El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) agrupa a instituciones sindicales, gremiales, provinciales y empresariales del departamento de Potosí. Fue fundada el 2 de agosto de 1976 durante el gobierno militar de Hugo Banzer. En sus inicios reunió a profesionales y representantes de la clase media que enarbolaron demandas como una planta de fundición de zinc, la construcción de un aeropuerto y caminos (El Siglo, 3.08.1976). Su discurso se puede caracterizar de izquierda y nacionalista y pese a que a lo largo de su vida ha recibido muchas críticas, (representatividad de sus dirigentes, utilización de Comcipo para conseguir favores personales o ingresar a la política) siempre se ha constituido en un efectivo canal de agregación de las demandas regionales, gozando de una alta legitimidad y capacidad de acatamiento de sus decisiones.
A la pregunta por el sentido de la política hay una respuesta tan sencilla y tan concluyente en si misma, que se diría que otras respuestas están totalmente demás. La respuesta es: el sentido de la política es la libertad (Hannah Arendt).
jueves, 23 de julio de 2015
miércoles, 15 de julio de 2015
ESTADO, MINERÍA Y SOCIEDAD CIVIL, ALGUNOS APUNTES PARA ENTENDER EL CONFLICTO POTOSINO Franz Flores Castro
Potosí
electoramente nunca fue un problema para el MAS, cabe recordar que en las
elecciones de 2002, cuando Evo Morales candidatea por primera vez a la
presidencia de la república, ganó en el departamento con un 34 por ciento a dos
puntos del MNR; posteriormente, para las elecciones de 2005, el respaldo
potosino al MAS y Morales fue contundente ya el MAS ganó en el departamento de
Potosí con el 57.8% % de los votos, seguido muy de lejos por Poder Democrático
y Social (PODEMOS) con el 25.6%. En virtud a esta votación el MAS logró dos
senadores y diez diputados, la más grande brigada parlamentaria departamental
conseguida por partido alguno en varias décadas de democracia.
¿Por qué el MAS tuvo semejante respaldo en Potosí? Las razones pueden ser muchas, pero creo que lo que principalmente sedujo al votante potosino fue que el MAS ofrecía el retorno del Estado y con ella un mayor control sobre la explotación de los minerales. El MAS prefiguraba un horizonte distinto al modelo neoliberal que había cerrado sus minas y condenado al desempleo a miles de trabajadores de la COMIBOL.
Cuando
Morales en enero de 2006 llega a la presidencia lo hace montado sobre un alza
de precios de los recursos naturales. Potosí estaba en una franca recuperación
de su minería y tanto los empresarios como la propia población recibían estas
noticias con mucha esperanza. Al fin, luego de más de dos décadas, los
minerales potosinos volvían a tener precios altos. A fines de enero de 2005 ya se habla de la
recuperación plena de la actividad minera. Un informe del Ministerio de
economía señala un incremento del 36% en las exportaciones mineras respecto del
año 2004, porcentaje que, en términos
monetarios, significaba que el departamento había exportado por un valor de
221.842.630 dólares, lo que configuraba el fin de la crisis y el inicio una nueva bonanza minera. Sin embargo, la población
potosina si bien entiende que la bonanza
minera le traerá mejores días, también tiene la experiencia de que esos
recursos pueden salir del departamento sin ser aprovechados por la región para
su desarrollo y modernidad; los datos y noticias que se tienen en esos días
indican que es más probable lo segundo: la misma fuente ministerial indica que el pago por regalías mineras, es decir el porcentaje de impuestos
que se destinan a los departamentos productores, era apenas de un 1,58% del
total de exportaciones, solo 3.526.293 dólares. Adicionalmente se hacen conocer
denuncias de que los mineros, en especial los cooperativistas, no reinvierten
sus ganancias en el departamento prefiriendo comprar lotes y casas en otros
departamentos.
Con
estos antecedentes es lógico que se pueda pensar que agenda de demandas que
tenía la sociedad potosina era un aumento sustancial en el porcentaje de
regalías mineras, una reinversión de su ganancias, un control de la
contaminación que generan los ingenios mineros y una mayor diversificación a
partir de la minería; en suma, una utilización de los recursos mineros para
lograr modernidad y desarrollo. Para
ello era necesario que el estado construya un conjunto de instituciones y
diseñe políticas que garanticen la vida y el futuro de la población. Empero,
nada de eso se cumple, ya que lo que principalmente le interesa al gobierno es
garantizar el flujo de recursos de la minería potosina, para lo cual establece
un pacto con uno de los actores más poderoso de la región como son los
cooperativistas mineros (socios en algunos casos de las transnacionales mineras),
lo que le permite un gran respaldo político y electoral. Esta alianza provoca
serios efectos en la ciudad de Potosí ya que, en muchos casos tiene una agenda
de demandas contraria a los interese mineros. Por ello deja pasar o hace oídos
sordos a demandas como control de la explotación del Cerro Rico de Potosí, a
un un control de la contaminación, al
pago por el uso de aguas potables. Para el estado el único interlocutor válido
son las empresas mineras, con quienes pacta, acuerda y establece objetivos comunes,
la sociedad civil potosina solo es un dato, algo que no merece tomarse en
cuenta más que en época electoral.
Por
ello es que 2010, la sociedad civil potosina ya se ha desencantado por
completo. Ve pasar la bonanza minera sin que ello haya significado un cambio
sustancial en su vida. Los objetivos de generar desarrollo, cohesión social,
seguridad de futuro, imagen de modernidad, que corresponden al estado y que,
además, fue central en el discurso de Morales no se han cumplido en la
periferia potosina, al contrario, la bonanza minera, solo contribuye a ratificar
el imaginario de que la riqueza minera sirve para el desarrollo de otros departamentos
y no para la región. Es más, existe en realidad la sensación de que las cosas
son peores con la minería: la ciudad está contaminada, el ordenamiento urbano
es un caos, la gente, los jóvenes tienen como único horizonte de vida la
migración, la gente para curarse de una dolencia más o menos complicada tiene
que ir a otra ciudad, ante la falta de empleo las calles se llenan de
informales, etc.
En
estas condiciones es que explota la huelga de los 19 días en 2010 cuya fuerza y
unidad ya hablan de esta especie de cansancio y de bronca acumulada de una
sociedad que confió en un cambio de rumbo con la presidencia de Morales.
En
el presente año 2015, acaba de retornar el conflicto regional y, aunque parezca
increíble, las mismas demandas que motivaron el conflicto de los 19 días en
2010 son las que ahora, de nuevo, motivan el paro. También parece increíble que
el gobierno tenga la misma interpretación del conflicto: que se trata de un
movimiento político ocasionado por unos cuantos revoltosos. Quizá la solución sea simple: que el gobierno
cumpla con sus principios de retorno del estado y con sus promesas electorales.
Etiquetas:
conflicto,
politica,
regionalismo
jueves, 13 de marzo de 2014
¿TIENEN RACIONALIDAD LAS ALIANZAS DE LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA?
En Bolivia, en los últimos días
hemos visto configurarse alianzas entre partidos de la oposición con miras a
las elecciones presidenciales de 2014. Tomando como referencia a la oposición
venezolana que logró unirse en torno a la figura de Henrique Capriles en las
presidenciales de 2013 y de lo exitosas
que resultaron, en el plano local, las alianzas para las elecciones municipales
de las alcaldías de las ciudades de Sucre y Pando, la oposición boliviana trata
de configurar acuerdos con partidos, líderes y movimientos sociales que le
permitan hacer frente al candidato y, aún presidente, Evo Morales Ayma quien,
según últimas encuestas, supera el 45% de la
intención de voto.
Sin embargo, estas alianzas y la
probabilidad de ellas, han sido sometidas a crítica y a descalificación, ya que
ponen en tensión actores, identidades y lógicas políticas que confrontadas en
el pasado. De esta manera, la alianza entre Samuel Doria Medina, empresario y
líder de la opositora Unidad Nacional (UN), con el exdirigente del indigenista
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) Rafael Quispe; y el acercamiento entre el
líder izquierdista del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado y el liberal
y autonomista Rubén Costas, configurarían lo que un analista de televisión
calificó como una “orgía ideológica”, donde izquierdistas cohabitan con
liberales del oriente y los capitalistas arman una soberbia fiesta con los indigenistas
de los andes, sin más objetivo que la
simple y llana toma del poder.
El objetivo de este artículo no
es discutir acerca de la naturaleza ética o no de estas alianzas, sino de
plantear la racionalidad política que está debajo de las mismas. Postulo que
las mismas pueden entenderse como una respuesta electoral a los clivajes y
rupturas sociales que configuran las divisiones políticas en Bolivia. Brevemente,
se puede decir que hay tres estructuras de división en Bolivia: la social que
tiene que ver con los ingresos; la territorial que opone el Estado a la regiones
y la étnica que opone la diversidad social y cultural a la homogeneidad
estatal. Claro está que ellas no se presentan en estado puro, sino en combinación
con distintos grados de influencia, presencia y articulación entre ellas y se
expresan tanto en el ámbito político informal, a través de protestas callejeras,
como en formas institucionalizadas, como las elecciones. Se dice que son clivajes
porque son rupturas lo suficientemente densas como para permanecer por periodos
largos de tiempo y lo suficientemente profundas para organizar la competencia
política.
Desde inicios hace dos décadas
atrás, en Bolivia se han mostrado dos escenarios de conflictividad en el país
que señalan estructuras de clivajes.
Primero el clivaje étnico que pudo anudar en torno al mismo proyectos
políticos de reconfiguración del estado neoliberal y de reimaginación de la
nación; pudo ser la base desde donde se posicionaron liderazgos cuya identidad
era la de ser indígenas. Segundo, el clivaje regional, a partir del cual se
posicionaron proyectos de cambio en el Estado como las autonomías
departamentales y visibilizaron a los movimientos cívicos de los departamentos
de Santa Cruz, Beni y Pando como actores centrales de la política e hicieron
aparecer liderazgos que, en sus discursos, enarbolaron el haber sido los
defensores de sus regiones ante el histórico centralismo andino.
Dicho esto, las alianzas en el
seno de la oposición cobran sentido, los opositores perciben que es necesario
posicionarse en torno a, por lo menos, uno de estos clivajes, por ello el
liberal UN se une con un líder visible
de la lucha indigenista como es Rafael Quispe; y el izquierdista Juan del
Granado líder del MSM busca pactar con uno de los líderes más destacados del
movimiento regionalista cruceño como Rubén Costas. En ese sentido, este esquema
de alianzas está lejos de ser una “orgía ideológica”, es más bien una
estrategia política que apuesta a ubicarse en el campo político que estructura
los esquemas de división estructural y que hoy configuran el campo político
bolivianos: lo étnico y lo regional.
sábado, 5 de octubre de 2013
LAS REGIONES EN EL CONFLICTO POR LOS ESCAÑOS PARLAMENTARIOS
La semana cierra con un conflicto entre el poder central y tres regiones del país, (Chuquisaca, Potosí y Beni), los cuales, en virtud de los datos del Censo de 2012, cada uno pierde un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismos que ahora son reasignados al departamento de Santa Cruz.
Este cambio, si bien desde el punto de la relación numérica, entre representante y base poblacional, es una medida técnica, no lo es desde el punto de vista de los imaginarios regionales que invoca, anuda y reflota, cuando esto implica una reducción de escaños parlamentarios. Desde las regiones afectadas, este proceso es visto como “una muestra mas” de la lógica de postergación y de periferización que el centro político tiene con estos departamentos. De esta manera, si bien el tema de los curules, a primera vista parece un asunto banal (porque banales son los legisladores en su rol), no lo es tanto cuando uno ve que, alrededor de este tema, se pueden anudar una serie de tensiones irresueltas (PNUD dixit) como pobreza, empleo, ausencia de perspectivas de desarrollo, marginalidad y que son en realidad las causas para la radicalidad que puede asumir el conflicto. Además, esta reasignación, que implica tres curules más para el departamento de Santa Cruz, se lo hace en momentos en que el gobierno realiza virajes estratégicos y discursivos electorales para acercarse a la elite empresarial cruceña.
Ante esta situación, la oposición ha tratado de aprovechar la oportunidad política, para reposicionar su liderazgo e imagen política en sus regiones, más en una lógica electoral del 2014 que bajo el objetivo de lograr atención a la demanda. La oposición tiene conciencia de su debilidad y aprovecha coyunturas como la actual para hacer pequeños forcejeos que debiliten el posicionamiento electoral del MAS. El hecho de que hayan optado por una medida pasiva y mediática como la huelga de hambre es una señal de ello.
En cambio en el oficialismo, temerosos de la capacidad aglutinadora que tienen los movimientos regionalistas que, de pronto, puede unir bajo la bandera regional a identidades política y étnicas diversas e incluso contrarias (por ejemplo la huelga de los 19 de días en Potosí en 2010, era la ciudad pero también era Coroma; el conflicto por la capitalía significó que algunos constituyentes abandonen el MAS), ha apresurado los tiempos políticos, ha presionado sobre los (sus) parlamentarios de las regiones afectadas, para la aprobación de la ley de reasignación de escaños, y dentro de las regiones, ha tratado de derivar el debate sobre el tema de escaños hacia uno más amplio y menos politizado: la discusión sobre desarrollo e inversión. Esto muestra, por otro lado, que las elites políticas de Chuquisaca, Potosí y Beni, se validan y se reproducen más en sintonía y conexión nacional que local. Así ocurría en clave neoliberal y también pasa en clave plurinacional.
Este cambio, si bien desde el punto de la relación numérica, entre representante y base poblacional, es una medida técnica, no lo es desde el punto de vista de los imaginarios regionales que invoca, anuda y reflota, cuando esto implica una reducción de escaños parlamentarios. Desde las regiones afectadas, este proceso es visto como “una muestra mas” de la lógica de postergación y de periferización que el centro político tiene con estos departamentos. De esta manera, si bien el tema de los curules, a primera vista parece un asunto banal (porque banales son los legisladores en su rol), no lo es tanto cuando uno ve que, alrededor de este tema, se pueden anudar una serie de tensiones irresueltas (PNUD dixit) como pobreza, empleo, ausencia de perspectivas de desarrollo, marginalidad y que son en realidad las causas para la radicalidad que puede asumir el conflicto. Además, esta reasignación, que implica tres curules más para el departamento de Santa Cruz, se lo hace en momentos en que el gobierno realiza virajes estratégicos y discursivos electorales para acercarse a la elite empresarial cruceña.
Ante esta situación, la oposición ha tratado de aprovechar la oportunidad política, para reposicionar su liderazgo e imagen política en sus regiones, más en una lógica electoral del 2014 que bajo el objetivo de lograr atención a la demanda. La oposición tiene conciencia de su debilidad y aprovecha coyunturas como la actual para hacer pequeños forcejeos que debiliten el posicionamiento electoral del MAS. El hecho de que hayan optado por una medida pasiva y mediática como la huelga de hambre es una señal de ello.
En cambio en el oficialismo, temerosos de la capacidad aglutinadora que tienen los movimientos regionalistas que, de pronto, puede unir bajo la bandera regional a identidades política y étnicas diversas e incluso contrarias (por ejemplo la huelga de los 19 de días en Potosí en 2010, era la ciudad pero también era Coroma; el conflicto por la capitalía significó que algunos constituyentes abandonen el MAS), ha apresurado los tiempos políticos, ha presionado sobre los (sus) parlamentarios de las regiones afectadas, para la aprobación de la ley de reasignación de escaños, y dentro de las regiones, ha tratado de derivar el debate sobre el tema de escaños hacia uno más amplio y menos politizado: la discusión sobre desarrollo e inversión. Esto muestra, por otro lado, que las elites políticas de Chuquisaca, Potosí y Beni, se validan y se reproducen más en sintonía y conexión nacional que local. Así ocurría en clave neoliberal y también pasa en clave plurinacional.
jueves, 21 de marzo de 2013
ORURO, EL AEROPUERTO Y LA POLITIZACIÓN DE LA MEMORIA
La ciudad de
Oruro, en medio de una movilización sin precedentes sostiene un paro indefinido que incluye huelgas de hambre, bloqueo
de calles y caminos, marchas, suspensión de clases en colegios y universidad y,
en general, un lamentable ambiente de beligerancia y polarización. El motivo:
el nombre de un aeropuerto.
Uno se pone a
pensar a veces en ese enorme, casi suicida
afecto que los bolivianos le tenemos a las desproporciones. De pronto,
toda una ciudad convulsionada, en virtual pie de guerra para zanjar un problema
que, se resuelva de una manera u otra, no cambiará un ápice la realidad
económica y social del pueblo orureño.
¿Tanto para tan poco?
Pues creo que
no, quizás valga la pena pensar que lo hay en este momento es una suerte de
“politización de la memoria” en el sentido de que el poder y la lucha por el
mismo tiene relación con ordenes simbólicos que dan a las sociedades sentido de
pertenencia, de orden y de jerarquías, que establecen un nosotros, un sentido
de comunidad, que es nacional muchas veces, pero que es regional en otras
tantas.
Estas memorias
se materializan en las narraciones históricas, en la historiografía, pero
también suele construir monumentos, nombrar calles y, como se ve en el caso de Oruro, suelen
también nombrar aeropuertos. Detrás de toda historia está una apuesta por el
futuro, es lo que una sociedad en el presente cree qué es lo que debe ser
mostrado a sus hijos en el futuro, qué acontecimientos o héroes deben ser relievados
y cuales olvidados.
El problema nace
cuando, en una sociedad no homogénea como la nuestra, existen otros órdenes
discursivos y otras memorias que pugnan con el ya establecido, un orden que no
tiene referencia exclusiva con la historia boliviana, que tiene también sus
héroes, sus villanos y que se siente con el derecho de nominar o nombrar a las
cosas que considera recordables o memorables. Al fin y al cabo para eso,
también, es el poder político.
Esto es lo que
estarían pasando en Oruro, una batalla de la(s) memoria, una punga entre modos
de entender y valorar los acontecimientos, e incluso una manera de entender el
hecho histórico: el primero como historia “cívica” y el segundo como culto al
héroe, en todo caso, legítimos ambos. Por
eso, cuando una dirigente cívica orureña nos dice en referencia a las causas de
su lucha: “Estamos luchando no por el nombre, estamos luchando por la historia
y la dignidad de este pueblo”, nos está reflejando que lo que se juega es
realidad un orden de poder.
Lo único cierto
es que este conflicto, ha generado en Oruro una crisis política de magnitudes
impensadas, que coloca al MAS y al propio Evo Morales en una situación incómoda,
en un momento en que lo que quiere y necesita es aterrizar sin problemas en su
tercera gestión presidencial.
domingo, 10 de marzo de 2013
ECUADOR: CORREA DE LARGA DURACIÓN
Para un
boliviano acostumbrado a vivir en medio de una conflictividad que toma las
calles, que se escucha en los medios de comunicación y que, de una manera u otra,
termina por estructurar nuestra vida cotidiana, lo primero que llama la
atención del Ecuador no es la presencia de un liderazgo carismático como el de
Rafael Correa y su consabido “hiperpresidencialismo” sino la casi inexistencia
de la política en las calles, es decir la ausencia de marchas, interrupciones
de tráfico vehicular, bloqueos de caminos y la poca referencia a temas
políticos en los noticieros y en la conversación cotidiana.
Hoy, qué
duda cabe, Ecuador pasa por un momento político sin precedentes cuya mayor
singularidad consiste en tener un presidente, Rafael Correa, que ha logrado
combinar una discurso izquierdista con medidas económicas y sociales que
enrumban al Ecuador hacia una sociedad moderna. Es decir Correa, en un contexto
de bonanza petrolera, ha creado un discurso antiimperialista con fuertes
referencias a la dignidad y defensa de los pobres junto a importantes inversiones
en el campo de la educación y de la infraestructura caminera, que le granjea
los votos tanto de sectores “progres” como de una clase media ansiosa de estabilidad
y certidumbre. Correa se mueve en un amplio margen discursivo que tiene dos
ejes, dos ideas, que alcanzan niveles míticos en América Latina: revolución y
modernidad.
Solo de
esta manera se puede entender que el candidato de la izquierda Alberto Acosta
(aliado de Correa hasta la Asamblea Constituyente) haya bajado en su votación y
que los grandes opositores de derecha como el ex militar Lucio Gutiérrez, el
banquero Guillermo Lasso y el empresario Álvaro Noboa no logren ni la mitad de
la votación alcanzada por Correa que, con un histórico 57 % de los votos, es quien
ordena y valida los discursos políticos. Como
señala Felipe Burbano en el diario Hoy: “Ecuador
pasa por un momento hegemónico en la sociedad ecuatoriana, es decir, con la
presencia de un actor poderoso bajo cuyo control se encuentran todas las piezas
de la escena política” (12/2/2013)
¿Cómo
Correa logra posicionarse en este liderazgo? Al igual que Evo Morales en
Bolivia, Correa es el depositario de una ola expansiva democratizadora en Latinoamérica
que, absolutamente decepcionada por el rendimiento neoliberal en la economía y asqueada
de su sistema de partidos, juntó demandas de mayor equidad social con demandas
de ciudadanía de corte cultural e identitario (muchas de las cuales se plasmaron
en el texto de la asamblea constituyente de 2007).
Rafael Correa
al igual que Evo Morales, a partir de notables victorias electorales y de la
realización de una Asamblea Constituyente, debilitó fuertemente el sistema de
partidos, aplicó políticas de reconocimiento de la diferencias cultural y
étnica, puso al Estado como centro ordenador de la economía, con fuertes
medidas redistributivas del ingreso como el Bono de Desarrollo Humano (que
permite a más de dos millones de pobres recibir 50 dólares por mes)
y un gran aumento de inversiones en educación que, sin duda, fueron factores de
reducción del desempleo y la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el PIB per
cápita de Ecuador desde 2006, fecha de la asunción de Correa a la presidencia
por primera vez, hasta 2012 ha subido en un orden de 49 %.
También
juega la historia larga. Ecuador es un país donde no hubo una reforma agraria
como la de 1953 en Bolivia, que implicó un cambio profundo de las élites en el
poder, fruto de una revolución civil. Los intentos de reforma agraria en
Ecuador, tanto en 1964 y de 1973 no dieron una redistribución significativa. Como
señala Lissa North[1],
“la clase terrateniente manejó las dos reformas agrarias de tal forma que las
convirtío en su opuesto: en contrareformas”. Es más, la elite ecuatoriana en el
poder nunca pudo despojarse de su forma familiar y endogámica de manejo
empresarial y político[2]: gran
parte de los “establecimientos industriales eran imperios familiares ya
establecidos ya que de casi la mitad de las 1.080 compañías, registradas en la
superintendencia de Compañías en 1973, estaba en manos de un máximo de cinco
personas” (North, 1985: 431).
Por
tanto, de alguna manera, Rafael Correa se mueve dentro de este conjunto de
demandas surgidas tanto desde el corto plazo como desde el largo plazo
Sin
embargo, el reverso de la moneda es que esta cesión de derechos, es decir esta
mayor ciudadanía trae, paradójicamente, la desarticulación o fagocitamiento de
las organizaciones de la sociedad civil. Hoy una buena parte de las
organizaciones que habían enarbolado las banderas del cambio social, aquellas
que botaron a presidentes corruptos y cuyo capital organizativo provocó la
Asamblea Constituyente, o están en el gobierno o están divididas y desarticuladas,
en una pasividad alarmante.
Algo de esto también se puede ver en Bolivia.
Sin embargo, soy de la idea que, como producto de una mayor tradición sindical
y, de manera general, con una sociedad civil más politizada, esta intención de
desorganización de la sociedad civil no se ha cumplido, ciertamente pese a los
esfuerzos que hace el MAS en el poder.
De
todas maneras, hoy Ecuador vive un momento particularmente interesante, donde
el estado y en especial el poder ejecutivo, juega un papel central como
ordenador de la economía y de la política. Esto ha despertado la natural
suspicacia de analistas y opositores que vislumbran serios riesgos para la
democracia, sus instituciones y sus valores. No obstante, la mayoría de los
Ecuatorianos el pasado domingo 17 de febrero, le han expresado a Rafael Correa
a través de las urnas, que están dispuestos a correr ese riesgo.
Quito 23
de febrero de 2013
[1] North Liisa L., (1985) "Políticas Económicas y Estructuras de
Poder", en Louis Lefeber, La Política Económica del Ecuador: Campo,
región, y nación. FLACSO y CERLAC con La Corporación Editora Nacional.
[2] El candidato presidencial Álvaro
Noboa, un empresario bananero, financiero y constructor dijo al finalizar su
campaña en 2013 “Aquí me pueden ganar en cantar, en
boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie, y esta vez me
voy a dedicar a hacer plata para el Ecuador” (El Comercio 17/2/2013)
martes, 25 de septiembre de 2012
LOS INTELECTUALES BOLIVIANOS Y EL RACISMO SUCRENSE
Las investigaciones que se realizaron sobre la Asamblea
Constituyente desde la ciencia política para la región chuquisaqueña se
centraron sobre todo en el conflicto de la capitalía y sus connotaciones
racistas, como es el caso del libro Racismo
y regionalismo en el proceso constituyente, de Martín Torrico (2008); el texto Democracia, poder y cambio político en Bolivia, de Luis Tapia et al. (2009) y también Jóvenes
en el laberinto de la polarización, de Yuri Tórrez (2010). Por su interés,
a continuación reseñamos estos estudios.
El trabajo de Torrico es interesante por ser pionero en un tipo de
interpretación que es más o menos repetida en otros análisis. El texto empieza
indicando la importancia de los mitos en las sociedades modernas, que sirven
“para instalar en el presente valores que deben ser respetados por la sociedad”
(Torrico: 49). Citando a Wieviorka habla del llamado “mito fundador del
racismo”, que para el caso de Sucre –afirma– es la Guerra Federal que enfrentó
a los liberales paceños con los conservadores sucrenses en 1899, donde jóvenes
chuquisaqueños fueron diezmados en Ayo Ayo por las huestes indígenas aymaras
comandadas por Zárate Willka, memoria que los sucrenses mantendrían viva a
través de tres narrativas y acciones:
1.
Los estudiantes universitarios presentan una ofrenda
floral cada 24 de enero en el mausoleo del Cementerio de Sucre.
2.
Los niños guías del cementerio –muchos de ellos quechuas
y pobres, dicho sea de paso– recitan versos que recuerdan a los muertos
sucrenses de la Guerra Federal[1].
3.
Una ordenanza municipal del año 2004 que dispone
homenajear cada 24 de mayo a los caídos en la batalla de Ayo Ayo, donde se hace alusión a la “Columna Trunca” para
Torrico genera racismo en tanto, actualizada, identifica a los “malos
bolivianos como los que han dañado la patria y éstos no son otros que los
indígenas” (Ibídem: 59).
En suma, a partir de la recurrencia de una ofrenda floral, de unos
niños recitadores y de una ordenanza municipal, los habitantes de Sucre –nótese
no sólo su sector más rico y conservador– se hacen racistas y tienen en los
jóvenes universitarios su ala más aguerrida y militante. Según Torrico, este racismo,
preexistente en la mentalidad de los sucrenses, encuentra en la demanda por la
Capitalía plena el pretexto para reactualizarse una y otra vez, a tal punto que,
según este autor, los estudiantes universitarios se “figuraron como
reencarnación de los masacrados de 1899 y vieron a los campesinos como sus
verdugos” (Ibídem: 61).
En el texto de Luis Tapia, Democracia,
poder y cambio político en Bolivia, si bien el objetivo es más bien el
análisis del llamado “proceso de cambio”, en las últimas páginas estudia tres
coyunturas regionales donde se presentaron conflictos como producto de la
ampliación de la democracia. Uno de ellos es la demanda sucrense del retorno de
los tres poderes del Estado. Tapia coincide con la visión de Torrico, en que la
intolerancia fue causada por la rememoración de la Guerra Federal que
(re)generó algunos mitos, entre ellos la dicotómica “indígenas salvajes y
estudiantes masacrados”, en los que luego “el imaginario chuquisaqueño, y
sucrense en particular, se apoyaron para construir un discurso de
autovictimización y de temor” (Tapia, 2009: 151) que va junto con la
utilización de la palabra democracia para cometer los actos más
antidemocráticos, dice Tapia: “La democracia y la defensa procedimental de la
misma, asumida por el autodenominado Comité Interinstitucional y las fuerzas
que lo componían sirvieron para cometer los actos más adversos y realizar
evidentes prácticas racistas” (Ibídem:
152). Por tanto, la recurrencia a imágenes del pasado, junto a un uso funcional
e interesado de la democracia es el contexto de la demanda de la capitalía en
Sucre.
En el libro Jóvenes en los
laberintos de la polarización, de Yuri Tórrez, se realiza un estudio
focalizado en los jóvenes de Sucre en relación a la demanda de capitalía. Su
capítulo “Sucre: racismo en la Culta Charcas” no puede ser menos inequívoco.
Los autores intentan explicar las razones de la actuación violenta de los
grupos juveniles y de hacer visible el sustrato emocional que los empuja a las
calles a generar agresión y violencia.
El autor sostiene que, en un contexto signado por la polarización
política, con la demanda de capitalía plena se recupera el viejo encono de la
Guerra Federal, que genera en el “imaginario de la sociedad sucrense una
distinción de clases, castas, poderes, dones e inclusive de razas” (Tórrez,
2010: 132-135). Concretamente, se actualiza uno de los hechos más luctuosos de
la Guerra Federal como es la batalla de Ayo Ayo, donde perdieron la vida
jóvenes de la élite sucrense. El Comité Interinstitucional utiliza en su
demanda de capitalía plena reforzando “de una manera decisiva el sentimiento
segregacionista de los sucrenses (o de su élite) hacia los sectores aymaras,
haciéndose, el mismo visible esencialmente con el arribo del indígena Evo
Morales a la Presidencia de la República de Bolivia. Por lo visto, los
acontecimientos que se producen en el curso de la Guerra Federal, (de)muestran,
la evolución de las tensiones que históricamente marcan y (re)activan los
sentimientos de odio hacia el ‘enemigo indígena’” (Ibídem: 137). Por eso es que el autor insiste:
El
racismo desencadenado en el mes de noviembre de 2007 al recuperar y rememorar
la historia de Ayo Ayo construye inmediatamente en la mentalidad de los sucrenses y de los jóvenes en
particular, recursos y dispositivos violentos para descalificar y apañar al
otro como enemigo, es decir, al indígena aymara (Ibídem: 138. El resaltado es nuestro).
Dicho en otras palabras, el movimiento por la capitalía
(re)utiliza un sentimiento racista ya preexistente en toda la sociedad sucrense (se supone que tanto en sus capas más
aristocráticas como populares, tanto en un migrante como en una persona que
vive en el centro de la ciudad, tanto en un banquero como en un albañil), para
generar violencia contra los indígenas presentes en la Asamblea Constituyente,
tanto es así que los autores sostienen que con “dicha demanda (de capitalía
plena) se remueve en la memoria histórica de la sociedad sucrense, el referente
aristocrático que domina el imaginario capitalino, una quimera asentada en la
idea de que por las venas de los sucrenses corre sangre azul” (Ibídem: 143).
Al respecto, surgen algunas preguntas: ¿si la ciudad es racista,
cómo es que en las elecciones presidenciales de 2005 como en la de constituyentes
gana el MAS con Evo Morales de manera contundente? Si el racismo es el aspecto
que moviliza a los sucrenses bajo el “mito fundante” de la batalla de Ayo Ayo,
¿cómo se puede explicar que esto también se presente en las capas migrantes y
populares de la ciudad, cuyos referentes identitarios no están anclados en
referencia a este hecho histórico que desconocen y no tienen, ni de lejos, la
idea de que por sus venas corre sangre azul? ¿Cómo se explica que en el
transcurso del conflicto una de sus asambleístas, Savina Cuéllar (migrante y
chola), haya renunciado al MAS para apoyar al Comité Interinstitucional? ¿Es
posible que el factor de activar cierta memoria colectiva, como es el “mito
fundante” de Ayo Ayo, sea suficiente para comprender el conflicto por la
capitalía? Finalmente, ¿es posible decir que todos los que participaron en las
movilizaciones eran racistas?
Son preguntas hasta ahora sin respuesta, ya que en nuestro
criterio los análisis reseñados no
buscan comprender el fenómeno, sino demostrar los determinantes sociales e
históricos de una sociedad que, de antemano, se califica de racista.
Uno de los aspectos que llama la atención en los textos
mencionados es la irrelevancia que le dan a las acciones y discursos de dos de
los actores estratégicos importantísimos en el conflicto: la directiva de la
Asamblea Constituyente y el gobierno, que sin duda afectaron de manera notable
el decurso del conflicto, ya con la indiferencia, con la denostación o con el
ataque político no hicieron otra cosa que darle legitimidad y respaldo a las
acciones violentas de los cívicos y legitimar sus acciones y demandas. Si bien
no se puede desconocer las manifestaciones racistas del conflicto, tampoco se
puede afirmar que esa sea la única causa para los niveles de violencia y
protesta que alcanzó el movimiento social.
En suma afirmamos que el conflicto generado por la demanda de
Capitalía Plena es mucho más complejo en sus determinaciones regionalistas,
identitarias y de actores estratégicos, para reducirlo simplemente a
motivaciones racistas, como suelen suponer los análisis reseñados.
BIBLIOGRAFÍA
Tapia, Luis
2007
“Democracia, poder y cambio político en Bolivia”.
En: Poder y cambio en Bolivia, La
Paz: PIEB.
Tórrez, Yuri (et
al.)
2003 Los jóvenes en democracia. La cultura política de la juventud
cochabambina, La Paz: PIEB.
Torrico, Martín
2008 Racismo y
regionalismo en el proceso constituyente. La Paz: Defensor del Pueblo y Universidad
de la Cordillera.
[1] Es interesante ver cómo para Torrico, los niños inoculan
racismo en sus oyentes: “Las personas que los escuchan no pueden más que
sentirse imbuidas por el respeto que impone el sitio fúnebre y por la condición
infantil de los recitantes. Además como los auditores suelen encontrarse en un
estado emocional intenso, pues visitan las tumbas de familiares y amigos, la
narración y el monumento contribuyen a que construyan íntimamente un vínculo
entre su tema familiar privado con el tema patriótico y público” (2008: 52).
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