Evo, Fidel y Coco Chanel

Al presidente Morales nos acostumbramos a verlo visitando lugares alejados de Bolivia, llegando a comunidades campesinas a entregar obras y jugar fútbol. Todos los días Evo acompañado de los camarógrafos de TVB llegaba a una población e iniciaba su rutina: entrega de obra, denostación del adversario político y fútbol. Por ello, nos pareció sorpresivo verlo nada menos que en Nueva York, en la meca del capitalismo mundial poniendo a Bolivia en vitrina, invitando, entusiasta, a que los capitalistas se animen a invertir en Bolivia.

Las razones para este cambio de destino en la andadura presidencial no son otras que la escasez de dólares en las arcas estatales. La necesidad tiene cara de hereje repiten los más experimentados y tienen razón: Bolivia necesita del ingreso de divisas de fuentes alternativas a las de los hidrocaburos y minerales.

No obstante, Morales no es original, sus pares de Cuba, los hermanos Castro, hace rato que ya tomaron ese camino, ellos también hacen esfuerzos porque los burgueses tornen sus individualistas y egoístas ojos hacia cuba y se animen a arriesgar sus capitales. Hasta el momento los Castro ya cosecharon algunos éxitos, lograron atraer a la casa de moda francesa Coco Chanel que en mayo de 2016 realizará un desfile de modas en La Habana. Sus modelos mostrarán ropas que no estarán al alcance del habitante medio de cuba, (con 30 dólares mensuales no alcanza ni para medio vestido) pero si para el turista que puede pagarlo.

Quien no parece haber entendido por donde van las cosas con el imperio parece ser Nicolás Maduro, el imitador de Chavez. Continúa con su lógica de acusar de todos los desastres al capitalismo y de enjuiciar y encarcelar a sus contendientes.

La interrogante es que, con todo, quizá Morales llega tarde, acude a los capitalistas extranjeros cuando la economía boliviana muestra cifras descendentes. Si tomamos en cuenta que el petróleo y la minería son los productos estrellas de Bolivia, es poco probable que los inversores se animen a invertir en este rubro cuando, justamente, los precios no invitan a la esperanza de grandes ganancias. Entonces donde invertirán? en la soya?, en los textiles?, en una fábrica de zapatos, no lo creo. En estos rubros lamentablemente Bolivia tiene pocas ventajas competitivas, y no por falta de personas dispuestas a trabajar, sino porque sencillamente estos sectores no fueron prioridades en la larga gestión de Morales. Por ello, si los capitalistas tornan su torva mirada hacia Bolivia será en los dos rubros antes mencionados y con ello habremos puesto santo y seña a nuestro destino de ser un país extractivista y poco diversificado. Alguien debería recordarle a Morales que entre 1995 y 2011 ingresó más de dos mil millones de dólares de inversión extranjera a las minas potosinas sin que la realidad económica de este departamento haya cambiado gran cosa.

Repostulación presidencial: ¿necesaria para el pueblo o útil para quien habla en su nombre?

Uno de los argumentos más utilizados por la militancia del MAS para justificar la elección indefinida de Morales es que ella será sometida a consulta del pueblo.  El argumento es incontrovertible, porque todos estamos de acuerdo en que la base de la democracia es el pueblo donde recae, al final, la soberanía del estado, esto es su capacidad de decidir libremente.

Sin embargo,  los problemas surgen cuando tratamos de saber lo que es pueblo. Por ejemplo, para los nacionalistas pueblo es el sujeto portador de una terminada identidad, es el conjunto de personas que llevan las características más claras del ser nacional, como las costumbres, la lengua y la historia. Para otros, el pueblo son los pobres, los desheredados, los subalternos, el grupo de individuos que necesita apoyo o que son víctimas de algún rico, de algún oligarca.

Estas definiciones no están exentas de ambigüedades ya que eso implica saber quiénes son los pobres, desheredados y explotados por los ricos. Pongamos un ejemplo: para el MAS el pueblo son los movimientos sociales, aquellos grupos corporativos que apoyan el proceso de cambio y que creen que Morales debe estar indefinidamente en el poder; en cambio, los habitantes del departamento de Potosí, los que hicieron la huelga de los 27 días, no son el pueblo como tampoco los son los indígenas de las tierras bajas, aquello que caminaron en defensa del TIPNIS.  Ambos sectores pueden tener los mismos rasgos de pobreza y de exclusión, sin embargo no por eso son conceptualizados como pueblo, para que ese término alcance dimensión objetiva y material hace falta que alguien lo haga. Esto ocurre porque la definición de quiénes son el pueblo está ligado de manera indisoluble a la lucha por el poder, ya lo decía Francois Furet en su libro Pensar la revolución francesa: “Puesto que el pueblo es el único que tiene el derecho de gobernar o que debe al menos, en caso de no poder hacerlo, volver a instituir permanentemente la autoridad pública, el poder está en manos de aquellos que hablan en su nombre”.

Para evitar estas complicaciones, es decir para que cada quien no tenga su propia certeza de lo que es el pueblo, se ha inventado las urnas, el voto, donde la idea llamada pueblo, se expresa y alcanza materialidad. En este caso, ya no es una persona o un líder mesiánico el que define lo que quiere el pueblo sino son las urnas, lo que suena más democrático. Sin embargo, ahí surge el dilema de todas las democracias representativas. ¿Cuándo y por qué se debe consultar al pueblo?,  para responder, partamos de que no se puede consultar de todo y para todo al pueblo, por un tema obvio de oportunidad y de recursos. Un estado no se puede dar el lujo de convocar a la ciudadanía a votar a cada momento, se tiene que priorizar los temas por los cuales se hace necesario convocar a la ciudadanía a las urnas.

¿Cómo llegamos a saber qué temas son prioritarios de ser consultados? Siguiendo la experiencia boliviana se puede decir que los bolivianos fuimos a las urnas para tres casos: a) definir o relegitimar la titularía del poder; b) para aprobar un nuevo ordenamiento jurídico ya sea constitucional o autonómico; y c) para aclarar algo que no está escrito en la Constitución o que no esté claro, como la consulta por el gas.

Soy de la opinión que el referendo por la reelección, a la cual iremos en febrero del año próximo, no se adecua a ninguno de estos casos: por una parte no se trata de un vacío constitucional, ya que la Constitución establece el tiempo y el número de veces que debe reelegirse al presidente y vicepresidente; no pasamos por un momento en que el poder esté vacante o que esté deslegitimado (el MAS y sus voceros permanentemente nos dicen que su popularidad siempre está en alzada) y, por último, no se trata de una consulta que complemente o aclare algo que no esté explícito en el ordenamiento jurídico del país.  

En suma, el argumento de que es el pueblo el que será consultado en febrero no define el debate en torno a la reelección. Hace falta saber si esta consulta es necesaria para el pueblo o solo útil para quien habla en su nombre.

Carlos Mesa y el dilema de defender la nación y no el Estado

Desde el pasado martes 29 de septiembre el expresidente Carlos Mesa solo recibe elogios por su actuación en una entrevista en Televisión Nacional de Chile. No es para menos, en la misma vapuleó con datos y capacidad analítica a su entrevistador que, por más esfuerzos que hizo, no pudo encontrar la vía para debilitar los argumentos de Mesa. Eso era previsible, Mesa es un ducho comunicador fogueado en el debate de ideas y lo demostró en la entrevista.
Más allá de las dotes de comunicador y de historiador que todos reconocemos en Mesa, pienso que su popularidad se debe a que se mueve en un espacio discursivo y simbólico que automáticamente genera adhesión popular, por el simple hecho de que la reivindicación marítima es un asunto que nos identifica como nación boliviana.
Cuando Mesa aparece en la televisión defendiendo a Bolivia, echando en cara a los chilenos la verdad histórica sobre la usurpación marítima, eso nos interpela porque lo que dice Mesa no es solo su verdad sino nuestra verdad histórica, la de todos los bolivianos. Una verdad que comparte el rico y el pobre; el sabio y el ignorante, el camba y el colla, el masista y el opositor.
Aunque parezca raro, ese mismo sentimiento nace cuando juega la selección boliviana o, cuando el motociclista W. Nosiglia, al culminar el Dakar, exclama viva Bolivia. La causas pueden ser distintas y los motivos también, la clave está en que tanto Mesa, como el grupo de futbolistas y Nosiglia hablan, a su manera, en nombre de la comunidad política imaginada llamada Bolivia, en ese espacio donde todos nos reconocemos como iguales, de ahí su popularidad.
El problema aparece cuando Mesa sale de este cómodo ámbito de la nación, deja de hablar del mar cautivo y empieza a referirse a la política boliviana, esa que tanto nos preocupa y afecta al común de los mortales. Ahí los aplausos ya no son tan unánimes, su postura contraria a la rereelección de Morales lo confirma: el presidente del senado molesto puso a Mesa en las filas de la oposición (esa de Tuto y Samuel) y la siempre locuaz Ministra de Comunicación, utilizó un silogismo para desacreditar la postura de Mesa: todos los que están en contra de la reelección de Evo están contra la patria, Mesa lo está, ergo Mesa es un antipatriota.
Naturalmente que también los dilemas son para Carlos Mesa, son dilemas de una naturaleza ética. ¿hasta qué punto se puede estar con un gobierno que se salta la Constitución y modifica la misma a su antojo?, ¿hasta qué punto la defensa de la nación y del mar justifica estar con un gobierno que hace aquello hiere las convicciones políticas en las que uno cree?.¿Se puede defender solo la nación y no criticar abiertamente al estado?

ENSEÑANZA DEL PASADO REFERENDO: LAS AUTONOMÍAS TIENEN QUIEN LAS ESCRIBA, PERO NO QUIEN LAS DEFIENDA

Franz Flores Castro

Ciertamente que los análisis sobre los resultados en el pasado referéndum autonómico, donde ganó el No, se parece a una discusión entre adivinos. Muchos analistas tratan de vislumbrar lo que ocurrirá en el referéndum sobre la reelección de Morales del próximo año, a partir de lo ocurrido el pasado 20 de octubre. Estas posturas, equivocadamente, comparan dos eventos de naturaleza distinta y olvidan que el elector contemporáneo vota como ciudadano y no como militante. Más allá de estas interpretaciones propongo mirar los resultados a partir de dos ejes analíticos: la política territorial y el rol de las elites.

Uno de los elementos básicos de todo proceso descentralizador o autonómico es que apunta a un cambio en la distribución territorial del poder. La idea es que el poder estatal no está igualmente distribuido en todas las regiones, que unas tienen mayor capacidad política que otras y de que la autonomía es una vía para cambiar esta situación a favor del nivel subnacional. La autonomía plantea una contradicción entre el poder ejecutivo que trata de concentrar todos los hilos del poder y unas regiones que buscan disminuir este poder potenciando el de su propia región. Con la autonomía diríamos que se juega lo que en términos convencionales conocemos como el “peso político” del departamento.

Lógicamente que este es un proceso muy complicado porque el centro rara vez quiere ver disminuido su poder territorial. De hecho, cada vez que se ha planteado procesos de descentralización, el centro siempre ha tratado de evitar esta propuesta, en general, blandiendo el argumento que ello atenta contra la unidad de la nación, que la divide, que la separa. Eso es lo que argumentaron los liberales en la convención de 1901, el MNR en la convención constituyente de 1938 y el MAS en 2008.
Por otra parte, para que exista una necesidad de restarle al estado central su poder se necesita que un grupo de personas vean en el centralismo un obstáculo a la expansión de sus intereses, ya sean económicos y/o políticos;  en otras palabras, una elite para la cual es insoportable y atentatorio a su estabilidad como clase que otros decidan por ellos, que otros actores, en el centro estatal, tomen las decisiones que les incumben. En apoyo a este argumento se pueden citar los casos históricos de Guayaquil en Ecuador o Santa Cruz en Bolivia, dos regiones que cuando vieron que sus intereses económicos estuvieron en riesgo por el giro político a la izquierda que se daban en el centro, (Correa en Ecuador, Morales en Bolivia) postularon la autonomía como una vía para resguardar sus intereses.

Esto es lo que en mi criterio explicaría el masivo No a los estatutos autonómicos en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. En estas regiones no se habrían incubado unas elites poderosas a las que les interese un cambio en la distribución territorial del poder, un grupo de actores que puedan construir una serie de consensos con la sociedad civil a partir de su propio proyecto de región  (que en el fondo es su proyecto de clase). Son elites inútiles que viven al amparo de sus alianzas con los actores del estado central. En Potosí claramente los cooperativistas, (actualmente una elite económica), tiene asegurados sus intereses en base a las alianzas políticas con el MAS. En Chuquisaca, al no haber una elite económica, la nueva elite política ratifica su alianza con el centro para asegurar su  poder.

Por tanto, no hubo mayor entusiasmo por las autonomías en las regiones consultadas porque no existen actores que quieran apuntalar un proceso autonómico. Los grupos de poder a lo sumo trataron de que el estatuto autonómico no vulnere sus intereses. La gran lección de este proceso es que las autonomía no solo necesitan quien las escriba sino quien las defienda.

¿Qué es COMCIPO?

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) agrupa a instituciones sindicales, gremiales, provinciales y empresariales del departamento de Potosí. Fue fundada el 2 de agosto de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer. En sus inicios reunió a profesionales y representantes de la clase media que enarbolaron demandas como una planta de fundición de zinc, la construcción de un aeropuerto y caminos (El Siglo, 3.08.1976). Su discurso se puede caracterizar de izquierda y nacionalista y pese a que a lo largo de su vida ha recibido muchas críticas, (representatividad de sus dirigentes, utilización de Comcipo para conseguir favores personales o ingresar a la política) siempre se ha constituido en un efectivo canal de agregación de las demandas regionales, gozando de una alta legitimidad y capacidad de acatamiento de sus decisiones.

ESTADO, MINERÍA Y SOCIEDAD CIVIL, ALGUNOS APUNTES PARA ENTENDER EL CONFLICTO POTOSINO Franz Flores Castro

Potosí electoramente nunca fue un problema para el MAS, cabe recordar que en las elecciones de 2002, cuando Evo Morales candidatea por primera vez a la presidencia de la república, ganó en el departamento con un 34 por ciento a dos puntos del MNR; posteriormente, para las elecciones de 2005, el respaldo potosino al MAS y Morales fue contundente ya el MAS ganó en el departamento de Potosí con el 57.8% % de los votos, seguido muy de lejos por Poder Democrático y Social (PODEMOS) con el 25.6%. En virtud a esta votación el MAS logró dos senadores y diez diputados, la más grande brigada parlamentaria departamental conseguida por partido alguno en varias décadas de democracia.

¿Por qué el MAS tuvo semejante respaldo  en Potosí? Las razones pueden ser muchas, pero creo que lo que principalmente sedujo al votante potosino fue que el MAS ofrecía el retorno del Estado y con ella un mayor control sobre la explotación de los minerales. El MAS prefiguraba un horizonte distinto al modelo neoliberal que había cerrado sus minas y condenado al desempleo a miles de trabajadores de la COMIBOL.

Cuando Morales en enero de 2006 llega a la presidencia lo hace montado sobre un alza de precios de los recursos naturales. Potosí estaba en una franca recuperación de su minería y tanto los empresarios como la propia población recibían estas noticias con mucha esperanza. Al fin, luego de más de dos décadas, los minerales potosinos volvían a tener precios altos.  A fines de enero de 2005 ya se habla de la recuperación plena de la actividad minera. Un informe del Ministerio de economía señala un incremento del 36% en las exportaciones mineras respecto del año 2004,  porcentaje que, en términos monetarios, significaba que el departamento había exportado por un valor de 221.842.630 dólares, lo que configuraba el fin de la crisis y el inicio una  nueva bonanza minera. Sin embargo, la población potosina  si bien entiende que la bonanza minera le traerá mejores días, también tiene la experiencia de que esos recursos pueden salir del departamento sin ser aprovechados por la región para su desarrollo y modernidad; los datos y noticias que se tienen en esos días indican que es más probable lo segundo: la misma fuente ministerial indica  que el pago por regalías  mineras, es decir el porcentaje de impuestos que se destinan a los departamentos productores, era apenas de un 1,58% del total de exportaciones, solo 3.526.293 dólares. Adicionalmente se hacen conocer denuncias de que los mineros, en especial los cooperativistas, no reinvierten sus ganancias en el departamento prefiriendo comprar lotes y casas en otros departamentos.

Con estos antecedentes es lógico que se pueda pensar que agenda de demandas que tenía la sociedad potosina era un aumento sustancial en el porcentaje de regalías mineras, una reinversión de su ganancias, un control de la contaminación que generan los ingenios mineros y una mayor diversificación a partir de la minería; en suma, una utilización de los recursos mineros para lograr modernidad y desarrollo.  Para ello era necesario que el estado construya un conjunto de instituciones y diseñe políticas que garanticen la vida y el futuro de la población. Empero, nada de eso se cumple, ya que lo que principalmente le interesa al gobierno es garantizar el flujo de recursos de la minería potosina, para lo cual establece un pacto con uno de los actores más poderoso de la región como son los cooperativistas mineros (socios en algunos casos de las transnacionales mineras), lo que le permite un gran respaldo político y electoral. Esta alianza provoca serios efectos en la ciudad de Potosí ya que, en muchos casos tiene una agenda de demandas contraria a los interese mineros. Por ello deja pasar o hace oídos sordos a demandas como control de la explotación del Cerro Rico de Potosí, a un  un control de la contaminación, al pago por el uso de aguas potables. Para el estado el único interlocutor válido son las empresas mineras, con quienes pacta, acuerda y establece objetivos comunes, la sociedad civil potosina solo es un dato, algo que no merece tomarse en cuenta más que en época electoral.   

Por ello es que 2010, la sociedad civil potosina ya se ha desencantado por completo. Ve pasar la bonanza minera sin que ello haya significado un cambio sustancial en su vida. Los objetivos de generar desarrollo, cohesión social, seguridad de futuro, imagen de modernidad, que corresponden al estado y que, además, fue central en el discurso de Morales no se han cumplido en la periferia potosina, al contrario, la bonanza minera, solo contribuye a ratificar el imaginario de que la riqueza minera sirve para el desarrollo de otros departamentos y no para la región. Es más, existe en realidad la sensación de que las cosas son peores con la minería: la ciudad está contaminada, el ordenamiento urbano es un caos, la gente, los jóvenes tienen como único horizonte de vida la migración, la gente para curarse de una dolencia más o menos complicada tiene que ir a otra ciudad, ante la falta de empleo las calles se llenan de informales, etc.

En estas condiciones es que explota la huelga de los 19 días en 2010 cuya fuerza y unidad ya hablan de esta especie de cansancio y de bronca acumulada de una sociedad que confió en un cambio de rumbo con la presidencia de Morales.

En el presente año 2015, acaba de retornar el conflicto regional y, aunque parezca increíble, las mismas demandas que motivaron el conflicto de los 19 días en 2010 son las que ahora, de nuevo, motivan el paro. También parece increíble que el gobierno tenga la misma interpretación del conflicto: que se trata de un movimiento político ocasionado por unos cuantos revoltosos.  Quizá la solución sea simple: que el gobierno cumpla con sus principios de retorno del estado y con sus promesas electorales. 

¿TIENEN RACIONALIDAD LAS ALIANZAS DE LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA?

En Bolivia, en los últimos días hemos visto configurarse alianzas entre partidos de la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2014. Tomando como referencia a la oposición venezolana que logró unirse en torno a la figura de Henrique Capriles en las presidenciales de 2013 y  de lo exitosas que resultaron, en el plano local, las alianzas para las elecciones municipales de las alcaldías de las ciudades de Sucre y Pando, la oposición boliviana trata de configurar acuerdos con partidos, líderes y movimientos sociales que le permitan hacer frente al candidato y, aún presidente, Evo Morales Ayma quien, según últimas encuestas, supera el 45% de la  intención de voto.

Sin embargo, estas alianzas y la probabilidad de ellas, han sido sometidas a crítica y a descalificación, ya que ponen en tensión actores, identidades y lógicas políticas que confrontadas en el pasado. De esta manera, la alianza entre Samuel Doria Medina, empresario y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), con el exdirigente del indigenista Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)  Rafael Quispe; y el acercamiento entre el líder izquierdista del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado y el liberal y autonomista Rubén Costas, configurarían lo que un analista de televisión calificó como una “orgía ideológica”, donde izquierdistas cohabitan con liberales del oriente y los capitalistas arman una soberbia fiesta con los indigenistas de los andes,  sin más objetivo que la simple y llana toma del poder.

El objetivo de este artículo no es discutir acerca de la naturaleza ética o no de estas alianzas, sino de plantear la racionalidad política que está debajo de las mismas. Postulo que las mismas pueden entenderse como una respuesta electoral a los clivajes y rupturas sociales que configuran las divisiones políticas en Bolivia. Brevemente, se puede decir que hay tres estructuras de división en Bolivia: la social que tiene que ver con los ingresos; la territorial que opone el Estado a la regiones y la étnica que opone la diversidad social y cultural a la homogeneidad estatal. Claro está que ellas no se presentan en estado puro, sino en combinación con distintos grados de influencia, presencia y articulación entre ellas y se expresan tanto en el ámbito político informal, a través de protestas callejeras, como en formas institucionalizadas, como las elecciones. Se dice que son clivajes porque son rupturas lo suficientemente densas como para permanecer por periodos largos de tiempo y lo suficientemente profundas para organizar la competencia política.

Desde inicios hace dos décadas atrás, en Bolivia se han mostrado dos escenarios de conflictividad en el país que señalan estructuras de clivajes.  Primero el clivaje étnico que pudo anudar en torno al mismo proyectos políticos de reconfiguración del estado neoliberal y de reimaginación de la nación; pudo ser la base desde donde se posicionaron liderazgos cuya identidad era la de ser indígenas. Segundo, el clivaje regional, a partir del cual se posicionaron proyectos de cambio en el Estado como las autonomías departamentales y visibilizaron a los movimientos cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando como actores centrales de la política e hicieron aparecer liderazgos que, en sus discursos, enarbolaron el haber sido los defensores de sus regiones ante el histórico centralismo andino.

Dicho esto, las alianzas en el seno de la oposición cobran sentido, los opositores perciben que es necesario posicionarse en torno a, por lo menos, uno de estos clivajes, por ello el liberal UN  se une con un líder visible de la lucha indigenista como es Rafael Quispe; y el izquierdista Juan del Granado líder del MSM busca pactar con uno de los líderes más destacados del movimiento regionalista cruceño como Rubén Costas. En ese sentido, este esquema de alianzas está lejos de ser una “orgía ideológica”, es más bien una estrategia política que apuesta a ubicarse en el campo político que estructura los esquemas de división estructural y que hoy configuran el campo político bolivianos: lo étnico y lo regional.