BOLIVIA: GOBERNAR A TRES BANDAS

Una vez disipada la crisis política provocada por el Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, es posible trazar con alguna nitidez el perfil y el estilo de gestión que marcarán los cinco años del gobierno del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En primer lugar, nos encontramos ante un gobierno que no logrará implementar las transformaciones estructurales anunciadas en la campaña electoral (capitalismo para todos y Estado tranca). Aunque las fuerzas de derecha que respaldaron a la dupla Paz-Lara aguardaban con expectativa un giro de nuestro país hacia una economía de libre mercado —orientada a fomentar la inversión extranjera y las exportaciones—, el prometido viraje "a la Milei" de la economía no se ha materializado. Si bien en el espíritu original del Decreto Supremo (DS) 5503 se percibían ciertos indicios de apertura a la inversión extranjera y de mayor facilidad para la explotación de los recursos naturales, la realidad ha sido distinta.

En segundo lugar, desde la perspectiva política, la administración de Paz mantiene la lógica de las mediaciones directas entre Estado y sociedad civil, prescindiendo del papel institucional de los partidos políticos. Se pensó que, con la llegada de Paz, este esquema de relación corporativista quedaría en el pasado, que el gobierno se apoyaría más en los partidos políticos y menos en las organizaciones corporativas; sin embargo, los hechos demostraron lo contrario: el gobierno no buscó consensos en el Poder Legislativo ni acuerdo con las siglas partidarias, sino que apostó por viabilizar el decreto 5503 a través de los movimientos sociales aglutinados, por ahora, en torno a la Central Obrera Boliviana (COB).

No obstante, calificar la gestión de Paz como articulada a los movimientos sociales sería un error o, al menos, una exageración. El gobierno de Paz desde un primer momento se mostró como aliado de las élites empresariales, con parte de las cuales cogobierna. No se debe olvidar que, a un mes de su posesión, Paz promulgó decretos que anularon el Impuesto a las Grandes Fortunas y facilitaron la exportación de carne, gestos de clara sintonía con el sector agroindustrial del Oriente.

Se trata de una apuesta de alto riesgo que refleja una debilidad estructural: la nueva coalición empresarial que apoya a Paz no posee la fuerza suficiente para derrotar a la facción nacida bajo el ala del MAS. Lo que veremos a partir de hoy serán equilibrios antes que cambios; un gobierno que actúa más como un árbitro entre sectores en disputa antes que como un motor de transformación.

De este modo, el gobierno del PDC, para viabilizar sus políticas, se verá obligado a pactar con una serie de grupos que poseen una capacidad de veto. Esto reducirá la política a un forcejeo lento y, en ocasiones, violento, que hará de la gestión de Paz un proceso complejo y trabado. 

Muy a tono con nuestra cultura estatista y rentista, el foco de los futuros conflictos será la disputa por los recursos del ahorro generado por la subida de los carburantes (estimado en 2.000 millones de dólares anuales) y el destino de la deuda externa contraída por Paz, que ya alcanza los 7.000 millones de dólares.

En suma, el tablero político boliviano hoy contiene un juego a tres bandas: los empresarios del Oriente, los movimientos sociales y el propio Gobierno. De esta tensa relación tripartita emanarán las políticas públicas, que tendrán una orientación u otra dependiendo siempre de la fuerza coyuntural de cada actor.

De todos modos, esto no podía darse de otra manera. Recordemos que el gobierno de Paz logró cosechar el 32,06% de los votos en la primera vuelta electoral, lo que no lo hace fuerte en términos de su legitimidad de origen (los datos de segunda vuelta no cuentan); y tampoco el Estado tiene la fortaleza para generar orden y acatamiento a lo largo del territorio nacional. Tenemos un gobierno débil y un Estado debil y, como se sabe, dos debilidades no hacen una fortaleza.

El conflicto generado por el decreto 5503 ha mostrado al gobierno de Paz hasta dónde puede llegar con sus reformas; le ha marcado límites a sus originales pretensiones de provocar un cambio estructural en la economía boliviana. Se necesitarán altas dosis de tino político para que el PDC no solo sea recordado como el gobierno que niveló el precio de los carburantes, sino también como el gobierno que pudo generar crecimiento y desarrollo. Los desafíos son grandes; las capacidades (estatales), muy pocas.

Barrientos, Paz y Lara

 ¿Es una novedad que el vicepresidente de un Estado se declare opositor al gobierno del cual él mismo forma parte? ¿Hasta qué punto un vicepresidente puede ser capaz de desestabilizar un gobierno elegido democráticamente?

Las preguntas vienen a propósito de que el vicepresidente Edman Lara, en días pasados, se ha declarado opositor al gobierno de Rodrigo Paz y a sus políticas. Critica el decreto 5503 que suprime la subvención a los carburantes y abre Bolivia a la inversión extranjera. Las reacciones a la posicion de Lara, no se han hecho esperar, al punto que surgen iniciativas de sacarlo de su cargo bajo el argumento que no anda bien de la cabeza.

Con todo, las tensiones entre vicepresidente y presidente tiene dos antecedentes históricos —René Barrientos en 1964 y Jaime Paz en 1983— que vale la pena reseñar para (quizá) entender mejor por qué el vicepresidente Laraactúa como lo hace. 

Transcurría el año de 1964 y Víctor Paz Estenssoro iba tras su tercer mandato como presidente. Si bien el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) estaba de acuerdo con su candidatura, no hallaban consenso sobre el nombre de su acompañante de fórmula. Finalmente, y luego de varios altercados, Paz decidió postular al General René Barrientos Ortuño a la vicepresidencia, porque este militar tenía contactos con sectores campesinos que para Paz eran vitales. Barrientos, ya en plena carrera electoral, solía afirmar que su misión como vicepresidente era “acompañar y ayudar a Víctor Paz para que no se cometan errores”, lo que desde luegoreflejaba el grado de tensión y desconfianza que reinaba entre ambos políticos.

Lo que vino después fue la crónica de una traición anunciada. Las elecciones generales se llevaron a cabo el 31 de mayo de 1964; la dupla del MNR fue reelegida con casi el 98% de los votos y el partido retuvo su amplia mayoría en el Congreso. Sin embargo, unos meses después, el 2 de noviembre, el vicepresidente Barrientos ejecutó un golpe de Estado contra Paz que lo obligó a salir de Bolivia rumbo a Lima.

Casi dos décadas después pasó algo similar. Luego de un turbulento proceso político, el 10 de octubre de 1982 fueron posesionados como presidente y vicepresidente de Bolivia Hernán Siles Zuazo por el MNR de Izquierda y Jaime Paz Zamora del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). El contexto del país era de desastre económico, cuya máxima expresión era el descontrol de la inflación con la consiguiente subida de precios. De manera sorpresiva y a doce semanas en el poder, el MIR abandonó el gobierno de Siles, dejando al vicepresidenteJaime Paz como parte de una administración de la cual ya no formaba parte activa y con la cual no coincidía políticamente: Paz se convirtió en un opositor a Siles. 

Hoy tenemos otro contexto político y económico, pero el mismo patrón: un vicepresidente que se encuentra incómodo con el gobierno que integra. Lara, al igual que Barrientos y Paz, adolece del mismo mal: sus ambiciones políticas son superiores al poder estatal que ellos creen deberían tener. 

Barrientos en 1964 creía poseer el poder de las masas campesinas y el respaldo de la embajada de los Estados Unidos, por ello, estaba seguro de merecer más poder que el que le otorgaba Víctor Paz. Jaime Paz, por su parte, creía que los ministerios otorgados por Siles no correspondían a la base política que tenía (o creía tener). Lara, por su lado, se declara opositor al gobierno porque cree que el reparto del poder no corresponde a su aporte electoral al triunfo de Rodrigo Paz.

Empero, las distancias también son notables: Lara, a diferencia de Barrientos o Jaime Paz, carece de bases orgánicas dentro de su movimiento político, al punto que muchos de los "laristas" en el órgano legislativo parecen haberlo abandonado. De todos modos, encabeza una tendencia opositora en el país y ha enarbolado la resistencia al Decreto 5503, denunciando su inconstitucionalidad y afectación a los más pobres.

De este modo la diferencia de Lara con sus similaresBarrientos y Paz es evidente: No podría intentar un golpe de Estado apoyado por las fuerzas policiales porque carece de llegada en la elite policial, y menos aún cuenta con apoyo militar. Tampoco puede debilitar al gobierno sacando a sus ministros o saliendo él mismo de la gestiónporque carece de presencia en el gabinete. 

Empero Lara está lejos de ser un actor irrelevante: su poder no radica en un partido político, sino en una vasto esquema de intereses que se sienten afectados por la nueva administracion y que él articula a través de su redes de internet que, en varios países, ya han demostrado ser mecanismos eficaces de movilización y presion social.Lara no tiene el poder pero tiene el algoritmo.