Potosí
electoramente nunca fue un problema para el MAS, cabe recordar que en las
elecciones de 2002, cuando Evo Morales candidatea por primera vez a la
presidencia de la república, ganó en el departamento con un 34 por ciento a dos
puntos del MNR; posteriormente, para las elecciones de 2005, el respaldo
potosino al MAS y Morales fue contundente ya el MAS ganó en el departamento de
Potosí con el 57.8% % de los votos, seguido muy de lejos por Poder Democrático
y Social (PODEMOS) con el 25.6%. En virtud a esta votación el MAS logró dos
senadores y diez diputados, la más grande brigada parlamentaria departamental
conseguida por partido alguno en varias décadas de democracia.
¿Por
qué el MAS tuvo semejante respaldo en
Potosí? Las razones pueden ser muchas, pero creo que lo que principalmente
sedujo al votante potosino fue que el MAS ofrecía el retorno del Estado y con
ella un mayor control sobre la explotación de los minerales. El MAS prefiguraba
un horizonte distinto al modelo neoliberal que había cerrado sus minas y
condenado al desempleo a miles de trabajadores de la COMIBOL.
Cuando
Morales en enero de 2006 llega a la presidencia lo hace montado sobre un alza
de precios de los recursos naturales. Potosí estaba en una franca recuperación
de su minería y tanto los empresarios como la propia población recibían estas
noticias con mucha esperanza. Al fin, luego de más de dos décadas, los
minerales potosinos volvían a tener precios altos. A fines de enero de 2005 ya se habla de la
recuperación plena de la actividad minera. Un informe del Ministerio de
economía señala un incremento del 36% en las exportaciones mineras respecto del
año 2004, porcentaje que, en términos
monetarios, significaba que el departamento había exportado por un valor de
221.842.630 dólares, lo que configuraba el fin de la crisis y el inicio una nueva bonanza minera. Sin embargo, la población
potosina si bien entiende que la bonanza
minera le traerá mejores días, también tiene la experiencia de que esos
recursos pueden salir del departamento sin ser aprovechados por la región para
su desarrollo y modernidad; los datos y noticias que se tienen en esos días
indican que es más probable lo segundo: la misma fuente ministerial indica que el pago por regalías mineras, es decir el porcentaje de impuestos
que se destinan a los departamentos productores, era apenas de un 1,58% del
total de exportaciones, solo 3.526.293 dólares. Adicionalmente se hacen conocer
denuncias de que los mineros, en especial los cooperativistas, no reinvierten
sus ganancias en el departamento prefiriendo comprar lotes y casas en otros
departamentos.
Con
estos antecedentes es lógico que se pueda pensar que agenda de demandas que
tenía la sociedad potosina era un aumento sustancial en el porcentaje de
regalías mineras, una reinversión de su ganancias, un control de la
contaminación que generan los ingenios mineros y una mayor diversificación a
partir de la minería; en suma, una utilización de los recursos mineros para
lograr modernidad y desarrollo. Para
ello era necesario que el estado construya un conjunto de instituciones y
diseñe políticas que garanticen la vida y el futuro de la población. Empero,
nada de eso se cumple, ya que lo que principalmente le interesa al gobierno es
garantizar el flujo de recursos de la minería potosina, para lo cual establece
un pacto con uno de los actores más poderoso de la región como son los
cooperativistas mineros (socios en algunos casos de las transnacionales mineras),
lo que le permite un gran respaldo político y electoral. Esta alianza provoca
serios efectos en la ciudad de Potosí ya que, en muchos casos tiene una agenda
de demandas contraria a los interese mineros. Por ello deja pasar o hace oídos
sordos a demandas como control de la explotación del Cerro Rico de Potosí, a
un un control de la contaminación, al
pago por el uso de aguas potables. Para el estado el único interlocutor válido
son las empresas mineras, con quienes pacta, acuerda y establece objetivos comunes,
la sociedad civil potosina solo es un dato, algo que no merece tomarse en
cuenta más que en época electoral.
Por
ello es que 2010, la sociedad civil potosina ya se ha desencantado por
completo. Ve pasar la bonanza minera sin que ello haya significado un cambio
sustancial en su vida. Los objetivos de generar desarrollo, cohesión social,
seguridad de futuro, imagen de modernidad, que corresponden al estado y que,
además, fue central en el discurso de Morales no se han cumplido en la
periferia potosina, al contrario, la bonanza minera, solo contribuye a ratificar
el imaginario de que la riqueza minera sirve para el desarrollo de otros departamentos
y no para la región. Es más, existe en realidad la sensación de que las cosas
son peores con la minería: la ciudad está contaminada, el ordenamiento urbano
es un caos, la gente, los jóvenes tienen como único horizonte de vida la
migración, la gente para curarse de una dolencia más o menos complicada tiene
que ir a otra ciudad, ante la falta de empleo las calles se llenan de
informales, etc.
En
estas condiciones es que explota la huelga de los 19 días en 2010 cuya fuerza y
unidad ya hablan de esta especie de cansancio y de bronca acumulada de una
sociedad que confió en un cambio de rumbo con la presidencia de Morales.
En
el presente año 2015, acaba de retornar el conflicto regional y, aunque parezca
increíble, las mismas demandas que motivaron el conflicto de los 19 días en
2010 son las que ahora, de nuevo, motivan el paro. También parece increíble que
el gobierno tenga la misma interpretación del conflicto: que se trata de un
movimiento político ocasionado por unos cuantos revoltosos. Quizá la solución sea simple: que el gobierno
cumpla con sus principios de retorno del estado y con sus promesas electorales.
