Lo que parecía un conflicto sin mayores repercusiones, el de los médicos, se volvió un problema de grandes proporciones que, hasta ahora, tiene al gobierno contra las cuerdas y sin estrategias claras para detener la movilización. En un primer momento, de la mano del vicepresidente se intentó ahogar la demanda promulgando el nuevo código del sistema penal con el mensaje de que el gobierno no estaba dispuesto a ceder un milímetro a las exigencias de los médicos. Paralelamente se apeló a la estrategia del desgaste, que no dio resultado puesto que los médicos continuaron con su postura sumando apoyos y simpatías.
Por ello, y luego de más de un mes de paro, contra su postura inicial, el gobierno fue a la negociación con los galenos, de donde salió un preacuerdo que, no obstante, fue rechazado por las bases de los colegios médicos colocando el tema en punto cero. Ante esto, el gobierno volvió a su postura inicial de mano dura y Evo anunció que la negociación había terminado, dando por vigente el preacuerdo con los médicos. Menos de 24 horas después, el mismo Evo flanqueado por sus fieles seguidores de la Conalcam, anunció, en tono de orden, que solicitaría al parlamento suprimir los artículos 205 y 137 del flamante código, lo que se suponía pondría contentos a los médicos y al gobierno, en aprestos de reservar mesa y silla para disfrutar del Dakar. El poder ejecutivo en poco menos de un mes había pasado del insulto (la ministra Gisela López, llamó a los médicos mercaderes de la salud y ladrones de insumos y equipamiento) a la moderación, y de la soberbia a la humildad (“retrocedo por la salud de la población”, decía Evo).
Pese a esta concesión, el conflicto no se detuvo. Para entonces otros sectores se habían sumado al pedido de los médicos conformando una bloque antigubernamental. En otras palabras, detrás de la causa médica se construyó una alianza informal entre partidos de oposición, izquierdistas desencantados, trotskistas magisteriles, movimientos antiaborto, organizaciones cívicas, de transporte y, cuando no, la cúpula eclesiástica. Todos ellos muy diferentes en ideología, en santo y en horario de misa, pero unidos en contra de lo que consideran un gobierno abusivo, intolerante y autoritario. El desconocimiento de los resultados del 21F, así como el fallo del TCP que habilita a Morales a una nueva repostulación, han dañado severamente la legitimidad del gobierno, abriendo una oportunidad política para que los movimientos contrarios a Morales ganen fuerza, cohesión y respaldo.
En esas condiciones las demandas ya no son solo por la abrogación de un par de artículos sino de todo el código, lo que pone al gobierno ante un escenario muy complejo colocándolo ante la disyuntiva de ceder anulando el nuevo código (calificado de “hermoso" por García Linera) lo que mina su autoridad e imagen de invencibilidad; o, por el contrario, proceder a la represión pura y dura que, dada la radicalidad de los sectores en conflicto, tiene imprevisibles consecuencias en la propia estabilidad de Morales en el poder.
En las últimas horas, Evo ha anunciado que aplicará la Constitución, su fuerza en las urnas y la ley para a aplacar la huelga médica, lo hace después de haberse reunido con sus bases cocaleras que conocen muy bien de cómo hacer bloqueos pero muy poco de cómo pararlos.