¿SE REACTIVA EL REGIONALISMO CRUCEÑO?

Los análisis políticos son muy afectos a mirar los resultados de las encuestas a nivel nacional,  más interesados en saber si habrá o no segunda vuelta y pendientes del margen de votación de Morales respecto del segundo mejor posicionado.

Empero, una lectura un poco más centrada en lo subnacional nos puede deparar algunas novedades. En concreto, según las últimas encuestas, en Santa Cruz, a diferencia de lo que pasa en otros departamentos, la disputa electoral no está entre Morales y Mesa, sino entre Morales y Oscar Ortiz .

Mi hipótesis es que estos resultados se presentan porque en Santa Cruz se ha reactivado el regionalismo que había mostrado su potencia entre 2002 y 2009 que, más allá de los cabildos y movilizaciones para defender la autonomía departamental, se patentizaba en los resultados electorales: en Santa Cruz ganaban los partidos “neoliberales” así como en departamentos de occidente como Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz vencía Morales. Había, qué duda cabe, una fractura política no solo ideológica sino territorial.

La reactivación de este regionalismo se ve palpablemente en las últimas encuestas, donde el partido Bolivia dijo No tiene en Santa Cruz un respaldo importante. Esto quiere decir que, a la hora de votar, los cruceños lo harán pensando en un partido que, perciben, representa mejor su idea de futuro político. Tanto a Mesa como a Morales les cuesta conectar con el electorado cruceño. Para esa ciudadanía, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana son vistos como partidos nacionales, como expresión del centralismo andino y colla, que se habría reforzado con los 13 años de gestión de Morales.

Las dificultades con las que ha tropezado las unidad entre Comunidad ciudadana y Bolivia dijo No, es otra muestra de la dimensión regional de la politica,  con lo complicado que resultaba para un partido regional como BDN aceptar  a un candidato no cruceño. No es  equivocado suponer que para BDN el respaldar a Mesa implicaba un costo político, que les hizo plantear tal cantidad de exigencias al candidato de CC que, al final, estalló la posible coalición.

Este regionalismo, que la literatura especializada llama “clivaje centro –periferia, puede haberse agravado por el incendio en la Chiquitanía. Una tragedia de esta magnitud tiene una dimensión territorial relevante en el imaginario cruceño, que llamaría a la gente de este departamento, a reactivar el compromiso con “su” territorio.  Una de sus manifestaciones, ha sido la reacción violenta que se dio de parte de grupos de jóvenes opositores, ante el anuncio de la llegada de campesinos "del bloque chiquitano" para pedir que la gobernación anule su disposición de pausa ambiental.

Se dice que el 2009 se dio el fin de la disputa entre gobierno y oposición, eso es cierto, pero también lo es que ese año se dio el fin de la disputa entre una región cruceña cuyo regionalismo se condensó en la propuesta de autonomías departamentales y un centro politico que logro reinventarse a la cabeza de Evo Morales. Sin embargo, esto o quiere decir que se haya desactivado el regionalismo cruceño, está presente delineando instituciones, discursos y proyectos políticos. 

SANTA CRUZ: ¿LOCOMOTORA ECONÓMICA O CAMIÓN MODELO 1952?

Había un momento en que Santa Cruz no era el próspero departamento que es hoy. A raíz de que el estado vivía de la producción minera, las carreteras, las fuentes de trabajo la burocracia y las inversiones se habían concentrado en la parte occidental del país. Esto había generado la protesta de Santa Cruz que, en un Memorándum dado a conocer en 1904, denunciaban el abandono al que el Estado boliviano había sometido a este departamento quitándole sus mercados naturales ubicados en Oruro y Potosí y el aislamiento a que lo condenaba la inexistencia de caminos y vías férreas. “La región andina, no toma en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido son los intereses más importantes para el bienestar general de la nación”, decía una parte del documento.

Medio siglo después llegó la revolución nacionalista de 1952  y puso en marcha uno de los más ambiciosos proyectos estatales de integración territorial: la marcha hacia el oriente. Era uno de los esfuerzos de construcción de nación que consistía en un fuerte impulso a la producción agropecuaria cruceña junto a la construcción de caminos y ferrocarriles que vinculen Santa Cruz con el resto del país.  De esta manera el MNR, Víctor Paz y su ministro de planificación de entonces Walter Guevara Arce ponían en práctica los sueños de un norteamericano, Melvin Bohan, que en 1944, a partir de un estudio de economía de nuestro país habían recomendado salir de la producción minera para ingresar a la de alimentos que permitan abastecer el mercado interno. Santa Cruz, para el informe, era el mejor espacio para lograrlo, decía Bohan “después de visitar las principales zonas de la república, es de opinión de que el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato está en el distrito de Santa Cruz”. 

A partir de ese momento  Santa Cruz fue un privilegiado destinatario de los recursos estatales. Solo para mostrar algunos ejemplos, entre 1955 y 1964 este departamento absorbía el 43% del crédito agrícola  y una buena parte de los recursos de la Corporación Boliviana de Fomento.  Posteriormente las dictaduras militares lo único que hicieron fue reforzar esta lógica: entre 1964 y 1970 a Santa Cruz se destinaba el 43,1% del crédito agrícola, porcentaje que subió de manera espectacular al 69% durante la dictadura de Hugo Banzer, quizá el periodo donde el estado apoyó más a la región cruceña. 

El resultado global de este proceso fue bueno para Santa Cruz pero malo para las regiones del Sur como es el caso de Chuquisaca. Nos muestra un país altamente heterogéneo, con regiones prosperas frente a regiones pobres, cuyos resultados los podemos ver hoy: Santa Cruz el 2014 tiene el más alto PIB per cápita del país que llega a los 3.206 dólares por habitante mientras que el de Chuquisaca llega a los  2.726; el aporte de Chuquisaca al PIB nacional es de 4% frente al de Santa cruz que llega a 28%.

            Hoy sabemos que esta situación no puede continuar más, Bolivia no puede darse el lujo de tener regiones prósperas y con oportunidades, frente a regiones pobres, sin potencial empresarial, expulsoras de población y mano de obra, (mucha de ella altamente calificada). Se ha dicho que Santa Cruz es la locomotora del país y debe merecer este nombre. Una locomotora debe ser capaz de jalar a otros departamentos hacia el desarrollo no un camión modelo 1952 que solo vela por su propio crecimiento dejando de lado a las otras regiones. Esta última actitud es la que se revela a raíz del informe, de que el megacampo gasífero de Incahuasi se encuentra en su integridad en territorio cruceño. La elite cruceña  ha celebrado esta noticia, alegre que solo Santa Cruz y no Chuquisaca, como debe ser, reciba los recursos de este reservorio, olvidando que más allá de su frontera hay pobreza y marginalidad. Alguien debería recordarle a la elite cruceña y al gobernador Rubén Costas que la prosperidad de una región no es sostenible sobre la pobreza de otra. 

Mas información en

http://www.icees.org.bo/2015/08/plan-bohan-una-historia-de-exito/

http://www.fundacion-milenio.org/coy-291-santa-cruz-y-su-inclinacion-hacia-una-economia-primaria-exportadora/

http://www.fundacion-milenio.org/economia-chuquisaca-se-resiente-crisis-petrolera/

RECENTRALIZACIÓN ESTATAL

En estos días Felix Patzi, la persona que logró arrancarle al MAS la gobernación del departamento de La Paz, hace una huelga de hambre que parece tan destinada al fracaso como la vigilia de los discapacitados. Pasa que el gobernador Patzi pide algo imposible: hacer que el gobierno ceda algo de lo que considera sus recursos para que las autoridades de los niveles subnacionales hagan obras y mejoren su popularidad política.

Ocurre que desde la asunción de Evo Morales al poder se despliega un proceso de recentralización estatal que consiste en que el poder ejecutivo aumenta su poder territorial sobre las regiones en base a dos políticas: eliminación de los liderazgos locales a través de la utilización del aparato judicial (eso que se ha denominado Estado de derecho politizado) y una reducción y limitación de los recursos económicos destinado a los niveles subnacionales de gobierno. En otras palabras se suprime tanto a las cabezas de la oposición local, así como se recorta a las autoridades locales de los recursos necesarios para hacer obras en los territorios donde han sido elegidos. 

La lógica detrás de esto radica en convertir a Morales en el gestor de desarrollo no solo nacional sino también local. Hacer que el presidente sea la persona que dirija la recepción, asignación y ejecución de proyectos en cada uno de los territorios del estado.  Se trata del despliegue del poder territorial del centro hacia las periferias, que consiste en hacer que el estado central llegue a los lugares más recóndidos del territorio boliviano con inversiones, asignaciones, ayuda y obras pero cuidando muy bien de que sea Evo el que lleve a cabo este proceso. Que el presidente se encuentre cada día en una de las poblaciones de Bolivia entregando obras es una muestra, responde a la necesidad de construir un poder nacional con Morales en el centro del mismo.

El mecanismo más notorio y efectivo es el programa “Evo cumple”, donde Morales aparece como el gobernante atento que recibe los proyectos e iniciativas de los alcaldes y dirigentes sindicales, evalúa la pertinencia de estos proyectos, decide la asignación de los recursos y, finalmente, es el que entrega las obras en medio de aplausos y olor a multitud.

La clave política de esto es que Morales aparece como el gobernante sensible a las iniciativas locales, quien con una alta eficiencia es capaz de solucionar las carencias y necesidades de las poblaciones en un tiempo record. Esta lógica estatal parece decir: si las gobernaciones son ineficientes y no pueden llevar a cabo obras, Morales y el poder central son rápidos y generosos; si las alcaldías no pueden sentir las necesidades de la población, Morales sí puede hacerlo dada su capacidad para saber lo que quiere el pueblo.

El pedido de Patzi en realidad busca que se lleve a cabo el pacto fiscal, algo que el ojo centralista del gobierno mira mal, porque sabe que ello implicaría reducir sus recursos. La demanda de Patzi de ser atendida haría que la gobernación de La paz suba de un presupuesto que ahora llega a los 300 millones de bolivianos a la cifra de 3.000 millones de bolivianos.  Mucho dinero que no cederá el gobierno al opositor Patzi salvo un ataque de locura.

Lo paradójico es que esta huelga es realizada por el gobernador de uno de los departamentos que más ha sido beneficiado por el centralismo gubernamental. Si existe una región que desde inicios del siglo XX ha concentrado poderes e inversiones en su región es el departamento de La Paz. Por tanto  no habría razón en la demanda de Patzi, puesto que La Paz más que otras regiones ha sido favorecida en su desarrollo, pero todo se explica cuando comprobamos que Patzi no tiene dinero para hacer obras y mejorar su popularidad, lo que lo obliga a buscar más recursos.

Por tanto la demanda de Patzi no tiene que ver tanto con el tema de la atención estatal sino con quien cosecha los aplausos que genera la realización de obras. En el fondo se trata de una vieja y nunca acabada disputa: la lucha entre el gobierno central y las regiones por el poder territorial. 

ENSEÑANZA DEL PASADO REFERENDO: LAS AUTONOMÍAS TIENEN QUIEN LAS ESCRIBA, PERO NO QUIEN LAS DEFIENDA

Franz Flores Castro

Ciertamente que los análisis sobre los resultados en el pasado referéndum autonómico, donde ganó el No, se parece a una discusión entre adivinos. Muchos analistas tratan de vislumbrar lo que ocurrirá en el referéndum sobre la reelección de Morales del próximo año, a partir de lo ocurrido el pasado 20 de octubre. Estas posturas, equivocadamente, comparan dos eventos de naturaleza distinta y olvidan que el elector contemporáneo vota como ciudadano y no como militante. Más allá de estas interpretaciones propongo mirar los resultados a partir de dos ejes analíticos: la política territorial y el rol de las elites.

Uno de los elementos básicos de todo proceso descentralizador o autonómico es que apunta a un cambio en la distribución territorial del poder. La idea es que el poder estatal no está igualmente distribuido en todas las regiones, que unas tienen mayor capacidad política que otras y de que la autonomía es una vía para cambiar esta situación a favor del nivel subnacional. La autonomía plantea una contradicción entre el poder ejecutivo que trata de concentrar todos los hilos del poder y unas regiones que buscan disminuir este poder potenciando el de su propia región. Con la autonomía diríamos que se juega lo que en términos convencionales conocemos como el “peso político” del departamento.

Lógicamente que este es un proceso muy complicado porque el centro rara vez quiere ver disminuido su poder territorial. De hecho, cada vez que se ha planteado procesos de descentralización, el centro siempre ha tratado de evitar esta propuesta, en general, blandiendo el argumento que ello atenta contra la unidad de la nación, que la divide, que la separa. Eso es lo que argumentaron los liberales en la convención de 1901, el MNR en la convención constituyente de 1938 y el MAS en 2008.
Por otra parte, para que exista una necesidad de restarle al estado central su poder se necesita que un grupo de personas vean en el centralismo un obstáculo a la expansión de sus intereses, ya sean económicos y/o políticos;  en otras palabras, una elite para la cual es insoportable y atentatorio a su estabilidad como clase que otros decidan por ellos, que otros actores, en el centro estatal, tomen las decisiones que les incumben. En apoyo a este argumento se pueden citar los casos históricos de Guayaquil en Ecuador o Santa Cruz en Bolivia, dos regiones que cuando vieron que sus intereses económicos estuvieron en riesgo por el giro político a la izquierda que se daban en el centro, (Correa en Ecuador, Morales en Bolivia) postularon la autonomía como una vía para resguardar sus intereses.

Esto es lo que en mi criterio explicaría el masivo No a los estatutos autonómicos en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. En estas regiones no se habrían incubado unas elites poderosas a las que les interese un cambio en la distribución territorial del poder, un grupo de actores que puedan construir una serie de consensos con la sociedad civil a partir de su propio proyecto de región  (que en el fondo es su proyecto de clase). Son elites inútiles que viven al amparo de sus alianzas con los actores del estado central. En Potosí claramente los cooperativistas, (actualmente una elite económica), tiene asegurados sus intereses en base a las alianzas políticas con el MAS. En Chuquisaca, al no haber una elite económica, la nueva elite política ratifica su alianza con el centro para asegurar su  poder.

Por tanto, no hubo mayor entusiasmo por las autonomías en las regiones consultadas porque no existen actores que quieran apuntalar un proceso autonómico. Los grupos de poder a lo sumo trataron de que el estatuto autonómico no vulnere sus intereses. La gran lección de este proceso es que las autonomía no solo necesitan quien las escriba sino quien las defienda.

¿Qué es COMCIPO?

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) agrupa a instituciones sindicales, gremiales, provinciales y empresariales del departamento de Potosí. Fue fundada el 2 de agosto de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer. En sus inicios reunió a profesionales y representantes de la clase media que enarbolaron demandas como una planta de fundición de zinc, la construcción de un aeropuerto y caminos (El Siglo, 3.08.1976). Su discurso se puede caracterizar de izquierda y nacionalista y pese a que a lo largo de su vida ha recibido muchas críticas, (representatividad de sus dirigentes, utilización de Comcipo para conseguir favores personales o ingresar a la política) siempre se ha constituido en un efectivo canal de agregación de las demandas regionales, gozando de una alta legitimidad y capacidad de acatamiento de sus decisiones.

ESTADO, MINERÍA Y SOCIEDAD CIVIL, ALGUNOS APUNTES PARA ENTENDER EL CONFLICTO POTOSINO Franz Flores Castro

Potosí electoramente nunca fue un problema para el MAS, cabe recordar que en las elecciones de 2002, cuando Evo Morales candidatea por primera vez a la presidencia de la república, ganó en el departamento con un 34 por ciento a dos puntos del MNR; posteriormente, para las elecciones de 2005, el respaldo potosino al MAS y Morales fue contundente ya el MAS ganó en el departamento de Potosí con el 57.8% % de los votos, seguido muy de lejos por Poder Democrático y Social (PODEMOS) con el 25.6%. En virtud a esta votación el MAS logró dos senadores y diez diputados, la más grande brigada parlamentaria departamental conseguida por partido alguno en varias décadas de democracia.

¿Por qué el MAS tuvo semejante respaldo  en Potosí? Las razones pueden ser muchas, pero creo que lo que principalmente sedujo al votante potosino fue que el MAS ofrecía el retorno del Estado y con ella un mayor control sobre la explotación de los minerales. El MAS prefiguraba un horizonte distinto al modelo neoliberal que había cerrado sus minas y condenado al desempleo a miles de trabajadores de la COMIBOL.

Cuando Morales en enero de 2006 llega a la presidencia lo hace montado sobre un alza de precios de los recursos naturales. Potosí estaba en una franca recuperación de su minería y tanto los empresarios como la propia población recibían estas noticias con mucha esperanza. Al fin, luego de más de dos décadas, los minerales potosinos volvían a tener precios altos.  A fines de enero de 2005 ya se habla de la recuperación plena de la actividad minera. Un informe del Ministerio de economía señala un incremento del 36% en las exportaciones mineras respecto del año 2004,  porcentaje que, en términos monetarios, significaba que el departamento había exportado por un valor de 221.842.630 dólares, lo que configuraba el fin de la crisis y el inicio una  nueva bonanza minera. Sin embargo, la población potosina  si bien entiende que la bonanza minera le traerá mejores días, también tiene la experiencia de que esos recursos pueden salir del departamento sin ser aprovechados por la región para su desarrollo y modernidad; los datos y noticias que se tienen en esos días indican que es más probable lo segundo: la misma fuente ministerial indica  que el pago por regalías  mineras, es decir el porcentaje de impuestos que se destinan a los departamentos productores, era apenas de un 1,58% del total de exportaciones, solo 3.526.293 dólares. Adicionalmente se hacen conocer denuncias de que los mineros, en especial los cooperativistas, no reinvierten sus ganancias en el departamento prefiriendo comprar lotes y casas en otros departamentos.

Con estos antecedentes es lógico que se pueda pensar que agenda de demandas que tenía la sociedad potosina era un aumento sustancial en el porcentaje de regalías mineras, una reinversión de su ganancias, un control de la contaminación que generan los ingenios mineros y una mayor diversificación a partir de la minería; en suma, una utilización de los recursos mineros para lograr modernidad y desarrollo.  Para ello era necesario que el estado construya un conjunto de instituciones y diseñe políticas que garanticen la vida y el futuro de la población. Empero, nada de eso se cumple, ya que lo que principalmente le interesa al gobierno es garantizar el flujo de recursos de la minería potosina, para lo cual establece un pacto con uno de los actores más poderoso de la región como son los cooperativistas mineros (socios en algunos casos de las transnacionales mineras), lo que le permite un gran respaldo político y electoral. Esta alianza provoca serios efectos en la ciudad de Potosí ya que, en muchos casos tiene una agenda de demandas contraria a los interese mineros. Por ello deja pasar o hace oídos sordos a demandas como control de la explotación del Cerro Rico de Potosí, a un  un control de la contaminación, al pago por el uso de aguas potables. Para el estado el único interlocutor válido son las empresas mineras, con quienes pacta, acuerda y establece objetivos comunes, la sociedad civil potosina solo es un dato, algo que no merece tomarse en cuenta más que en época electoral.   

Por ello es que 2010, la sociedad civil potosina ya se ha desencantado por completo. Ve pasar la bonanza minera sin que ello haya significado un cambio sustancial en su vida. Los objetivos de generar desarrollo, cohesión social, seguridad de futuro, imagen de modernidad, que corresponden al estado y que, además, fue central en el discurso de Morales no se han cumplido en la periferia potosina, al contrario, la bonanza minera, solo contribuye a ratificar el imaginario de que la riqueza minera sirve para el desarrollo de otros departamentos y no para la región. Es más, existe en realidad la sensación de que las cosas son peores con la minería: la ciudad está contaminada, el ordenamiento urbano es un caos, la gente, los jóvenes tienen como único horizonte de vida la migración, la gente para curarse de una dolencia más o menos complicada tiene que ir a otra ciudad, ante la falta de empleo las calles se llenan de informales, etc.

En estas condiciones es que explota la huelga de los 19 días en 2010 cuya fuerza y unidad ya hablan de esta especie de cansancio y de bronca acumulada de una sociedad que confió en un cambio de rumbo con la presidencia de Morales.

En el presente año 2015, acaba de retornar el conflicto regional y, aunque parezca increíble, las mismas demandas que motivaron el conflicto de los 19 días en 2010 son las que ahora, de nuevo, motivan el paro. También parece increíble que el gobierno tenga la misma interpretación del conflicto: que se trata de un movimiento político ocasionado por unos cuantos revoltosos.  Quizá la solución sea simple: que el gobierno cumpla con sus principios de retorno del estado y con sus promesas electorales.