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domingo, 14 de agosto de 2016

COOPERATIVISMO MINERO Y AUSENCIA DE ESTADO

Los cooperativistas deben ser los personajes con más olfato político del país. Apoyaron al MNR en 1954 cuando el gobierno de Paz Estenssoro dejó de llamarlos ckajchas para convertirlos en cooperativistas; luego estuvieron con los gobiernos dictatoriales alejándose de la Central Obrera Boliviana (COB; posteriormente, en la etapa neoliberal, apoyaron el proceso que desalojaba a los mineros de la COMIBOL y dejaba libres los parajes mineros que habían ambicionado desde siempre y, finalmente, a inicios del siglo XXI -quizá adivinando la debacle de los partidos políticos y del neoliberalismo-, estuvieron con el MAS apoyando sus movilizaciones, una de ellas, la más notable, cuando en junio de 2005 llegaron a Sucre dinamita en mano, luego de la renuncia de Carlos Mesa, con el objetivo de que el mando del país, no recayera ni en Hormando Vaca Diez ni en Mario Cossío, presidente del senado y de diputados respectivamente, sino en Eduardo Rodríguez Veltze, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.


  
Empero en política nada es gratis y los cooperativistas lo saben. Todo este respaldo al MAS  fue saldado con una presencia política sin precedentes en el gobierno nacional. En el primer gabinete de Evo Morales estuvo un connotado dirigente cooperativista, Walter Villarroel que juró como ministro de minería. Esto despertó los celos y la protesta del otro aliado del MAS, como la COB, que de pronto veía que Morales se acercaba mucho, quizá demasiado, a un sector que actuaba en función de sus intereses y no del  proyecto político antineoliberal de entonces.
Y así fue. A pesar de estar en el gobierno los cooperativistas nunca dejaron de generar conflicto y de lograr una cantidad inmejorable de prebendas, autorizaciones y dádivas del gobierno. Pidieron más concesiones mineras y les otorgaron; exigieron no pagar beneficios sociales a sus trabajadores y se les permitió; solicitaron maquinarias, instalaciones y canchas de fútbol que antes pertenecían a la COMIBOL  y se les donó; pidieron que el estado cerrara los ojos a los abusos a la fuerza de trabajo y a la gravísima contaminación que generan sus actividades y así fue.
Sin embargo y más allá de su alta capacidad para la mutación política, ¿Cuál es el origen del poder de los cooperativistas? A mi juicio son tres. El primero, el de su identidad política:  para el imaginario colectivo tanto como para el Estado se trata de un movimiento social, revolucionario y de izquierda lo que esconde su verdadera naturaleza empresarial; en segundo lugar, se trata de un sector numeroso (60.000 afiliados en todo el país hasta 2006) que es tanto una fuerza poderosa como masa votante y fuerza movilizada; en tercer lugar, se trata de un actor que tiene grandes recursos económicos e institucionales que mueve cada vez que se trata de defender sus intereses.
Todas estas capacidades se pusieron en acción en la última movilización de los cooperativistas, esa de la semana anterior que tuvo el saldo de centenares de heridos, entre los cuales se cuentan a policías que denuncian haber sido secuestrados y torturados, lo que refleja la debilidad del Estado para hacer cumplir la ley y la fortaleza de un grupo que durante la última década de gobierno, (esa que el MAS denomina la “década ganada”) no ha hecho otra cosa que aumentar su poder y prerrogativas.
Se podría decir que esta capacidad de resistencia al poder estatal de los cooperativistas no es algo que aparece con el MAS, sino que se incubó en los gobiernos neoliberales que lo fomentaron. Sin embargo, nunca antes el gobierno de Evo Morales tuvo tantos recursos económicos y políticos para lograr controlar a este sector empresarial y cambiar radicalmente esta situación.

El gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir una estrategia que diversifique tanto la propia minería así como la economía de las regiones donde se encuentran las minas. Sin embargo no lo hizo, prefirió dejar solos a los departamentos, sin posibilidad de resistir al nuevo poder minero, a tal punto que estas regiones han visto como su marginalidad y pobreza ha crecido en proporción inversa al poder y riqueza de los cooperativistas. 

domingo, 3 de julio de 2016

GESTIÓN DE CONFLICTOS

La última semana no ha sido de las mejores para el gobierno y tiene razones para preocuparse: por una parte dos encuestas han señalado una tendencia a la baja en la popularidad de Morales y, por otra, la Central Obrera Boliviana se ha mostrado firme en su decisión de no aceptar el despido de 800 trabajadores de la empresa estatal Enatex. La primera es una señal de que el referendo no era el punto de llegada sino más bien el punto de inicio de algo que puede todavía ser peor en la popularidad del gobierno y, la segunda, es el dato de que el mecanismo de cooptación de los movimientos sociales tiene un límite, de que las dirigencias pueden ser obligadas a luchar cuando las bases ven que sus derechos son conculcados.  



La estrategia desplegada por Morales para enfrentar los conflictos son simples: dejar que el tiempo desgaste la movilización. Como el gobierno no puede dar respuestas que mínimamente puedan convencer a los sectores en protesta, apela a que ellas desaparezcan por efecto del cansancio, cosa que a veces termina por suceder: los movilizados, ya agotados de la ausencia de respuesta, lo que hacen es recoger sus cosas e irse a la espera de mejores tiempos. Sucedió con la huelga del Comité cívico potosinista en 2010 y 2015,  así acontece con los discapacitados que ya pasaron los 100 días de vigilia, también con los obreros de Enatex  y está en vías de ser así con la huelga de la COB que ya amenaza con la indefinida. Morales y sus ministros parecieran decir: “no interesa la cantidad de protestas que hagan, la respuesta siempre será la misma: No”.

Desde cierto punto de vista, esta lógica puede ser la de un gobierno fuerte que impone sus criterios a pesar de las presiones, pero también lo es de una gestión que carece de método para procesar las demandas y el conflicto. Para hacerlo necesita algo básico que no tiene: burocracia estatal capaz de convertir las demandas en políticas públicas. Por ello en el caso de Enatex: no se busca salidas empresariales o económicas(vrg. nuevos mercados en Europa o Estados Unidos), se hace lo fácil: despedir obreros como una buena solución para el Estado pero no para los 800 trabajadores y sus familias.

Ante esta carencia se presenta en el gobierno una cosa interesante, como no puede convertir las demandas en políticas públicas las convierte en oportunidades para acrecentar su poder sobre la sociedad, las usa como pretextos para intentar ampliar su dominio sobre la política y la sociedad. Veamos: el caso Zapata no sirvió para transparentar la licitación de obras públicas sino para que el gobierno intentara ampliar sus mecanismos de control sobre la sociedad civil y, en el caso de las demandas por más y mejor justicia no se buscó dar solución a la ausencia de idoneidad de los jueces, la independencia política y la carencia de recursos sino que se planteó la puesta en vigencia de la cadena perpetua que es una elegante manera de dejar las cosas como están sin tocar el problema de fondo que es la independencia de poderes.


El gobierno, como dijimos, está atravesando un problema de baja en su popularidad que puede ser todavía más notoria si continua pensando que detrás de cada conflicto no está la sociedad, ansiosa de soluciones, sino solo la oposición deseosa de poder.