¿SE REACTIVA EL REGIONALISMO CRUCEÑO?

Los análisis políticos son muy afectos a mirar los resultados de las encuestas a nivel nacional,  más interesados en saber si habrá o no segunda vuelta y pendientes del margen de votación de Morales respecto del segundo mejor posicionado.

Empero, una lectura un poco más centrada en lo subnacional nos puede deparar algunas novedades. En concreto, según las últimas encuestas, en Santa Cruz, a diferencia de lo que pasa en otros departamentos, la disputa electoral no está entre Morales y Mesa, sino entre Morales y Oscar Ortiz .

Mi hipótesis es que estos resultados se presentan porque en Santa Cruz se ha reactivado el regionalismo que había mostrado su potencia entre 2002 y 2009 que, más allá de los cabildos y movilizaciones para defender la autonomía departamental, se patentizaba en los resultados electorales: en Santa Cruz ganaban los partidos “neoliberales” así como en departamentos de occidente como Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz vencía Morales. Había, qué duda cabe, una fractura política no solo ideológica sino territorial.

La reactivación de este regionalismo se ve palpablemente en las últimas encuestas, donde el partido Bolivia dijo No tiene en Santa Cruz un respaldo importante. Esto quiere decir que, a la hora de votar, los cruceños lo harán pensando en un partido que, perciben, representa mejor su idea de futuro político. Tanto a Mesa como a Morales les cuesta conectar con el electorado cruceño. Para esa ciudadanía, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana son vistos como partidos nacionales, como expresión del centralismo andino y colla, que se habría reforzado con los 13 años de gestión de Morales.

Las dificultades con las que ha tropezado las unidad entre Comunidad ciudadana y Bolivia dijo No, es otra muestra de la dimensión regional de la politica,  con lo complicado que resultaba para un partido regional como BDN aceptar  a un candidato no cruceño. No es  equivocado suponer que para BDN el respaldar a Mesa implicaba un costo político, que les hizo plantear tal cantidad de exigencias al candidato de CC que, al final, estalló la posible coalición.

Este regionalismo, que la literatura especializada llama “clivaje centro –periferia, puede haberse agravado por el incendio en la Chiquitanía. Una tragedia de esta magnitud tiene una dimensión territorial relevante en el imaginario cruceño, que llamaría a la gente de este departamento, a reactivar el compromiso con “su” territorio.  Una de sus manifestaciones, ha sido la reacción violenta que se dio de parte de grupos de jóvenes opositores, ante el anuncio de la llegada de campesinos "del bloque chiquitano" para pedir que la gobernación anule su disposición de pausa ambiental.

Se dice que el 2009 se dio el fin de la disputa entre gobierno y oposición, eso es cierto, pero también lo es que ese año se dio el fin de la disputa entre una región cruceña cuyo regionalismo se condensó en la propuesta de autonomías departamentales y un centro politico que logro reinventarse a la cabeza de Evo Morales. Sin embargo, esto o quiere decir que se haya desactivado el regionalismo cruceño, está presente delineando instituciones, discursos y proyectos políticos. 

EL SÍNTOMA ALMAGRO

El pasado viernes 17 de mayo Luis Almagro Lemes  copaba los principales titulares de los periódicos digitales bolivianos. El secretario general de la OEA, contra todo pronóstico y desapegado completamente de su perfil antichavista,  dio un explícito apoyo a la cuarta repostulación presidencial de Evo Morales afirmando que impedirlo sería discriminatorio.

Esto, naturalmente, despertó la crítica de la oposición, puesto que echaba por tierra, quizá  la última posibilidad que le queda para impedir la participación de Evo en las presidenciales de este año. De hecho, los sectores contrarios al gobierno, confían que organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  observen una sentencia constitucional de noviembre de 2017  que habilitó a Morales para una nueva repostulación, arguyendo una aplicación preferente de los derechos humanos de Morales sobre la constitución política del estado plurinacional de Bolivia

Empero, la postura de Almagro no es una rareza, una acción fuera de tono de un político desesperado por reelegirse como Secretario General de la OEA;  en realidad Almagro es síntoma de una corriente política internacional más amplia que no critica a  Morales y sus derivas autoritarias, sino que alaba sus logros en crecimiento y equidad; que no mira en Morales a un presidente que manipula instituciones a su favor y desconoce un referendo popular, sino que admira y respalda sus informes económicos y sociales.

El hecho de que Morales en el lapso de una década haya logrado reducir la tasa de pobreza de un 38,2%  a un 15,2%  y mantenido los índices de crecimiento del producto interno bruto real en un promedio de 4,9 % son datos que, sin duda, generan admiración internacional, más aún, cuando en décadas anteriores, Bolivia, por su pobreza e ingobernabilidad, era catalogada como un estado fallido. 

De manera directa o indirecta, varios representantes de la comunidad internacional han manifestado su respaldo al gobierno de Morales y no es desatinado suponer que, muchos de ellos, ven con beneplácito la sorprendente postura favorable a Evo del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Frank Pompeo, Secretario de estado de la administración Trump, en su visita por América Latina en abril pasado no incluyó a Bolivia en el grupo de países con regímenes autoritarios como lo hizo con Venezuela, Nicaragua  o Cuba. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre Krais, declaró confiar que las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre movilicen a la población y eso signifique un paso a la consolidación de la democracia boliviana, sin hacer una sola mención al hecho de que la participación de Evo en estas elecciones significa el desconocimiento de un referendo popular. Así mismo, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, en su última visita a Bolivia, no dijo nada sobre la situación de la democracia en Bolivia, limitándose a firmar, entre otros, un convenio referido a un proyecto de tren bioceánico, que enlazará las costas del Pacifico, en territorio peruano, y el Atlántico, en Brasil.

Si alguien pensó que los encendidos discursos antiimperialistas de Evo, junto a su proclamada defensa de Nicolás Maduro terminó por aislarlo internacionalmente, está equivocado. De vencer Morales en las elecciones de octubre gozará del apoyo de todos los gobiernos, incluidos naturalmente, de las potencias sudamericanas como Brasil y Argentina (dos países del giro a la derecha) que, dicho sea de paso, tampoco realizan acciones efectivas para detener o censurar la anómala repostulación de Morales.

Empero ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto la comunidad internacional continuará apoyando a Evo? no se sabe. Lo cierto es que ella suele prender todas las alarmas cuando el daño a la democracia ya está hecho, cuando estos regímenes, presidencialistas y centralistas, necesitados de sostenerse en el poder rompen del todo con la legalidad y las instituciones y arremeten contra los derechos humanos de la gente; cuando, huérfanos de apoyo internacional, buscan el respaldo del regímenes abiertamente autoritarios y contrarios a los intereses europeos o norteamericanos como China o Rusia.

Rota la posibilidad de que la comunidad internacional levante mecanismos diplomáticos para impedir la repostulación de Morales, todo indica que serán las urnas las que, finalmente, dirán si Bolivia da un giro político cambiando al partido en el poder o, por el contrario, reelegirán a un presidente que viene gobernando Bolivia desde 2006.

Se espera que la comunidad internacional torne su mirada al proceso electoral de este año y ponga atención a sospechas de imparcialidad del Tribunal supremo electoral (TSE), por muchos hechos anómalos, entre ellos, que varios de sus vocales hayan renunciado a su cargo denunciado presiones externas y que el TSE haya aceptado la postulación de Morales, desconociendo el referendo de 21 de febrero de 2016,  que el propio TSE se encargó de administrar y dar por válido.

EVO MORALES, BOLSONARO Y LA EXTRADICIÓN DE CESARE BATTISTI

El mes de enero de 2019 será recordado como un mes fatal para las relaciones exteriores de Bolivia, cuyo gobierno de izquierda no sabe bien cómo acomodarse al nuevo esquema internacional donde varios líderes de derecha han tomado las riendas de su país, entre ellos Brasil, con mucho, el socio comercial más importante de Bolivia.

El 1 de enero Evo Morales viajó a Brasilia para asistir a la posesión de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil. Este no era un acontecimiento cualquiera: la presencia del presidente Morales se daba en un contexto en que sus aliados más importantes como Nicolás Maduro  de Venezuela; Daniel Ortega de Nicaragua y Miguel Diaz-Canel de Cuba no fueron invitados a pedido del propio Bolsonaro y donde el líder más importante de la izquierda sudamericana, Ignacio Lula da Silva está en la cárcel. Sin embargo Morales hizo todo lo posible para parecer un desentendido: felicitó a Bolsonaro, lo abrazó y le dio la mano y, en un sorpresivo tuit, lo llamó hermano; además, no se animó a solicitar una visita carcelaria a su admirado Lula, ni tuvo grandes declaraciones contrarias a la ideología conservadora de Bolsonaro: su comportamiento se desarrolló según las reglas que el protocolo exigía.

Que un líder como Morales, que permanentemente califica al encarcelamiento de Lula da Silva y al juicio político contra Dilma Roussef como actos de la derecha latinoamericana servil a los dictámenes de Estado Unidos, tenga esa muestra de diplomacia con alguien que está en la antípoda de su posición ideológica es, cuando menos, curioso. Sin embargo, esto se aclara cuando se constata que Brasil es el socio comercial más importante de Bolivia, país al que en 2015 exportó por un valor de 1.600 millones de dólares, de los cuales el 95% es gas, el recurso natural que mantiene a Morales en el poder. Dicho de otra manera, en las manos del nuevo inquilino del palacio de Planalto, está la estabilidad en el flujo de divisas a Bolivia, más aun cuando el contrato de venta de gas de Bolivia a Brasil vence este 2019. Un cambio en los términos de la venta de gas a Brasil puede ser fatal para la economía y, por supuesto para la gobernabilidad de Morales y sus ambiciones reeleccionistas.

Con todo, la clave para entender esta súbita amabilidad de Morales con Bolsonaro, radica en el miedo que tiene la diplomacia boliviana de que el perfil anticomunista y antichavista del nuevo presidente de Brasil,  termine por teñir o contaminar las relaciones entre Bolivia y Brasil. Si bien entre ambos países hay varios temas donde se pueden establecer acuerdos, como el asunto energético, ecológico o las drogas ilícitas, el temor que tiene el gobierno boliviano es que esta agenda se supedite  al objetivo de eliminar o debilitar a un gobierno como el del Morales que, a todas luces, resulta siendo uno de los más importantes respaldos que le queda al archienemigo de Bolsonaro, Nicolás Maduro.

Queda claro que el gobierno de Morales, en este contexto, tiene poco margen de maniobra, no puede dar un giro ideológico hasta el punto de negar su pasado, prueba de que no lo hará es la asistencia del presidente boliviano a la investidura de Maduro y su militante defensa de su legitimidad en el gobierno. Pero si bien no puede alejarse de su ideología,  a cambio puede realizar algunas acciones que ayuden a potenciar el capital político de Bolsonaro quien, pese a su amplio triunfo electoral en segunda vuelta, tiene fuertes desafíos de gobernabilidad y necesita mostrar medidas que aplauda su base política y electoral.  

En efecto,  en la mañana del 13 de enero, fue detenido en la ciudad de Santa Cruz, el ex terrorista Italiano Cesare Battisti. Este individuo que, desde sus 23 años fue militante de la extremista Proletarios Armados por el Comunismo, en 1979 fue acusado de varios asesinatos y condenado por la justicia de su país. Desde ese momento, inició un periplo de permanente fugitivo, pasando por Francia y México siendo, finalmente, amparado por el gobierno de Ignacio Lula da Silva, que le dio  status de refugiado primero y  residente permanente después. Battisti, conocedor de que el cambio de gobierno de Brasil ponía en riesgo su libertad y de que su detención iba a ser un dorado trofeo para Bolsonaro, se trasladó a Bolivia donde, suponía, su libertad estaba asegurada.

Nada de eso pasó, el gobierno Boliviano en una articulación perfecta con las autoridades de Brasil, en cuestión de horas detuvo al súbdito italiano, le negó su solitud de refugiado y lo despacho a Brasil, desde donde lo llevaron a Italia a una cárcel de máxima seguridad. El gobierno socialista del MAS dio un gran regalo a Bolsonaro que, de esta manera, pudo dar muestra fehaciente a sus electores  anticomunistas de que cumple su promesa de desandar el camino de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, mandando a la cárcel a uno de sus amigos.

Por contrapartida, este gesto de Morales a Bolsonaro ha generado tensión y turbulencia dentro del propio partido de gobierno. Inmediatamente se alzaron voces críticas y contrarias a esta medida como quizá nunca antes había pasado dentro del MAS. Un exministro de gobierno, un líder de las juventudes del MAS, el hermano del vicepresidente y varios otros señalaron que se habían violado los derechos humanos de Battisti, que lo que correspondía era un juicio previo a la extradición. Uno de ellos indicó que se encontraba avergonzado del MAS, mientras que otros pedían la renuncia del ministro de gobierno Carlos Romero, a la vez que anunciaban un grave costo político para el gobierno.

En ese contexto, queda claro que la estrategia Boliviana para acercarse a Brasil es la de ceder en aquellos aspectos no ideológicos, y si más bien avanzar en gestos y acciones que ayuden a reforzar la popularidad del presidente de Brasil y con ello granjearse su simpatía. Es razonable suponer que Bolivia en este año tratará de tomar más en serio el asunto del narcotráfico y la delincuencia internacional,  asuntos muy importantes para Brasil, donde Bolsonaro puede abonarse triunfos políticos y el gobierno de Bolivia mantener la venta de gas a Brasil.

PRIMARIAS

¿Son necesarias las primarias? ¿El país se puede dar el lujo de gastar 26,9 millones de bolivianos solo para ratificar a los binomios propuestos por cada partido? ¿Qué gana la democracia cuando ningún partido ha presentado más de un postulante?  Las respuestas a todas esta preguntas es que las primarias son innecesarias,  por onerosas e inútiles.   

Sin embargo las cosas son un poco más complicadas, en primer lugar porque la mayoría del MAS en el poder legislativo no impulsó la nueva ley de partidos y las primarias para generar proceso de democracia interna en los partidos, sino para apresurar los tiempos políticos e impedir la conformación de alianzas, de liderazgos y de programas en la oposición. El partido de gobierno, así como lo hizo con la Constitución, con la elección de magistrados y con el reglamento de autonomías, no impulsa las leyes para generar institucionalidad sino para tener un instrumento que lo fortalezca en el poder que, ademas, cree perpetuo.   

Esto se puede ver a través de lo que hizo y dijo el MAS en torno a las primarias: en primer lugar si la intención de democratización interna era verdadera, este partido, coherente con sus enunciados, tendría que haber presentado para las primarias por lo menos dos candidaturas y no repetir el añejo binomio que se postula desde al año 2005; por otra parte, si la intención hubiera sido sana, el vicepresidente no hubiera declarado, orgulloso, que las primarias le sirvió al MAS para tener más tiempo en su afán de desgastar la imagen del candidato opositor Carlos Mesa. Por tanto no se trata de un tema meramente económico, ni legal: las primarias, sobra decirlo, son una de las estrategias de poder del MAS.

Aún más. ¿Qué pasaría si al Tribunal Supremo Electoral le diera un ataque de racionalidad y decidiera suspender las primarias? Sencillamente que la habilitación de Morales y García volverían a caer en punto muerto, lo que naturalmente daría aire a la oposición para estructurar nuevamente alianzas y esquema opositores. Esta posibilidad no le conviene al MAS porque espera que el tema del 21 F, que tanto descalabro causa a su deteriorada imagen, se pierda en el torbellino del proceso electoral y, al fin,  pueda colocar en agenda los temas que cree lo conecta con el votante: estabilidad económica y redistribución de ingresos.

El MAS ya no puede volver, sin problemas, a sus antiguos nudos discursivos de profundización y ampliación de la democracia; no después no haber avanzado un ápice en la construcción de institucionalidad alrededor de la nueva Constitución del estado plurinacional; no después de haber convertido los recursos estatales en fuente de corrupción y autobombo; y no después de haber llevado al límite su influencia sobre el poder judicial y electoral.

De esta manera, en enero de 2019, asistiremos al proceso electoral más aburrido de nuestra historia republicana y plurinacional, solo comparables a los que ponían en escena los partidos liberal y conservador en el siglo XIX, en las que pequeños grupos de militantes se disputaban  el voto en unas elecciones en las que nadie creía salvo los caudillos.  

CUARTA POSTULACIÓN

El pasado martes 4 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha resuelto habilitar la candidatura de Morales y García a una cuarta repostulación. Pese a que existe el antecedente que el 21 de febrero de 2016 una mayoría de bolivianos tomó la decisión de mantener el Art 168 de la constitución que prohíbe la repostulación, el TSE, ha preferido actuar conforme una resolución del Tribunal constitucional que, en noviembre del 2017, avaló a Morales y García para una cuarta gestión gubernamental.

Para llegar a este punto, el gobierno de Evo Morales no solo ha tenido que llevar al límite su capacidad de influencia sobre el poder judicial, sino que ha puesto en crisis uno de los elementos centrales de su discurso como su alusión al pueblo al que se supone Morales oye y obedece. De hecho, en los meses previos al referendo del 21 de febrero de 2016, Morales, seguro de ganar, repetía una y otra vez  que era el pueblo el que mayoritariamente respaldaría su repostulación, desafiando a la oposición a respetar los que decida el pueblo. 

Sin embargo, una vez conocida su derrota en las urnas, Morales y su equipo dieron un giro de 180 grados: optaron por señalar que el pueblo, esa entidad que para Morales tiene las virtudes más excelsas de sabiduría e infalibilidad, había votado engañada por los opositores y por un “cartel de la mentira” compuesta por medios de comunicación.

Bajo esa premisa, Morales se puso a “corregir” el error que había cometido el pueblo y optó por presionar sobre el Tribunal constitucional y, tras un extenso cabildeo, decidió viabilizar la candidatura de Morales y García, con el argumento de que el artículo 168 violaba los derechos humanos de los mandatarios que están en el poder más tiempo que cualquier otro presidente, incluidos los autócratas.

Ahora, ya con la habilitación de su candidatura bajo el brazo, Morales ha retornado, en sus discursos, a la lógica amigo-enemigo, tratando de mostrarse como el genuino representante del pueblo y tildando a opositores de vendidos al imperio, privatizadores, “vendepatrias” y parientes políticos de la pasada elite neoliberal. En otras palabras y fiel a un conocido libreto populista, Evo Morales intenta polarizar el ambiente preelectoral, buscando ser el canal por donde fluya  el desencanto contra los ricos, los blancos y los privilegiados.

Empero, una gran incógnita se abre en torno a la efectividad de la estrategia. Quien emite ese discurso es justamente el presidente que más ha hecho por alejarse de la vida normal de una persona proveniente del mundo popular: Evo Morales ha mandado a construir un nuevo palacio de gobierno bautizado como la Casa de pueblo, ha comprado un avión de lujo y se ha hecho construir casas y museos que son una glorificación de su vida política pasada y presente. Si alguien se parece más a la pasada elite que se suponía erradicada es Evo.

Adicionalmente, la apelación al pueblo ha sufrido menoscabo, puesto que si bien dice gobernar obedeciendolo, en el momento en que ese colectivo da un veredicto contrario a sus intereses, opta por desconocerlo, por anularlo.

En este contexto, para el MAS se ha abierto una fuerte corriente contraria a su gobierno que a pesar de su desorganización demostró que lo puede vencer tanto en las urnas como en las calles. Demostró su poder en las elecciones para las máximas autoridades del poder judicial, en 2011 y 2017 cuando ganaron el voto nulo y blanco que fue la consigna de la oposición; también lo hizo en el referendo del 21 de febrero de 2016 en que la opción No ganó por mayoría absoluta de 51 por ciento de los votos; y finalmente logró vencer en las calles, cuando una movilización masiva realizada en enero de este año, hizo que Morales anulara la Ley de código de procedimiento penal que había promulgado meses antes.

A pesar de esta fortaleza la fuerza opositora ciudadana, este contrapoder que vigila, evalúa y sanciona permanentemente la gestión de gobierno, no ha podido establecer una organización estable y de largo plazo. Da la impresión que la oposición partidaria y de colectivos ciudadanos son islas poco articuladas y diferenciadas en lo ideológico, que se conectan para plantar oposición al gobierno pero en coyunturas muy específicas, una suerte de olas de rebelión que inundan el espacio público, para luego volver a las redes sociales que es donde más y mejor participan en política.

Ante esta carencia se han realizado intentos para establecer una mínima estructura organizativa  opositora pero con poco éxito.  En medio de las acciones colectivas en contra la aprobación del nuevo código penal, en enero de este año, se trató de erigir el Comité Nacional por la defensa de la democracia (CONADE) que tuvo poca trascendencia. Cosa parecida pasó, hace muy poco, con las movilizaciones y paro contra la habilitación de Morales a una nueva postulación, donde las organizaciones territoriales como los comités cívicos intentaron ser el eje de la protesta, empero sin logros relevantes.

En suma, hay indicios de un serio desgaste del MAS en el poder, sobre todo en su capacidad para la circulación de parte de su discurso populista; hay señales que existe una fuerte corriente “anti-MAS”,  junto a un sentimiento de agravio de gruesos sectores de la ciudadanía ante una nueva repostulación de Morales y su evidente manipulación de las instituciones. Todo esto puede ser clave en los resultados de las elecciones de octubre de 2019, sin embargo está en duda la existencia de un partido y liderazgo capaz de canalizar ese descontento.

LOS DILEMAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La primera semana de diciembre toda la presión política y social se encausará inevitablemente sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque de la postura que asuma este organismo derivarán otras cuyo decurso es imprevisible. En caso de que TSE fallara en contra de las pretensiones del MAS de volver a postular como candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera, la maquinaria estatal y de movimientos sociales presionará a los miembros del Tribunal, al extremo que se avizora una cascada de renuncias y posterior crisis institucional.

Por su parte, si es que el TSE aprobara la repostulación del binomio Evo-Álvaro, esto derivaría en una fuerte deslegitimación del TSE, al punto que los actores de oposición pueden canalizar su rechazo tanto con el voto nulo en las presidenciales, como hacia el pedido de renuncia de los miembros del TSE.

En ambos casos el resultado será el mismo: un proceso de fuerte erosión de la legitimidad del  TSE y la posibilidad de que la política quede con una institución debilitada para enfrentar un proceso electoral que se adivina lleno de controversias, desafíos y pugnas. Con toda seguridad que los afectados por la decisión del TSE, sean del gobierno o de la oposición, los acusarán de parcialidad, cuando no de estar “vendidos” a uno de los bandos en punga. Se extenderá sobre ellos la mancha de “gestores del fraude” y consiguientemente el ambiente de tensión política llegará al máximo organismo electoral.

Esto pasa porque se ha puesto al TSE como un actor con capacidad de veto (su decisión bloquea o habilita otros procesos) que tiene que tomar decisiones en temas que ya se definieron en otras instancias pero que, al no ser respetados, pueden desembocar en una crisis interna.

La presión desatada sobre el TSE es, en cierta forma, desmedida: se le ha conferido el rol de “defensores de la democracia” cuando en realidad su misión (que no es poca cosa) es la de administrar elecciones con idoneidad y transparencia. No pueden serlo, porque su rol institucional es vital pero limitado, baste señalar que su decisión respecto de la repostulación de Morales va a chocar inevitablemente, con dos esquemas institucionales como ser el referendo y el Tribunal Constitucional, ambas con mayor potestad legal sobre el decurso de la democracia que el TSE.  

Si finalmente el TSE rechaza la repostulación de Morales niega la potestad de un Tribunal constitucional que, se diga lo que se diga, es finalmente un órgano del Estado en plena vigencia; y si el TSE viabiliza la intenciones reeleccionistas de Morales pone en duda la vigencia de uno de los mecanismos constitucionales de democracia directa como el referendo.

A partir de diciembre de este año el TSE entrará en una encrucijada donde la sobrecarga de presiones puede generar crisis. En estas condiciones es previsible que la definición sobre el futuro del TSE y sus componentes recaiga sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional donde el MAS, sin duda alguna, hará valer su mayoría. 

DESPUÉS DE LA HAYA

Como no podía ser de otra manera, un fracaso internacional como el producido en La Haya, tiene que afectar la política en Bolivia. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya fallado en contra de la demanda boliviana, dejando a nuestro país más debilitado que nunca en su reclamo marítimo, no es cualquier cosa puesto que afecta a la sensibilidad de una nación para la que el mar es un tema vital.

El primer afectado por esta derrota es sin duda Evo Morales, no solo porque es la principal autoridad del país que liderizó todo el proceso, sino porque el mismo se encargó de hacer declaraciones desmesuradas sobre un fallo favorable, anunciando una y otra vez de que Bolivia estaba más cerca del mar que nunca.

Esta derrota no encuentra a Evo en el mejor de sus momentos políticos: con su legitimidad afectada a raíz del desconocimiento de un veredicto popular que le negó la cuarta repostulación; con un gobierno fuertemente dañado en su imagen a raíz de los escándalos en torno a la administración de la justicia; y con una gestión lastrada por la corrupción, ahora tiene que sopesar las innumerables acusaciones y recriminaciones que empezarán a salir una vez que Evo vuelva al país. La apuesta de Evo de ser el líder imprescindible de la aspiración marítima, el eje en torno al cual deberían girar los actores políticos para retornar al mar, se ha venido abajo de un manera tan contundente que marcará el resto de su gestión presidencial.

Por su parte, lo ocurrido en La Haya encuentra a Evo sin posibilidades de poder articular una respuesta en sus propias líneas argumentales. No puede acusar al imperialismo norteamericano de ser responsable del fallo, puesto que fue su gobierno el que por propia voluntad inició la demanda dando toda la potestad y legitimidad a la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, no puede señalar del fracaso a los enemigos internos, a los que califica de vendepatrias, puesto que todos los actores de oposición han apoyado esta iniciativa, al punto que dos de ellos le acompañaron en su viaje a La Haya y, finalmente, no puede señalar falta de apoyo ni de los medios de comunicación ni menos de la población, puesto que éste fue unánime y militante.

Aparentemente la confianza en un fallo favorable fue tan grande que impidió al gobierno estructurar un “plan B”; es decir un conjunto de medidas y de iniciativas políticas posteriores al veredicto, que permitan asimilar mejor una determinación desfavorable en La Haya. Morales estaba tan convencido de que la determinación de la Corte Internacional cuando menos señalaría la obligatoriedad de Chile a negociar (aunque sin mencionar el asunto de la soberanía), que estructuró un plan solo considerando un escenario positivo y no uno negativo.

Ante esta carencia, el gobierno ya ha adelantado lo que probablemente será su respuesta en los días venideros: afirmar que nada está perdido y de que es posible generar escenarios favorables para el inicio de negociaciones con Chile, lo que sin duda es deseable y posible. El gran desafío para el gobierno radica en convencer a la población de que el MAS es el mejor indicado para hacerlo.