¿El gobierno confía más en la política o en la policía?

Uno de los datos centrales del actual panorama político es la presencia de conflictos, lo dice la fundación UNIR que menciona que desde 2011 se observa una tendencia creciente al endurecimiento y a la violencia en los conflictos, ya que solo en los tres primeros meses de este año hubieron 300 conflictos.  En este breve artículo ensayaremos algunas ideas sobre  la forma en que el gobierno lee los conflictos.

Una primera constatación tiene que ver con el hecho de que el gobierno enfrenta los conflictos como si todos ellos tuvieran carácter conspirador, como si ellos buscaran derribar al gobierno y truncar el/su proceso de cambio. Esta constatación, hace que el gobierno tenga tres fases en su respuesta a los conflictos.

La primera consiste en el ninguneo, el gobierno minimiza para la sociedad y para sí mismo la importancia del conflicto, percibe que sus actores son incapaces de generar mayor repercusión política, la segunda parte es la descalificación de la demanda y del conflicto con acusaciones fuera de tono y de lugar  y la tercera es el represión pura y dura.  

El problema con este tratamiento del conflicto es que no es un tratamiento político, en el sentido de la política entendida como construcción del bienestar común entre actores diversos, sino de un tratamiento que más bien aniquila la política ya que no mira al otro como una fuente de información o de opinión a tomar en cuenta, sino como un factor de desestabilización política al que (necesariamente) se debe vencer y hasta humillar.  Por ello es que la forma en que se construye la estrategia política de gobierno, poco tiene que ver con la política y sí mucho con la policía, mucho con sus reportes de inteligencia y poco con una red de actores políticos propios que le permitan mayores y más acertados consejos y rutas para enfrentar el conflicto. Da la impresión que en estos casos como en muchos otros, el gobierno no toma en cuenta a su propia militancia ni a sus propios aliados, sino que construye sus medidas en un riguroso y peligroso solipsismo que lo aleja no solo de la sociedad sino de su propia base social.

Una de las grandes fortalezas del MAS fue el haber emergido de un movimiento social y político que buscaba ampliar la democracia, hacerla más inclusiva, más participativa. Ese era su norte y su brújula, imprescindibles guías que hoy parecen estar olvidadas o, peor aún, perdidas.

LA TERCERA DERROTA POLÍTICA DEL GOBIERNO ¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Como es sabido el gobierno en un acto de urgente sobrevivencia ha declarado en suspenso el Decreto Supremo 1126 que disponía la extensión de la jornada laboral de los médicos y trabajadores en salud de 6 a 8 horas. Al respecto cabe hacer algunos apuntes:

a)      Uno de los datos centrales es este conflicto reveló la presencia política de las clases medias en la política boliviana: médicos y estudiantes universitarios de ingresos medios han aparecido en el conflicto con una alta capacidad definitoria, han mostrado su rostro en la política boliviana dominanda por el evismo y han ganado.  ¿el MAS deja de ser una opción urbana?

b)      Nuevamente se muestra la nula capacidad estratégica del gobierno para plantear una medida política de corte radical o profundo. No pudo detener la virulencia de la protesta ni menos su violencia, y su falta de explicación de la propuesta determinó que sus aliados o su base social hayan permanecido indiferentes, es más, como en el caso de la COB, respaldando a los médicos.

c)      Se trata de la tercera derrota política del gobierno del MAS y de su líder Evo Morales, que tiene de recular y volver sobre sus pasos: primero fue el Gasolizano,  segundo la marcha del TIPNIS y el tercero es el decreto de las ocho horas, ¿Qué vienes después? No lo sabemos, lo cierto es que el gobierno debe entender que no se puede ganar ninguna batalla política si solo se confía en la capacidad e intuición del líder y se deja de lado la estrategia política.

LA SOCIEDAD TRUCHA

Debe pasar algo raro en la sociedad cuando a sus ciudadanos se les hace difícil encontrar la diferencia ente lo legal y lo ilegal, entre lo lícito y lo ilícito o, simplemente entre lo que es bueno de lo malo. Hay algo incómodo en ver cuando las personas se hacen insensibles al delito, cuando ven la ilegalidad como algo normal, cuando transgredir la norma se hace cosa de todos los días.

Una de ellas es la comercialización de productos culturales falsos, lo que la imaginería popular ha bautizado como truchos. Hoy productos como los libros falsos, es decir fotocopias de libros  que son populares o medianamente exitosos se venden por doquier, casi a cada paso, en las mismas narices de la ley y de impuestos nacionales. Los podemos ver acogidos en las plazas o paseos de las ciudades de Bolivia o dentro de las propias instituciones estatales, así no es raro que la propia alcaldía promueva Ferias de Libros donde la mayoría de los puestos de venta ofrezcan libros que son una devaluada fotocopia que tanto importa que sea de autores nacionales o extranjeros, ya que tanto se puede hallar un libro trucho de una novela de Mario Vargas Llosa como una lectura obligatoria de secundaria de Isabel Mesa de Inchauste; tanto una obra histórica del bolivianista Herbert Klein como un libro de Federico Nietszche, tanto las tiras cómicas de Mafalda como un recetario de cocina. Al negociante trucho poco le importa el origen, el autor o el título de los libros: su trabajo es vender y ganar dinero a costa del trabajo de los demás, en este caso a costa de los escritores.

En todas las épocas los intelectuales han sido explotados o su trabajo ha sido mal remunerado. En general los escritores han vendido y venden su trabajo a una editorial que, bajo la hipótesis de las ideas contenidas en el libro son menos valiosas que las hojas que componen el libro, otorga una pequeña parte de sus ingresos por ventas a los escritores que tienen que sobrevivir con esas migajas que les da la empresa.  Por ello sería que Camilo José Cela dijo en La Colmena, uno de sus libros más afamados, que “el escritor es bestia de aguantes insospechados, animal de resistencias sin fin, capaz de dejarse la vida a cambio de un fajo de cuartillas en el que pueda adivinarse su minúscula verdad”. 

Sin embargo, con el libro trucho  ocurre algo en verdad peor: el escritor no recibe ni siguiera esas infames migajas que le reparte el angurriento empresario, el autor no recibe ni un solo centavo, toda la ganancia se va al fotocopiador de libros  quien, feliz con la ausencia de Estado y con la mirada admirativa y condescendiente de la sociedad, logra ganancias a costa del trabajo de otros, ni más ni menos como si estuviéramos en el esclavismo.

Esta forma de esclavismo, -que se esconde y se justifica detrás de la máscara de que se trata de personas pobres que no tienen otro ingreso para sobrevivir-,  hoy ha formado una próspera sociedad diríamos internacional, globalizada, donde hay un grupo de empresarios que se encargan de la copia del libro, otros de su distribución y otros de la venta al menudeo, sin duda con buenas ganancias, que no llegan en ningún caso al autor o los autores de los libros.

Lo grave de todo esto es que la sociedad no sanciona este tipo de actividad y menos el Estado la condena, sino que hasta la promueve bajo el criterio de que la cultura debe ser barata y mejor si es gratuita, desconociendo los derechos a un trabajo justo y remunerado de escritores e investigadores que tuvieron el grave pecado de producir buenos libros para que otros se aprovechen de ellos.

DE COCA, DIOSES Y JUSTICIA

   Si hay algo que caracteriza a un juez o magistrado es vivir con el fantasma de la  equivocación, de emitir un fallo no solo no basado en la ley sino sustentado en datos falsos y fuentes dudosas. A menudo, los jueces antes de dictar sentencia tienen que leer miles de páginas y escuchar otro tanto de acusaciones y alegatos, tienen que sopesar testimonios, y evaluar documentos y argumentos jurídicos. Eso, sin contar con las presiones de toda índole que tienen que soportar o convenir a diario, en medio de un sistema administrativo escandalosamente lento e indolente.

Qué duda cabe, una fuerte incertidumbre corroe los días de los jueces  debido, entre otros factores, a que tienen que decidir, con sus veredictos y dictámenes, con la absolución o la condena, los destinos de personas que no conocen y que, probablemente, nunca quisieron conocer.

Será por ello que, contraviniendo toda lógica de un estado moderno, ese estado que tras largas luchas por la racionalidad ha separado las esferas de la Iglesia y del Estado, muchas veces en los actos públicos vemos a los administradores de justicia acompañados de altos jerarcas de la iglesia, haciendo bendecir oficinas y propiedades, asistiendo a misas, iglesias, romerías y santiguándose cada vez que cruzan por la puerta de una iglesia. Los jueces creen y confían en dios  tanto que, en sus discursos, en el momento de la lectura del párrafo final,  llegan a pedir al santísimo que “ilumine y oriente” sus fallos para así contribuir a una mejor justicia.

Por ello, no sería sorprendente, si un acucioso periodista preguntara a uno de estos jueces si apelan a alguna divinidad para que les oriente en un fallo complicado y comprometido, el Juez responda que sí, que muchas veces van a una iglesia a que dios coloque en sus testas sabiduría allá donde solo hay confusión y lucidez allá donde solo existe abandono y vacío. Y lo pueden declarar públicamente, sin que por ello sus palabras se conviertan en noticia ni sus personas en anzuelo fértil de la audiencia televisiva.

Todo lo contrario resulta cuando un periodista pregunta a un magistrado indígena qué mecanismos utiliza para “consultar” sus fallos, más aún cuando estos son difíciles o complicados.  La respuesta del magistrado Gualberto Cusi de que usa la coca para aconsejarse en sus fallos, ha despertado algo así como un ataque de modernidad; han reprochado al magistrado que los fallos deben estar apegados a la ley  y no a alguna divinidad, en este caso la coca, cuya consulta a los críticos se les antoja cercano a la superstición sino es que a la brujería y, como manifestó uno de cívicos cruceños, una muestra de la ignorancia del pueblo boliviano.

Que todos los fallos deben estar apegados a la ley estamos plenamente de acuerdo. El sistema judicial debe estar lo más alejado posible de su relación con cualquier tipo de creencia, sea de dioses occidentales o de dioses andinos.  Pero no es posible que una creencia sea tolerada y aceptada y otra tachada de superstición y brujería. Una muestra del racismo moderno es catalogar ciertas culturas como atrasadas y carentes de espíritu moderno, como formas de la ignorancia y de la carencia de cultura del pueblo.

Si hemos de ser modernos, seámoslo de manera coherente suprimiendo toda práctica que muestre un poder judicial ligado a alguna iglesia, divinidad o creencia. 

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Invitación de Investigasur