Como no podía ser de otra manera, un fracaso internacional como el producido en La Haya, tiene que afectar la política en Bolivia. El hecho de que la Corte Internacional de Justicia haya fallado en contra de la demanda boliviana, dejando a nuestro país más debilitado que nunca en su reclamo marítimo, no es cualquier cosa puesto que afecta a la sensibilidad de una nación para la que el mar es un tema vital.
El primer afectado por esta derrota es sin duda Evo Morales, no solo porque es la principal autoridad del país que liderizó todo el proceso, sino porque el mismo se encargó de hacer declaraciones desmesuradas sobre un fallo favorable, anunciando una y otra vez de que Bolivia estaba más cerca del mar que nunca.
Esta derrota no encuentra a Evo en el mejor de sus momentos políticos: con su legitimidad afectada a raíz del desconocimiento de un veredicto popular que le negó la cuarta repostulación; con un gobierno fuertemente dañado en su imagen a raíz de los escándalos en torno a la administración de la justicia; y con una gestión lastrada por la corrupción, ahora tiene que sopesar las innumerables acusaciones y recriminaciones que empezarán a salir una vez que Evo vuelva al país. La apuesta de Evo de ser el líder imprescindible de la aspiración marítima, el eje en torno al cual deberían girar los actores políticos para retornar al mar, se ha venido abajo de un manera tan contundente que marcará el resto de su gestión presidencial.
Por su parte, lo ocurrido en La Haya encuentra a Evo sin posibilidades de poder articular una respuesta en sus propias líneas argumentales. No puede acusar al imperialismo norteamericano de ser responsable del fallo, puesto que fue su gobierno el que por propia voluntad inició la demanda dando toda la potestad y legitimidad a la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, no puede señalar del fracaso a los enemigos internos, a los que califica de vendepatrias, puesto que todos los actores de oposición han apoyado esta iniciativa, al punto que dos de ellos le acompañaron en su viaje a La Haya y, finalmente, no puede señalar falta de apoyo ni de los medios de comunicación ni menos de la población, puesto que éste fue unánime y militante.
Aparentemente la confianza en un fallo favorable fue tan grande que impidió al gobierno estructurar un “plan B”; es decir un conjunto de medidas y de iniciativas políticas posteriores al veredicto, que permitan asimilar mejor una determinación desfavorable en La Haya. Morales estaba tan convencido de que la determinación de la Corte Internacional cuando menos señalaría la obligatoriedad de Chile a negociar (aunque sin mencionar el asunto de la soberanía), que estructuró un plan solo considerando un escenario positivo y no uno negativo.
Ante esta carencia, el gobierno ya ha adelantado lo que probablemente será su respuesta en los días venideros: afirmar que nada está perdido y de que es posible generar escenarios favorables para el inicio de negociaciones con Chile, lo que sin duda es deseable y posible. El gran desafío para el gobierno radica en convencer a la población de que el MAS es el mejor indicado para hacerlo.
