BOLIVIA: GOBERNAR A TRES BANDAS

Una vez disipada la crisis política provocada por el Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, es posible trazar con alguna nitidez el perfil y el estilo de gestión que marcarán los cinco años del gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En primer lugar, nos encontramos ante un gobierno que no logrará implementar las transformaciones estructurales anunciadas en la campaña electoral (capitalismo para todos y Estado tranca). Aunque las fuerzas de derecha que respaldaron a la dupla Paz-Lara aguardaban con expectativa un giro de nuestro país hacia una economía de libre mercado —orientada a fomentar la inversión extranjera y las exportaciones—, el prometido viraje "a la Milei" de la economía no se ha materializado. Si bien en el espíritu original del Decreto Supremo (DS) 5503 se percibían ciertos indicios de apertura a la inversión extranjera y de mayor facilidad para la explotación de los recursos naturales, la realidad ha sido distinta.

En segundo lugar, desde la perspectiva política, la administración de Paz mantiene la lógica de las mediaciones directas entre Estado y sociedad civil, prescindiendo del papel institucional de los partidos políticos. Se pensó que, con la llegada de Paz, este esquema de relación corporativista quedaría en el pasado, que el gobierno se apoyaría más en los partidos políticos y menos en las organizaciones corporativas; sin embargo, los hechos demostraron lo contrario: el gobierno no buscó consensos en el Poder Legislativo ni acuerdo con las siglas partidarias, sino que apostó por viabilizar el decreto 5503 a través de los movimientos sociales aglutinados, por ahora, en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).

No obstante, calificar la gestión de Paz como articulada a los movimientos sociales sería un error o, al menos, una exageración. El gobierno de Paz desde un primer momento se mostró como aliado de las élites empresariales, con parte de las cuales cogobierna. No se debe olvidar que, a un mes de su posesión, Paz promulgó decretos que anularon el Impuesto a las Grandes Fortunas y facilitaron la exportación de carne, gestos de clara sintonía con el sector agroindustrial del Oriente.

Se trata de una apuesta de alto riesgo que refleja una debilidad estructural: la nueva coalición empresarial que apoya a Paz no posee la fuerza suficiente para derrotar a la facción nacida bajo el ala del MAS. Lo que veremos a partir de hoy serán equilibrios antes que cambios; un gobierno que actúa más como un árbitro entre sectores en disputa antes que como un motor de transformación.

De este modo, el gobierno del PDC, para viabilizar sus políticas, se verá obligado a pactar con una serie de grupos que poseen una capacidad de veto. Esto reducirá la política a un forcejeo lento y, en ocasiones, violento, que hará de la gestión de Paz un proceso complejo y trabado. 

Muy a tono con nuestra cultura estatista y rentista, el foco de los futuros conflictos será la disputa por los recursos del ahorro generado por la subida de los carburantes (estimado en 2.000 millones de dólares anuales) y el destino de la deuda externa contraída por Paz, que ya alcanza los 7.000 millones de dólares.

En suma, el tablero político boliviano hoy contiene un juego a tres bandas: los empresarios del Oriente, los movimientos sociales y el propio Gobierno. De esta tensa relación tripartita emanarán las políticas públicas, que tendrán una orientación u otra dependiendo siempre de la fuerza coyuntural de cada actor.

De todos modos, esto no podía darse de otra manera. Recordemos que el gobierno de Paz logró cosechar el 32,06% de los votos en la primera vuelta electoral, lo que no lo hace fuerte en términos de su legitimidad de origen (los datos de segunda vuelta no cuentan); y tampoco el Estado tiene la fortaleza para generar orden y acatamiento a lo largo del territorio nacional. Tenemos un gobierno débil y un Estado debil y, como se sabe, dos debilidades no hacen una fortaleza.

El conflicto generado por el decreto 5503 ha mostrado al gobierno de Paz hasta dónde puede llegar con sus reformas; le ha marcado límites a sus originales pretensiones de provocar un cambio estructural en la economía boliviana. Se necesitarán altas dosis de tino político para que el PDC no solo sea recordado como el gobierno que niveló el precio de los carburantes, sino también como el gobierno que pudo generar crecimiento y desarrollo. Los desafíos son grandes; las capacidades (estatales), muy pocas.

El silencio y la sombra

 Quizá con el tiempo vayamos sopesando con la debida nitidez los estragos que la dilatada gestión del MAS ha infligido no ya a las instituciones, sino a algo mucho más frágil y difícil de recomponer: la integridad profesional de quienes pasaron por la administración pública. Me detengo en el caso de Margot Ayala actual directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y exfuncionaria de esta misma institución durante el MAS. Confiesa ella ahora haber callado durante una década; admite haber presenciado el desfile de la irregularidad y el desmán, pero haber optado por el silencio debido a un miedo paralizante, a ese "terrorismo de Estado" que, según dice, imperaba entonces. En términos mas simples: calló para no perder el sueldo, para no ser expulsada del recinto donde se reparte bienes y ventajas.

Mucho me temo, sin embargo, que el caso de Ayala no sea una anomalía, sino más bien la manifestación más visible de un comportamiento vasto y sombrío que ha terminado por gangrenar la administración pública. Sería ingenuo, y acaso hipócrita, afirmar que esta servidumbre del espíritu nació con el gobierno del MAS; existía ya antes, pues es un rasgo común en todo sistema donde el puesto depende del dedo caprichoso del jefe y no del mérito.  ¿Acaso no vemos a diario a funcionarios que enmudecen ante los desatinos del "jefecito" de turno, guardando su opinión para el refugio del susurro, siempre que tengan la certeza de que el interlocutor no será un delator?. Son muy pocos, poquísimos, los que se atreven a señalar la equivocación o el delito. Ese fue el caso de Antonio Aramayo que denunció el desfalco que se hacía al Fondo Indígena y que murió en el intento de lavar la institución de corruptos. 

Existen, qué duda cabe, muchos "Ayalas", pero escasean los "Aramayos". Son raros aquellos que arriesgan el pellejo laboral mientras la mayoría prefiere el silencio cómplice, esperando que el jefe, en un gesto de magnanimidad por la lealtad demostrada, les premie con una comisión, un viaje o una licencia.

Esto sucede porque el poder, además de enorme, es invisible y cuando quiere detallista. El poder castiga de formas sutiles: te niega un ascenso, te escatima una firma, te demora o anula un título o revisa tus informes con una lupa malintencionada. Y así como castiga, el poder otorga bienes materiales y, lo que es peor, simbólicos. En una sociedad hambrienta de reconocimiento, el aprecio del superior se funcionaliza para premiar al obediente, al dócil, dejando en la sombra y el olvido a los críticos o a los díscolos, a esos pocos que, todavía creen que la dignidad y el paso por la institicion tienen que dejar algo.

Por ello el caso Ayala y Aramayo quiza muestren cómo va quedando el factor cultural. Me refiero a esa gruesa y sucia espiral que han ido urdiendo los jefecillos de turno, esos hombres pequeños con cuotas de poder excesivas que exigen el silencio ante sus desatinos y la boca cerrada ante sus abusos. Se ha instalado la costumbre de la cabeza gacha, la idea de que la supervivencia en el cargo depende de no ver lo que se tiene delante.

No existe, ciertamente, una receta definitiva para evitar esta degradación del espíritu público. Se pueden organizar seminarios tediosos, talleres de “sensibilización” que nadie atiende. O incluso, si se tiene fe en lo sobrenatural, oficiar misas para pedir un milagro que cambie el corazón de los hombres. Sin embargo, yo me atrevería a proponer algo más humilde pero quizá más hondo: que a los futuros profesionales y trabajadores se les obligue a mostrar evidencias de lectura de los clásicos de la literatural, al menos.  Podrá parecer una ocurrencia fútil, pero no lo es. Alguien que lee, alguien que se ha habituado a habitar las vidas y mentes ajenas a través de la literatura, difícilmente puede ser un mal tipo o, al menos, difícilmente podrá ser un tipo vulgarmente cruel. La lectura otorga una conciencia del otro y una solidez moral que el "jefecillo" ignora pero a la vez envidia. Quien ha leído sabe que el mundo es ancho y que el poder es transitorio; sabe, en definitiva, que el silencio impuesto no es eterno. “Cultivar la lectura significa cuidar nuestras sociedades y nuestras democracias” dice la gran escritora española Irene Vallejo y tiene razón.