FIDEL CASTRO

FIDEL CASTRO

Buena parte de América Latina llorará la muerte de Fidel porque eso era, un líder continental más que cubano  Esto fue posible por el hecho de que en la década de los 50,  cuando todos los países viraban al nacionalismo antimperialista Fidel fue quien mas y mejor logró expresar este discurso.
No solo eso, además supo mantenerse fiel a ese ideario cosa que no pasaba con otros líderes. Por ejemplo el nacionalismo de Víctor Paz y del MNR terminó cediendo una y otra vez a EEUU hasta permitir el ingreso de capitales extranjeros en sectores clave de la economía y dio paso a la reorganización de ejército derrotado por las milicias mineras y campesinas en 1952.
Fidel es la expresión de la fidelidad a las ideas aunque muchas veces se olvide que ello fue al costo de suprimir  libertades civiles y políticas en Cuba.

EL NO A LA CARTA ORGÁNICA

El pasado domingo 20 de noviembre los trabajadores del gobierno municipal de Sucre y los impulsores de la opción del Si a la Carta orgánica Municipal, quedaron con ganas de festejar un triunfo que, hace meses atrás, se ofrecía como inevitable. Sin un partido político ni agrupación ciudadana que esté en contra de la Carta, su aprobación parecía cosa de mero trámite.

Empero, lo que ocurrió el pasado domingo es algo más que el fracaso de los propugnadores del Sí, es la muestra patente del alejamiento de la sociedad civil y el estado, de un creciente divorcio entre la ciudadanía y el gobierno.

Tres son los rasgos que expresan este alejamiento. Por una parte la incapacidad de la Alcaldía y la Gobernación para dar soluciones concretas, efectivas y sostenibles a las diversas necesidades de la ciudadanía y la forma en que se trata de disfrazar esta ausencia con reuniones internacionales, ferias de todo tipo y desfiles que, de pronto, se convierten en acciones centrales de la gestión edil, pero que en rigor no contribuyen a solucionar los problemas estructurales de la ciudad de Sucre.

El segundo rasgo tiene que ver con la ausencia de canales de agregación de demandas de la ciudadanía: la población no encuentra en la Alcaldía, ni en los partidos de oposición ni en otras instituciones, un mecanismo de protesta, una vía para dar a conocer su opinión, un camino para expresar su voz y sus demandas. Con un comité cívico presidido por personajes afines al partido de gobierno, con una oposición carente de capacidad y propuesta política, con unos sindicatos que han perdido toda visión general de sociedad y unas ONGs que se han funcionalizado por completo al proceso de cambio del MAS, la población siente que está sumida en la indefensión, percibe que no hay quien la apoye, defienda y escuche.

El tercer rasgo es la ausencia de liderazgo. En todos estos años del MAS en el poder no ha aparecido ningún líder o lidereza que sea capaz de dirigir el necesario recambio político regional. Ni en el MAS ni en la oposición se puede vislumbrar la emergencia de ningún personaje con posibilidades de mostrar un horizonte de futuro, de ofrecer un objetivo a los sucrenses, señalar  un nuevo tiempo, que tenga la virtud de percibir e interpretar lo que la gente quiere.

Estas fueron las condiciones políticas con la que el ciudadano fue a votar el pasado domingo. Como no hay canales de protesta, la gente protestó con su voto, marcando por el No; como tampoco existen respuestas a las demandas de la población la gente decidió pagar con la misma moneda a la alcaldía negándoles su apoyo a la Carta orgánica y, como no hay líderes, la gente optó por obedecer a sí misma, a su rabia, a su desazón, a su propio desasosiego colectivo marcando en la casilla roja del No.

Todo esto lo saben los actuales políticos, pero no hacen nada para remediarlo. Sumidos en una crisis de identidad, han perdido la noción básica del poder que, en última instancia es el servicio al ciudadano. Sin embargo a partir del pasado domingo 20 de noviembre ya sea en las urnas o en las calles, la sociedad civil se va a encargar de recordarles a cada momento su rol que parecen haberlo perdido.

UNIVERSIDAD, DEMOCRACIA Y CALIDAD ACADÉMICA

A luz de las noticias que tenemos de la universidad quizá estemos presenciando, de una manera trágica, el agotamiento de una forma de pensar la misma, el fracaso de un modelo que ha funcionado más o menos bien en las décadas pasadas, pero que ahora no puede resolver de manera efectiva y objetiva dos problemas: democracia universitaria y calidad académica.

En el primer caso, la democracia ha sido funcionalizada por grupos de poder y ha dejado de ser un mecanismo para la consulta de la población universitaria. Para graficarlo, basta señalar que en cada proceso eleccionario de autoridades y de centros estudiantiles, la universidad corre el serio riesgo de terminar destruida por el conjunto de presiones derivadas del establecimiento de mecanismos de captura de voto, más parecidos a unas elecciones que se realizaban en el siglo XIX (esa del cheque contra el cheque y el billete contra el billete de 1884), que las realizadas en el actual periodo democrático. Esto pasó en la Juan Misael Saracho de Tarija, que en 2015  estuvo con sus actividades paralizadas por más de dos meses, por disputas en torno a la elección del Rector; ocurrió también en la Gabriel René Moreno de Santa Cruz donde la polarización política, la violencia y las denuncias de irregularidades derivaron en la anulación de elecciones; y, como van las cosas, también puede pasar en la San Simón de Cochabamba, que ya tiene el antecedente de una suspención de actividades por asuntos derivados de la forma de selección del personal docente.

                                         Foto, Javier Calvo

En este contexto, las tomas físicas de los predios universitarios, las denuncias de uno y otro lado, y hasta las agresiones físicas, se han convertido en moneda corriente, a tal punto que no sorprende el hecho de que una facultad amanezca bloqueada por determinado bando político.

El segundo aspecto tiene que ver con la calidad universitaria, en concreto con el posicionamiento internacional de las universidades de Bolivia (lamentablemente no tenemos un ranking boliviano) en el mapa de calidad de instituciones de educación superior. En todos los rankins de universidades, el lugar que ocupan las superiores casas de estudio de nuestro país es uno de los más bajos. Solo para señalar la que más revuelo ha causado,  la  denominada "webometric": en ella la UMSA ocupa el primer lugar entre todas las bolivianas, pero a nivel mundial está en el 3.025, lejos, bastante lejos, de las universidades que lideran estos rankins.

Empero, más allá de esta situación, estos datos están indicando que la actual  universidad hace poca investigación; que sus docentes casi no escriben en revistas indexadas y que sus estudios, de los pocos que existen, no son citados por trabajos de investigación de otros centros académicos. En suma, las superiores casas de estudio no son referentes de la academia a nivel internacional.

Algo no está funcionando en la universidad: su actual modelo de democracia corre el riesgo de fagocitarse a la universidad dejándola sin capacidad de funcionamiento normal y su modelo académico no vincula enseñanza con investigación.

En contraste, estas instituciones, exhiben grandes avances en presencia de ella en las provincias, en prestaciones sociales y en equipamiento; también hay notables avances en la profesionalización de posgrado de los docentes y en número de egresados y titulados. Esa es la base, importante, pero no es suficiente, hace falta dar el gran paso hacia una nueva universidad.

Para lograrlo es necesario repensar en nuevas formas de plantear la democracia, una que amplíe la posibilidad de participación y reduzca la influencia de los grupos de poder; a su vez que sea una institución que dialogue con el conocimiento de otros centros superiores de estudio.

Dicen los textos de autoayuda, (de esos que escriben tipos como Paolo Coelho) que el primer paso para salir de un problema es reconocer que el problema existe. La universidad debe mirarse al espejo y actuar en consecuencia. 

                                                                                                              

EL SENTIDO EXTRAVIADO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Uno de los rasgos centrales de la autonomía universitaria es que ella ampara el libre pensamiento como condición previa e imprescindible para la crítica al poder.

Cuando en 1918 los universitarios de Córdova lucharon por la reforma universitaria y, dentro de ella por la autonomía, lo hicieron para que los gobiernos y el clero no intervinieran ni dirigieran el pensamiento en determinado sentido. Como señala al respecto Carlos Tunnermann, la autonomía se planteó como el “instrumento capaz de permitir a la universidad el desempeño de una función hasta entonces inédita: la de crítica social”

Por esta razón, a los ojos de todos los gobiernos, pero en especial de los dictatoriales, la autonomía universitaria siempre estuvo bajo sospecha y ataque. Los regímenes militares cerraron las superiores casas de estudios con la finalidad de retener la fuerza de movilización del estamento universitario y lógicamente para controlar su pensamiento, su crítica.

Sin embargo las universidades resistieron: pese a que en Bolivia a partir de 1964 los gobiernos militares intentaron intervenir sus aulas, esto no impidió la aparición de un pensamiento crítico que se nutrió teóricamente del nacionalismo, del marxismo y del indigenismo.  Ahí están las obras de René Zavaleta, de Marcelo Quiroga, de Sergio Almaraz, de Guillermo Francovich, de Gunnar Mendoza y de Max Flores, como testimonios de la capacidad de hacer ciencia al margen del aval del estado.

Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los intelectuales universitarios perdieron vigencia porque sus parámetros teóricos, profundamente imbuidos de nacionalismo, ingresaron en crisis. A cambio surgió un tipo de investigadores que trabajó en torno a temas como la gobernabilidad y la economía de mercado pero, en muchos casos, fuera de la universidad, en entidades internacionales o en organismos no gubernamentales donde las condiciones para la investigación eran comparativamente mejores. Si se hace un recorrido por la producción bibliográfica relevante en ciencias sociales de los últimos treinta años, se concluye que una buena porción de las investigaciones son apoyadas, financiadas y publicadas por instituciones internacionales. No es casual que, en este contexto, por ejemplo el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) tenga más producción bibliográfica en ciencias sociales que cualquier universidad de nuestro país.

Esta misma característica tuvo la corriente indigenista que nació con el proceso político de giro a la izquierda en Bolivia, esa que nace sobre las cenizas del modelo neoliberal. El grupo “Comuna” de García, Prada y Tapia así como el grupo del Taller de historia Andina de Silvia Rivera, no crecen dentro de la universidad sino fuera, en los espacios de las organizaciones sociales, en la sociedad civil.

De esta manera, las universidades que durante largo tiempo quedaron huérfanas de liderazgo académico, tienen autonomía pero no hacen crítica social; la constitución garantiza su derecho al libre pensamiento pero no existen espacios de discusión académica; tienen autonomía pero ella no sirve para desarrollar ciencia. La simple constatación de que las universidades bolivianas adolecen retraso respecto de sus pares de América Latina es una prueba. La autonomía ha perdido su característica para la cual fue creada: ser el garante para el desarrollo libre de la ciencia. 

Ante esta pérdida del significado de la autonomía, el extravío de su sentido original, la autonomía se ha convertido en un dispositivo discursivo para legitimar la lucha por el poder; en un justificativo para mantener privilegios o para conseguirlos, con el obvio resultado de ruptura de normas y de institucionalidad. Por ello, es muy sintomático que los actores universitarios utilicen a la autonomía como un recurso retórico para legitimar sus ambiciones.  ¿Acaso no es la autonomía y su vigencia la que se coloca como argumento para mantenerse en el poder? ¿no es cierto que la autonomía es invocada para violentar la norma universitaria ya sea para acceder a mayores recursos así como para impedir que otros grupos se hagan de ellos?

Por ello urge retomar el sentido original de la autonomía, se hace imprescindible superar su extravío y colocar  a la universidad acorde a los desafíos del nuevo siglo: moderna y volcada a la investigación. En el momento en que la universidad retome su rol de liderar la investigación, recién la autonomía habrá recuperado el objetivo para la cual fue creada. 

LOS ANDES NO CREEN EN DIOS NI EN EL ESTADO

Una de las mayores incógnitas en estos días debe ser las razones del trabajo minero en las cooperativas. ¿Por qué, pese a la dureza del trabajo en la mina, a lo mal remunerado, los mineros continúan horadando la montaña? ¿Cuál es la causa de que, pese a la evidencia de explotación laboral y recorte de derechos laborales, recién ahora exista un atisbo de sindicalización en las minas?  ¿Por qué, a pesar de que el trabajo en la mina reduce la vida de las personas, continúa atrayendo una gran cantidad de mano de obra?

Una de las respuestas, la más común, es que en las cooperativas existe un grupo de explotadores que se aprovechan del trabajo ajeno, que medran de la necesidad de empleo de gente pobre, (la mayoría de origen rural) y lo usan en su provecho para enriquecerse.  Sin embargo, este asunto puede ser más complejo de lo que a primera vista parece.

En el interesante libro titulado Los ministros del diablo de la antropóloga Pascale Absi se cuenta la historia de Fortunato, un minero cooperativista que, en su juventud, llegó a ser uno de los mineros más acaudalados del cerro rico de Potosí pero que con el pasar del tiempo perdió/dilapidó toda su riqueza tanto que ahora se lo puede ver trabajando como curandero adivino.   Lo que interesa saber es ¿Cómo llegó a tener tal riqueza? Trabajando como minero está claro, pero ayudado por un gran golpe de suerte que le hace descubrir un rico filón de estaño que le cambia la vida por completo, tanto así que era uno de los padrinos más codiciados de promociones de bachillerato, de matrimonio, de bautizo y, según señala en su libro Absi “como no sabía qué hacer con su dinero, decidió, empapelar con billetes las paredes de sus casas”.

La clave aquí es que la riqueza de Fortunato no hubiera sido posible como trabajador de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), ni como asalariado de una minera privada. En ambos casos igual hubiera recibido su salario y quizás una felicitación de gerencia, nada más. En ese sentido, solo dentro de un esquema cooperativista, el minero puede pensar en hacerse rico, ya que permite la constitución de un minero  “libre”, es decir dueño de un paraje minero, de una bocamina que explota bajo su cuenta y riesgo. En otras palabras, lo que mueve a seguir trabajando al cooperativista es que no lo hace para un tercero sino para si mismo, y lo hace en una labor donde existe la  gran probabilidad de que de que aparezca un grueso filón que lo haga rico. Es cierto que los cooperativistas contratan mano de obra, los llamados “segundas manos”, pero es probable que en ellos también se encuentre la expectativa de ser socios cooperativistas y así soñar con ser ricos algún día. Para ellos, en cierta medida, ser solo trabajadores asalariados es frenar sus posibilidades de ser Fortunatos en algún momento, dejar de lado el objetivo de trabajar su propio paraje minero y de tener la posibilidad de descubrir una veta prodigiosa.

Por supuesto que esta expectativa, esta esperanza, no puede funcionar si a la vez no se considera a la mina, a la montaña (Absi sitúa su trabajo en la mina del cerro rico de Potosí) una entidad viva, una suerte de deidad que se encarga tanto de proveer riqueza como de quitarla. No puede darse sin tomar en cuenta el pacto que el minero entabla con el diablo que, en esta concepción, es el dueño de las vetas, y a quien los mineros hacen ofrendas como “unas hojas de coca, cigarrillos y alcohol, ocasionalmente un feto de llama”. 

En suma, el mundo minero es sumamente complejo, no admite una lectura parcializada ya que en él juegan aspectos religiosos, sociales, políticos que muchas veces son desconocidos por el Estado y que por tanto no puede aplicar políticas públicas efectivas destinadas a este sector. Adolfo Costa Du Rels a propósito de los mineros puso como título de su novela “Los andes no creen en dios” yo creo que tampoco creen en el Estado. 

EL ESTADO CON HUECOS (MINEROS)

Lo que debe quedar claro a propósito de la última movilización minera es que gobernar autoritariamente no es lo mismo que construir Estado. El gobierno del MAS lo creyó a fe ciega a partir de nacionalizar los hidrocarburos, limitar los poderes regionales y suprimir  a sus opositores. Empero, con lo ocurrido a raíz del bloqueo de caminos de los mineros cooperativistas, se dio de narices con la realidad: el estado no pudo durante tres largos días controlar la carretera troncal del país, ni pudo impedir que tres cooperativistas murieran victimas de arma letal, ni que el viceministro Rodolfo Illanes sea salvajemente torturado y asesinado la tarde el jueves 25 de agosto.  El estado que, según la definición de Max Weber es el monopolio legítimo de la violencia, perdió su capacidad dejando el país al borde del caos y la violencia.

Sin embargo, esta  no es una característica extraña en la configuración estatal en América Latina, Guillermo O´Donnell acuñó la figura de “estado con huecos” para denotar que la capacidad de estado no es uniforme a lo largo del territorio, que en muchos espacios como ser zonas urbanas, espacios rurales o incluso empresas, el estado no existe o tiene una capacidad muy limitada para imponer presencia y orden. La actual minería cooperativizada es un ejemplo casi perfecto de esta situación: en estos lugares el estado suspendió su capacidad de controlar la contaminación y destrucción del patrimonio histórico; no pudo aplicar la universalidad del pago de impuestos ni logró que se respete los derechos de los trabajadores.

Con todo, esta situación es el resultado de un proceso que empieza en 1984 con la puesta en marcha del modelo neoliberal cuyo decreto 21060 cierra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); que es profundizado por los gobiernos siguientes (MIR, MNR, AP) y que, paradójicamente, continúa con el gobierno nacionalista de Evo Morales desde 2006. 

Por ello, la capacidad de controlar una buena parte de la actividad minera se perdió de modo, quizá irremediable, cuando se cerró la Comibol dejando las minas a merced de la ambición cooperativista, quienes no dudaron en tomar el control de las maquinarias, bienes y parajes mineros de esta ex empresa estatal y pudieron resistir con éxito todo intento de control del Estado. Aún más, en base a acciones claves en el decurso de la política nacional entre 2000 y 2005 lograron ser vistos por el poder masista como constructores del denominado proceso de cambio. Por ejemplo el vicepresidente Álvaro García Linera el 21 de septiembre de 2006 (cuando los cooperativistas suspendían un bloqueo que había paralizado  el transporte entre LP, Oruro, Cochabamba y Potosí), dijo a nombre del gobierno que ratificaba “el pleno compromiso y reconocimiento con el trabajo y la lucha de los cooperativistas mineros, por su aporte económico, ideológico y organizativo en defensa de la patria y los sectores sociales excluidos”.

En este contexto de apoyo político de parte del MAS e impulsados por la subida de precios de los minerales, los cooperativistas crecieron numérica y económicamente: según los datos del Ministerio de minería el número de trabajadores que en 2006 era de 54.200 personas subió a 114.920 en 2013; de igual manera, las exportaciones de este sector que en 2009 llegaba a los 282 millones de dólares, en  2014  subió a los 542  millones de dólares. Un incremento que se debe a los buenos precios internacionales pero también a la reducción en los costos de producción por poco pago de impuestos y de concesiones mineras; y por la no asunción de costos por daño al medio ambiente.

De las acciones del gobierno respecto de la movilización minera se puede ver que su objetivo es retomar la autoridad gubernamental: ha reprimido duramente el bloqueo y ha sido implacable con los dirigentes cooperativistas, enjuiciándolos y llevándolos a la cárcel. Empero esto es algo que el estado lo hace en los espacios urbanos, donde existe institucionalidad estatal, hace falta saber si efectivamente esa autoridad la podrá llevar a los espacios de trabajo minero, a las minas, a los márgenes de este estado boliviano, donde la explotación, el daño al patrimonio y el medio ambiente siguen exhibiendo los huecos de un estado que, a pesar de los discursos, sigue tan débil como antes.

SANTA CRUZ: ¿LOCOMOTORA ECONÓMICA O CAMIÓN MODELO 1952?

Había un momento en que Santa Cruz no era el próspero departamento que es hoy. A raíz de que el estado vivía de la producción minera, las carreteras, las fuentes de trabajo la burocracia y las inversiones se habían concentrado en la parte occidental del país. Esto había generado la protesta de Santa Cruz que, en un Memorándum dado a conocer en 1904, denunciaban el abandono al que el Estado boliviano había sometido a este departamento quitándole sus mercados naturales ubicados en Oruro y Potosí y el aislamiento a que lo condenaba la inexistencia de caminos y vías férreas. “La región andina, no toma en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales, que bien comprendido son los intereses más importantes para el bienestar general de la nación”, decía una parte del documento.

Medio siglo después llegó la revolución nacionalista de 1952  y puso en marcha uno de los más ambiciosos proyectos estatales de integración territorial: la marcha hacia el oriente. Era uno de los esfuerzos de construcción de nación que consistía en un fuerte impulso a la producción agropecuaria cruceña junto a la construcción de caminos y ferrocarriles que vinculen Santa Cruz con el resto del país.  De esta manera el MNR, Víctor Paz y su ministro de planificación de entonces Walter Guevara Arce ponían en práctica los sueños de un norteamericano, Melvin Bohan, que en 1944, a partir de un estudio de economía de nuestro país habían recomendado salir de la producción minera para ingresar a la de alimentos que permitan abastecer el mercado interno. Santa Cruz, para el informe, era el mejor espacio para lograrlo, decía Bohan “después de visitar las principales zonas de la república, es de opinión de que el área que más promete para el desarrollo agrícola inmediato está en el distrito de Santa Cruz”. 

A partir de ese momento  Santa Cruz fue un privilegiado destinatario de los recursos estatales. Solo para mostrar algunos ejemplos, entre 1955 y 1964 este departamento absorbía el 43% del crédito agrícola  y una buena parte de los recursos de la Corporación Boliviana de Fomento.  Posteriormente las dictaduras militares lo único que hicieron fue reforzar esta lógica: entre 1964 y 1970 a Santa Cruz se destinaba el 43,1% del crédito agrícola, porcentaje que subió de manera espectacular al 69% durante la dictadura de Hugo Banzer, quizá el periodo donde el estado apoyó más a la región cruceña. 

El resultado global de este proceso fue bueno para Santa Cruz pero malo para las regiones del Sur como es el caso de Chuquisaca. Nos muestra un país altamente heterogéneo, con regiones prosperas frente a regiones pobres, cuyos resultados los podemos ver hoy: Santa Cruz el 2014 tiene el más alto PIB per cápita del país que llega a los 3.206 dólares por habitante mientras que el de Chuquisaca llega a los  2.726; el aporte de Chuquisaca al PIB nacional es de 4% frente al de Santa cruz que llega a 28%.

            Hoy sabemos que esta situación no puede continuar más, Bolivia no puede darse el lujo de tener regiones prósperas y con oportunidades, frente a regiones pobres, sin potencial empresarial, expulsoras de población y mano de obra, (mucha de ella altamente calificada). Se ha dicho que Santa Cruz es la locomotora del país y debe merecer este nombre. Una locomotora debe ser capaz de jalar a otros departamentos hacia el desarrollo no un camión modelo 1952 que solo vela por su propio crecimiento dejando de lado a las otras regiones. Esta última actitud es la que se revela a raíz del informe, de que el megacampo gasífero de Incahuasi se encuentra en su integridad en territorio cruceño. La elite cruceña  ha celebrado esta noticia, alegre que solo Santa Cruz y no Chuquisaca, como debe ser, reciba los recursos de este reservorio, olvidando que más allá de su frontera hay pobreza y marginalidad. Alguien debería recordarle a la elite cruceña y al gobernador Rubén Costas que la prosperidad de una región no es sostenible sobre la pobreza de otra. 

Mas información en

http://www.icees.org.bo/2015/08/plan-bohan-una-historia-de-exito/

http://www.fundacion-milenio.org/coy-291-santa-cruz-y-su-inclinacion-hacia-una-economia-primaria-exportadora/

http://www.fundacion-milenio.org/economia-chuquisaca-se-resiente-crisis-petrolera/