¿A QUIEN LE INTERESA DECIDIR?

Según los anuncios, en diciembre de 2024, los bolivianos asistiremos a la urnas para tomar decisiones de todo color y sabor. Según la propuesta presidencial del 6 de agosto pasado, tendremos que optar sobre si Evo Morales va o no como candidato en 2025; también se consultará si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) obedece o no al último Censo y cambia la actual distribución de número de diputados por departamento en función de su población; por último, nos encargarán dar un voto afirmativo o negativo en relación a suspender el congelamiento en los precios de los carburantes. Por si esto fuera poco, el pasado martes, el TSE ha anunciado la realización de elecciones judiciales para el uno de diciembre del presente año.  

 

Pero, ¿A quién le interesa decidir sobre estos temas? A muy pocos en realidad. Esto ocurre por la sencilla razón que estos asuntos ya están escritos en la actual Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) y no cabe consulta alguna.  El tema de la reelección ya está clara: no puede haber más de una reelección continua y quienes violen este mandato deben sufrir pena corporal; lo mismo ocurre con la distribución de escaños por departamento, y ni qué decir de la facultad privativa del presidente del Estado para tomar decisiones en asuntos de política económica. 

 

En rigor, todos estos temas los bolivianos ya lo hemos resuelto en 2009, cuando aprobamos por mayoría y en referendo la Carta Magna que fue discutida en Sucre, disputada en la Calancha (con saldos de heridos y muertos) y, finalmente, redactada en Oruro. Lo que cabe solo es su aplicación razonada y rigurosa. 

 

Analizando caso por caso, las elecciones judiciales no despiertan expectativa porque la gente está persuadida que gane quien gane, la justicia no se hará más competente, más rápida y más honesta sino todo lo contrario. Por su lado, si gana la opción del no a la reelección, Morales estará vetado de postular a un nuevo mandato, pero, en realidad,  no se habrá avanzado mucho, ya que dada la escuálida situación de la oposición partidaria, es poco probable que en las próximas elecciones presidenciales triunfe otro candidato que no sea uno de las filas azules. Se elegirá a uno más joven o más viejo, más letrado o más bárbaro, pero el resultado será el mismo: la continuación del evismo sin Evo. 

 

Lo mismo pasa con la posible consulta respecto al levantamiento de la subvención a los carburantes. Cualquier opción que gane, la situación será la misma: no tenemos un aparato productivo robusto que genere divisas por exportaciones que puedan sustituir a la declinante producción de gas y petróleo. Finalmente, en el tema de la redistribución de los curules por departamento, sea cual fuere el veredicto de las urnas, se mantendrá la lógica gubernamental de debilitar o anular el poder de las regiones. 

 

En suma, todas las consultas o elecciones propuestas no importan a la gente sino a las elites políticas. Las facciones evista y arcista buscan que la ciudadanía, con su voto, defina aquello que ellos no pueden o no quieren resolver. Es verdad que todos estos temas hoy copan los titulares de periódicos, y la política pareciera girar sobre estos ejes de discusión, sin embargo esta no es la realidad. La gente siente que todos esos puntos son asunto de políticos pero no de ellos, no del mundo popular que ve que la capacidad adquisitiva de sus ingresos disminuye cada día. 

 

Hoy existe una doble polarización en nuestro país. La primera que envuelve a la elites políticas masistas y su pelea interna y que ya ha ocasionado un descalabro político y económico de proporciones. La segunda, menos notoria, es la que se da entre la gente y el MAS. La política en Bolivia vive en realidades paralelas, con prioridades y agendas distintas. 

 

El MAS cree que está actuando bien porque hasta el momento no encuentra partido opositor competitivo. Sigue dilapidando su capital político como si este fuera eterno. No se da cuenta o no quiere darse cuenta del mensaje de octubre de 2019: la gente, aún sin dirección y liderazgo político, puede salir a las calles a desalojar del poder a un mal gobierno y para ello no necesita ni de elecciones, ni de consultas ni de referéndums, solo de su poder en las calles. 

 

Sucre, agosto de 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA POSTULACIÓN

El pasado martes 4 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha resuelto habilitar la candidatura de Morales y García a una cuarta repostulación. Pese a que existe el antecedente que el 21 de febrero de 2016 una mayoría de bolivianos tomó la decisión de mantener el Art 168 de la constitución que prohíbe la repostulación, el TSE, ha preferido actuar conforme una resolución del Tribunal constitucional que, en noviembre del 2017, avaló a Morales y García para una cuarta gestión gubernamental.

Para llegar a este punto, el gobierno de Evo Morales no solo ha tenido que llevar al límite su capacidad de influencia sobre el poder judicial, sino que ha puesto en crisis uno de los elementos centrales de su discurso como su alusión al pueblo al que se supone Morales oye y obedece. De hecho, en los meses previos al referendo del 21 de febrero de 2016, Morales, seguro de ganar, repetía una y otra vez  que era el pueblo el que mayoritariamente respaldaría su repostulación, desafiando a la oposición a respetar los que decida el pueblo. 

Sin embargo, una vez conocida su derrota en las urnas, Morales y su equipo dieron un giro de 180 grados: optaron por señalar que el pueblo, esa entidad que para Morales tiene las virtudes más excelsas de sabiduría e infalibilidad, había votado engañada por los opositores y por un “cartel de la mentira” compuesta por medios de comunicación.

Bajo esa premisa, Morales se puso a “corregir” el error que había cometido el pueblo y optó por presionar sobre el Tribunal constitucional y, tras un extenso cabildeo, decidió viabilizar la candidatura de Morales y García, con el argumento de que el artículo 168 violaba los derechos humanos de los mandatarios que están en el poder más tiempo que cualquier otro presidente, incluidos los autócratas.

Ahora, ya con la habilitación de su candidatura bajo el brazo, Morales ha retornado, en sus discursos, a la lógica amigo-enemigo, tratando de mostrarse como el genuino representante del pueblo y tildando a opositores de vendidos al imperio, privatizadores, “vendepatrias” y parientes políticos de la pasada elite neoliberal. En otras palabras y fiel a un conocido libreto populista, Evo Morales intenta polarizar el ambiente preelectoral, buscando ser el canal por donde fluya  el desencanto contra los ricos, los blancos y los privilegiados.

Empero, una gran incógnita se abre en torno a la efectividad de la estrategia. Quien emite ese discurso es justamente el presidente que más ha hecho por alejarse de la vida normal de una persona proveniente del mundo popular: Evo Morales ha mandado a construir un nuevo palacio de gobierno bautizado como la Casa de pueblo, ha comprado un avión de lujo y se ha hecho construir casas y museos que son una glorificación de su vida política pasada y presente. Si alguien se parece más a la pasada elite que se suponía erradicada es Evo.

Adicionalmente, la apelación al pueblo ha sufrido menoscabo, puesto que si bien dice gobernar obedeciendolo, en el momento en que ese colectivo da un veredicto contrario a sus intereses, opta por desconocerlo, por anularlo.

En este contexto, para el MAS se ha abierto una fuerte corriente contraria a su gobierno que a pesar de su desorganización demostró que lo puede vencer tanto en las urnas como en las calles. Demostró su poder en las elecciones para las máximas autoridades del poder judicial, en 2011 y 2017 cuando ganaron el voto nulo y blanco que fue la consigna de la oposición; también lo hizo en el referendo del 21 de febrero de 2016 en que la opción No ganó por mayoría absoluta de 51 por ciento de los votos; y finalmente logró vencer en las calles, cuando una movilización masiva realizada en enero de este año, hizo que Morales anulara la Ley de código de procedimiento penal que había promulgado meses antes.

A pesar de esta fortaleza la fuerza opositora ciudadana, este contrapoder que vigila, evalúa y sanciona permanentemente la gestión de gobierno, no ha podido establecer una organización estable y de largo plazo. Da la impresión que la oposición partidaria y de colectivos ciudadanos son islas poco articuladas y diferenciadas en lo ideológico, que se conectan para plantar oposición al gobierno pero en coyunturas muy específicas, una suerte de olas de rebelión que inundan el espacio público, para luego volver a las redes sociales que es donde más y mejor participan en política.

Ante esta carencia se han realizado intentos para establecer una mínima estructura organizativa  opositora pero con poco éxito.  En medio de las acciones colectivas en contra la aprobación del nuevo código penal, en enero de este año, se trató de erigir el Comité Nacional por la defensa de la democracia (CONADE) que tuvo poca trascendencia. Cosa parecida pasó, hace muy poco, con las movilizaciones y paro contra la habilitación de Morales a una nueva postulación, donde las organizaciones territoriales como los comités cívicos intentaron ser el eje de la protesta, empero sin logros relevantes.

En suma, hay indicios de un serio desgaste del MAS en el poder, sobre todo en su capacidad para la circulación de parte de su discurso populista; hay señales que existe una fuerte corriente “anti-MAS”,  junto a un sentimiento de agravio de gruesos sectores de la ciudadanía ante una nueva repostulación de Morales y su evidente manipulación de las instituciones. Todo esto puede ser clave en los resultados de las elecciones de octubre de 2019, sin embargo está en duda la existencia de un partido y liderazgo capaz de canalizar ese descontento.

LEY DE ORGANIZACIONES POLITICAS ¿NECESIDAD CIUDADANA O INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PODER?

Evo contra las cuerdas

El pasado 6 de agosto, día de la independencia de Bolivia, Evo Morales, contra todo pronóstico, redujo el tiempo de su discurso informe a la nación a 33 minutos, cuando estaba planificado para al menos dos horas. La causa era que en el acto, un grupo de opositores más algunos activistas de oposición (que nadie sabía cómo estaban en el evento), empezaron a gritar la consigna de “Bolivia dijo no”, que le recordaba al presidente el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 en que la mayoría de la población rechazó su intención de repostular a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Dictamen que Morales, por todos los medios, trataba de desconocer.

Con todo, este éxito de la oposición, no radicaba tanto en haber hecho que Morales no continúe hablando en el acto central de las fiestas patrias, sino en que logró colocar en la agenda pública, la disputa en torno a la validez de los resultados del referendo del 21 de febrero. La persistencia de Morales en su repostulación polarizaba al país, dañaba su legitimidad y popularidad y daba razón, a los voceros de la oposición, de que Bolivia se enrumbaba a una dictadura. En estas condiciones, el gobierno no podía colocar en el debate, otros temas en los cuales estaba fortalecido, entre ellos, el asunto de la estabilidad y crecimiento económico que, aunque modesto, era uno de los mejores de América Latina: el crecimiento del Producto Interno Bruto que proyectaba el  Banco Central de Bolivia para 2018 era de 4,7%, uno de los más altos de la región. El partido de gobierno,  que se había manejado tan bien articulando acciones políticas y discursos en torno los clivajes estado-mercado y étnico, ahora no tenía respuesta ante las acusaciones de autoritarismo de la oposición.

Por su parte, los datos de popularidad del presidente mostraban que este asunto estaba teniendo efectos catastróficos.  Una encuesta de la empresa especializada en estudios de opinión pública IPSOS, indicaba que la aprobación a la gestión presidencial para abril de 2018, había bajado siete puntos en relación al año anterior, para ubicarse en 47%; con el dato adicional, que el respaldo tenía como base las ciudades altiplánicas de El Alto y Oruro (tradicionales bastiones del MAS) que compensaban un decremento en ciudades como Santa Cruz, Trinidad y Cobija donde el descenso de popularidad había sido de 13%. Este panorama se agravaba con datos de ciudades postergadas en su desarrollo, como Potosí y Sucre, donde el rechazo a la gestión presidencial llegaba al 72% y 92% respectivamente (Correo del Sur, 23.08.2018).

La respuesta del gobierno.

Ante esta situación, el oficialismo, en la segunda semana de agosto de este año, retomó la iniciativa política. Haciendo uso de su mayoría de dos tercios en la Asamblea legislativa, sorprendió a todos empezando a tratar la nueva Ley de Organizaciones Políticas (OEP 2018). Este proyecto, de 105 artículos, buscaba normar aspectos como equidad de género, democracia interna en los partidos políticos, financiamiento a los partidos, entre otros.  Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención del oficialismo fue el referido a la realización de primarias, puesto que se dispuso su realización para enero de 2018 cuando esta se debía llevar a cabo recién para las elecciones de 2024.  

Uno de los grandes déficits de la democracia boliviana está su acendrado caudillismo, pese a que los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia, ellos no son democráticos en lo interno, de tal manera que sus líderes no se someten a un proceso de selección interna de candidatos. Visto de esta manera, la realización de primarias solo se podía ver como positivo.

Sin embargo,  tanto el apresuramiento de la Asamblea legislativa Plurinacional en discutir la Ley de Organizaciones políticas (aprobada en todas sus fases en poco más de dos semanas, cuando  en general este tipo de normas tardan varios meses) en especial el tema de las primarias, lleva a pensar que, en realidad, lo que hace el MAS es instrumentalizar esta norma para favorecerse políticamente puesto que, por un lado, al adelantar la realización de primarias, reduce considerablemente el tiempo de los partidos para establecer alianzas y candidaturas y, por otro, desplaza del centro de la agenda pública el desconocimiento de parte del partido de gobierno de los resultados del referendo del 21 de febrero, que insiste en repostular al presidente Morales para las elecciones de 2019.  Con estos antecedentes, a continuación,  presentamos un análisis de los probables efectos que puede tener esta Ley en la oposición política.

El campo opositor: entre los partidos políticos y el contrapoder ciudadano

En los últimos años el campo opositor está dividido en dos espacios. El primero, el institucional, compuesto por los partidos políticos; y el segundo, informal, integrado por las distintas expresiones del contrapoder ciudadano. 

El campo compuesto por los partidos políticos está presente en todos los espacios institucionales de la política, aunque con distinta fuerza y capacidad. En el poder legislativo, su presencia es irrelevante, ya que el MAS tiene una amplia mayoría de dos tercios.  Esta fuerza opositora aumenta en el nivel subnacional, puesto que tres gobernaciones de nueve posibles están al mando de líderes opositores, entre ellas las de La Paz y Santa Cruz;  a la vez, seis alcaldías de capital de departamento están en manos opositoras, entre ellas, tres de las  de las ciudades más populosas de Bolivia cono Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

El otro espacio político, está constituido por el contrapoder ciudadano, como expresión de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y sus líderes (Rosanvallon 2006).  Se trata de un conjunto heterogéneo de fuerzas  que, diseminada a lo largo y ancho del cuerpo social, desarrollan poderes de vigilancia, veto y juicio sobre el poder constituido, poniendo permanentemente en cuestión la gestión de gobierno. Este contrapoder que, dicho sea de paso, es un dato de casi todos los regímenes democráticos en el mundo, ha tenido una fuerte influencia en el gobierno de Morales entre 2010 y 2018. En 2010 lograron revertir la subida de los carburantes; en agosto de 2011 su apoyo a la marcha indígena, que se oponía a la construcción de una carretera que dividía el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), fue fundamental para que Morales retrocediera en este proyecto; en las elecciones de magistrados del poder judicial en 2011 y 2017, su convocatoria al voto nulo tuvo éxito, puesto que esta opción, en ambos casos, superó el 50% de los votos; en el referendo constitucional de febrero de 2016 la convocatoria a votar por el No fue fundamental para la derrota de la intención reeleccionaria de Evo Morales y García Linera; y, finalmente, en enero de 2017 una movilización liderada por los médicos y apoyada por la ciudadanía hizo que Evo Morales anule la ley del nuevo Código Penal a pesar haber sido promulgada.

El espacio institucional de la oposición como del contrapoder ciudadano son disimiles, puesto que la primera busca que la representación política fluya a través de los partidos, mientras que la segunda, profundiza en la desconfianza sobre los poderes públicos y sus líderes. Esto explica que en el informe de Latinobarómetro de 2017 la confianza en los partidos políticos en Bolivia solo llegue al 15%  (Latinobarómetro 2017).

Sin embargo,  con toda seguridad que ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2019, las plataformas ciudadanas, como intento de expresión del espacio informal de la oposición, del contrapoder, trataron de desplazarse hacia el campo institucional de la política, ya sea conformando un nuevo partido, o bien buscando establecer esquemas de alianza con algunos de los partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral. El riesgo posible de una nueva gestión del MAS, junto a una nueva repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera a las elecciones presidenciales, actuó como acicate para dinamizar este proceso.

Pero no es un proceso fácil ni rápido: en el caso de que las plataformas decidan ser un nuevo partido necesitan recursos institucionales y organizativos que, probablemente no tienen y, para lograr alianza con algún partido político, ello está sujeto a una serie de negociaciones muy complejas donde el postulado de unidad con renovación implica una ingeniería política larga y conflictiva que necesita tiempo.

En este contexto, lo que hace a nueva ley de partidos es apresurar los tiempos políticos, y presionar sobre ambos espacios de oposición, mismos que para asumir decisiones necesitan un tiempo de maduración. El proceso de definición de candidaturas que con el pasado cronograma electoral daba como 11 meses de plazo, ahora se lo debe hacer en  cuestión de 60 días como máximo.

Por tanto,  la  nueva ley de partidos lo que hace es provocar un cierre de las posibilidades electorales de una amplia gama de la población, que buscaba renovación y unidad de liderazgo. Como esto es poco probable que suceda, es previsible un repliegue aún más radical de la ciudadanía en el desapego y desconfianza hacia las instituciones democráticas. De esta manera, una ley de organizaciones políticas pensada para fortalecer representatividad política, y la canalización de demandas a través de los partidos políticos, en los hechos, provocará lo contrario: un desapego de las instituciones democráticas y una invitación a la acción directa, a las calles, allí donde se incuba la violencia. 

SIN INICIATIVA POLÍTICA

El gobierno ha resuelto dejar de lado la iniciativa política y repetirse a sí mismo. Dueño absoluto de la verdad, no ha podido siquiera evaluar bien el conflicto por el código penal y ha continuado su gestión como si nada hubiera pasado, como si el problema no hubiera desnudado las carencias profesionales de sus ministros, la falta de coordinación entre el poder ejecutivo y legislativo, la ausencia de una estrategia de administración del conflicto, amén de una falta de capacidad de comunicación de su ministra y del propio Morales. Como si lo ocurrido no hubiera sido una verdadera tormenta en la gestión del gobierno, una derrota donde un grupo con poca experiencia de movilización como los médicos pudo vetar una ley ya sancionada por el poder ejecutivo, el gobierno continúa con su lógica de ningunear y desconocer el contrapoder ciudadano cada vez más organizado y fortalecido.  

En enero de 2018, cuando la ciudadanía y los movimientos sociales afines al gobierno esperaban una remoción casi total del gabinete (que también debería llegar a la directiva de la cámara de diputados y senadores), Morales decidió por mantener las cosas como están, por premiar a su ministros con su ratificación y solo cambiar a dos de ellos que, por razones de salud, habían pedido su sustitución. Por su parte, cuando el conflicto médico abrió una amplia expectativa sobre el destino de la salud pública en nuestro país, el gobierno no mostró ninguna iniciativa que haga pensar que existe una policía de salud diseñada desde el gobierno para ser discutida por sus actores y, cuando la abrogación de nuevo código abría las posibilidades para que el gobierno ponga en juego alguna propuesta de reforma de la justicia, no se ve ninguna iniciativa de parte del poder ejecutivo, salvo el anuncio de una cumbre cada vez más lejana y olvidada.  

A cambio, el gobierno da señales propuesta pero en ámbitos que, paradójicamente refuerzan y expresan sus limitaciones y falta de profundidad en el diagnóstico de la última crisis política. Como cree que los opositores hace política detrás de las computadoras, anuncia un control de la redes sociales, además de una “guerra digital” donde los movimientos sociales dejan las calles para convertirse en trolls plurinacionales o en  emoticonos azules; como cree que la oposición surge desde los niveles de gobierno subnacional, apoya iniciativas de referendo revocatorio contra  varios alcaldes (Revilla es el más notorio) y, como está persuadido que la oposición ha contaminado las organizaciones sociales (eso que los leninista conocen como “entrismo”), apoya su debilitamiento o su división como es el caso de la Central Obrera Boliviana.

Hubo un tiempo en que el gobierno tenía iniciativa política, un tiempo luminoso en que el MAS marcaba horizonte político, hoy ha perdido ese rol. Una vez cumplidos los grandes puntos de la agenda política de 2003 que contenía nacionalización de los recursos naturales, inclusión de la diversidad y asamblea constituyente, el poder carece de propuestas que no sean la autoalabanza y la repetición de sí mismo. 

EL MAS EN PROBLEMAS LA DEMOCRACIA EN APUROS

El próximo 21 de febrero se cumple un año de la primera gran derrota política del gobierno de Evo Morales. Ese día, la opción del No en el referendo sobre una nueva postulación de Morales para las elecciones presidenciales de 2019, había ganado con un porcentaje de 51,30% de los votos.

Desde entonces el gobierno de Morales no ha podido superar una suerte de trauma político que lo persigue y que literalmente no le deja dormir. Como la derrota es una suerte de demonio o fantasma, ha  elaborado un guion que le permita exorcizar el mismo, planteando la tesis de que el pueblo el 21 de febrero voto engañado, que en realidad no fueron criterios razonados sino un engaño relativo al caso de la exnovia de Evo Gabriela Zapata y sus vinculaciones con empresas chinas, las que influyeron en su voto.  Este argumento no es gratuito, ya que permite al MAS deslegitimar el resultado del referendo y plantear otro mecanismo que permita volver a postular a Evo a las elecciones de 2019.

Como la fuerza política de Morales es todavía enorme, no solo por su popularidad sino porque tiene un dominio sobre el poder legislativo junto a una gran influencia sobre el poder judicial, nada indica que Morales no vaya como candidato presidencial en las elecciones de 2019.

Pero será un salto al vacío. Luego de más de 13 años en el poder, Morales tendrá que enfrentarse a un inevitable desgaste producto de la baja en la dinámica económica, las  denuncias de corrupción, un esquema internacional adverso en que sus pares latinoamericanos (Correa, Maduro, Kirchner) pasan por crisis políticas, y una división en el propio MAS producto de la disputa interna en torno a cuotas de poder.

En estas condiciones es poco probable que Morales repita el nivel de sus anteriores votaciones y hasta es posible que, en una segunda vuelta electoral pierda. La pregunta en estas condiciones es ¿volverá Morales a esgrimir la idea de que el pueblo voto engañado? ¿Dirá de nuevo que hubo una injerencia de la embajada americana para crear una imagen negativa del gobierno? En fin… ¿desconocerá el resultado? Aunque puede sonar todavía improbable esto no deja de ser verosímil, Morales ya manejó este argumento para no dar por válidos los resultados del 21F ¿por qué no podría volver a hacerlo?

Cuando Morales desconoce un resultado, no solo falta a su palabra sino que coloca en serio riesgo la propia democracia, ya que esta es, sobre todo, un conjunto de mecanismos que permite y facilita la toma de decisiones de la comunidad política. Cuando esta regla se rompe, naturalmente que el mismo edificio institucional del estado de derecho se ve en serio riesgo. Ya lo decía Bobbio: la democracia no genera la certidumbre sobre los resultados, pero si sobre las reglas. Reglas que, además, no son concesión gratuita de un gobierno, persona o partido, sino que es un consenso social que opta por la democracia como el mejor medio para que la lucha por el poder no termine por destruir la propia sociedad.

Esto es algo que los líderes de otros países han entendido pese a que no estaban de acuerdo con los resultados que arrojaban las urnas. En efecto, en octubre de 2016 el presidente de Colombia José Manuel Santos perdió el plebiscito para ratificar el proceso de paz, y pese que creía que su opositor Álvaro Uribe había desplegado una propaganda negativa basada en la mentira y el miedo, reconoció el resultado; por su parte, el presidente de Ecuador Rafael Correa, quien cree que los medios de comunicación mienten sobre su gobierno ya no insiste en ir a un cuarto mandato, pese a que su fortaleza política le puede permitir torcer la ley y la constitución.

Hace poco el vicepresidente García ha confesado que el referendo del pasado 21 de febrero fue un mal cálculo político del MAS. Parece un avance.  Empero los errores políticos deben pagar quienes lo cometen, nunca la democracia. 

LA RENUNCIA VICEPRESIDENCIAL A UNA NUEVA REPOSTULACIÓN

Ha causado revuelo mediático y político el anuncio de vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera de no insistir en su repostulación a la vicepresidencia a las elecciones de 2019. Aunque constitucionalmente impedido de hacerlo, desde el pasado 11 de febrero por el No al referendo constitucional, no deja de ser sorprendente que lo haya hecho ahora.  García sostiene que ha decidido volcar sus esfuerzos a un trabajo ideológico y de capacitación en la militancia masista para formar nuevas generaciones de líderes del MAS. En términos futbolísticos se podría decir que García opta por trabajar con las divisiones inferiores, de aquellas que son el semillero de los equipos. En todo caso, suena más elegante y creíble que el anuncio de Evo quien, según dijo, más bien optará por abrir un restaurante en el Chapare.

Sin embargo, esa decisión refleja en realidad que algunos tiempos políticos se han acelerado en el partido de gobierno, que dentro del MAS se están presentando algunas tensiones, que el anuncio del vicepresidente buscan atemperar.

Una de ellas tiene que ver con el referendo constitucional de 11 de febrero, el triunfo del No y la posibilidad de la aparición de pugnas internas por la sucesión de Morales y García. Para un partido poco acostumbrado a la democracia interna este era un desafío descomunal que el MAS no se podía permitir a riesgo de desintegrarse internamente, por ello es que Morales y García, no aceptaron la derrota y tampoco cerraron las posibilidades de su repostulación, lo que impidió que muestren sus orejas los posibles candidatos a la candidatura presidencial y vice presidencial por el MAS, dejando en calma el escenario político interno.

Sin embargo algunas cosas han pasado en la gestión de gobierno como para que eso quede sin cambios. Por una parte, la reciente crisis en la gestión de gobierno ha generado una oportunidad política y discursiva para que algunos  grupos que buscan un recambio político al interior del MAS acusen a otros  de no haber llevado a cabo el “verdadero” programa del MAS.  Por otro lado, se advierte una pérdida del respaldo ciudadano a la gestión de gobierno, lo que da el argumento a algunos sectores del MAS para postular dar señales de cambio y renovación que permitan dar oportunidad a otros personajes del MAS.

En esas condiciones es poco probable que el congreso del MAS a realizarse entre el 15 y 17 de este mes ratifique al binomio, lo haría solo con Morales dejando a García en el limbo. De hecho las veces que han hablado los dirigentes del MAS sobre las elecciones de 2019 solo se han referido a Evo Morales como seguro candidato. Esto es algo que el vicepresidente  ha aquilatado bien y antes de que quedar mal parado políticamente ha preferido dar un paso al costado y hacer ver como si no le interesara una nueva postulación, anunciando su retiro a las bases.

Por ello el anuncio del Vicepresidente, es la muestra clara de que las pungas internas han llegado a tal punto que se hace necesario un cambio en el balance de fuerzas internas. La cabeza de García es la punta de una cadena de hechos y de cambios donde la habilidad política de Morales será determinante para renovar su gestión sin que las divisiones se profundicen.

EL ESTADO CON HUECOS (MINEROS)

Lo que debe quedar claro a propósito de la última movilización minera es que gobernar autoritariamente no es lo mismo que construir Estado. El gobierno del MAS lo creyó a fe ciega a partir de nacionalizar los hidrocarburos, limitar los poderes regionales y suprimir  a sus opositores. Empero, con lo ocurrido a raíz del bloqueo de caminos de los mineros cooperativistas, se dio de narices con la realidad: el estado no pudo durante tres largos días controlar la carretera troncal del país, ni pudo impedir que tres cooperativistas murieran victimas de arma letal, ni que el viceministro Rodolfo Illanes sea salvajemente torturado y asesinado la tarde el jueves 25 de agosto.  El estado que, según la definición de Max Weber es el monopolio legítimo de la violencia, perdió su capacidad dejando el país al borde del caos y la violencia.

Sin embargo, esta  no es una característica extraña en la configuración estatal en América Latina, Guillermo O´Donnell acuñó la figura de “estado con huecos” para denotar que la capacidad de estado no es uniforme a lo largo del territorio, que en muchos espacios como ser zonas urbanas, espacios rurales o incluso empresas, el estado no existe o tiene una capacidad muy limitada para imponer presencia y orden. La actual minería cooperativizada es un ejemplo casi perfecto de esta situación: en estos lugares el estado suspendió su capacidad de controlar la contaminación y destrucción del patrimonio histórico; no pudo aplicar la universalidad del pago de impuestos ni logró que se respete los derechos de los trabajadores.

Con todo, esta situación es el resultado de un proceso que empieza en 1984 con la puesta en marcha del modelo neoliberal cuyo decreto 21060 cierra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); que es profundizado por los gobiernos siguientes (MIR, MNR, AP) y que, paradójicamente, continúa con el gobierno nacionalista de Evo Morales desde 2006. 

Por ello, la capacidad de controlar una buena parte de la actividad minera se perdió de modo, quizá irremediable, cuando se cerró la Comibol dejando las minas a merced de la ambición cooperativista, quienes no dudaron en tomar el control de las maquinarias, bienes y parajes mineros de esta ex empresa estatal y pudieron resistir con éxito todo intento de control del Estado. Aún más, en base a acciones claves en el decurso de la política nacional entre 2000 y 2005 lograron ser vistos por el poder masista como constructores del denominado proceso de cambio. Por ejemplo el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre de 2006 (cuando los cooperativistas suspendían un bloqueo que había paralizado  el transporte entre LP, Oruro, Cochabamba y Potosí), dijo a nombre del gobierno que ratificaba “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.

En este contexto de apoyo político de parte del MAS e impulsados por la subida de precios de los minerales, los cooperativistas crecieron numérica y económicamente: según los datos del Ministerio de minería el número de trabajadores que en 2006 era de 54.200 personas subió a 114.920 en 2013; de igual manera, las exportaciones de este sector que en 2009 llegaba a los 282 millones de dólares, en  2014  subió a los 542  millones de dólares. Un incremento que se debe a los buenos precios internacionales pero también a la reducción en los costos de producción por poco pago de impuestos y de concesiones mineras; y por la no asunción de costos por daño al medio ambiente.

De las acciones del gobierno respecto de la movilización minera se puede ver que su objetivo es retomar la autoridad gubernamental: ha reprimido duramente el bloqueo y ha sido implacable con los dirigentes cooperativistas, enjuiciándolos y llevándolos a la cárcel. Empero esto es algo que el estado lo hace en los espacios urbanos, donde existe institucionalidad estatal, hace falta saber si efectivamente esa autoridad la podrá llevar a los espacios de trabajo minero, a las minas, a los márgenes de este estado boliviano, donde la explotación, el daño al patrimonio y el medio ambiente siguen exhibiendo los huecos de un estado que, a pesar de los discursos, sigue tan débil como antes.

COOPERATIVISMO MINERO Y AUSENCIA DE ESTADO

Los cooperativistas deben ser los personajes con más olfato político del país. Apoyaron al MNR en 1954 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dejó de llamarlos ckajchas para convertirlos en cooperativistas; luego estuvieron con los gobiernos dictatoriales alejándose de la Central Obrera Boliviana (COB; posteriormente, en la etapa neoliberal, apoyaron el proceso que desalojaba a los mineros de la COMIBOL y dejaba libres los parajes mineros que habían ambicionado desde siempre y, finalmente, a inicios del siglo XXI -quizá adivinando la debacle de los partidos políticos y del neoliberalismo-, estuvieron con el MAS apoyando sus movilizaciones, una de ellas, la más notable, cuando en junio de 2005 llegaron a Sucre dinamita en mano, luego de la renuncia de Carlos Mesa, con el objetivo de que el mando del país, no recayera ni en Hormando Vaca Diez ni en Mario Cossío, presidente del senado y de diputados respectivamente, sino en Eduardo Rodríguez Veltze, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.

  

Empero en política nada es gratis y los cooperativistas lo saben. Todo este respaldo al MAS  fue saldado con una presencia política sin precedentes en el gobierno nacional. En el primer gabinete de Evo Morales estuvo un connotado dirigente cooperativista, Walter Villarroel que juró como ministro de minería. Esto despertó los celos y la protesta del otro aliado del MAS, como la COB, que de pronto veía que Morales se acercaba mucho, quizá demasiado, a un sector que actuaba en función de sus intereses y no del  proyecto político antineoliberal de entonces.

Y así fue. A pesar de estar en el gobierno los cooperativistas nunca dejaron de generar conflicto y de lograr una cantidad inmejorable de prebendas, autorizaciones y dádivas del gobierno. Pidieron más concesiones mineras y les otorgaron; exigieron no pagar beneficios sociales a sus trabajadores y se les permitió; solicitaron maquinarias, instalaciones y canchas de fútbol que antes pertenecían a la COMIBOL  y se les donó; pidieron que el estado cerrara los ojos a los abusos a la fuerza de trabajo y a la gravísima contaminación que generan sus actividades y así fue.

Sin embargo y más allá de su alta capacidad para la mutación política, ¿Cuál es el origen del poder de los cooperativistas? A mi juicio son tres. El primero, el de su identidad política:  para el imaginario colectivo tanto como para el Estado se trata de un movimiento social, revolucionario y de izquierda lo que esconde su verdadera naturaleza empresarial; en segundo lugar, se trata de un sector numeroso (60.000 afiliados en todo el país hasta 2006) que es tanto una fuerza poderosa como masa votante y fuerza movilizada; en tercer lugar, se trata de un actor que tiene grandes recursos económicos e institucionales que mueve cada vez que se trata de defender sus intereses.

Todas estas capacidades se pusieron en acción en la última movilización de los cooperativistas, esa de la semana anterior que tuvo el saldo de centenares de heridos, entre los cuales se cuentan a policías que denuncian haber sido secuestrados y torturados, lo que refleja la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley y la fortaleza de un grupo que durante la última década de gobierno, (esa que el MAS denomina la “década ganada”) no ha hecho otra cosa que aumentar su poder y prerrogativas.

Se podría decir que esta capacidad de resistencia al poder estatal de los cooperativistas no es algo que aparece con el MAS, sino que se incubó en los gobiernos neoliberales que lo fomentaron. Sin embargo, nunca antes el gobierno de Evo Morales tuvo tantos recursos económicos y políticos para lograr controlar a este sector empresarial y cambiar radicalmente esta situación.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir una estrategia que diversifique tanto la propia minería así como la economía de las regiones donde se encuentran las minas. Sin embargo no lo hizo, prefirió dejar solos a los departamentos, sin posibilidad de resistir al nuevo poder minero, a tal punto que estas regiones han visto como su marginalidad y pobreza ha crecido en proporción inversa al poder y riqueza de los cooperativistas. 

GESTIÓN DE CONFLICTOS

La última semana no ha sido de las mejores para el gobierno y tiene razones para preocuparse: por una parte dos encuestas han señalado una tendencia a la baja en la popularidad de Morales y, por otra, la Central Obrera Boliviana se ha mostrado firme en su decisión de no aceptar el despido de 800 trabajadores de la empresa estatal Enatex. La primera es una señal de que el referendo no era el punto de llegada sino más bien el punto de inicio de algo que puede todavía ser peor en la popularidad del gobierno y, la segunda, es el dato de que el mecanismo de cooptación de los movimientos sociales tiene un límite, de que las dirigencias pueden ser obligadas a luchar cuando las bases ven que sus derechos son conculcados.  

La estrategia desplegada por Morales para enfrentar los conflictos son simples: dejar que el tiempo desgaste la movilización. Como el gobierno no puede dar respuestas que mínimamente puedan convencer a los sectores en protesta, apela a que ellas desaparezcan por efecto del cansancio, cosa que a veces termina por suceder: los movilizados, ya agotados de la ausencia de respuesta, lo que hacen es recoger sus cosas e irse a la espera de mejores tiempos. Sucedió con la huelga del Comité cívico potosinista en 2010 y 2015,  así acontece con los discapacitados que ya pasaron los 100 días de vigilia, también con los obreros de Enatex  y está en vías de ser así con la huelga de la COB que ya amenaza con la indefinida. Morales y sus ministros parecieran decir: “no interesa la cantidad de protestas que hagan, la respuesta siempre será la misma: No”.

Desde cierto punto de vista, esta lógica puede ser la de un gobierno fuerte que impone sus criterios a pesar de las presiones, pero también lo es de una gestión que carece de método para procesar las demandas y el conflicto. Para hacerlo necesita algo básico que no tiene: burocracia estatal capaz de convertir las demandas en políticas públicas. Por ello en el caso de Enatex: no se busca salidas empresariales o económicas(vrg. nuevos mercados en Europa o Estados Unidos), se hace lo fácil: despedir obreros como una buena solución para el Estado pero no para los 800 trabajadores y sus familias.

Ante esta carencia se presenta en el gobierno una cosa interesante, como no puede convertir las demandas en políticas públicas las convierte en oportunidades para acrecentar su poder sobre la sociedad, las usa como pretextos para intentar ampliar su dominio sobre la política y la sociedad. Veamos: el caso Zapata no sirvió para transparentar la licitación de obras públicas sino para que el gobierno intentara ampliar sus mecanismos de control sobre la sociedad civil y, en el caso de las demandas por más y mejor justicia no se buscó dar solución a la ausencia de idoneidad de los jueces, la independencia política y la carencia de recursos sino que se planteó la puesta en vigencia de la cadena perpetua que es una elegante manera de dejar las cosas como están sin tocar el problema de fondo que es la independencia de poderes.

El gobierno, como dijimos, está atravesando un problema de baja en su popularidad que puede ser todavía más notoria si continua pensando que detrás de cada conflicto no está la sociedad, ansiosa de soluciones, sino solo la oposición deseosa de poder. 

ANTIEVISMO

Decir oposición en Bolivia no es referirse a un partido político o a un líder en específico sino a un conjunto de personas de distinta tendencia política, de distinto origen social, económico y generacional, a los que los une la posibilidad de que Evo no se vuelva a repostular.  Nadie, que sea serio, puede decir que el triunfo del NO se debió a la labor de un partido o líder, el No triunfó porque se activó un rasgo de la cultura política del ciudadano que señala que la perpetuación de una persona en un cargo va contra las reglas de la democracia como sea que ella se considere, no importa si la persona que optó por el No cree más en una democracia participativa o en una representativa, en una liberal o en una comunal. Para ambos la repostulación de Evo y Álvaro estaba mal y punto. ¿No es verdad, acaso, que en Bolivia durante toda su historia se ha condenado el caudillismo y que, una de las razones para la debacle del sistema de partidos que gobernó el país entre 1985 y 2002 era que ellos no se renovaban, que sus líderes eran siempre los mismos?

En ese sentido, el voto contra la repostulación no es, necesariamente, un voto contra Evo o contra el MAS, es una tendencia que, sobre todo, busca el respeto por las reglas de la alternancia democrática. Solo así se explica la aparente paradoja de que Evo haya sido derrotado en el referendo teniendo, a la vez, índices de popularidad que harían palidecer de envidia a sus pares sudamericanos como Dilma Rousseff, Ollanta Humala o Michelle Bachelet. Si bien la gente podía tener varios cuestionamientos a la gestión del MAS, en general, estaba más o menos contenta con su gestión de gobierno. Esto pasaba sobre todo en los espacios urbanos y de clase media que fueron, según el último informe del PNUD, los que más rápidamente mejoraron en estos diez años de Evo en el poder.

Sin embargo,  el MAS con fe de suicida, en vez de reconducir su política para reproducir el poder en 2019 sin Evo como presidente; en vez de moderar su discurso y dar señales claras de que ha escuchado a la población y camina hacia la construcción de instituciones y recambio político hace, en realidad, todo lo contrario: encarcela abusivamente a personas y abogados, amedrenta a periodistas, acusa a los medios de comunicación y da señales de querer abrir la Constitución para introducir, de contrabando, el tema de la repostulación de Morales y García.

Ante la radicalización del gobierno el efecto previsible es que los que votaron por el No también se radicalicen y se haga antievistas, no admitan matices en su crítica al gobierno sino que, en conjunto, rechacen a Evo y apoyen a cualquier corriente que represente o exprese este antievismo. La clave de esta postura es que la gente no vota a favor de alguien sino en contra de alguien, aparece un esquema de divisiones políticas que no tienen que ver con la clase, la etnia, la tendencia política ni con el programa de gobierno sino con la persona y lo que representa. Las identidades básicas se diluyen para dar paso a una tendencia bastante heterogénea pero efectiva políticamente.

Esto es algo que ya se viene dando, con sus matices, en otros países. Como lo hace notar Simón Pachano, profesor de Flacso, el  triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta presidencial en Perú se debe no tanto a que la gente haya votado a favor de este candidato sino que lo hizo en contra de Keiko o más específicamente en contra del fujimorismo que representaba abuso de poder y corrupción. Esta tendencia que, en rigor no apoya ninguna tendencia política tiene un gran potencial político y electoral, porque puede unir a las corrientes políticas más diversas y disímiles, tal como pasó, aunque de manera incipiente, en el referendo del 21 F en nuestro país.

La cristalización del antievismo dañará severamente al proyecto de poder del MAS aunque, paradójicamente, es el mismo  MAS el que se encarga de promover. 

EL GOBIERNO EN LA ENCRUCIJADA DEL PODER Y LA CORRUPCIÓN

En los últimos días el MAS está leyendo con cuidado las encuestas y escuchando atento a sus asesores de imagen gubernamental. Los datos les informan que un flanco débil de su gestión es la corrupción, un factor que les resta votos en su objetivo de lograr el triunfo del Si a la reforma de la constitución que permita la repostulación del binomio Evo-Álvaro para las elecciones presidenciales de 2019.

Entre los varios casos de corrupción, el más relevante es del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (FONDIOC), tanto por el monto robado (se habla de 78 millones de bolivianos) como por los implicados en la misma. La fiscalía ha asumido acciones y ha ordenado la detención de  Julia ramos exministra de desarrollo rural y tierras, del Senador masista Jorge Choque y del  exdirigente del MAS Damián Condori.

Hace falta saber si estas acciones lograrán avanzar hacia otras personas que también tienen que ver con las denuncias de corrupción, veremos si también se investiga a otras implicadas como Nemesia Achacollo y Felipa Huanca que, hasta el momento, permanecen libres e intocadas. El hecho de que se hayan detenido a varios importantes dirigentes del MAS y que otros estén bajo sospecha, expresa, con toda nitidez, que la corrupción ha alcanzado a la médula y corazón del poder masista, lo que lo convierte en un factor de fuerte deslegitimación del gobierno.

Recordemos que, en varios países vecinos al nuestro,  la corrupción ha corroído la credibilidad y la popularidad de sus  gobiernos: en Brasil, uno de los factores de crisis política fue el hecho de que altos funcionarios fueron descubiertos en contratos oscuros e ilegales con la estatal petrolera Petrobras; que en Chile, Michel Bachelet empezó a descender en su popularidad cuando su hijo fue acusado de acceder a información gubernamental privilegiada; que en Argentina la debacle krichnerista empezó cuando varios personajes del gobierno fueron acusados no solo de corrupción sino de ligazón con el narcotráfico.

Luchar contra la corrupción cuando ella salpica a los principales dirigentes del partido es un gran desafío político. No puede el gobierno meter a la cárcel a sus operadores políticos sin debilitarse el mismo. Por ello, el gobierno de Morales, busca una ecuación en la que logre revertir sus negativos en su imagen en relación a la corrupción sin romper los equilibrios políticos al interior de su propio partido; en otras palabras, tiene la urgencia de mejorar en su intención de voto para el referendo de febrero de 2016, sin que esto genere una crisis que ponga en riesgo la unidad partidaria.

Esto es así, porque los implicados en la corrupción no son simples militantes masistas, en muchos casos, son verdaderos símbolos del partido, mujeres y hombres que estuvieron a lado de Morales y que fueron la bases con la que se construyó el MAS- IPSP. Algunos de ellos son representantes de los movimientos sociales que apoyaron la llegada de Morales al poder y que hoy trabajan duramente para que este líder continúe en la primera magistratura. Nemesia Achacollo, Felipa Huanca y Julia Ramos fueron, en su momento, dirigentes de la más importante organización sindical campesina como es la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa; por su parte, Jorge Choque y Damián Condori fueron dirigentes de la Federación de Campesinos Tupak Katari y de la Federación de Campesinos de Chuquisaca respectivamente.

Al detener al importantes dirigentes del MAS el poder da muestras de luchar contra la corrupción, empero eso no puede ser todo, hace falta una profunda reforma de las instituciones ligadas a la justicia, lo que pasa necesariamente por dotar de independencia y autonomía a los poderes legislativo y el judicial, objetivos todavía impensables en tiempos en que el Estado trata de concentrar y no de ampliar el poder.