BOLIVIA: GOBERNAR A TRES BANDAS

Una vez disipada la crisis política provocada por el Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, es posible trazar con alguna nitidez el perfil y el estilo de gestión que marcarán los cinco años del gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En primer lugar, nos encontramos ante un gobierno que no logrará implementar las transformaciones estructurales anunciadas en la campaña electoral (capitalismo para todos y Estado tranca). Aunque las fuerzas de derecha que respaldaron a la dupla Paz-Lara aguardaban con expectativa un giro de nuestro país hacia una economía de libre mercado —orientada a fomentar la inversión extranjera y las exportaciones—, el prometido viraje "a la Milei" de la economía no se ha materializado. Si bien en el espíritu original del Decreto Supremo (DS) 5503 se percibían ciertos indicios de apertura a la inversión extranjera y de mayor facilidad para la explotación de los recursos naturales, la realidad ha sido distinta.

En segundo lugar, desde la perspectiva política, la administración de Paz mantiene la lógica de las mediaciones directas entre Estado y sociedad civil, prescindiendo del papel institucional de los partidos políticos. Se pensó que, con la llegada de Paz, este esquema de relación corporativista quedaría en el pasado, que el gobierno se apoyaría más en los partidos políticos y menos en las organizaciones corporativas; sin embargo, los hechos demostraron lo contrario: el gobierno no buscó consensos en el Poder Legislativo ni acuerdo con las siglas partidarias, sino que apostó por viabilizar el decreto 5503 a través de los movimientos sociales aglutinados, por ahora, en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).

No obstante, calificar la gestión de Paz como articulada a los movimientos sociales sería un error o, al menos, una exageración. El gobierno de Paz desde un primer momento se mostró como aliado de las élites empresariales, con parte de las cuales cogobierna. No se debe olvidar que, a un mes de su posesión, Paz promulgó decretos que anularon el Impuesto a las Grandes Fortunas y facilitaron la exportación de carne, gestos de clara sintonía con el sector agroindustrial del Oriente.

Se trata de una apuesta de alto riesgo que refleja una debilidad estructural: la nueva coalición empresarial que apoya a Paz no posee la fuerza suficiente para derrotar a la facción nacida bajo el ala del MAS. Lo que veremos a partir de hoy serán equilibrios antes que cambios; un gobierno que actúa más como un árbitro entre sectores en disputa antes que como un motor de transformación.

De este modo, el gobierno del PDC, para viabilizar sus políticas, se verá obligado a pactar con una serie de grupos que poseen una capacidad de veto. Esto reducirá la política a un forcejeo lento y, en ocasiones, violento, que hará de la gestión de Paz un proceso complejo y trabado. 

Muy a tono con nuestra cultura estatista y rentista, el foco de los futuros conflictos será la disputa por los recursos del ahorro generado por la subida de los carburantes (estimado en 2.000 millones de dólares anuales) y el destino de la deuda externa contraída por Paz, que ya alcanza los 7.000 millones de dólares.

En suma, el tablero político boliviano hoy contiene un juego a tres bandas: los empresarios del Oriente, los movimientos sociales y el propio Gobierno. De esta tensa relación tripartita emanarán las políticas públicas, que tendrán una orientación u otra dependiendo siempre de la fuerza coyuntural de cada actor.

De todos modos, esto no podía darse de otra manera. Recordemos que el gobierno de Paz logró cosechar el 32,06% de los votos en la primera vuelta electoral, lo que no lo hace fuerte en términos de su legitimidad de origen (los datos de segunda vuelta no cuentan); y tampoco el Estado tiene la fortaleza para generar orden y acatamiento a lo largo del territorio nacional. Tenemos un gobierno débil y un Estado debil y, como se sabe, dos debilidades no hacen una fortaleza.

El conflicto generado por el decreto 5503 ha mostrado al gobierno de Paz hasta dónde puede llegar con sus reformas; le ha marcado límites a sus originales pretensiones de provocar un cambio estructural en la economía boliviana. Se necesitarán altas dosis de tino político para que el PDC no solo sea recordado como el gobierno que niveló el precio de los carburantes, sino también como el gobierno que pudo generar crecimiento y desarrollo. Los desafíos son grandes; las capacidades (estatales), muy pocas.