¿TIENEN RACIONALIDAD LAS ALIANZAS DE LA OPOSICIÓN EN BOLIVIA?

En Bolivia, en los últimos días hemos visto configurarse alianzas entre partidos de la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2014. Tomando como referencia a la oposición venezolana que logró unirse en torno a la figura de Henrique Capriles en las presidenciales de 2013 y  de lo exitosas que resultaron, en el plano local, las alianzas para las elecciones municipales de las alcaldías de las ciudades de Sucre y Pando, la oposición boliviana trata de configurar acuerdos con partidos, líderes y movimientos sociales que le permitan hacer frente al candidato y, aún presidente, Evo Morales Ayma quien, según últimas encuestas, supera el 45% de la  intención de voto.

Sin embargo, estas alianzas y la probabilidad de ellas, han sido sometidas a crítica y a descalificación, ya que ponen en tensión actores, identidades y lógicas políticas que confrontadas en el pasado. De esta manera, la alianza entre Samuel Doria Medina, empresario y líder de la opositora Unidad Nacional (UN), con el exdirigente del indigenista Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)  Rafael Quispe; y el acercamiento entre el líder izquierdista del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado y el liberal y autonomista Rubén Costas, configurarían lo que un analista de televisión calificó como una “orgía ideológica”, donde izquierdistas cohabitan con liberales del oriente y los capitalistas arman una soberbia fiesta con los indigenistas de los andes,  sin más objetivo que la simple y llana toma del poder.

El objetivo de este artículo no es discutir acerca de la naturaleza ética o no de estas alianzas, sino de plantear la racionalidad política que está debajo de las mismas. Postulo que las mismas pueden entenderse como una respuesta electoral a los clivajes y rupturas sociales que configuran las divisiones políticas en Bolivia. Brevemente, se puede decir que hay tres estructuras de división en Bolivia: la social que tiene que ver con los ingresos; la territorial que opone el Estado a la regiones y la étnica que opone la diversidad social y cultural a la homogeneidad estatal. Claro está que ellas no se presentan en estado puro, sino en combinación con distintos grados de influencia, presencia y articulación entre ellas y se expresan tanto en el ámbito político informal, a través de protestas callejeras, como en formas institucionalizadas, como las elecciones. Se dice que son clivajes porque son rupturas lo suficientemente densas como para permanecer por periodos largos de tiempo y lo suficientemente profundas para organizar la competencia política.

Desde inicios hace dos décadas atrás, en Bolivia se han mostrado dos escenarios de conflictividad en el país que señalan estructuras de clivajes.  Primero el clivaje étnico que pudo anudar en torno al mismo proyectos políticos de reconfiguración del estado neoliberal y de reimaginación de la nación; pudo ser la base desde donde se posicionaron liderazgos cuya identidad era la de ser indígenas. Segundo, el clivaje regional, a partir del cual se posicionaron proyectos de cambio en el Estado como las autonomías departamentales y visibilizaron a los movimientos cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando como actores centrales de la política e hicieron aparecer liderazgos que, en sus discursos, enarbolaron el haber sido los defensores de sus regiones ante el histórico centralismo andino.

Dicho esto, las alianzas en el seno de la oposición cobran sentido, los opositores perciben que es necesario posicionarse en torno a, por lo menos, uno de estos clivajes, por ello el liberal UN  se une con un líder visible de la lucha indigenista como es Rafael Quispe; y el izquierdista Juan del Granado líder del MSM busca pactar con uno de los líderes más destacados del movimiento regionalista cruceño como Rubén Costas. En ese sentido, este esquema de alianzas está lejos de ser una “orgía ideológica”, es más bien una estrategia política que apuesta a ubicarse en el campo político que estructura los esquemas de división estructural y que hoy configuran el campo político bolivianos: lo étnico y lo regional. 

LAS REGIONES EN EL CONFLICTO POR LOS ESCAÑOS PARLAMENTARIOS

La semana cierra con un conflicto entre el poder central y tres regiones del país, (Chuquisaca, Potosí y Beni), los cuales, en virtud de los datos del Censo de 2012, cada uno pierde un curul en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mismos que ahora son reasignados al departamento de Santa Cruz. 

Este cambio, si bien desde el punto de la relación numérica, entre representante y base poblacional, es una medida técnica, no lo es desde el punto de vista de los imaginarios regionales que invoca, anuda y reflota, cuando esto implica una reducción de escaños parlamentarios. Desde las regiones afectadas, este proceso es visto como “una muestra mas” de la lógica de postergación y de periferización que el centro político tiene con estos departamentos. De esta manera, si bien el tema de los curules, a primera vista parece un asunto banal (porque banales son los legisladores en su rol), no lo es tanto cuando uno ve que, alrededor de este tema, se pueden anudar una serie de tensiones irresueltas (PNUD dixit) como pobreza, empleo, ausencia de perspectivas de desarrollo, marginalidad y que son en realidad las causas para la radicalidad que puede asumir el conflicto. Además, esta reasignación, que implica tres curules más para el departamento de Santa Cruz, se lo hace en momentos en que el gobierno realiza virajes estratégicos y discursivos electorales para acercarse a la elite empresarial cruceña. 

Ante esta situación, la oposición ha tratado de aprovechar la oportunidad política, para reposicionar su liderazgo e imagen política en sus regiones, más en una lógica electoral del 2014 que bajo el objetivo de lograr atención a la demanda. La oposición tiene conciencia de su debilidad y aprovecha coyunturas como la actual para hacer pequeños forcejeos que debiliten el posicionamiento electoral del MAS. El hecho de que hayan optado por una medida pasiva y mediática como la huelga de hambre es una señal de ello.

En cambio en el oficialismo, temerosos de la capacidad aglutinadora que tienen los movimientos regionalistas que, de pronto, puede unir bajo la bandera regional a identidades política y étnicas diversas e incluso contrarias (por ejemplo la huelga de los 19 de días en Potosí en 2010, era la ciudad pero también era Coroma; el conflicto por la capitalía significó que algunos constituyentes abandonen el MAS), ha apresurado los tiempos políticos, ha presionado sobre los (sus) parlamentarios de las regiones afectadas, para la aprobación de la ley de reasignación de escaños, y dentro de las regiones, ha tratado de derivar el debate sobre el tema de escaños hacia uno más amplio y menos politizado: la discusión sobre desarrollo e inversión. Esto muestra, por otro lado, que las elites políticas de Chuquisaca, Potosí y Beni, se validan y se reproducen más en sintonía y conexión nacional que local. Así ocurría en clave neoliberal y también pasa en clave plurinacional.

ORURO, EL AEROPUERTO Y LA POLITIZACIÓN DE LA MEMORIA

La ciudad de Oruro, en medio de una movilización sin precedentes sostiene un paro  indefinido que incluye huelgas de hambre, bloqueo de calles y caminos, marchas, suspensión de clases en colegios y universidad y, en general, un lamentable ambiente de beligerancia y polarización. El motivo: el nombre de un aeropuerto.

Uno se pone a pensar a veces en ese enorme, casi suicida  afecto que los bolivianos le tenemos a las desproporciones. De pronto, toda una ciudad convulsionada, en virtual pie de guerra para zanjar un problema que, se resuelva de una manera u otra, no cambiará un ápice la realidad económica y social del pueblo orureño.  ¿Tanto para tan poco?

Pues creo que no, quizás valga la pena pensar que lo hay en este momento es una suerte de “politización de la memoria” en el sentido de que el poder y la lucha por el mismo tiene relación con ordenes simbólicos que dan a las sociedades sentido de pertenencia, de orden y de jerarquías, que establecen un nosotros, un sentido de comunidad, que es nacional muchas veces, pero que es regional en otras tantas.

Estas memorias se materializan en las narraciones históricas, en la historiografía, pero también suele construir monumentos, nombrar calles  y, como se ve en el caso de Oruro, suelen también nombrar aeropuertos. Detrás de toda historia está una apuesta por el futuro, es lo que una sociedad en el presente cree qué es lo que debe ser mostrado a sus hijos en el futuro, qué acontecimientos o héroes deben ser relievados y cuales olvidados.

El problema nace cuando, en una sociedad no homogénea como la nuestra, existen otros órdenes discursivos y otras memorias que pugnan con el ya establecido, un orden que no tiene referencia exclusiva con la historia boliviana, que tiene también sus héroes, sus villanos y que se siente con el derecho de nominar o nombrar a las cosas que considera recordables o memorables. Al fin y al cabo para eso, también, es el poder político.

Esto es lo que estarían pasando en Oruro, una batalla de la(s) memoria, una punga entre modos de entender y valorar los acontecimientos, e incluso una manera de entender el hecho histórico: el primero como historia “cívica” y el segundo como culto al héroe, en todo caso, legítimos ambos.  Por eso, cuando una dirigente cívica orureña nos dice en referencia a las causas de su lucha: “Estamos luchando no por el nombre, estamos luchando por la historia y la dignidad de este pueblo”, nos está reflejando que lo que se juega es realidad un orden de poder.

Lo único cierto es que este conflicto, ha generado en Oruro una crisis política de magnitudes impensadas, que coloca al MAS y al propio Evo Morales en una situación incómoda, en un momento en que lo que quiere y necesita es aterrizar sin problemas en su tercera gestión presidencial.

ECUADOR: CORREA DE LARGA DURACIÓN

Para un boliviano acostumbrado a vivir en medio de una conflictividad que toma las calles, que se escucha en los medios de comunicación y que, de una manera u otra, termina por estructurar nuestra vida cotidiana, lo primero que llama la atención del Ecuador no es la presencia de un liderazgo carismático como el de Rafael Correa y su consabido “hiperpresidencialismo” sino la casi inexistencia de la política en las calles, es decir la ausencia de marchas, interrupciones de tráfico vehicular, bloqueos de caminos y la poca referencia a temas políticos en los noticieros y en la conversación cotidiana.

Hoy, qué duda cabe, Ecuador pasa por un momento político sin precedentes cuya mayor singularidad consiste en tener un presidente, Rafael Correa, que ha logrado combinar una discurso izquierdista con medidas económicas y sociales que enrumban al Ecuador hacia una sociedad moderna. Es decir Correa, en un contexto de bonanza petrolera, ha creado un discurso antiimperialista con fuertes referencias a la dignidad y defensa de los pobres junto a importantes inversiones en el campo de la educación y de la infraestructura caminera, que le granjea los votos tanto de sectores “progres” como de una clase media ansiosa de estabilidad y certidumbre. Correa se mueve en un amplio margen discursivo que tiene dos ejes, dos ideas, que alcanzan niveles míticos en América Latina: revolución y modernidad.

Solo de esta manera se puede entender que el candidato de la izquierda Alberto Acosta (aliado de Correa hasta la Asamblea Constituyente) haya bajado en su votación y que los grandes opositores de derecha como el ex militar Lucio Gutiérrez, el banquero Guillermo Lasso y el empresario Álvaro Noboa no logren ni la mitad de la votación alcanzada por Correa que, con un histórico 57 % de los votos, es quien ordena y valida los discursos políticos. Como señala Felipe Burbano en el diario Hoy: “Ecuador pasa por un momento hegemónico en la sociedad ecuatoriana, es decir, con la presencia de un actor poderoso bajo cuyo control se encuentran todas las piezas de la escena política” (12/2/2013)

¿Cómo Correa logra posicionarse en este liderazgo? Al igual que Evo Morales en Bolivia, Correa es el depositario de una ola expansiva democratizadora en Latinoamérica que, absolutamente decepcionada por el rendimiento neoliberal en la economía y asqueada de su sistema de partidos, juntó demandas de mayor equidad social con demandas de ciudadanía de corte cultural e identitario (muchas de las cuales se plasmaron en el texto de la asamblea constituyente de 2007).

Rafael Correa al igual que Evo Morales, a partir de notables victorias electorales y de la realización de una Asamblea Constituyente, debilitó fuertemente el sistema de partidos, aplicó políticas de reconocimiento de la diferencias cultural y étnica, puso al Estado como centro ordenador de la economía, con fuertes medidas redistributivas del ingreso como el Bono de Desarrollo Humano (que permite a más de dos millones de pobres recibir 50 dólares por mes) y un gran aumento de inversiones en educación que, sin duda, fueron factores de reducción del desempleo y la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Ecuador desde 2006, fecha de la asunción de Correa a la presidencia por primera vez, hasta 2012 ha subido en un orden de 49 %.

También juega la historia larga. Ecuador es un país donde no hubo una reforma agraria como la de 1953 en Bolivia, que implicó un cambio profundo de las élites en el poder, fruto de una revolución civil. Los intentos de reforma agraria en Ecuador, tanto en 1964 y de 1973 no dieron una redistribución significativa. Como señala Lissa North[1], “la clase terrateniente manejó las dos reformas agrarias de tal forma que las convirtío en su opuesto: en contrareformas”. Es más, la elite ecuatoriana en el poder nunca pudo despojarse de su forma familiar y endogámica de manejo empresarial y político[2]: gran parte de los “establecimientos industriales eran imperios familiares ya establecidos ya que de casi la mitad de las 1.080 compañías, registradas en la superintendencia de Compañías en 1973, estaba en manos de un máximo de cinco personas” (North, 1985: 431).

Por tanto, de alguna manera, Rafael Correa se mueve dentro de este conjunto de demandas surgidas tanto desde el corto plazo como desde el largo plazo

Sin embargo, el reverso de la moneda es que esta cesión de derechos, es decir esta mayor ciudadanía trae, paradójicamente, la desarticulación o fagocitamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy una buena parte de las organizaciones que habían enarbolado las banderas del cambio social, aquellas que botaron a presidentes corruptos y cuyo capital organizativo provocó la Asamblea Constituyente, o están en el gobierno o están divididas y desarticuladas, en una pasividad alarmante.

Algo de esto también se puede ver en Bolivia. Sin embargo, soy de la idea que, como producto de una mayor tradición sindical y, de manera general, con una sociedad civil más politizada, esta intención de desorganización de la sociedad civil no se ha cumplido, ciertamente pese a los esfuerzos que hace el MAS en el poder.

De todas maneras, hoy Ecuador vive un momento particularmente interesante, donde el estado y en especial el poder ejecutivo, juega un papel central como ordenador de la economía y de la política. Esto ha despertado la natural suspicacia de analistas y opositores que vislumbran serios riesgos para la democracia, sus instituciones y sus valores. No obstante, la mayoría de los Ecuatorianos el pasado domingo 17 de febrero, le han expresado a Rafael Correa a través de las urnas, que están dispuestos a correr ese riesgo.

Quito 23 de febrero de 2013

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[1] North Liisa L., (1985) "Políticas Económicas y Estructuras de Poder", en Louis Lefeber, La Política Económica del Ecuador: Campo, región, y nación. FLACSO y CERLAC con La Corporación Editora Nacional.

[2] El candidato presidencial Álvaro Noboa, un empresario bananero, financiero y constructor dijo al finalizar su campaña en 2013 “Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie, y esta vez me voy a dedicar a hacer plata para el Ecuador” (El Comercio 17/2/2013)

LOS INTELECTUALES BOLIVIANOS Y EL RACISMO SUCRENSE

Las investigaciones que se realizaron sobre la Asamblea Constituyente desde la ciencia política para la región chuquisaqueña se centraron sobre todo en el conflicto de la capitalía y sus connotaciones racistas, como es el caso del libro Racismo y regionalismo en el proceso constituyente, de Martín Torrico (2008); el texto Democracia, poder y cambio político en Bolivia, de Luis Tapia et al. (2009) y también  Jóvenes en el laberinto de la polarización, de Yuri Tórrez (2010). Por su interés, a continuación reseñamos estos estudios.

El trabajo de Torrico es interesante por ser pionero en un tipo de interpretación que es más o menos repetida en otros análisis. El texto empieza indicando la importancia de los mitos en las sociedades modernas, que sirven “para instalar en el presente valores que deben ser respetados por la sociedad” (Torrico: 49). Citando a Wieviorka habla del llamado “mito fundador del racismo”, que para el caso de Sucre –afirma– es la Guerra Federal que enfrentó a los liberales paceños con los conservadores sucrenses en 1899, donde jóvenes chuquisaqueños fueron diezmados en Ayo Ayo por las huestes indígenas aymaras comandadas por Zárate Willka, memoria que los sucrenses mantendrían viva a través de tres narrativas y acciones:

1.      Los estudiantes universitarios presentan una ofrenda floral cada 24 de enero en el mausoleo del Cementerio de Sucre.

2.      Los niños guías del cementerio –muchos de ellos quechuas y pobres, dicho sea de paso– recitan versos que recuerdan a los muertos sucrenses de la Guerra Federal[1].

3.      Una ordenanza municipal del año 2004 que dispone homenajear cada 24 de mayo a los caídos en la batalla de Ayo Ayo,  donde se hace alusión a la “Columna Trunca” para Torrico genera racismo en tanto, actualizada, identifica a los “malos bolivianos como los que han dañado la patria y éstos no son otros que los indígenas” (Ibídem: 59).

En suma, a partir de la recurrencia de una ofrenda floral, de unos niños recitadores y de una ordenanza municipal, los habitantes de Sucre –nótese no sólo su sector más rico y conservador– se hacen racistas y tienen en los jóvenes universitarios su ala más aguerrida y militante. Según Torrico, este racismo, preexistente en la mentalidad de los sucrenses, encuentra en la demanda por la Capitalía plena el pretexto para reactualizarse una y otra vez, a tal punto que, según este autor, los estudiantes universitarios se “figuraron como reencarnación de los masacrados de 1899 y vieron a los campesinos como sus verdugos” (Ibídem: 61).

En el texto de Luis Tapia, Democracia, poder y cambio político en Bolivia, si bien el objetivo es más bien el análisis del llamado “proceso de cambio”, en las últimas páginas estudia tres coyunturas regionales donde se presentaron conflictos como producto de la ampliación de la democracia. Uno de ellos es la demanda sucrense del retorno de los tres poderes del Estado. Tapia coincide con la visión de Torrico, en que la intolerancia fue causada por la rememoración de la Guerra Federal que (re)generó algunos mitos, entre ellos la dicotómica “indígenas salvajes y estudiantes masacrados”, en los que luego “el imaginario chuquisaqueño, y sucrense en particular, se apoyaron para construir un discurso de autovictimización y de temor” (Tapia, 2009: 151) que va junto con la utilización de la palabra democracia para cometer los actos más antidemocráticos, dice Tapia: “La democracia y la defensa procedimental de la misma, asumida por el autodenominado Comité Interinstitucional y las fuerzas que lo componían sirvieron para cometer los actos más adversos y realizar evidentes prácticas racistas” (Ibídem: 152). Por tanto, la recurrencia a imágenes del pasado, junto a un uso funcional e interesado de la democracia es el contexto de la demanda de la capitalía en Sucre.

En el libro Jóvenes en los laberintos de la polarización, de Yuri Tórrez, se realiza un estudio focalizado en los jóvenes de Sucre en relación a la demanda de capitalía. Su capítulo “Sucre: racismo en la Culta Charcas” no puede ser menos inequívoco. Los autores intentan explicar las razones de la actuación violenta de los grupos juveniles y de hacer visible el sustrato emocional que los empuja a las calles a generar agresión y violencia.

El autor sostiene que, en un contexto signado por la polarización política, con la demanda de capitalía plena se recupera el viejo encono de la Guerra Federal, que genera en el “imaginario de la sociedad sucrense una distinción de clases, castas, poderes, dones e inclusive de razas” (Tórrez, 2010: 132-135). Concretamente, se actualiza uno de los hechos más luctuosos de la Guerra Federal como es la batalla de Ayo Ayo, donde perdieron la vida jóvenes de la élite sucrense. El Comité Interinstitucional utiliza en su demanda de capitalía plena reforzando “de una manera decisiva el sentimiento segregacionista de los sucrenses (o de su élite) hacia los sectores aymaras, haciéndose, el mismo visible esencialmente con el arribo del indígena Evo Morales a la Presidencia de la República de Bolivia. Por lo visto, los acontecimientos que se producen en el curso de la Guerra Federal, (de)muestran, la evolución de las tensiones que históricamente marcan y (re)activan los sentimientos de odio hacia el ‘enemigo indígena’” (Ibídem: 137). Por eso es que el autor insiste:

El racismo desencadenado en el mes de noviembre de 2007 al recuperar y rememorar la historia de Ayo Ayo construye inmediatamente en la mentalidad de los sucrenses y de los jóvenes en particular, recursos y dispositivos violentos para descalificar y apañar al otro como enemigo, es decir, al indígena aymara (Ibídem: 138. El resaltado es nuestro).

Dicho en otras palabras, el movimiento por la capitalía (re)utiliza un sentimiento racista ya preexistente en toda la sociedad sucrense (se supone que tanto en sus capas más aristocráticas como populares, tanto en un migrante como en una persona que vive en el centro de la ciudad, tanto en un banquero como en un albañil), para generar violencia contra los indígenas presentes en la Asamblea Constituyente, tanto es así que los autores sostienen que con “dicha demanda (de capitalía plena) se remueve en la memoria histórica de la sociedad sucrense, el referente aristocrático que domina el imaginario capitalino, una quimera asentada en la idea de que por las venas de los sucrenses corre sangre azul” (Ibídem: 143).

Al respecto, surgen algunas preguntas: ¿si la ciudad es racista, cómo es que en las elecciones presidenciales de 2005 como en la de constituyentes gana el MAS con Evo Morales de manera contundente? Si el racismo es el aspecto que moviliza a los sucrenses bajo el “mito fundante” de la batalla de Ayo Ayo, ¿cómo se puede explicar que esto también se presente en las capas migrantes y populares de la ciudad, cuyos referentes identitarios no están anclados en referencia a este hecho histórico que desconocen y no tienen, ni de lejos, la idea de que por sus venas corre sangre azul? ¿Cómo se explica que en el transcurso del conflicto una de sus asambleístas, Savina Cuéllar (migrante y chola), haya renunciado al MAS para apoyar al Comité Interinstitucional? ¿Es posible que el factor de activar cierta memoria colectiva, como es el “mito fundante” de Ayo Ayo, sea suficiente para comprender el conflicto por la capitalía? Finalmente, ¿es posible decir que todos los que participaron en las movilizaciones eran racistas?

Son preguntas hasta ahora sin respuesta, ya que en nuestro criterio los análisis reseñados no buscan comprender el fenómeno, sino demostrar los determinantes sociales e históricos de una sociedad que, de antemano, se califica de racista.

Uno de los aspectos que llama la atención en los textos mencionados es la irrelevancia que le dan a las acciones y discursos de dos de los actores estratégicos importantísimos en el conflicto: la directiva de la Asamblea Constituyente y el gobierno, que sin duda afectaron de manera notable el decurso del conflicto, ya con la indiferencia, con la denostación o con el ataque político no hicieron otra cosa que darle legitimidad y respaldo a las acciones violentas de los cívicos y legitimar sus acciones y demandas. Si bien no se puede desconocer las manifestaciones racistas del conflicto, tampoco se puede afirmar que esa sea la única causa para los niveles de violencia y protesta que alcanzó el movimiento social.

En suma afirmamos que el conflicto generado por la demanda de Capitalía Plena es mucho más complejo en sus determinaciones regionalistas, identitarias y de actores estratégicos, para reducirlo simplemente a motivaciones racistas, como suelen suponer los análisis reseñados. 

BIBLIOGRAFÍA

Tapia, Luis

2007                                “Democracia, poder y cambio político en Bolivia”. En: Poder y cambio en Bolivia, La Paz: PIEB.

Tórrez, Yuri (et al.)

2003                Los jóvenes en democracia. La cultura política de la juventud cochabambina, La Paz: PIEB.

Torrico, Martín

2008                Racismo y regionalismo en el proceso constituyente. La Paz: Defensor del Pueblo y Universidad de la Cordillera.

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[1] Es interesante ver cómo para Torrico, los niños inoculan racismo en sus oyentes: “Las personas que los escuchan no pueden más que sentirse imbuidas por el respeto que impone el sitio fúnebre y por la condición infantil de los recitantes. Además como los auditores suelen encontrarse en un estado emocional intenso, pues visitan las tumbas de familiares y amigos, la narración y el monumento contribuyen a que construyan íntimamente un vínculo entre su tema familiar privado con el tema patriótico y público” (2008: 52).

¿QUIENES SON LOS COOPERATIVISTAS MINEROS?

Las últimas noticias se han centrado en el conflicto sucitado por los cooperativistas mineros, quienes dinamita en mano pretenden doblarle el brazo al gobierno a a la minería nacionalizada.  A continuación presento algunos datos que nos pueden acercar a comprender este actor político y social, aclarando que los datos tienen relación con los cooperativistas mineros potosinos.

Las cooperativas mineras tienen una larga tradición histórica ligada a la práctica de la época colonial denominada kajcheo, que consistía en que cada fin de semana los trabajadores de las minas se internaban, por su propia cuenta y riesgo, en las galerías subterráneas para producir el mineral (Absi, 2005: 17-18).

Fue en 1952, en el marco de la Revolución Nacional, que se institucionalizó a las cooperativas mineras y se las potenció, productiva y económicamente. Las minas de Cerro Rico que pertenecían al empresario privado Mauricio Hochschild, uno de los “Barones del Estaño”, pasaron en una buena porción a manos de los kajchas que las recibieron en calidad de concesiones mineras: al pagar por el arriendo un 2% del valor de la producción, pudieron tener un alto margen de independencia hacia el Estado (Absi, 2005: 26).

Un dato llamativo, para comprender las relaciones entre la sociedad potosina y los cooperativistas, es el origen de los últimos. Según el estudio de Absi:

… más de la mitad de los trabajadores (57,16 %) son originarios de las provincias del departamento de potosí, un 40,57 % son nacidos en la propia ciudad y solo un 2,25% provienen de otro departamento, y todos son, en la mayoría de los casos, personas que provienen de regiones mineras o de familias mineras (Absi, 2005: 34).

Estos datos llevan a la autora a pensar que la inserción citadina de los cooperativistas mineros está marcada por la marginalidad, ya que

… su estatus específico es distinto del de los campesinos y de la elite urbana, pero también del estatus de la clase popular de los cholos, con los cuales comparte, no obstante, muchas prácticas socioculturales y espacios vitales (Absi, 2005: 63).

En el plano político, se asocia al minero con la incapacidad de generar discursos políticos, con su arribismo y con la virulencia de sus protestas que le daría, no obstante, la capacidad de definición política en virtud de su disposición y habilidad para el manejo de la dinamita, que los convierte de facto en una fuerza cuasi militar.

Por otra parte, se debe destacar el rol económico social de las cooperativas mineras. Según las cifras brindadas por el estudio de Jocelyn Michard, en 2008, 60.000 personas trabajaban en las cooperativas mineras en Bolivia, es decir 90% del total los trabajadores mineros del país; paradójicamente, su aporte al producto minero sólo llega a 20% (Michard, 2008: 8). De éstos, las personas que trabajan en las cooperativas de Cerro Rico llegarían a 12.000 según los datos de su organización matriz, con muy buenas remuneraciones en las épocas de alta cotización del mineral, pero muchos sin seguridad ni derechos laborales (El Potosí, 20.11.06).

BIBLIOGRAFÍA

ABSI, Pascale

2005      Los ministros del diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. La Paz: PIEB-IFEA.

MICHARD, Joselyn

2008      Cooperativas mineras en Bolivia. Formas de organización, producción y comercialización. Cochabamba: CEDIB.

Hemerografía

El Potosí

ALCALDÍA DE SUCRE: MUCHOS ALIADOS Y POCA GESTIÓN

Las noticias que tenemos de la alcaldía no son nada alentadoras. Hay denuncias y peleas entre los componentes de la coalición, con acusaciones mutuas de obstruccionismo, corrupción, nepotismo y “pequismo”, que no hacen otra cosa que mostrar una alcaldía en crisis, sin rumbo y horizonte. De esta manera, el importante respaldo y legitimidad conseguido en las urnas por Moisés Torres Chivé, corre el riesgo de convertirse en desazón e indiferencia en la ciudadanía.

A continuación tratamos de ensayar algunas explicaciones que pueden ayudarnos a entender este fenómeno:

a)      Ausencia de sintonía entre el Ejecutivo y el Consejo municipal. En el municipio de Sucre se da la paradoja de que el Consejo responde a una correlación de fuerzas del año 2010 y el alcalde a una realidad política del 2012; de esta manera no solo que hay concejales que están sobrerepresentados como agrupación ciudadana, sino que algunos de ellos no representan a ninguna fuerza política porque ella ha dejado de existir, es el caso de Nueva Alternativa Ciudadana NA-C, por ejemplo. Ante este panorama es lógico que estos actores, basen sus estrategias políticas en meros proyectos personales y no políticos y negocien a cada momento su respaldo al Alcalde.

b)      Limitada capacidad de maniobra política del alcalde. Como se sabe, Moisés Torres es producto de una rápida e inédita coalición que hace que, a nivel interno, haya una ausencia de un eje ordenador que sea capaz de cohesionar a las diversas fuerzas que componen la coalición que, como se sabe, formalmente son el UN, PAIS y LIDER donde también existen grupos informales que presionan por cuotas de poder . Lo que más se asemeja a la alcaldía actual, es a un conjunto de pequeños feudos que antes que coordinar, disputan entre si, impidiendo y ralentizando la gestión municipal.

Por tanto, no se nota el cambio prometido. La alcaldía no solo que no arranca con proyectos, sino que no puede cumplir mínimamente  su rol de ordenador de la ciudad.  Sucre sigue sumida en el desorden y el caos automotor, con calles donde cada vez hay menos espacio para el ciudadano que, atónito, tiene que caminar por  veredas inundadas por comerciantes de toda laya; las calles han sido convertidas en ferias permanentes; los barrios se inundan de basura y uno tiene la sensación de que la gestión del Alcalde tiene otras preocupaciones, menos la suerte de la ciudad.

Ante esto la gestión de Moisés Torres ha tratado de “mediatizar” su gestión (hacer ver en los medios de comunicación aquello que no se da en la realidad): como no existen políticas para eliminar la venta y consumo masivo e indiscriminado de alcohol, genera noticias donde al alcalde se lo ve echando al caño miles de litros de leche de tigre; como el problema de la higiene y la basura es cada vez más apremiante, algunos sábados, el alcalde, ayuda a limpiar los mercados y algunos barrios; como el problema de tráfico vehicular es cada vez más intolerable, coloca una cuantas simpáticas e insuficientes cebras en el centro de la ciudad.

Todo esto ha configurado un panorama de debilidad política del Alcalde, que hoy sufre las mismas paradojas que tuvo la gestión de la exprefecta Sabina Cuellar: muchos aliados, pero poca gestión; muchas alianzas pero pocos proyectos; muchos amigos pero pocas pegas.