martes, 25 de septiembre de 2012

LOS INTELECTUALES BOLIVIANOS Y EL RACISMO SUCRENSE


Las investigaciones que se realizaron sobre la Asamblea Constituyente desde la ciencia política para la región chuquisaqueña se centraron sobre todo en el conflicto de la capitalía y sus connotaciones racistas, como es el caso del libro Racismo y regionalismo en el proceso constituyente, de Martín Torrico (2008); el texto Democracia, poder y cambio político en Bolivia, de Luis Tapia et al. (2009) y también  Jóvenes en el laberinto de la polarización, de Yuri Tórrez (2010). Por su interés, a continuación reseñamos estos estudios.
El trabajo de Torrico es interesante por ser pionero en un tipo de interpretación que es más o menos repetida en otros análisis. El texto empieza indicando la importancia de los mitos en las sociedades modernas, que sirven “para instalar en el presente valores que deben ser respetados por la sociedad” (Torrico: 49). Citando a Wieviorka habla del llamado “mito fundador del racismo”, que para el caso de Sucre –afirma– es la Guerra Federal que enfrentó a los liberales paceños con los conservadores sucrenses en 1899, donde jóvenes chuquisaqueños fueron diezmados en Ayo Ayo por las huestes indígenas aymaras comandadas por Zárate Willka, memoria que los sucrenses mantendrían viva a través de tres narrativas y acciones:
1.      Los estudiantes universitarios presentan una ofrenda floral cada 24 de enero en el mausoleo del Cementerio de Sucre.
2.      Los niños guías del cementerio –muchos de ellos quechuas y pobres, dicho sea de paso– recitan versos que recuerdan a los muertos sucrenses de la Guerra Federal[1].
3.      Una ordenanza municipal del año 2004 que dispone homenajear cada 24 de mayo a los caídos en la batalla de Ayo Ayo,  donde se hace alusión a la “Columna Trunca” para Torrico genera racismo en tanto, actualizada, identifica a los “malos bolivianos como los que han dañado la patria y éstos no son otros que los indígenas” (Ibídem: 59).
En suma, a partir de la recurrencia de una ofrenda floral, de unos niños recitadores y de una ordenanza municipal, los habitantes de Sucre –nótese no sólo su sector más rico y conservador– se hacen racistas y tienen en los jóvenes universitarios su ala más aguerrida y militante. Según Torrico, este racismo, preexistente en la mentalidad de los sucrenses, encuentra en la demanda por la Capitalía plena el pretexto para reactualizarse una y otra vez, a tal punto que, según este autor, los estudiantes universitarios se “figuraron como reencarnación de los masacrados de 1899 y vieron a los campesinos como sus verdugos” (Ibídem: 61).
En el texto de Luis Tapia, Democracia, poder y cambio político en Bolivia, si bien el objetivo es más bien el análisis del llamado “proceso de cambio”, en las últimas páginas estudia tres coyunturas regionales donde se presentaron conflictos como producto de la ampliación de la democracia. Uno de ellos es la demanda sucrense del retorno de los tres poderes del Estado. Tapia coincide con la visión de Torrico, en que la intolerancia fue causada por la rememoración de la Guerra Federal que (re)generó algunos mitos, entre ellos la dicotómica “indígenas salvajes y estudiantes masacrados”, en los que luego “el imaginario chuquisaqueño, y sucrense en particular, se apoyaron para construir un discurso de autovictimización y de temor” (Tapia, 2009: 151) que va junto con la utilización de la palabra democracia para cometer los actos más antidemocráticos, dice Tapia: “La democracia y la defensa procedimental de la misma, asumida por el autodenominado Comité Interinstitucional y las fuerzas que lo componían sirvieron para cometer los actos más adversos y realizar evidentes prácticas racistas” (Ibídem: 152). Por tanto, la recurrencia a imágenes del pasado, junto a un uso funcional e interesado de la democracia es el contexto de la demanda de la capitalía en Sucre.
En el libro Jóvenes en los laberintos de la polarización, de Yuri Tórrez, se realiza un estudio focalizado en los jóvenes de Sucre en relación a la demanda de capitalía. Su capítulo “Sucre: racismo en la Culta Charcas” no puede ser menos inequívoco. Los autores intentan explicar las razones de la actuación violenta de los grupos juveniles y de hacer visible el sustrato emocional que los empuja a las calles a generar agresión y violencia.
El autor sostiene que, en un contexto signado por la polarización política, con la demanda de capitalía plena se recupera el viejo encono de la Guerra Federal, que genera en el “imaginario de la sociedad sucrense una distinción de clases, castas, poderes, dones e inclusive de razas” (Tórrez, 2010: 132-135). Concretamente, se actualiza uno de los hechos más luctuosos de la Guerra Federal como es la batalla de Ayo Ayo, donde perdieron la vida jóvenes de la élite sucrense. El Comité Interinstitucional utiliza en su demanda de capitalía plena reforzando “de una manera decisiva el sentimiento segregacionista de los sucrenses (o de su élite) hacia los sectores aymaras, haciéndose, el mismo visible esencialmente con el arribo del indígena Evo Morales a la Presidencia de la República de Bolivia. Por lo visto, los acontecimientos que se producen en el curso de la Guerra Federal, (de)muestran, la evolución de las tensiones que históricamente marcan y (re)activan los sentimientos de odio hacia el ‘enemigo indígena’” (Ibídem: 137). Por eso es que el autor insiste:
El racismo desencadenado en el mes de noviembre de 2007 al recuperar y rememorar la historia de Ayo Ayo construye inmediatamente en la mentalidad de los sucrenses y de los jóvenes en particular, recursos y dispositivos violentos para descalificar y apañar al otro como enemigo, es decir, al indígena aymara (Ibídem: 138. El resaltado es nuestro).
Dicho en otras palabras, el movimiento por la capitalía (re)utiliza un sentimiento racista ya preexistente en toda la sociedad sucrense (se supone que tanto en sus capas más aristocráticas como populares, tanto en un migrante como en una persona que vive en el centro de la ciudad, tanto en un banquero como en un albañil), para generar violencia contra los indígenas presentes en la Asamblea Constituyente, tanto es así que los autores sostienen que con “dicha demanda (de capitalía plena) se remueve en la memoria histórica de la sociedad sucrense, el referente aristocrático que domina el imaginario capitalino, una quimera asentada en la idea de que por las venas de los sucrenses corre sangre azul” (Ibídem: 143).
Al respecto, surgen algunas preguntas: ¿si la ciudad es racista, cómo es que en las elecciones presidenciales de 2005 como en la de constituyentes gana el MAS con Evo Morales de manera contundente? Si el racismo es el aspecto que moviliza a los sucrenses bajo el “mito fundante” de la batalla de Ayo Ayo, ¿cómo se puede explicar que esto también se presente en las capas migrantes y populares de la ciudad, cuyos referentes identitarios no están anclados en referencia a este hecho histórico que desconocen y no tienen, ni de lejos, la idea de que por sus venas corre sangre azul? ¿Cómo se explica que en el transcurso del conflicto una de sus asambleístas, Savina Cuéllar (migrante y chola), haya renunciado al MAS para apoyar al Comité Interinstitucional? ¿Es posible que el factor de activar cierta memoria colectiva, como es el “mito fundante” de Ayo Ayo, sea suficiente para comprender el conflicto por la capitalía? Finalmente, ¿es posible decir que todos los que participaron en las movilizaciones eran racistas?
Son preguntas hasta ahora sin respuesta, ya que en nuestro criterio los análisis reseñados no buscan comprender el fenómeno, sino demostrar los determinantes sociales e históricos de una sociedad que, de antemano, se califica de racista.
Uno de los aspectos que llama la atención en los textos mencionados es la irrelevancia que le dan a las acciones y discursos de dos de los actores estratégicos importantísimos en el conflicto: la directiva de la Asamblea Constituyente y el gobierno, que sin duda afectaron de manera notable el decurso del conflicto, ya con la indiferencia, con la denostación o con el ataque político no hicieron otra cosa que darle legitimidad y respaldo a las acciones violentas de los cívicos y legitimar sus acciones y demandas. Si bien no se puede desconocer las manifestaciones racistas del conflicto, tampoco se puede afirmar que esa sea la única causa para los niveles de violencia y protesta que alcanzó el movimiento social.
En suma afirmamos que el conflicto generado por la demanda de Capitalía Plena es mucho más complejo en sus determinaciones regionalistas, identitarias y de actores estratégicos, para reducirlo simplemente a motivaciones racistas, como suelen suponer los análisis reseñados. 




BIBLIOGRAFÍA

Tapia, Luis
2007                                “Democracia, poder y cambio político en Bolivia”. En: Poder y cambio en Bolivia, La Paz: PIEB.

Tórrez, Yuri (et al.)
2003                Los jóvenes en democracia. La cultura política de la juventud cochabambina, La Paz: PIEB.
Torrico, Martín
2008                Racismo y regionalismo en el proceso constituyente. La Paz: Defensor del Pueblo y Universidad de la Cordillera.



[1] Es interesante ver cómo para Torrico, los niños inoculan racismo en sus oyentes: “Las personas que los escuchan no pueden más que sentirse imbuidas por el respeto que impone el sitio fúnebre y por la condición infantil de los recitantes. Además como los auditores suelen encontrarse en un estado emocional intenso, pues visitan las tumbas de familiares y amigos, la narración y el monumento contribuyen a que construyan íntimamente un vínculo entre su tema familiar privado con el tema patriótico y público” (2008: 52).

martes, 18 de septiembre de 2012

¿QUIENES SON LOS COOPERATIVISTAS MINEROS?


Las últimas noticias se han centrado en el conflicto sucitado por los cooperativistas mineros, quienes dinamita en mano pretenden doblarle el brazo al gobierno a a la minería nacionalizada.  A continuación presento algunos datos que nos pueden acercar a comprender este actor político y social, aclarando que los datos tienen relación con los cooperativistas mineros potosinos.

Las cooperativas mineras tienen una larga tradición histórica ligada a la práctica de la época colonial denominada kajcheo, que consistía en que cada fin de semana los trabajadores de las minas se internaban, por su propia cuenta y riesgo, en las galerías subterráneas para producir el mineral (Absi, 2005: 17-18).

Fue en 1952, en el marco de la Revolución Nacional, que se institucionalizó a las cooperativas mineras y se las potenció, productiva y económicamente. Las minas de Cerro Rico que pertenecían al empresario privado Mauricio Hochschild, uno de los “Barones del Estaño”, pasaron en una buena porción a manos de los kajchas que las recibieron en calidad de concesiones mineras: al pagar por el arriendo un 2% del valor de la producción, pudieron tener un alto margen de independencia hacia el Estado (Absi, 2005: 26).

Un dato llamativo, para comprender las relaciones entre la sociedad potosina y los cooperativistas, es el origen de los últimos. Según el estudio de Absi:

… más de la mitad de los trabajadores (57,16 %) son originarios de las provincias del departamento de potosí, un 40,57 % son nacidos en la propia ciudad y solo un 2,25% provienen de otro departamento, y todos son, en la mayoría de los casos, personas que provienen de regiones mineras o de familias mineras (Absi, 2005: 34).

Estos datos llevan a la autora a pensar que la inserción citadina de los cooperativistas mineros está marcada por la marginalidad, ya que

… su estatus específico es distinto del de los campesinos y de la elite urbana, pero también del estatus de la clase popular de los cholos, con los cuales comparte, no obstante, muchas prácticas socioculturales y espacios vitales (Absi, 2005: 63).

En el plano político, se asocia al minero con la incapacidad de generar discursos políticos, con su arribismo y con la virulencia de sus protestas que le daría, no obstante, la capacidad de definición política en virtud de su disposición y habilidad para el manejo de la dinamita, que los convierte de facto en una fuerza cuasi militar.

Por otra parte, se debe destacar el rol económico social de las cooperativas mineras. Según las cifras brindadas por el estudio de Jocelyn Michard, en 2008, 60.000 personas trabajaban en las cooperativas mineras en Bolivia, es decir 90% del total los trabajadores mineros del país; paradójicamente, su aporte al producto minero sólo llega a 20% (Michard, 2008: 8). De éstos, las personas que trabajan en las cooperativas de Cerro Rico llegarían a 12.000 según los datos de su organización matriz, con muy buenas remuneraciones en las épocas de alta cotización del mineral, pero muchos sin seguridad ni derechos laborales (El Potosí, 20.11.06).

BIBLIOGRAFÍA

ABSI, Pascale
2005      Los ministros del diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. La Paz: PIEB-IFEA.

MICHARD, Joselyn
2008      Cooperativas mineras en Bolivia. Formas de organización, producción y comercialización. Cochabamba: CEDIB.

Hemerografía

El Potosí