ENSEÑANZA DEL PASADO REFERENDO: LAS AUTONOMÍAS TIENEN QUIEN LAS ESCRIBA, PERO NO QUIEN LAS DEFIENDA

Franz Flores Castro

Ciertamente que los análisis sobre los resultados en el pasado referéndum autonómico, donde ganó el No, se parece a una discusión entre adivinos. Muchos analistas tratan de vislumbrar lo que ocurrirá en el referéndum sobre la reelección de Morales del próximo año, a partir de lo ocurrido el pasado 20 de octubre. Estas posturas, equivocadamente, comparan dos eventos de naturaleza distinta y olvidan que el elector contemporáneo vota como ciudadano y no como militante. Más allá de estas interpretaciones propongo mirar los resultados a partir de dos ejes analíticos: la política territorial y el rol de las elites.

Uno de los elementos básicos de todo proceso descentralizador o autonómico es que apunta a un cambio en la distribución territorial del poder. La idea es que el poder estatal no está igualmente distribuido en todas las regiones, que unas tienen mayor capacidad política que otras y de que la autonomía es una vía para cambiar esta situación a favor del nivel subnacional. La autonomía plantea una contradicción entre el poder ejecutivo que trata de concentrar todos los hilos del poder y unas regiones que buscan disminuir este poder potenciando el de su propia región. Con la autonomía diríamos que se juega lo que en términos convencionales conocemos como el “peso político” del departamento.

Lógicamente que este es un proceso muy complicado porque el centro rara vez quiere ver disminuido su poder territorial. De hecho, cada vez que se ha planteado procesos de descentralización, el centro siempre ha tratado de evitar esta propuesta, en general, blandiendo el argumento que ello atenta contra la unidad de la nación, que la divide, que la separa. Eso es lo que argumentaron los liberales en la convención de 1901, el MNR en la convención constituyente de 1938 y el MAS en 2008.
Por otra parte, para que exista una necesidad de restarle al estado central su poder se necesita que un grupo de personas vean en el centralismo un obstáculo a la expansión de sus intereses, ya sean económicos y/o políticos;  en otras palabras, una elite para la cual es insoportable y atentatorio a su estabilidad como clase que otros decidan por ellos, que otros actores, en el centro estatal, tomen las decisiones que les incumben. En apoyo a este argumento se pueden citar los casos históricos de Guayaquil en Ecuador o Santa Cruz en Bolivia, dos regiones que cuando vieron que sus intereses económicos estuvieron en riesgo por el giro político a la izquierda que se daban en el centro, (Correa en Ecuador, Morales en Bolivia) postularon la autonomía como una vía para resguardar sus intereses.

Esto es lo que en mi criterio explicaría el masivo No a los estatutos autonómicos en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. En estas regiones no se habrían incubado unas elites poderosas a las que les interese un cambio en la distribución territorial del poder, un grupo de actores que puedan construir una serie de consensos con la sociedad civil a partir de su propio proyecto de región  (que en el fondo es su proyecto de clase). Son elites inútiles que viven al amparo de sus alianzas con los actores del estado central. En Potosí claramente los cooperativistas, (actualmente una elite económica), tiene asegurados sus intereses en base a las alianzas políticas con el MAS. En Chuquisaca, al no haber una elite económica, la nueva elite política ratifica su alianza con el centro para asegurar su  poder.

Por tanto, no hubo mayor entusiasmo por las autonomías en las regiones consultadas porque no existen actores que quieran apuntalar un proceso autonómico. Los grupos de poder a lo sumo trataron de que el estatuto autonómico no vulnere sus intereses. La gran lección de este proceso es que las autonomía no solo necesitan quien las escriba sino quien las defienda.

¿Qué es COMCIPO?

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) agrupa a instituciones sindicales, gremiales, provinciales y empresariales del departamento de Potosí. Fue fundada el 2 de agosto de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer. En sus inicios reunió a profesionales y representantes de la clase media que enarbolaron demandas como una planta de fundición de zinc, la construcción de un aeropuerto y caminos (El Siglo, 3.08.1976). Su discurso se puede caracterizar de izquierda y nacionalista y pese a que a lo largo de su vida ha recibido muchas críticas, (representatividad de sus dirigentes, utilización de Comcipo para conseguir favores personales o ingresar a la política) siempre se ha constituido en un efectivo canal de agregación de las demandas regionales, gozando de una alta legitimidad y capacidad de acatamiento de sus decisiones.

ESTADO, MINERÍA Y SOCIEDAD CIVIL, ALGUNOS APUNTES PARA ENTENDER EL CONFLICTO POTOSINO Franz Flores Castro

Potosí electoramente nunca fue un problema para el MAS, cabe recordar que en las elecciones de 2002, cuando Evo Morales candidatea por primera vez a la presidencia de la república, ganó en el departamento con un 34 por ciento a dos puntos del MNR; posteriormente, para las elecciones de 2005, el respaldo potosino al MAS y Morales fue contundente ya el MAS ganó en el departamento de Potosí con el 57.8% % de los votos, seguido muy de lejos por Poder Democrático y Social (PODEMOS) con el 25.6%. En virtud a esta votación el MAS logró dos senadores y diez diputados, la más grande brigada parlamentaria departamental conseguida por partido alguno en varias décadas de democracia.

¿Por qué el MAS tuvo semejante respaldo  en Potosí? Las razones pueden ser muchas, pero creo que lo que principalmente sedujo al votante potosino fue que el MAS ofrecía el retorno del Estado y con ella un mayor control sobre la explotación de los minerales. El MAS prefiguraba un horizonte distinto al modelo neoliberal que había cerrado sus minas y condenado al desempleo a miles de trabajadores de la COMIBOL.

Cuando Morales en enero de 2006 llega a la presidencia lo hace montado sobre un alza de precios de los recursos naturales. Potosí estaba en una franca recuperación de su minería y tanto los empresarios como la propia población recibían estas noticias con mucha esperanza. Al fin, luego de más de dos décadas, los minerales potosinos volvían a tener precios altos.  A fines de enero de 2005 ya se habla de la recuperación plena de la actividad minera. Un informe del Ministerio de economía señala un incremento del 36% en las exportaciones mineras respecto del año 2004,  porcentaje que, en términos monetarios, significaba que el departamento había exportado por un valor de 221.842.630 dólares, lo que configuraba el fin de la crisis y el inicio una  nueva bonanza minera. Sin embargo, la población potosina  si bien entiende que la bonanza minera le traerá mejores días, también tiene la experiencia de que esos recursos pueden salir del departamento sin ser aprovechados por la región para su desarrollo y modernidad; los datos y noticias que se tienen en esos días indican que es más probable lo segundo: la misma fuente ministerial indica  que el pago por regalías  mineras, es decir el porcentaje de impuestos que se destinan a los departamentos productores, era apenas de un 1,58% del total de exportaciones, solo 3.526.293 dólares. Adicionalmente se hacen conocer denuncias de que los mineros, en especial los cooperativistas, no reinvierten sus ganancias en el departamento prefiriendo comprar lotes y casas en otros departamentos.

Con estos antecedentes es lógico que se pueda pensar que agenda de demandas que tenía la sociedad potosina era un aumento sustancial en el porcentaje de regalías mineras, una reinversión de su ganancias, un control de la contaminación que generan los ingenios mineros y una mayor diversificación a partir de la minería; en suma, una utilización de los recursos mineros para lograr modernidad y desarrollo.  Para ello era necesario que el estado construya un conjunto de instituciones y diseñe políticas que garanticen la vida y el futuro de la población. Empero, nada de eso se cumple, ya que lo que principalmente le interesa al gobierno es garantizar el flujo de recursos de la minería potosina, para lo cual establece un pacto con uno de los actores más poderoso de la región como son los cooperativistas mineros (socios en algunos casos de las transnacionales mineras), lo que le permite un gran respaldo político y electoral. Esta alianza provoca serios efectos en la ciudad de Potosí ya que, en muchos casos tiene una agenda de demandas contraria a los interese mineros. Por ello deja pasar o hace oídos sordos a demandas como control de la explotación del Cerro Rico de Potosí, a un  un control de la contaminación, al pago por el uso de aguas potables. Para el estado el único interlocutor válido son las empresas mineras, con quienes pacta, acuerda y establece objetivos comunes, la sociedad civil potosina solo es un dato, algo que no merece tomarse en cuenta más que en época electoral.   

Por ello es que 2010, la sociedad civil potosina ya se ha desencantado por completo. Ve pasar la bonanza minera sin que ello haya significado un cambio sustancial en su vida. Los objetivos de generar desarrollo, cohesión social, seguridad de futuro, imagen de modernidad, que corresponden al estado y que, además, fue central en el discurso de Morales no se han cumplido en la periferia potosina, al contrario, la bonanza minera, solo contribuye a ratificar el imaginario de que la riqueza minera sirve para el desarrollo de otros departamentos y no para la región. Es más, existe en realidad la sensación de que las cosas son peores con la minería: la ciudad está contaminada, el ordenamiento urbano es un caos, la gente, los jóvenes tienen como único horizonte de vida la migración, la gente para curarse de una dolencia más o menos complicada tiene que ir a otra ciudad, ante la falta de empleo las calles se llenan de informales, etc.

En estas condiciones es que explota la huelga de los 19 días en 2010 cuya fuerza y unidad ya hablan de esta especie de cansancio y de bronca acumulada de una sociedad que confió en un cambio de rumbo con la presidencia de Morales.

En el presente año 2015, acaba de retornar el conflicto regional y, aunque parezca increíble, las mismas demandas que motivaron el conflicto de los 19 días en 2010 son las que ahora, de nuevo, motivan el paro. También parece increíble que el gobierno tenga la misma interpretación del conflicto: que se trata de un movimiento político ocasionado por unos cuantos revoltosos.  Quizá la solución sea simple: que el gobierno cumpla con sus principios de retorno del estado y con sus promesas electorales. 

¿TIENEN RACIONALIDAD LAS ALIANZAS DE LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA?

En Bolivia, en los últimos días hemos visto configurarse alianzas entre partidos de la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2014. Tomando como referencia a la oposición venezolana que logró unirse en torno a la figura de Henrique Capriles en las presidenciales de 2013 y  de lo exitosas que resultaron, en el plano local, las alianzas para las elecciones municipales de las alcaldías de las ciudades de Sucre y Pando, la oposición boliviana trata de configurar acuerdos con partidos, líderes y movimientos sociales que le permitan hacer frente al candidato y, aún presidente, Evo Morales Ayma quien, según últimas encuestas, supera el 45% de la  intención de voto.

Sin embargo, estas alianzas y la probabilidad de ellas, han sido sometidas a crítica y a descalificación, ya que ponen en tensión actores, identidades y lógicas políticas que confrontadas en el pasado. De esta manera, la alianza entre Samuel Doria Medina, empresario y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), con el exdirigente del indigenista Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)  Rafael Quispe; y el acercamiento entre el líder izquierdista del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado y el liberal y autonomista Rubén Costas, configurarían lo que un analista de televisión calificó como una “orgía ideológica”, donde izquierdistas cohabitan con liberales del oriente y los capitalistas arman una soberbia fiesta con los indigenistas de los andes,  sin más objetivo que la simple y llana toma del poder.

El objetivo de este artículo no es discutir acerca de la naturaleza ética o no de estas alianzas, sino de plantear la racionalidad política que está debajo de las mismas. Postulo que las mismas pueden entenderse como una respuesta electoral a los clivajes y rupturas sociales que configuran las divisiones políticas en Bolivia. Brevemente, se puede decir que hay tres estructuras de división en Bolivia: la social que tiene que ver con los ingresos; la territorial que opone el Estado a la regiones y la étnica que opone la diversidad social y cultural a la homogeneidad estatal. Claro está que ellas no se presentan en estado puro, sino en combinación con distintos grados de influencia, presencia y articulación entre ellas y se expresan tanto en el ámbito político informal, a través de protestas callejeras, como en formas institucionalizadas, como las elecciones. Se dice que son clivajes porque son rupturas lo suficientemente densas como para permanecer por periodos largos de tiempo y lo suficientemente profundas para organizar la competencia política.

Desde inicios hace dos décadas atrás, en Bolivia se han mostrado dos escenarios de conflictividad en el país que señalan estructuras de clivajes.  Primero el clivaje étnico que pudo anudar en torno al mismo proyectos políticos de reconfiguración del estado neoliberal y de reimaginación de la nación; pudo ser la base desde donde se posicionaron liderazgos cuya identidad era la de ser indígenas. Segundo, el clivaje regional, a partir del cual se posicionaron proyectos de cambio en el Estado como las autonomías departamentales y visibilizaron a los movimientos cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando como actores centrales de la política e hicieron aparecer liderazgos que, en sus discursos, enarbolaron el haber sido los defensores de sus regiones ante el histórico centralismo andino.

Dicho esto, las alianzas en el seno de la oposición cobran sentido, los opositores perciben que es necesario posicionarse en torno a, por lo menos, uno de estos clivajes, por ello el liberal UN  se une con un líder visible de la lucha indigenista como es Rafael Quispe; y el izquierdista Juan del Granado líder del MSM busca pactar con uno de los líderes más destacados del movimiento regionalista cruceño como Rubén Costas. En ese sentido, este esquema de alianzas está lejos de ser una “orgía ideológica”, es más bien una estrategia política que apuesta a ubicarse en el campo político que estructura los esquemas de división estructural y que hoy configuran el campo político bolivianos: lo étnico y lo regional. 

LAS REGIONES EN EL CONFLICTO POR LOS ESCAÑOS PARLAMENTARIOS

La semana cierra con un conflicto entre el poder central y tres regiones del país, (Chuquisaca, Potosí y Beni), los cuales, en virtud de los datos del Censo de 2012, cada uno pierde un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismos que ahora son reasignados al departamento de Santa Cruz. 

Este cambio, si bien desde el punto de la relación numérica, entre representante y base poblacional, es una medida técnica, no lo es desde el punto de vista de los imaginarios regionales que invoca, anuda y reflota, cuando esto implica una reducción de escaños parlamentarios. Desde las regiones afectadas, este proceso es visto como “una muestra mas” de la lógica de postergación y de periferización que el centro político tiene con estos departamentos. De esta manera, si bien el tema de los curules, a primera vista parece un asunto banal (porque banales son los legisladores en su rol), no lo es tanto cuando uno ve que, alrededor de este tema, se pueden anudar una serie de tensiones irresueltas (PNUD dixit) como pobreza, empleo, ausencia de perspectivas de desarrollo, marginalidad y que son en realidad las causas para la radicalidad que puede asumir el conflicto. Además, esta reasignación, que implica tres curules más para el departamento de Santa Cruz, se lo hace en momentos en que el gobierno realiza virajes estratégicos y discursivos electorales para acercarse a la elite empresarial cruceña. 

Ante esta situación, la oposición ha tratado de aprovechar la oportunidad política, para reposicionar su liderazgo e imagen política en sus regiones, más en una lógica electoral del 2014 que bajo el objetivo de lograr atención a la demanda. La oposición tiene conciencia de su debilidad y aprovecha coyunturas como la actual para hacer pequeños forcejeos que debiliten el posicionamiento electoral del MAS. El hecho de que hayan optado por una medida pasiva y mediática como la huelga de hambre es una señal de ello.

En cambio en el oficialismo, temerosos de la capacidad aglutinadora que tienen los movimientos regionalistas que, de pronto, puede unir bajo la bandera regional a identidades política y étnicas diversas e incluso contrarias (por ejemplo la huelga de los 19 de días en Potosí en 2010, era la ciudad pero también era Coroma; el conflicto por la capitalía significó que algunos constituyentes abandonen el MAS), ha apresurado los tiempos políticos, ha presionado sobre los (sus) parlamentarios de las regiones afectadas, para la aprobación de la ley de reasignación de escaños, y dentro de las regiones, ha tratado de derivar el debate sobre el tema de escaños hacia uno más amplio y menos politizado: la discusión sobre desarrollo e inversión. Esto muestra, por otro lado, que las elites políticas de Chuquisaca, Potosí y Beni, se validan y se reproducen más en sintonía y conexión nacional que local. Así ocurría en clave neoliberal y también pasa en clave plurinacional.

ORURO, EL AEROPUERTO Y LA POLITIZACIÓN DE LA MEMORIA

La ciudad de Oruro, en medio de una movilización sin precedentes sostiene un paro  indefinido que incluye huelgas de hambre, bloqueo de calles y caminos, marchas, suspensión de clases en colegios y universidad y, en general, un lamentable ambiente de beligerancia y polarización. El motivo: el nombre de un aeropuerto.

Uno se pone a pensar a veces en ese enorme, casi suicida  afecto que los bolivianos le tenemos a las desproporciones. De pronto, toda una ciudad convulsionada, en virtual pie de guerra para zanjar un problema que, se resuelva de una manera u otra, no cambiará un ápice la realidad económica y social del pueblo orureño.  ¿Tanto para tan poco?

Pues creo que no, quizás valga la pena pensar que lo hay en este momento es una suerte de “politización de la memoria” en el sentido de que el poder y la lucha por el mismo tiene relación con ordenes simbólicos que dan a las sociedades sentido de pertenencia, de orden y de jerarquías, que establecen un nosotros, un sentido de comunidad, que es nacional muchas veces, pero que es regional en otras tantas.

Estas memorias se materializan en las narraciones históricas, en la historiografía, pero también suele construir monumentos, nombrar calles  y, como se ve en el caso de Oruro, suelen también nombrar aeropuertos. Detrás de toda historia está una apuesta por el futuro, es lo que una sociedad en el presente cree qué es lo que debe ser mostrado a sus hijos en el futuro, qué acontecimientos o héroes deben ser relievados y cuales olvidados.

El problema nace cuando, en una sociedad no homogénea como la nuestra, existen otros órdenes discursivos y otras memorias que pugnan con el ya establecido, un orden que no tiene referencia exclusiva con la historia boliviana, que tiene también sus héroes, sus villanos y que se siente con el derecho de nominar o nombrar a las cosas que considera recordables o memorables. Al fin y al cabo para eso, también, es el poder político.

Esto es lo que estarían pasando en Oruro, una batalla de la(s) memoria, una punga entre modos de entender y valorar los acontecimientos, e incluso una manera de entender el hecho histórico: el primero como historia “cívica” y el segundo como culto al héroe, en todo caso, legítimos ambos.  Por eso, cuando una dirigente cívica orureña nos dice en referencia a las causas de su lucha: “Estamos luchando no por el nombre, estamos luchando por la historia y la dignidad de este pueblo”, nos está reflejando que lo que se juega es realidad un orden de poder.

Lo único cierto es que este conflicto, ha generado en Oruro una crisis política de magnitudes impensadas, que coloca al MAS y al propio Evo Morales en una situación incómoda, en un momento en que lo que quiere y necesita es aterrizar sin problemas en su tercera gestión presidencial.

ECUADOR: CORREA DE LARGA DURACIÓN

Para un boliviano acostumbrado a vivir en medio de una conflictividad que toma las calles, que se escucha en los medios de comunicación y que, de una manera u otra, termina por estructurar nuestra vida cotidiana, lo primero que llama la atención del Ecuador no es la presencia de un liderazgo carismático como el de Rafael Correa y su consabido “hiperpresidencialismo” sino la casi inexistencia de la política en las calles, es decir la ausencia de marchas, interrupciones de tráfico vehicular, bloqueos de caminos y la poca referencia a temas políticos en los noticieros y en la conversación cotidiana.

Hoy, qué duda cabe, Ecuador pasa por un momento político sin precedentes cuya mayor singularidad consiste en tener un presidente, Rafael Correa, que ha logrado combinar una discurso izquierdista con medidas económicas y sociales que enrumban al Ecuador hacia una sociedad moderna. Es decir Correa, en un contexto de bonanza petrolera, ha creado un discurso antiimperialista con fuertes referencias a la dignidad y defensa de los pobres junto a importantes inversiones en el campo de la educación y de la infraestructura caminera, que le granjea los votos tanto de sectores “progres” como de una clase media ansiosa de estabilidad y certidumbre. Correa se mueve en un amplio margen discursivo que tiene dos ejes, dos ideas, que alcanzan niveles míticos en América Latina: revolución y modernidad.

Solo de esta manera se puede entender que el candidato de la izquierda Alberto Acosta (aliado de Correa hasta la Asamblea Constituyente) haya bajado en su votación y que los grandes opositores de derecha como el ex militar Lucio Gutiérrez, el banquero Guillermo Lasso y el empresario Álvaro Noboa no logren ni la mitad de la votación alcanzada por Correa que, con un histórico 57 % de los votos, es quien ordena y valida los discursos políticos. Como señala Felipe Burbano en el diario Hoy: “Ecuador pasa por un momento hegemónico en la sociedad ecuatoriana, es decir, con la presencia de un actor poderoso bajo cuyo control se encuentran todas las piezas de la escena política” (12/2/2013)

¿Cómo Correa logra posicionarse en este liderazgo? Al igual que Evo Morales en Bolivia, Correa es el depositario de una ola expansiva democratizadora en Latinoamérica que, absolutamente decepcionada por el rendimiento neoliberal en la economía y asqueada de su sistema de partidos, juntó demandas de mayor equidad social con demandas de ciudadanía de corte cultural e identitario (muchas de las cuales se plasmaron en el texto de la asamblea constituyente de 2007).

Rafael Correa al igual que Evo Morales, a partir de notables victorias electorales y de la realización de una Asamblea Constituyente, debilitó fuertemente el sistema de partidos, aplicó políticas de reconocimiento de la diferencias cultural y étnica, puso al Estado como centro ordenador de la economía, con fuertes medidas redistributivas del ingreso como el Bono de Desarrollo Humano (que permite a más de dos millones de pobres recibir 50 dólares por mes) y un gran aumento de inversiones en educación que, sin duda, fueron factores de reducción del desempleo y la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Ecuador desde 2006, fecha de la asunción de Correa a la presidencia por primera vez, hasta 2012 ha subido en un orden de 49 %.

También juega la historia larga. Ecuador es un país donde no hubo una reforma agraria como la de 1953 en Bolivia, que implicó un cambio profundo de las élites en el poder, fruto de una revolución civil. Los intentos de reforma agraria en Ecuador, tanto en 1964 y de 1973 no dieron una redistribución significativa. Como señala Lissa North[1], “la clase terrateniente manejó las dos reformas agrarias de tal forma que las convirtío en su opuesto: en contrareformas”. Es más, la elite ecuatoriana en el poder nunca pudo despojarse de su forma familiar y endogámica de manejo empresarial y político[2]: gran parte de los “establecimientos industriales eran imperios familiares ya establecidos ya que de casi la mitad de las 1.080 compañías, registradas en la superintendencia de Compañías en 1973, estaba en manos de un máximo de cinco personas” (North, 1985: 431).

Por tanto, de alguna manera, Rafael Correa se mueve dentro de este conjunto de demandas surgidas tanto desde el corto plazo como desde el largo plazo

Sin embargo, el reverso de la moneda es que esta cesión de derechos, es decir esta mayor ciudadanía trae, paradójicamente, la desarticulación o fagocitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy una buena parte de las organizaciones que habían enarbolado las banderas del cambio social, aquellas que botaron a presidentes corruptos y cuyo capital organizativo provocó la Asamblea Constituyente, o están en el gobierno o están divididas y desarticuladas, en una pasividad alarmante.

Algo de esto también se puede ver en Bolivia. Sin embargo, soy de la idea que, como producto de una mayor tradición sindical y, de manera general, con una sociedad civil más politizada, esta intención de desorganización de la sociedad civil no se ha cumplido, ciertamente pese a los esfuerzos que hace el MAS en el poder.

De todas maneras, hoy Ecuador vive un momento particularmente interesante, donde el estado y en especial el poder ejecutivo, juega un papel central como ordenador de la economía y de la política. Esto ha despertado la natural suspicacia de analistas y opositores que vislumbran serios riesgos para la democracia, sus instituciones y sus valores. No obstante, la mayoría de los Ecuatorianos el pasado domingo 17 de febrero, le han expresado a Rafael Correa a través de las urnas, que están dispuestos a correr ese riesgo.

Quito 23 de febrero de 2013

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[1] North Liisa L., (1985) "Políticas Económicas y Estructuras de Poder", en Louis Lefeber, La Política Económica del Ecuador: Campo, región, y nación. FLACSO y CERLAC con La Corporación Editora Nacional.

[2] El candidato presidencial Álvaro Noboa, un empresario bananero, financiero y constructor dijo al finalizar su campaña en 2013 “Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie, y esta vez me voy a dedicar a hacer plata para el Ecuador” (El Comercio 17/2/2013)