El actual panorama político en Sucre, donde grotescos personajes urden trampas entre sí para apoderarse de las arcas municipales, ilustra lo patético de la lucha por el poder, el eterno retorno a nuestra vieja cultura política, esa que Alcides Arguedas retrató con meticulosidad de orfebre. Sin embargo, aunque seduce la idea de explicar la crisis a partir de sus actores, preferimos más bien presentar una lectura institucionalista de este proceso.
El origen mediato de este conflicto es el resultado de la ruptura de la institucionalidad municipal y de la legitimidad del poder, como efecto de la aplicación de la ley que quitó el mandato ganado en las urnas a Jaime Barrón, obligándolo a renunciar y colocando a una concejal del MAS al frente de la Alcaldía. Esto generó un cambio en la base de la legitimidad, ya que ella dejó de centrarse en el respaldo electoral para descansar en el apoyo, siempre efímero e interesado, de los concejales municipales y de algunos movimientos sociales que, a su turno y manera, desde el inicio de la gestión de Verónica Berríos desplegaron una serie de estrategias y presiones para convertir su respaldo en espacios de poder y cargos.
Esta disputa ha sido tan dura y personalista que ocasionó el fraccionamiento no solo de la supuesta unidad de los frentes que respaldaron a Berrios sino la división al interior de los mismos: NAC está dividida y el MAS afronta una división interna que ha tensionado las relaciones con su jefe, el presidente Evo Morales. Hoy ningún concejal responde a una línea partidaria, responde a sí mismo y al grupo de presión que lo respalda. Estamos en un contexto de anomia institucional, donde la permanencia de la alcaldesa en su cargo no proviene de la decisión en las urnas, ni de su buena o mala gestión, sino de su posibilidad de contentar a sus aliados, tanto los de dentro del consejo municipal como los de fuera de él.
Lo preocupante de esto, es que el último cambio de autoridad, Santos Romero por Verónica Berrios, no ha hecho desaparecer ni las causas y menos los efectos de la ruptura de legitimidad y, es probable, que la lógica “peguista” haya tomado nuevas formas y que provoque, en el corto plazo, un nuevo cambio de alcalde. No podría ser de otra manera, ya que hoy el poder real recae, casi exclusivamente, sobre los concejales y no sobre el alcalde. Es la lógica del “mandar obedeciendo” llevado a niveles cataclísmicos.
La salida viable a todo esto consiste en reducir las expectativas de los actores políticos encausando la disputa hacia las arenas electorales cuyo resultado podría incrementar la capacidad decisional del alcalde municipal. La primera posibilidad, (la única cierta por el momento), es el inmediato llamado a elecciones solo para alcalde, que tendría el efecto de hacer que los partidos políticos dejen su disputa al interior de la alcaldía para concentrar sus esfuerzos en el proceso electoral. Sin embargo eso no disipa la posibilidad de ingobernabilidad, ya que el actual consejo responde a una correlación de fuerzas anterior a la posible elección, por lo que la composición del consejo puede no corresponder a la votación para alcalde. Podría darse figuras de sobrerepresentación o subrepresentación.
La posibilidad ideal es la elección tanto para alcalde como para concejales, que no solo evitaría que el Alcalde esté a merced de la avidez de cargos de los concejales, sino que le daría la posibilidad de tener mayoría estable en el concejo municipal y así poder encarar políticas de largo alcance, algo que hoy parece tan lejano.
