Bolivia: legitimidad ambigua y gobierno partido

 En menos de quince días de su posesión, el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz ya enfrenta problemas de gobernanza. Recientemente, tuvo que despedir a su ministro de Justicia, Freddy Vidovid, y, tras anunciar se reemplazo por Jorge García, horas después se optó por clausurar el Ministerio de Justicia. 

El origen de este incordio reside en el distanciamiento entre Edman Lara y Rodrigo Paz, (el binomio exitoso que logró derrotar a los partidos tradicionales dirigidos por líderes considerados anacrónicos). Paradójicamente, desde que se confirmó su pase a la segunda vuelta, la brecha entre ellos no ha hecho más que aumentar. Lara manifestó desde un principio que su principal labor sería controlar la corrupción y los malos manejos del erario público, incluyendo aquellos que pudieran ocurrir en la gestión del propio presidente Paz. Acompañó esto lanzando una serie de promesas que, por su carácter desmesurado, Paz solo atinaba a respaldar, pero minimizándolas al afirmar que se lograrían, pero únicamente en el largo plazo. De todos modos, esta tensión pasó desapercibida en medio de la guerra sucia desatada entre los candidatos habilitados para el balotaje (Paz y Quiroga). El verdadero conflicto se desató una vez que Paz y Lara, ya posesionados, se reunieron para definir la composición del nuevo Gabinete.

La ciencia política establece denomina legitimidad de origen, a aquella que proviene de las urnas. Sin embargo, la magnitud del respaldo también es crucial. Un presidente que llega al poder con una votación alta, por encima del 55%, gozará de una legitimidad más robusta que aquel que gana con un 33% o incluso un 22%. 

Sin embargo en Bolivia esta legitimidad se vuelve ambigua cuando no está claro si fue el presidente Paz o el vicepresidente Lara quien aportó la mayor cantidad de votos a la candidatura partidaria. El binomio Paz-Lara es un binomio armado, no orgánicamente partidario, el Partido Demócrata Cristiano no es un partido consolidado y Lara lidera su propio partido llamado "Ideas con Libertad". Es decir que, en realidad, Paz y Lara cuando resolvieron ir juntos a las elecciones, no se pusieron de acuerdo en un programa de gobierno, sino en la necesidad de apoyarse mutuamente para lograr el éxito de la candidatura. 

Para varios analistas y políticos, fue Lara quien logró traccionar y movilizar el voto popular, especialmente el voto "masista" y Paz el voto citadino y de clase media. Si bien el porcentaje obtenido por el PDC en primera vuelta (32,06%) mostraba una legitimidad inicial baja, un poco reforzada por el triunfo del 54,96% en la segunda vuelta, el problema radicaba en saber a quién correspondían esos votos y, por ende, el poder. La lógica política, en este caso, se asemeja a una ecuación matemática: si cada uno aportó con el 50% de los votos, lo lógico era que cada uno recibiera el 50% del gabinete ministerial de Paz.

Este acuerdo implícito no se dio. En realidad, no sucedió nada de lo esperado. El Gabinete incluyó a personas que habían sido cercanas a alguien que no figuraban como aliado orgánico en la candidatura del PDC. Otras carteras fueron llenadas con militantes de CC (Comunidad Ciudadana) que tampoco formaban parte del círculo que había luchado junto a Quiroga. Finalmente, se designó como viceministro de Coordinación Parlamentaria a un militante del partido de Samuel Doria Medina, quien, además, cumplía funciones delegadas del vicepresidente Lara, suplantando su rol. Pero la gota que rebasó los límites de contención de Lara fue que el Ministerio de Justicia, la cuota de poder que se le había asignado, fuera desmantelado por iniciativa del ministro de Gobierno. Ante este revés político y la clara no inclusión de Lara en la ecuación del poder, el vicepresidente arremetió con dureza a través de sus redes sociales. Denunció que los ministros de Paz están implicados en procesos judiciales, además de calificar al presidente de "incapaz y mentiroso". 

Entretanto, aún se esperan las medidas necesarias para paliar la crisis económica y transformar el Estado que Rodrigo Paz llama "tranca". Es imperativo llevar a cabo una profunda reingeniería estatal que cambie las reglas del juego para la llegada de capitales extranjeros y abra oportunidades de empleo. Además, es crucial asumir medidas de corte económico impopulares, como el alza en los precios de los carburantes y la equiparación del precio del dólar oficial con el paralelo. Este tipo de medidas requieren, ciertamente, de un gobierno cohesionado en el discurso y las acciones, algo que, por ahora, parece muy lejano.

El malestar de los titulados

 Las explicaciones en torno a la caída del Movimiento al Socialismo (MAS) suele centrarse en su declarado populismo, su evidente autoritarismo o su mala gestión de la crisis económica. Sin embargo, estos enfoques pasan por alto una fractura social que se incubó bajo la superficie política: la brecha creciente entre la formación profesional y las oportunidades reales de empleo digno. En otras palabras, existe un sistema educativo expansivo que ha generado expectativas de movilidad social que el modelo económico es incapaz de satisfacer.

Los datos son realmente sorprendentes: entre 2008 y 2022, un total de 370.118 personas se titularon como profesionales de la universidad pública y 53.387 de las privadas, sumando un total de 423.505 nuevos profesionales. Este es, sin duda, un cambio notable en el nivel de profesionalización y en las posibilidades de mejora, porque, como se sabe, la educación superior es el mecanismo más poderoso de movilidad social, que consiste en tener mejores condiciones económicas y sociales que los progenitores.

Sin embargo, esta movilidad no se ha dado de manera amplia. A contrapelo de lo que podría suponerse, la informalidad laboral (que excluye a muchos profesionales del empleo digno o les paga mal) no solo se mantuvo, sino que creció, alcanzando cifras alarmantes que superan el 80% de la fuerza laboral. Esto implica que muchos de estos profesionales no encontraron un lugar en el mercado laboral formal y, por lo tanto, estarían repitiendo o incluso empeorando el nivel de ingresos de sus progenitores.

A medida que aumentaba la masa de profesionales, se instalaba en la cabeza de ellos una especie de "ilusión meritocrática". Desde los púlpitos universitarios y en las reuniones familiares se hablaba del futuro de éxito que conlleva el esfuerzo por profesionalizarse, del mundo de oportunidades que se abre una vez se ha alcanzado el título de licenciatura, mejor si es de maestría o de alguna especialidad. Pero esto no se dio en la realidad.

Contrariamente a esta mentalidad individualista que trae consigo la modernidad, desde el gobierno del MAS se alentó en realidad la desmeritocracia. Amparados en un discurso de que ser profesional era una "medalla colonial" y, por lo tanto, repudiable, se llegó a desdeñar la formación universitaria, a la vez que el mecanismo de selección de empleados del aparato público era todo menos meritocrático.

Las sociedades, en su diversidad, tienen varios mecanismos que explican y en el fondo legitiman la diferencia en el acceso a bienes y prestigio. Los estudios universitarios son uno de esos legitimadores. Nadie ve con extrañeza que un médico o un ingeniero tenga riqueza y sea respetado por su entorno, porque se percibe que ello es fruto de su esfuerzo (muchas veces de años o décadas). Es verdad que otra persona —un político, un comerciante, un carnicero— también puede tener acceso a bienes mucho mayores, pero ellos nunca tendrán el mismo prestigio social.

Pero, ¿qué sucede cuando la profesión no te brinda acceso ni a bienes ni a prestigio? ¿Qué pasa si los papeles, tu currículum, no sirven para gran cosa a la hora de conseguir empleo? ¿Qué pasa si tu nivel profesional no coincide con tus ingresos? La reacción primera no recae sobre el Estado (el discurso meritocrático es en el fondo despolitizador), sino en uno mismo. Las personas creen que no están lo suficientemente formados, que no han estudiado lo suficiente, y se lanzan a conseguir un título de diplomado o de maestría, o se inscribe en cuantos cursos hay, o finalmente, en el peor de los casos, compra un libro de autoayuda, de uno de esos vendehúmos como Carlos Isidro Cuauhtémoc Cárcamo y piensa que eso le salvará. Cuando nada de eso da resultado, la persona se hunde en una decepción, malestar o depresión muy bien retratada por Byung-Chul Han en su Sociedad del rendimiento.

Pero, en una segunda instancia, a esta ausencia de opciones laborales, le sigue una crisis de credibilidad del sistema político o del sistema económico como tal. Es ahí donde surge la anomia colectiva, que se manifiesta en un rechazo viceral que empero carece de identidad política e ideológica. Mi hipótesis es que este descontento de los titulados (una verdadera masa de 423.50 personas) ha generado la crisis política de 2019 y está detrás de la debacle del MAS.

Hoy, en el gobierno de Rodrigo Paz, existe un discurso meritocrático. Bienvenido que así sea. Empero, para que esto sea real, no solo es útil que se coloque en el gabinete a profesionales de larga trayectoria, de conocidas medallas y de costosas corbatas, sino que se instaure un Estado y un modelo económico que promueva y absorba esa ahora enorme masa de titulados que hoy por hoy carecen de empleo digno.

El fin del postevismo: ¿Qué viene ahora?

El postevismo ha llegado a su fin. El gobierno de Luis Arce fungió como el puente entre la caída de Evo Morales en noviembre de 2019 y la renovada configuración política que emerge de las elecciones de agosto pasado. Rodrigo Paz y Edman Lara encarnan el deseo de renovación de liderazgos e inauguran, con su gestión, una nueva etapa política para el país.

El discurso plurinacional envejeció, y lo hizo mal. Cómodamente cobijados en las ideas de teóricos decoloniales (Mignolo, De Souza), los gobernantes del MAS (y sus intelectuales orgánicos) hablaban de cerrar las heridas infligidas por los españoles a los pueblos originarios hace 500 años. El contraste era brutal: simultáneamente, en 2010, apaleaban a indígenas que solo pedían que no se destruyera su hábitat con una carretera que cruzaba el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

Al mismo tiempo, quienes gobernaron este país durante casi 20 años, arropados en un discurso grandilocuente de defensa de la democracia —que ellos bautizaron “desde abajo”, “comunitaria” o “nacional popular”—, urdieron una y mil triquiñuelas para perpetuarse en el poder. En la práctica, negaban el único mecanismo de consulta directa al pueblo: el referéndum vinculante de 2016.

También postularon convertir a Bolivia en una plurinación y, entre 2006 y 2008, redactaron una nueva Constitución que borró todo atisbo de autogobierno para los territorios indígenas. A los grupos indígenas díscolos los anulaban; a los favorables, los cooptaban. En otras palabras, lo “plurinacional” resultó ser solo un significante vacío que los líderes del MAS no llenaron con contenido relevante. Fue, simplemente, un “dispositivo” útil para legitimarse y atornillarse en el poder.

En este contexto, la buena noticia es que retorna el juego político genuino. Es fácil administrar un país cuando se goza de cómodas mayorías en el Órgano Legislativo. El famoso esquema decisional en el que Evo mandaba y sus adláteres obedecían ha terminado. Hoy las mayorías absolutas no existen; deben construirse convenciendo, negociando y pactando. Esta dinámica es más lenta, sin duda, pero intrínsecamente más democrática.

La mala noticia es que este juego se desarrollará sin partidos políticos sólidos. Los actuales partidos con representación parlamentaria no son tales y adolecen de una representación real. Nadie, o muy pocos, se reclama militante del PDC, de LIBRE o de UNIDAD. Ninguno de ellos tiene enraizamiento social ni alcance territorial nacional. Siendo optimistas, podríamos decir que son partidos en fase de construcción. (En rigor, el MAS tampoco lo era: era una sumatoria de organizaciones corporativas que utilizaban el partido como vehículo para sus intereses sectoriales).

Al no haber partidos, tampoco hay políticos de carrera. Al parecer, esta carencia será suplida en la gestión de Rodrigo Paz con tecnócratas. Por ello se habla hoy de un gabinete técnico y no político, lo que marca una clara diferencia con los que posesionaban Evo Morales y Luis Arce. En ambos gobiernos, los espacios de poder correspondían milimétricamente a las organizaciones corporativas que componían el MAS: el Ministerio de Minería estaba reservado para los cooperativistas mineros (ratones cuidando el queso), el de Desarrollo Rural para la federación de campesinos, el de Culturas para las Bartolinas, y así sucesivamente.

Con todo, en la gestión gubernamental, ambos perfiles —el político y el técnico— cuentan por igual. El célebre Maquiavelo, en su obra El Príncipe, prescribía que el gobernante debía rodearse de consejeros sabios, leales y, sobre todo, no aduladores. En los gabinetes de los sucesivos gobiernos del MAS abundaban los aduladores y leales, pero escaseaban los sabios.

Al respecto, se cuenta que Víctor Paz Estenssoro —un político que hoy todos celebran como uno de los mejores de la historia boliviana— en su primera gestión (1952-1956) combinó ambos tipos de titulares de gabinete. Dejaba que el Ministerio de Minería lo definiera la Central Obrera Boliviana (COB), pero jamás permitía que nadie, excepto él, nombrara al titular del Ministerio de Hidrocarburos.

Las palabras claves de estos tiempos de postevismo son equilibrio y mesura, no radicalidad e irracionalidad. Rodrigo Paz ha comenzado a abrir Bolivia al mundo a través de un largo periplo por los Estados Unidos, pero el desafío es que no se olvide del mundo popular. Edman Lara, el vicepresidente, parece ser ese necesario contrapeso, el que pone los pies en la tierra y tiende un cable a los sectores más humildes. El éxito del nuevo gobierno residirá en ese balance.