostenido
básicamente en torno a las denuncias de corrupción en el Fondo Indígena daba
señales de agotamiento. El gobierno, a través de presentaciones del Presidente
y Vicepresidente en los medios de comunicación que incluían entrevistas y
discursos en las inauguraciones de obras, logró recuperar presencia en la
opinión pública y quizá revertir la tendencia creciente del No. La estrategia desplegada
era colocar a Evo y Álvaro como si fueran candidatos, como si en el referendo
del 21F no se jugara (solo) un cambio en la Constitución sino la permanencia de
ellos en el poder, algo de vida o muerte para el proceso político iniciado por
Morales en 2006.
Era claro que esta
estrategia estaba basada en el supuesto de que la popularidad de Evo demostrada
en varias elecciones presidenciales se repetiría en las urnas, de que Evo lograría
el 21 F lo que no habían podido conseguir los candidatos del MAS a gobernadores
y alcaldes en las elecciones subnacionales de 2014: ganar por un margen superior
al 65%.
Empero, esta estrategia centrada exclusivamente en
Morales tenía sus riesgos. Se exponía no solo al “candidato” Evo sino al
presidente Morales a un proceso donde sería el blanco de todas las críticas y cuestionamientos
de una oposición que, de ninguna manera, se iba a quedar de brazos cruzados ante la posibilidad de que sus oportunidades
políticas quedaran postergadas hasta el 2025 con Evo como candidato en 2019.
En esa medida la oposición desplegó su estrategia
basada en uno de los flancos más débiles de la gestión de Morales como es la
corrupción. La oposición colocó durante varias semanas en la opinión pública el
tema de la corrupción en el Fondo Indígena Originario y Campesino (FONDIOC) tratando
permanentemente de mostrar que este hecho anómalo era producto de la
concentración del poder en la figura de Morales y de la ausencia de
independencia de las instancias de control de los recursos públicos, ambos
rasgos de la gestión masista.
Ante esto el gobierno asumió una actitud aunque
dubitativa probablemente efectiva para rechazar las acusaciones de corrupción.
Puso tras las rejas a varios importantes dirigentes indígenas ligados al
Fondioc (algunos de ellos de la oposición) empero sin asumir similar
determinación con Nemesia Achacollo, quien fue ministra de Desarrollo Rural y
tierras justo en el periodo en que se desplegaba una amplia red de corrupción
en esta institución. A esto se sumó un discurso gubernamental que minimizaba el monto de dinero robado al
compararlo con el de las gestione que el MAS califica como neoliberales.
Una de las claves en la política y en el ajedrez
consiste en sacrificar a todos los peones y alfiles para salvar al rey. Esto es
lo que hizo el MAS y lo estaba haciendo bien. Al encarcelar a varios dirigentes
implicados en los malos manejos en el Fondioc mostraba que se asumía de alguna
manera voluntad para castigar con los autores. Hasta ese momento se habían dado
las denuncias, pero ellas no llegaban a la cabeza, no salpicaban a la principal
figura del ejecutivo, el presidente Evo Morales.
Empero el miércoles 3 de febrero una denuncia del
periodista Carlos Valverde dio un nuevo
cariz a la política y de golpe puso en el centro de la polémica a Morales. En
su programa Todo por hoy, este
comunicador denunció tráfico de influencias entre la empresa china cuya sigla
es CAMC y el gobierno a través de Gabriela
Zapata, ex pareja sentimental de Morales y madre de uno de sus hijos. Según los
datos que luego fueron aportando varios periódicos entre el gobierno y la
empresa CAMC se habrían firmado varios contratos que llegan a los 500 millones
de dólares, una empresa donde Gabriela Zapata trabaja como representante legal.
Lo que llama la atención es que esta denuncia, más que
otras ha tocado al presidente, lo ha vinculado un caso de supuesta corrupción. Como era previsible se ha desplegado una
estrategia desde el gobierno que busca por todos los medios hacer que Evo no
sea el blanco de las acusaciones, ella consiste en aceptar que hubo la relación
pero en precisar que esa relación se diluyó en 2007, es decir antes de que
Zapata con 26 años de edad asumiera una importante responsabilidad en la conducción
de los negocios que tiene en nuestro país la segunda mayor empresa estatal de
China.
Más allá de las derivas electorales que puedan tender
estas acusaciones de corrupción con olor a culebrón de telenovela venezolana,
lo cierto es que esto ha desgastado la imagen del presidente y ha dañado su
capital simbólico que tantos frutos electorales le dio en el pasado. El 21 de
febrero sabremos hasta qué punto este escándalo ha tenido efectos electorales.
En todo caso sea cual fuere el resultado, no se debe olvidar que el presidente
todavía tiene largos cuatro años de gestión, años donde la crisis económica
hará que la corrupción como nunca estará en el primer plano de la política.
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