CUARTA POSTULACIÓN

El pasado martes 4 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha resuelto habilitar la candidatura de Morales y García a una cuarta repostulación. Pese a que existe el antecedente que el 21 de febrero de 2016 una mayoría de bolivianos tomó la decisión de mantener el Art 168 de la constitución que prohíbe la repostulación, el TSE, ha preferido actuar conforme una resolución del Tribunal constitucional que, en noviembre del 2017, avaló a Morales y García para una cuarta gestión gubernamental.

Para llegar a este punto, el gobierno de Evo Morales no solo ha tenido que llevar al límite su capacidad de influencia sobre el poder judicial, sino que ha puesto en crisis uno de los elementos centrales de su discurso como su alusión al pueblo al que se supone Morales oye y obedece. De hecho, en los meses previos al referendo del 21 de febrero de 2016, Morales, seguro de ganar, repetía una y otra vez  que era el pueblo el que mayoritariamente respaldaría su repostulación, desafiando a la oposición a respetar los que decida el pueblo. 

Sin embargo, una vez conocida su derrota en las urnas, Morales y su equipo dieron un giro de 180 grados: optaron por señalar que el pueblo, esa entidad que para Morales tiene las virtudes más excelsas de sabiduría e infalibilidad, había votado engañada por los opositores y por un “cartel de la mentira” compuesta por medios de comunicación.

Bajo esa premisa, Morales se puso a “corregir” el error que había cometido el pueblo y optó por presionar sobre el Tribunal constitucional y, tras un extenso cabildeo, decidió viabilizar la candidatura de Morales y García, con el argumento de que el artículo 168 violaba los derechos humanos de los mandatarios que están en el poder más tiempo que cualquier otro presidente, incluidos los autócratas.

Ahora, ya con la habilitación de su candidatura bajo el brazo, Morales ha retornado, en sus discursos, a la lógica amigo-enemigo, tratando de mostrarse como el genuino representante del pueblo y tildando a opositores de vendidos al imperio, privatizadores, “vendepatrias” y parientes políticos de la pasada elite neoliberal. En otras palabras y fiel a un conocido libreto populista, Evo Morales intenta polarizar el ambiente preelectoral, buscando ser el canal por donde fluya  el desencanto contra los ricos, los blancos y los privilegiados.

Empero, una gran incógnita se abre en torno a la efectividad de la estrategia. Quien emite ese discurso es justamente el presidente que más ha hecho por alejarse de la vida normal de una persona proveniente del mundo popular: Evo Morales ha mandado a construir un nuevo palacio de gobierno bautizado como la Casa de pueblo, ha comprado un avión de lujo y se ha hecho construir casas y museos que son una glorificación de su vida política pasada y presente. Si alguien se parece más a la pasada elite que se suponía erradicada es Evo.

Adicionalmente, la apelación al pueblo ha sufrido menoscabo, puesto que si bien dice gobernar obedeciendolo, en el momento en que ese colectivo da un veredicto contrario a sus intereses, opta por desconocerlo, por anularlo.

En este contexto, para el MAS se ha abierto una fuerte corriente contraria a su gobierno que a pesar de su desorganización demostró que lo puede vencer tanto en las urnas como en las calles. Demostró su poder en las elecciones para las máximas autoridades del poder judicial, en 2011 y 2017 cuando ganaron el voto nulo y blanco que fue la consigna de la oposición; también lo hizo en el referendo del 21 de febrero de 2016 en que la opción No ganó por mayoría absoluta de 51 por ciento de los votos; y finalmente logró vencer en las calles, cuando una movilización masiva realizada en enero de este año, hizo que Morales anulara la Ley de código de procedimiento penal que había promulgado meses antes.

A pesar de esta fortaleza la fuerza opositora ciudadana, este contrapoder que vigila, evalúa y sanciona permanentemente la gestión de gobierno, no ha podido establecer una organización estable y de largo plazo. Da la impresión que la oposición partidaria y de colectivos ciudadanos son islas poco articuladas y diferenciadas en lo ideológico, que se conectan para plantar oposición al gobierno pero en coyunturas muy específicas, una suerte de olas de rebelión que inundan el espacio público, para luego volver a las redes sociales que es donde más y mejor participan en política.

Ante esta carencia se han realizado intentos para establecer una mínima estructura organizativa  opositora pero con poco éxito.  En medio de las acciones colectivas en contra la aprobación del nuevo código penal, en enero de este año, se trató de erigir el Comité Nacional por la defensa de la democracia (CONADE) que tuvo poca trascendencia. Cosa parecida pasó, hace muy poco, con las movilizaciones y paro contra la habilitación de Morales a una nueva postulación, donde las organizaciones territoriales como los comités cívicos intentaron ser el eje de la protesta, empero sin logros relevantes.

En suma, hay indicios de un serio desgaste del MAS en el poder, sobre todo en su capacidad para la circulación de parte de su discurso populista; hay señales que existe una fuerte corriente “anti-MAS”,  junto a un sentimiento de agravio de gruesos sectores de la ciudadanía ante una nueva repostulación de Morales y su evidente manipulación de las instituciones. Todo esto puede ser clave en los resultados de las elecciones de octubre de 2019, sin embargo está en duda la existencia de un partido y liderazgo capaz de canalizar ese descontento.

CONTRAPODER CIUDADANO

Bolivia es un país donde nunca la fuente de legitimidad política se ha basado solo en el acto electoral. Todos los gobiernos, desde la recuperación de la democracia en 1982, han estado supervisados por movimientos ciudadanos que pudieron censurar y, en su caso, vetar decisiones que consideraban atentatorias al interés colectivo. Es decir, para tener gobernabilidad era necesario no solo el respaldo de las urnas sino también salir airosos de la vigilancia de los grupos de la sociedad que continuamente evaluaban la gestión y las políticas emanadas desde el poder ejecutivo. Si las elecciones se realizaban cada cuatro o cinco años, la vigilancia y el control ciudadano era cotidiana, lo que a veces llevaba a serios problemas de gobernabilidad puesto que la acción ciudadana, a veces lograba limitar el poder gubernamental y, en algunos casos, incluso, reducir el mandato.  A esto Isidoro Cheresky llama “democracia continua” donde el poder ejecutivo, permanentemente debe revalidar su legitimidad a la luz del veredicto ciudadano.

Cuando Morales llega a la presidencia en 2006, lo hace montado sobre ambas fuentes de legitimidad política -dicho esquemáticamente las urnas y las calles-, lo que configuró, en una primera etapa, un gobierno de amplio consenso al frente de una débil oposición. En estas condiciones, el MAS desplegó un proyecto estatal que amplió las capacidades de intervención del Estado en la sociedad, la economía y la política.  Si en el aspecto económico la política del MAS consistió en la nacionalización de los hidrocarburos, en el plano político esto supuso la puesta en marcha de un estado que busco recentralizar buena parte de los recursos económicos de los gobiernos subnacionales (gobernaciones y alcaldías); el control, anulación y cooptación de los liderazgos políticos locales que habían emergido junto a la participación popular y, la construcción de la figura de Morales como el gran constructor de desarrollo y modernidad en el territorio a través, entre otros, del programa Evo Cumple.  Al mismo tiempo, se procedió a un control de las organizaciones sociales con el establecimiento de pactos clientelares con la cúpula dirigencial de los movimientos sociales, junto al anulación de Organizaciones no Gubernamentales críticas al gobierno, la ocupación de gran parte del espacio mediático con la compra de medios de comunicación y el control a la prensa por medio de publicidad estatal.

Con todo, la ciudadanía nunca dejo de hacer uso de su autonomía y poder de vigilancia. Pese a la política de control del poder ejecutivo sobre  los gobiernos subnacionales, varios territorios continuaron votando por candidaturas de la oposición (alcaldía de El Alto y Cochabamba, Gobernación de La Paz) y, pese al dominio sobre las organizaciones sociales e indígenas, cuando ellas vieron afectados sus intereses hicieron uso de su poder de veto haciendo retroceder al gobierno en su política (gasolinazo, TIPNIS). Por su parte, a través de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de la realidad económica y social, se denunciaron la ineficiencia del manejo de la economía, el manejo corrupto y dispendioso de los recursos del estado y la deriva autoritaria del gobierno; críticas que, además, fueron exponencialmente difundidas a través de las redes sociales de internet. En otras palabras, al frente del poder gubernamental existe una sociedad que no razona como militante sino como ciudadano, no desde la ideología sino desde sus derechos.

Este proceso de emergencia de acciones colectivas destinadas a vigilar y controlar las políticas gubernamentales, lo que Rosanvallon llama contrapoder, terminó por armar un extenso y multiforme abanico de oposición ciudadana que esperaba un canal y un motivo para ejercer su poder de veto al MAS y a Morales. El MAS con su lógica confrontacional y autoritaria, con su persistencia de instrumentalizar el poder judicial a su favor, había dañado severamente su legitimidad y abierto una posibilidad política para que el contrapoder ciudadano se manifieste.

En este contexto se dio la huelga médica, inicialmente contra dos artículos de la ley de Codígo del sistema penal (CSP) que terminó mostrando su debilidad. El gobierno, creyendo que su consenso político estaba intacto, de la mano del vicepresidente García, procedió a promulgar la nueva ley del CSP asegurando que la discusión había terminado. Empero, los médicos no dieron marcha atrás, de alguna manera percibieron la pérdida de legitimidad del gobierno y la convirtieron en oportunidad política. Superando las fiestas de fin de año, los médicos ya con varios apoyos a su causa, en enero, pasaron a la ofensiva y pudieron reunirse con los personeros del gobierno sin levantar las medidas de presión, que era la exigencia del ejecutivo. Esta debilidad fue percibida por otros sectores que también se sumaron a la lucha médica aunque ampliando la demanda a una abrogación total del flamante código penal. Ante esto el gobierno hizo maniobras para que el triunfo del contrapoder ciudadano no se consumara, empero, sin éxito: ensayó una salida despótica anunciando la aplicación de la ley y las atribuciones constitucionales del Presidente (que fue percibida por la gente como un anuncio de estado de sitio); para casi inmediatamente derogar un par de artículos del CSP; después postergó la aplicación del Código por un año y, cuando vio que ninguna de estas iniciativas daba resultado, Morales instruyó a la Asamblea la abrogación de la ley, con lo que se dio fin al conflicto.

Aunque la capacidad de veto de la ciudadanía no es una novedad en la sociedad boliviana conviene señalar algunos aspectos particulares a la luz del último conflicto. En primer lugar, existe una ampliación del espacio de disputa ciudadano puesto que el actor involucrado no pertenece a los indígenas (TIPNIS) o a los sectores populares (gasolinazo), sino a la clase media (médicos). En segundo lugar, se trata de un movimiento que demuestra el poder de las redes sociales que amplifican y fortalecen la capacidad de crítica y vigilancia del poder y, finalmente, muestra la emergencia, en las urbes, de una ciudadanía activa con capacidad de movilización pero todavía con pocas posibilidades de aglutinamiento y de propuesta política.  Hoy Bolivia carece de oposición partidaria, pero tiene un fortalecido contrapoder ciudadano.